En el municipio bonaerense está vigente una ordenanza que habilita la fumigación con agrotóxicos a solo 60 metros de las casas, 150 de escuelas rurales y 20 de cursos de agua. La norma se votó a espaldas de fallos judiciales, pruebas científicas y voces de los vecinos que en esta nota se recuperan para exigir un modelo que proteja la salud e impulse la soberanía alimentaria.
El 6 de diciembre pasado, a puertas cerradas, el Concejo Deliberante de Tandil aprobó una nueva ordenanza para la aplicación de agrotóxicos en el partido bonaerense. Desde entonces, se pueden aplicar agroquímicos a solo 60 metros de las casas, 20 metros de los cursos de agua, 50 de los pozos de agua y a solo 150 de las escuelas rurales. Esta legislación aprobada por los concejales, tanto del oficialista Juntos por el Cambio como por los del Frente de Todos, desoyó la voz de especialistas, investigadores, productores rurales, vecinos y vecinas de la comunidad de Tandil, cuyas voces son recuperadas en esta nota especial. Los funcionarios públicos y sectores del agro que apoyaron la ordenanza también fueron convocados, pero eligieron no responder.
El debate sobre una normativa de aplicación de agrotóxicos –que reemplazara la ordenanza 12.316 del año 2011– terminó con un Concejo Deliberante a puertas cerradas y cercado por un fuerte operativo policial, tal como se contó en la nota publicada por Agencia Tierra Viva a fines del año pasado. Paradójicamente, quienes impulsaron la reapertura del debate fueron aquellos que no fueron escuchados por los y las concejales de Tandil. Ocurrió a partir de diversas situaciones que tomaron impulso a nivel local a partir de la insistencia de un grupo de vecinos y vecinas, al que cada vez se adhirieron más personas, y llevaron a pensar una normativa que debía ser superadora y no como la que, finalmente, se votó.
Algunos de esos sucesos clave fueron: las fumigaciones sobre una escuela en la zona rural conocida como La Porteña, el reconocimiento de la presencia de productos químicos en el aire a raíz de la deriva en áreas de la localidad de Gardey y el contundente estudio científico de investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que detectaron la presencia de al menos 16 agroquímicos plaguicidas en el agua de pozo y tierra de 15 escuelas rurales de Tandil, fueron los más relevantes.
Esos reclamos vecinales consiguieron una medida cautelar del juez Francisco Blanc, del Juzgado Provincial en lo Civil y Comercial 2 de Azul. En su sentencia –en octubre de 2020 y ratificada en mayo de 2021–, el magistrado prohibió la aplicación aérea a menos de 2.000 metros y, en forma terrestre, a una distancia menor a 500 metros. La medida, que además exhortaba a la conformación de una Mesa Intersectorial, fue omitida por el Estado.
La nueva legislación municipal (Ordenanza 17.404) fue escrita por la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, tras largos meses donde aseguraron haber convocado a las partes involucradas. Sin embargo, al momento en que los vecinos y vecinas solicitaron una Audiencia Pública para ser escuchados, no tuvieron lugar a ese derecho constitucional y consagrado por pactos internacionales como el Acuerdo de Escazú, nacionales como la Ley General del Ambiente y locales como la Ordenanza 8094.
La aprobación de la nueva ordenanza había sido rechazada por la comunidad médica de Tandil que se pronunció en 2020 y acudió a exponer al simulacro de audiencia pública –una reunión de comisión ampliada convocada en noviembre pasado–. Allí destacaron el estudio realizado por la Universidad del Centro y la propia evidencia epidemiológica surgida de la atención en el sistema de salud.
Entre otras especificidades, la comunidad médica, en particular los profesionales de la salud especialistas en Pediatría y Endocrinología Infantil, advirtió que asisten a un número creciente de pacientes provenientes de distintas zonas del partido de Tandil y ciudades vecinas con alteraciones en el sistema reproductor, cánceres hormonodependientes, enfermedades neurológicas y metabólicas. Asimismo, avalaron el aumento del número de nacimientos prematuros y retardo de crecimiento intrauterino. Y los relacionaron con los altos niveles de contaminación ambiental.
De hecho, sostuvieron que hace décadas se ha comprobado el efecto estrógeno mimético de pesticidas, parabenos y fitoestrógenos, así como su potencial carcinogénico.“Este incremento nos obliga a manifestar nuestra preocupación y encender la alarma sobre los potenciales daños a los cuales está expuesta nuestra comunidad”, denunciaron.
La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, también fue contundente en su valoración sobre la votación del Concejo Deliberante tras el debate público generado a partir de la acción de los vecinos y vecinas de Tandil: “Creo que la ordenanza, independientemente de las 30 reuniones y capacitaciones a las que asistieron los concejales a los fines de poner en consideración del cuerpo legislativo local el proyecto que finalmente fue sancionado y sin desconocer que estos ostentan la representación popular, adolece de un vicio en su génesis, ya que desoye los lineamientos del Acuerdo de Escazú en cuanto no se cumple con la participación pública en la toma de decisión de asuntos ambientales como el presente”.
“No existe una ‘zona de exclusión’ para los productos biocidas en Tandil”
Graciela Canziani es doctora e investigadora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable y Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Autora del Informe “Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil”.
El informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil tuvo mucha repercusión en la población y generó irritación en sectores del agronegocio. Sabemos que ha habido intentos de invalidarlo y descalificarlo, al punto de figurar en los considerandos del proyecto de ordenanza una manifestación de ilegitimidad. También en la reunión ampliada de noviembre, uno de los oradores que apoyaba el proyecto de ordenanza expresó explícitamente que el informe desinformaba. Nunca se presentaron argumentos que respalden la descalificación de los resultados obtenidos.
Los resultados de los análisis efectuados en muestras de suelo y agua de las 15 escuelas rurales del partido generan incomodidad, más aún cuando la evaluación de estos se apoya en una nutrida lista de referencias científicas. Sobre todo porque para cada ingrediente activo plaguicida detectado no hay una concentración por debajo de parámetros con los que se pueda afirmar que no produce un efecto nocivo a la salud en el mediano o largo plazo, luego de una o repetidas exposiciones.
Los formulados de la “línea jardín”, cuya aplicación la ordenanza autoriza explícitamente en las denominadas “Zonas de Exclusión”, contienen principios activos como el Glifosato, el Clorpirifós, el Diclosulam, el Imidacloprid y la Cipermetrina, iguales a los presentes en los formulados que se aplican en los campos. Los cuatro primeros fueron detectados en las escuelas rurales. Esto implica que, en la práctica, no existe en todo el partido de Tandil “Zona de Exclusión” para estos productos biocidas.
Aunque en los Considerandos de la ordenanza se haga referencia el artículo 41 de la Constitución Nacional, a la Ley General de Ambiente y a los diez principios de la política ambiental nacional, y se declare explícitamente que su objetivo es priorizar la protección de la salud humana y de los ecosistemas, quedó muy claro en su articulado que no es eso lo que se consiga en la normativa.
De hecho, quedó muy claro que se pretende proteger los intereses de las corporaciones empresarias y del agronegocio basado en la producción y el uso de los agroquímicos plaguicidas, en detrimento tanto de la salud de la población como de los ecosistemas y del ambiente en general.
“Podrán comprar una camioneta último modelo, pero no dejarán agua para los que vienen”
Juan Cruz Bernardo fue fumigador durante siete años, pero hoy produce sin venenos en el partido de Tandil, como lo hicieron sus abuelos y bisabuelos, en la localidad rural de Tandil conocida como María Ignacia o Vela.
A fines de la década del ‘90 estaba estudiando en La Plata, pero sentí ganas de laburar la tierra y volví al campo. Con mi viejo armamos un fumigador, herramienta que en esa época decían que era lo nuevo, lo que iba a traer trabajo. Anduvimos años fumigando. Cuando iba ya por el quinto año como fumigador me encontré con algunos escritos de Eduardo Galeano, empecé a sumergirme en la lectura y entender los trasfondos políticos de este modo de producción. Tomé conciencia del veneno, que hasta ese momento ni me lo había planteado. Le decíamos “remedio” o “caldo”, nunca me lo había cuestionado hasta ese momento.
Nos llevó dos años tomar la decisión de dejar definitivamente la práctica de aplicar agroquímicos, mientras continuábamos trabajando el campo. Recién entonces, compramos un tractorcito y empezamos a sembrar sin usar venenos. La impresión que tengo ahora es la de la cantidad de litros de venenos que entraban en el tanque de la fumigadora, unos 300 litros de agrotóxicos mezclados con tres mil litros de agua pura, buena y sana. Esa mezcla la aplicaba por el campo hasta tres, cuatro o cinco veces por día.
El problema es que no es uno solo el que hace eso, sino que todos los días hay cientos de fumigadores en el partido de Tandil haciendo lo mismo, echando miles de litros. Siento que, más allá de lo que digan otros productores, es una locura esperar que uno no termine afectado por el veneno después de tantas aplicaciones en todos lados y durante tanto tiempo. Podrán comprar una camioneta último modelo, pero no dejarán agua para los que vienen.
“Hay herramientas suficientes para que las autoridades legislen sobre un modelo basado en la soberanía alimentaria”
Virginia Toledo López es licenciada en Relaciones Internacionales (UNICEN), doctora en Ciencias Sociales (UBA), diploma superior en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO), investigadora asistente del CONICET e integrante de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria.
Existen grandes esfuerzos de las organizaciones sociales, traducidos en ordenanzas en muchos municipios del país, por legislar a favor del cuidado de la salud y del ambiente. Esto es una prerrogativa que está dentro de las atribuciones en las carta orgánica de las municipalidades, en la constitución de la provincia de Buenos Aires y en la Nacional. Esto es algo importante a tener en cuenta porque parece que cuando se regula la cuestión de los agrotóxicos solamente se piensa en que hay que regular las formas de uso, pero también es posible valerse de estas atribuciones en materia de protección de salud de la población. En concreto, el artículo 192 de la constitución provincial plantea estas atribuciones del régimen municipal.
A nivel nacional, hay varias leyes que deben ser consideradas. La primera de ellas: la Ley General de Ambiente (25.675), que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente para la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Es la que define principios, entre los cuales está el principio precautorio, el de prevención y el principio de no regresividad.
En la provincia de Buenos Aires existen ejemplos de municipios que sancionaron ordenanzas a favor de la protección ambiental y de la salud, por lo que establecen límites al uso de agrotóxicos. En cada caso, con diferentes distancias para las zonas de exclusión. Hay unos 10 municipios en la provincia que establecen distancias de 300 metros, hay otros tantos que establecen distancias de 500 metros, como establecía la medida cautelar que tuvo sentencia para Tandil. Hay otros municipios, como Bolívar y Campana, que se amplían hasta los 1000 metros o ejemplos como General Las Heras y Cañuelas que plantean 2000 metros.
En Tandil falta una discusión profunda para construir herramientas de promoción y efectiva transición hacia un modelo de producción de alimentos basado en la salud, que priorice la soberanía alimentaria, la producción local y el cuidado de las personas en lugar de únicamente buscar la mayor rentabilidad. Hay herramientas y ejemplos suficientes para que nuestras autoridades estudien y legislen sobre un modelo basado en la soberanía alimentaria.
“No pretendo que no se produzca, porque todos vivimos del campo, pero que sea más ecológico”
Mónica Cristina Lima es vecina de la localidad rural de María Ignacia o Vela.
En esta localidad rural somos unos dos mil habitantes. El pueblo tiene toda la infraestructura, excepto cloacas. Últimamente se están dando muchos casos de enfermedades que antes no conocíamos. Dos personas, una de 60 y otra de 70 años, fallecieron por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Otro vecino, que era bombero, falleció por Miastenia Gravis; y otro vecino está comenzando a tener los síntomas de esta enfermedad. Además, hay otros siete casos de esclerosis múltiple y varios casos de cáncer en personas jóvenes. Criaturas con convulsiones repetitivas, adolescentes con tumores en la cabeza, que no tienen diagnóstico de cáncer pero sufren desvanecimientos y convulsionan. Todas esas personas, de un modo u otro, están relacionadas con la actividad agropecuaria.
Estoy segura que proviene del uso de tanto agroquímico y del contacto permanente que tenemos quienes vivimos en zonas rurales, porque abrimos las ventanas a la mañana para ventilar y llega ese aroma de productos aplicados muy encima de la planta urbana. En muchos casos, los equipos pulverizadores están guardados a cien metros de la plaza central o a 50 metros de una cancha donde practican fútbol los niños desde los cinco años. No pretendo que no se produzca, porque todos vivimos del campo, pero que sea más ecológico.
Hace unos 20 años, un médico hizo un relevamiento de los casos de cáncer que había solo a lo largo de la calle Rodríguez, en el casco urbano. En aquel análisis particular encontró a muchísimas personas enfermas, entre ellos varios jóvenes, que en el transcurso de los años fallecieron. Lo único que se pensó que podía causar esas enfermedades eran los aplicadores de agrotóxicos o los transformadores de las líneas eléctricas de alta tensión, por los compuestos con los que funcionan. Si se hace una análisis, hay muchas patologías raras en la localidad.