A los asesinados en las jornadas del 19-20/12/2001
In memoriam
En “DEUDA EXTERNA Y RENDICIÓN ANTE EL FMI” (14.11.2020) Héctor GIULIANO escribió:
“Después de la rendición financiera y jurídica de Agosto pasado ante los Fondos Buitre (FB) que pactaron con el gobierno Macri, la nueva administración Fernández-Fernández (FF) se apresta a suscribir un nuevo Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para institucionalizar la Política de Ajuste Fiscal que garantice el pago de la Deuda Externa de la Argentina.
La gestión de la actual administración completa así el trabajo en tándem de convalidar lo actuado bajo el período macrista reforzando los compromisos asumidos por el anterior gobierno.
Se cumple con ello una regla clásica por la cual los gobiernos neoliberales dejan armado los esquemas de re-endeudamiento y luego vienen los gobiernos social-demócratas, que se lamentan por la “herencia recibida” pero la terminan instrumentando e institucionalizándola.
[LA CONSPIRACIÓN MACRI]
EL NUEVO ACUERDO Y SUS CONDICIONALIDADES
[…] Las negociaciones en curso con la Misión del FMI están piloteadas formalmente por el Ministro Guzmán, parten de la base de un allanamiento del gobierno FF a lo actuado por la administración Macri y omiten todo cuestionamiento al irregular comportamiento seguido por las autoridades del Fondo.
Los puntos más importantes de la posición del gobierno Fernández en este sentido son:
1. No cuestionar el hecho de que el gobierno Macri haya contraído una nueva y extraordinaria Deuda Impagable con el FMI, que el Fondo la haya aprobado sin demostración alguna de capacidad de repago y que lo hizo con el pre-conocimiento de que esas obligaciones debían ser atendidas por un nuevo gobierno electo y bajo circunstancias de incertidumbre acerca de la posición que adoptaría ese futuro gobierno al respecto.
2. El Acuerdo Stand-By (SBA) no encuadraba en las condiciones aceptables de la Economía Argentina ni dentro de los términos de la Revisión anual que establece el Artículo IV del Estatuto del FMI y además se produjo un desvío de los fondos prestados violando los términos del Artículo VI en cuanto a la prohibición de uso de las divisas para atender corridas cambiarias.
3. La corresponsabilidad FMI-Macri alcanzaba directamente a la imposibilidad de cumplir con los grandes vencimientos del período de reembolso 2022-2023 y comprometía disponibilidades impredecibles de fondos de los ejercicios plurianuales a cargo de la gestión del nuevo gobierno.
Parte de estos hechos fue mencionada por el presidente Fernández en más de una oportunidad, cuando se refiriera a la corresponsabilidad del FMI, a la fuga de capitales que se dio alimentada con las divisas prestadas por el Fondo, a la citada violación del artículo VI y a la gravedad del cuadro financiero dejado por la administración Macri pero – más allá de declaraciones aisladas y/o dichos a través de entrevistas periodísticas – no consta que el actual gobierno haya planteado formalmente tales objeciones al Organismo.
Por el contrario, tanto el gobierno Fernández como la Directora-Gerente del FMI Kristalina Georgieva, hicieron y hacen referencia continuamente a la coincidencia de enfoques sobre el nuevo Acuerdo en curso, a la buena voluntad de asistencia y comprensión del Fondo y a las buenas relaciones con el organismo y su misión negociadora en la Argentina.
Empero, cuando del plano de las declaraciones pasamos a los hechos concretos resulta que ese supuesto benévolo cambio del FMI hacia la Argentina, analizado a la luz de las “señales” de cambio del gobierno Fernández mientras se debate el PL de Presupuesto 2021, no resulta tan “positivo” para la Argentina.
Casos concretos al respecto:
a) El Déficit Fiscal del año que viene estaba previsto financiarlo 60 % con Emisión Monetaria y 40 % con Nueva Deuda Pública pero ahora se haría a la inversa: 60 % con Deuda y 40 con Emisión. Es decir, bajo compromiso de mayor Endeudamiento.
b) Pese al Acuerdo de Agosto con los FB – y sin contar aún los resultados del futuro arreglo con el FMI – el PL contempla un aumento neto de la Deuda Pública durante el Ejercicio 2021 de 18.500 MD (61.500 de Endeudamiento menos 43.000 de Amortizaciones de Vencimientos durante el Ejercicio).
c) A esto hay que agregarle el arrastre del incremento previo de la Deuda que se estaría produciendo este año, dada la necesidad de colocar obligaciones y/o emitir dinero para cubrir las Necesidades de Financiamiento de un Déficit Fiscal Total del 2020 que llegaría a unos 40.000 MD.
d) El gobierno Fernández continúa administrando el proceso de caída de los Salarios Reales por efecto de la alta Inflación, por el hecho que los aumentos según paritarias se producen a posteriori y en cuotas, y porque ha quedado institucionalizada la Política de que los Salarios sigan aumentando por debajo de la Inflación.
Con el agravante que, acuerdo Gobierno-CGT-UIA mediante, se ha pactado incluso la rebaja de hasta un 25 % en los Salarios Nominales de gran parte de los trabajadores.
Con lo que se da cumplimiento de hecho a la llamada eufemísticamente Reforma Laboral requerida por el Acuerdo Stand-By (SB) de Junio 2018, cuyo objetivo directo y primario es reducir el costo de la Mano de Obra en beneficio de las Empresas y del propio Estado como empleador masivo.
e) Paralelamente, también en línea con el requerimiento firmado por Macri con el Fondo sobre la denominada Reforma Previsional – punto segundo del SBA 2018 – cuyo objetivo es reducir el Gasto Público por Jubilaciones / Pensiones, a la reducción de gastos relativa por efecto de la Inflación se le suma aquí la reducción de los Haberes Nominales: primero por suspensión de la Fórmula Legal de Ajuste o Movilidad Jubilatoria – que fue reemplazada por el gobierno FF con aumentos discrecionales menores vía DNU – y ahora directamente proponiendo ante el Congreso la rebaja formal por exclusión de la Inflación como factor de corrección para los futuros aumentos y con la extensión del plazo de las actualizaciones de 3 a 6 meses.
Un mecanismo que va contra la lógica del Sistema de Reparto – basado en la devolución de los aportes realizados durante la vida activa del trabajador – y que constituye un verdadero robo a los jubilados, usado para poder cumplir con el pago de servicios de la Deuda Pública.
f) Falta todavía conocer la prometida Reforma Impositiva – la Tercera de las Reformas Estructurales pactadas por Macri y todavía pendiente de instrumentación por el actual gobierno FF – cuyos lineamientos se mantienen en secreto y que serían presentados como PL aparte a posteriori de la aprobación del Presupuesto 2021.
g) Cabiendo recordar que el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que actualmente se negocia con el FMI mantiene lógicamente éstas y otras reformas ya convenidas – que no mueren en la sola rebaja de remuneraciones a la población sino que abarcan también cuestiones de Flexibilización Laboral y Empleo, cambios del Régimen Previsional, Políticas de Género, Reformas Institucionales, Gobernanza y otros temas, todos las cuales se encuentran todavía en estado de negociación y se irán conociendo de a poco.
h) Aumentos por descongelamiento de Precios / Tarifas de Servicios Públicos sobre la Población para compensar la reducción del Gasto Público por Subsidios (principalmente destinados a Transporte y Energía).
i) Diversificación de los Títulos Públicos colocados por el Tesoro dando lugar a mayor emisión de Deuda Pública Dolarizada: Bonos en Dólares y/o Bonos en Pesos ajustados por Tipo de Cambio (una medida contraria a la declarada por el ministro Guzmán en el sentido de buscar crear un Mercado de Deuda Local en Pesos).
j) Instrumentación práctica del punto a) reduciendo la financiación por parte del Banco Central (BCRA) vía Adelantos Transitorios al Tesoro (AT) y/o Transferencia de Utilidades no genuinas del Patrimonio Neto del Banco, para aumentar consecuentemente la proporción de financiamiento con Deuda del Estado.
k) Aumento de las Tasas de Interés por Pasivos Remunerados del BCRA – Leliq y Pases Pasivos (PP) – en beneficio del negociado permanente (Macri-Fernández) de los capitales especulativo-financieros de FB canalizados por los principales bancos de plaza.
l) Propósito de estabilización del tipo de cambio – contra dólares paralelos tolerados abiertamente por las autoridades – a través de costosas intervenciones de un BCRA carente de Reservas Netas y Líquidas, de venta de Títulos Públicos en dólares que están en cartera de Organismos del Estado (empezando por la ANSES y el BCRA) malvendiéndolos al 40 % de su Valor Nominal; y de nuevas subas extraordinarias de las Tasas de Interés que paga el BCRA por Leliq y PP.
m) Posibilidad – debido a las necesidades financieras no cubiertas con emisión monetaria – de sostener las Inversiones Públicas del Presupuesto (Gasto Público por Capital para Obras Públicas e Infraestructura) con más endeudamiento.
n) Por último, requerimiento de incorporar el Presupuesto Pluri-anual 2021-2023 (totalidad del mandato FF) y exigencia del FMI de que las condiciones pactadas en el nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (que reemplace al SBA 2018) tengan “consenso político y social” y sean aprobadas por la partidocracia parlamentaria, como garantía de cumplimiento en calidad de Política de Estado.
Hasta aquí las principales condicionalidades del Fondo que se están conociendo durante el curso de las actuales negociaciones y que – como es regla en estos casos – el país deudor tiene que presentar a la opinión pública como si se tratase de decisiones propias sujetas luego a la “aprobación” por parte del FMI”. (Negritas mías).
Presupuesto 2021
Seguimos a Mariano Félix en algunas consideraciones que desarrolla en “Presupuesto argentino: prioridades, proyectos y ajustes”:
[…] Por otra parte, la reducción en el gasto público se concentra en la reducción de los gastos de la seguridad social (ANSES). El gobierno ya decidió eliminar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y busca limitar el aumento en las jubilaciones, pensiones y planes sociales. Lo primero que se aprecia es que el gasto del ANSES se reducirá de 9,6% a 9% del PBI entre 2020 y 2021.
[…] Los bonos y programas anunciados para finales de 2020 son en muchos casos excepcionales (sólo se entregan en diciembre) y en otros casos relativamente poco abarcativos (el Potenciar Trabajo se ampliaría en 300.000 beneficiarios, cuando el IFE alcanzaba a más de 9 millones de personas de manera directa); en total, se estima que esos bonos representan ⅓ de lo que significó una cuota del IFE (según el presupuesto -pg. 106-, la Función Promoción y Asistencia Social aumentará sólo 18,3% en 2021, bien por debajo de la inflación). El sistema de seguridad social se ha convertido en el botín en disputa pues supone una redistribución masiva de recursos desde el capital hacia el conjunto de la clase trabajadora.
Los recursos redistribuidos equivalen a 10 veces el impuesto a las grandes fortunas. Ese es uno de los ejes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por eso el gobierno está tan preocupado por aprobar de manera urgente una nueva Ley de movilidad previsional que contenga el pago de jubilaciones y pensiones (y les mantenga en la pobreza), en lugar de discutir cómo pagar beneficios dignos.
En lugar de ampliar la base del derecho al ingreso (avanzando el debate sobre el ingreso básico universal) el gobierno ha decidido priorizar los equilibrios macroeconómicos básicos partiendo de dos supuestos esenciales: que no puede emitir más dinero para financiar el gasto público pero que tampoco se puede seguir endeudando.
[…] Cada dos meses el Banco Central emite para pagar los intereses que cobran los bancos por las LELIQ y otros instrumentos financieros un monto equivalente a lo que pretende recaudar por el llamado Impuesto a las Grandes Fortunas (300.000 millones de pesos); al mismo tiempo el gobierno ha decidido suspender por lo que resta del año la emisión monetaria para financiar el resto del gasto público (por eso, no habrá una nueva cuota del IFE). Mientras tanto, las mineras, los bancos y las petroleras, las empresas eléctricas y las empresas que operan online (desde Mercado Pago a Facebook), las agroexportadoras y los pooles de siembra siguen mirando desde lejos el sistema tributario: tendrán en 2021 exenciones impositivas (llamado “gasto tributario por regímenes de promoción económica”; pg. 75 del proyecto de Presupuesto) por al menos 260.000 millones de pesos (y que aumentará 53% en comparación con 2020, bien por encima de la inflación).
[…] Por último, el presupuesto proyecta la continuidad de una política de contención de la masa salarial en el Estado y el gasto en servicios sociales. Esto significa que se ha tomado la decisión de consolidar hacia el futuro inmediato la profunda caída salarial en el sector público nacional (y de ahí, en cascada hacia el resto de los niveles del Estado). Entre fines de 2016 y mediados de 2020 el poder de compra de los salarios en el sector público nacional ha caído un 19% en promedio, según datos del INDEC. Sin embargo, en 2020 no todes les trabajadorxs del sector público perdieron: las fuerzas de seguridad lograron una significativa recuperación salarial. Interesante dato a la hora de preguntarse qué trabajadorxs son esenciales.
Por otra parte, el gasto en servicios sociales (que va desde salud y vivienda hasta seguridad social y ciencia y técnica) aumentará de conjunto sólo 18% en 2021 (ver página 108 del proyecto del Presupuesto Nacional), bien por debajo de la inflación estimada. Esto significa, que se espera un ajuste de casi 9% en términos reales. Por su parte, los ‘servicios económicos’ destinados a obras de infraestructura ligadas mayormente a los intereses del gran capital, aumentarán en 2021 un 40,1% (página 117 del mismo proyecto), o un 8,6% en términos reales. Si se aprueba el Impuesto a las grandes fortunas, ¼ de lo recaudado se destinará también al proyecto extractivista en Vaca Muerta.
[…] Más allá de una retórica que se pretende nacional y popular, en sus acciones el gobierno se encamina a configurar un programa económico que consolida las conclusiones de una crisis que ya dura una década. Consolida un programa de ajuste fiscal que garantice el pago de la deuda pública renegociada pero revalidada a pesar de estar plagada de irregularidades y de su ilegitimidad.
Encorseta los salarios de les trabajadores del Estado y las transferencias a les beneficiarios de la seguridad social dentro de los equilibrios necesarios para garantizar la sustentabilidad de esa deuda. Pone así en un riesgo aún mayor la sustentabilidad de nuestras vidas, de la misma manera que propone hacerlo al apuntalar proyectos de inversión que consolidan el saqueo extractivista de nuestros bienes comunes. No es más que la ‘hoja de ruta’ reclamada por la Directora Gerente del FMI. Sobre esa hoja de ruta se pavimenta una nueva espiral de la dependencia.
Ingresos, empleo y consumo
Casi 4 millones de trabajadores perdieron sus empleos desde que comenzó la pandemia, según un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra), de ellos más de la mitad pertenecía al sector informal y un 40% eran cuentapropistas.
El trabajo relevó que 56,6% de los puestos perdidos afectó a asalariados no registrados; 39,6%, no asalariados; y 3,8% a asalariados registrados.
El estudio aseguró que “la caída fue menor para los asalariados registrados debido a la prohibición de despidos aunada a la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)” que implementó el Gobierno nacional a poco de decretar el aislamiento obligatorio.
A septiembre, aunque es el primer mes del año que muestra una mínima recuperación, se perdieron casi 220.000 empleos registrados respecto de diciembre de 2019, es decir, una caída de 1,8%.
Esta reducción se explica principalmente por la disminución en 201.000 en el número de asalariados del sector privado (-3,4%) mientras que también los asalariados del régimen de casas particulares tuvieron una reducción de magnitud: -4,7% que representa 23.500 trabajadoras menos.
Los asalariados del sector público se mantuvieron prácticamente constantes en los meses relevados por el informe.
La pandemia de coronavirus provocó pérdidas de ingresos en el 49,3% de los hogares consultados por el INDEC en Capital y el Conurbano.
En los sectores de menores recursos, en especial en aquellos con jefe o jefa de hogar con menores niveles de instrucción, la proporción experimentó una reducción en sus ingresos del 57,1%.
En base a los resultados del estudio, el Indec también detalló que el 33,8% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores debió reducir la compra de al menos un alimento (carne vacuna u otras, verduras frescas o leche) por haber tenido menos ingresos durante la pandemia.
Entre los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el porcentaje de quienes debieron reducir el consumo de al menos uno de estos alimentos fue del 21,2% del total de las familias relevadas, mientras que en el Conurbano bonaerense trepó al 38%.
Además, el 45,8% de los hogares redujo “el consumo de productos no alimentarios” en medio de la pandemia.
El estudio abarcó también cuestiones relacionadas con los servicios, en los que incluyó el alquiler y el pago de las tarifas de luz y gas, entre otros.
En este último caso, el 28,6% de los hogares reconoció que dejó de pagar o tuvo problemas para cubrir los costos de los servicios de la vivienda. Esta situación afectó al 14,7% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el impacto resultó superior en el Conurbano bonaerense, con el 33,3%.
El Indec informó también que el 40,3% de los hogares registró problemas de empleo de al menos alguno de sus integrantes. En los hogares en que reside al menos un niño, niña o adolescente, los problemas laborales alcanzaron el 48,3%.
Atento a la situación económica, y al pedido de los gremios, el Gobierno resolvió extender la prohibición de despidos y la doble indemnización, por lo menos hasta mediados de 2021.
ATE y UPCN aceptaron la oferta salarial del Gobierno
Tanto ATE como UPCN aceptaron la oferta de la gestión de Alberto Fernández que consistía en sostener los 4.000 pesos que venían percibiendo por el DNU presidencial desde principios de 2020, más el pago de un bono de fin de año de 4.000 pesos y un incremento salarial del 18%.
El porcentaje se dividirá en 3 tramos: un 4% con el salario del mes de febrero, un 6% con el salario del mes de marzo y el restante 8% con el salario del mes de mayo. En ese momento volverán a sentarse a la mesa de discusión.
«Entendemos que en este contexto en el que estamos, y con el logro fundamental de pasar 29.000 trabajadores a planta permanente, y re-categorizar a otra porción importante, explica por qué después de 15 años estamos firmando este acuerdo paritario», señaló Hugo «Cachorro» Godoy de ATE.
Vale remarcar que el bono de fin de año será percibido por el universo de trabajadores que al 31 de enero de 2020 tenían un ingreso bruto por debajo de los 60.000 pesos.
Según cálculos de la JI de ATE INDEC, la caída real del salario para el periodo noviembre 2015 a septiembre 2020 es del 36,2%.
Saqueo a los jubilados
El Senado de la Nación aprobó el proyecto que modifica la Ley de Movilidad Jubilatoria, con 41 a favor y 26 en contra, ahora pasará a la Cámara de Diputados. Un proyecto que representa un ajuste sobre los adultos mayores ya que la nueva fórmula de movilidad previsional no ata los haberes a la inflación, y se convalida la pérdida de los últimos años. La propuesta oficial se conoció en la misma semana que llegó la misión del FMI para renegociar un acuerdo.
El Proyecto de ley fue modificado por el bloque de senadores del Frente de Todos. Se estableció que las subas previsionales sean trimestrales, en vez de semestrales y que el aumento del 5 % de diciembre no fuera a cuenta del incremento que se otorgará en marzo próximo.
La propuesta establece que el aumento de las jubilaciones se regirá por la combinación del índice de variación salarial (RIPTE) y la recaudación de la ANSES.
El Gobierno suspendió la movilidad previsional a fines de 2019 a través de la ley de Solidaridad y los haberes se actualizaron este año por decreto. Las subas por decreto fueron menores a lo que hubiesen sido por la Ley de movilidad. En total, con la movilidad a los jubilados les tocaba 42,1 % y van a recibir entre 24,3 % y 35,3 %. La Fundación IERAL estimó en $ 98.700 millones el «ahorro fiscal» del Estado.
Si analizamos lo que necesita un adulto mayor para llegar a fin de mes, según lo estima la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica está cerca de los $45.000. Los números siguen sin cerrar para casi el 70 % de los jubilados que cobran menos de $20.000 de jubilación.
Mientras tanto, PAMI otorgará un bono de $ 1.500 para pasar las fiestas. Será destinado a las 550.000 afiliados y afiliadas que reciben asistencia bajo el programa alimentario “Probienestar” que otorga un bolsón de mercadería de forma mensual para los afiliados y afiliadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La semana pasada se realizó una Audiencia pública en la que organizaciones y especialistas denunciaron el ajuste contra los jubilados que implicará esta nueva fórmula, y convocaron a movilizar a todos los sindicatos cuando se trate la ley.
Al respecto, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA) movilizó al Congreso de la Nación el viernes 18 a tres años de la masiva lucha popular contra la reforma jubilatoria del macrismo. La convocatoria tuvo el fin de visibilizar una serie de reclamos, entre los que resaltan el pedido de anulación del Impuesto a las ganancias y una actualización jubilatoria del 82% móvil.
El acto contó con la participación de referentes de las listas clasistas de múltiples sindicatos como AGD-UBA, SUTEBAS, Ademys, entre otros. También se reclamó por la el fin de la precarización laboral, por paritarias libres, en contra de cualquier reforma laboral contra los trabajadores, piden un seguro para los desocupados, el desprocesamiento de los luchadores y en defensa de la gestión obrera de las fábricas recuperadas.
En el marco de la jornada nacional convocada por el plenario obrero realizado en el sindicato del Neumático nacional, en Neuquén unos 1.500 manifestantes marcharon denunciando el pacto con el FMI y reclamando plan de lucha a las centrales sindicales.
La rebelión de los trabajadores de la salud
Casi dos semanas después de la trágica movilización en la que falleció el jefe de Obstetricia del Hospital Ramos Mejía de un infarto, los médicos porteños continuaron la pelea salarial.
La Asociación de Médicos Municipales (AMM) anunció un paro de 36 horas que comenzó el martes a partir de las 12:00 y concluyó a las 0:00 del jueves, en demanda de mejoras salariales.
La medida afectó la atención en los hospitales, Centros de Salud y Atención Comunitaria (Cesac) y en las Unidades Febriles de Urgencia (UFUS) de la Ciudad de Buenos Aires, donde se mantuvieron guardias mínimas, informó el gremio a través de un comunicado.
Asimismo, desde las 11:00 del martes, una hora antes del inicio de la medida de fuerza, se realizaron actos en todos los hospitales porteños para visibilizar el reclamo.
Los trabajadores resolvieron exigir un sueldo de $100.000 en mano para los ingresantes y residentes de primer año, $25.000 para las suplencias de guardia de 24 horas, jubilación con el 82% móvil, la derogación del impuesto al salario, y el pase a la carrera profesional del colectivo de Enfermería, entre otros puntos.
La propuesta del gobierno que encabeza Rodríguez Larreta es de un aumento del 23% en tres veces (13% en noviembre, 5% este mes y otro 5% en enero), además de un bono de $12.000 para enero y febrero.
En el marco del paro de 36 horas de trabajadoras y trabajadores de la salud porteños, médicos, enfermeros, residentes y concurrentes autoconvocados se movilizaron desde Callao hasta el Obelisco, el martes al mediodía.
Se hicieron presentes trabajadores/as del Hospital Elizalde, Penna, Durand, Santojanni, Ramos Mejía, entre otros.
Federico, residente del Hospital Elizalde, señaló: “Marchamos para reclamar por paritarias que no se realizaron por la pandemia. Tenemos el salario atrasado de un año. Necesitamos paritarias justas y abiertas”.
“Venimos hace semanas realizando paros de conjunto y medidas por hospitales. La idea es ir escalando en estas medidas, si no obtenemos una respuesta favorable”, agregó.
Denuncian que, siendo residentes de primer año, trabajan de lunes a viernes entre 8 y 10 horas por día, a lo que suman dos guardias por semana, o sea 24 horas los fines de semana o 12 horas más durante la semana. Su sueldo es de entre 40 y 45.000 pesos por mes.
La movilización fue autoconvocada por estos sectores de trabajadores, ya que los sindicatos que paran no llamaron a marchar.
Melina, residente también del Elizalde, señaló al respecto: “Venimos de varias movilizaciones y medidas de acción, y queremos construir acciones unitarias. La semana pasada votamos un paro conjunto con residentes de Nación, y queremos movilizarnos junto a ellos, también con médicos y enfermeros. Necesitamos arrancarles estas medidas a los sindicatos, porque están llamando a realizar medidas de forma dividida, y necesitamos acciones unitarias para tener más fuerza en nuestros reclamos”.
El miércoles pasado en el marco del paro y la masiva movilización que superó la pasividad de las conducciones sindicales, se realizó una gran asamblea de enfermeros, médicos, residentes y concurrentes. Se votó una acción de todo el equipo de salud de CABA, provincia de Buenos Aires y Nación con fecha estimativa para el 22 de diciembre y un posible paro de 48 horas.
La Asociación de Psicólogos y Psicólogas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un paro general de 36 horas que comenzó el martes 15 a partir de las 12 horas.
Andrés Añón, Secretario General de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas, afirmó que “no podemos llevar a nuestra base de representación esta absurda propuesta del gobierno de incremento salarial del 23%, después de todo el trabajo que hemos desarrollado durante la pandemia para la población, arriesgando nuestras vidas y de la gente con la cual vivimos”.
El comunicado de las y los profesionales de la salud, finaliza exigiendo al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: salarios dignos, condiciones de trabajo acordes al desarrollo de las tareas en la pandemia y el reconocimiento al trabajo que realizan.
También los trabajadores del Hospital Garrahan llevaron adelante un paro el 17 de diciembre rechazando el 7% de aumento salarial y reclamando un 50%, además de la regularización de los empleados contratados y participaron de la marcha de residentes nacionales.
Los trabajadores del Hospital Italiano en CABA realizaron un ruidazo en las puertas del nosocomio (Perón 4190) este jueves exigiendo el pago del bono de fin de año y contra el recorte en el comedor. César Latorre, delegado general del hospital, detalló: “El Italiano factura mensualmente $ 2.800 millones. El año pasado las cuotas aumentaron el 60 % y los socios no dejaron de pagar las cuotas, incluso aumentó la cantidad de afiliados. Recibió $ 3.000 millones del gobierno en concepto de ATP, pero la conducción de este hospital recorta salarios, se niega a pagar el bono de fin de año y recorta nuestro comedor. Son unos miserables, ajustan a quienes ponemos todo el día el cuerpo frente a la pandemia”.
“Exigimos el inmediato pago del bono de fin de año y el cese de recortes en el comedor. Acompañamos, además, el justo reclamo de los médicos que también sufren el recorte de sus salarios. Y si el Hospital se niega a escuchar estos reclamos, vamos a profundizar las medidas de fuerza”, finalizó.
Actualmente, los médicos del Hospital Italiano están en estado de alerta y movilización. El 17 de diciembre a las 10:00 el sindicato que los agrupa, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, anunció la organización de un acto en las puertas del nosocomio con el fin de reclamar recomposición de honorarios («Se ofreció un vergonzoso 5%», afirmaron), registración del personal médico, reintegro de los porcentajes descontados de los ingresos (fueron de entre el 12% y el 40%) y el reconocimiento de la cláusula por violencia de género presentada por el sindicato que otorga días de licencia especial.
El viernes el sector de Enfermería realizó un corte en el Puente Pueyrredón. «Para laburar esenciales, para el Estado descartables. El personal de salud de AMBA se cansó de ser ignorado», plantearon las trabajadoras y trabajadores en la convocatoria a la movilización. Esta surgió del proceso de organización y deliberación que se viene llevando adelante en numerosos hospitales y centros de atención de la salud de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA.
Trabajadoras y trabajadores presentarán un petitorio ante el Ministerio de Salud de la Nación donde exigen el pase a planta permanente automático de quienes trabajan en los hospitales modulares y permanencia de todos en sus puestos, sueldos estables y acordes a las tareas desempeñadas, condiciones laborales dignas, pase a planta de los tercerizados, carga horaria y logística de trabajo acorde al servicio y cumplimiento de pagos adeudados.
Además de los trabajadores de hospitales modulares en la movilización estuvieron presentes trabajadores de los hospitales Gandulfo, Rivadavia, Fernández, Penna, Borda, Alvarez, Gutiérrez, Santa Marina, Oñativia, Tornú, Piñeyro y Centro Gallego, entre otros. Los acompañaron docentes, estudiantes y jóvenes de La Red de Precarizadxs, además de integrantes de Cicop, ATE Sur, Sitre y organizaciones solidarias como PTS, MST, IS, CS y FOL.
Con el paro total en la salud pública tucumana culminó el viernes 11 la octava jornada nacional de lucha que comenzara el 9 de diciembre con diversas actividades en todo el país.
El miércoles 9 CICOP-Fesprosa del Hospital Posadas participó de la marcha de los residentes nacionales al ministerio de Salud. En tanto en La Rioja APROSLAR-Fesprosa fue parte de la movilización de las centrales sindicales en conmemoración del Riojanazo.
El 10 de diciembre, se realizó en el AMBA una acción con la presencia de referentes del Hospital Posadas, del Güemes de Haedo, Erill de Escobar y de Sitos, quienes realizaron una intervención fotográfica con las consignas centrales de la Jornada de Lucha Nacional e Internacional. Estas fueron: “Salud es un derecho humano, en 2021 se debe saldar la deuda con la salud pública y solidaridad con Río Negro”. En esta provincia se realizaron marchas de antorchas en Viedma, San Antonio Oeste, Maquinchao y General Conesa, entre otras localidades, exigiendo la recomposición salarial y el reconocimiento de los delegados y trabajadores organizados en Fesprosa Río Negro.
Jorge Yabkowski, quien coordinó la intervención en AMBA, declaró: “Estamos transitando la octava jornada de lucha en todo el país, la última del año. Creemos que los 64.000 infectados y casi 500 fallecidos necesitan hoy una actitud activa de los gremios de la salud. Necesitamos con urgencia una paritaria nacional donde se reconozcan los derechos de los trabajadores que dieron todo durante esta pandemia, que dejemos a un lado las políticas de precarización laboral, de pluriempleo y salarios de hambre de todas las jurisdicciones, y tengamos una nueva política de estado para con todos los trabajadores de la salud”.
Por su parte María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, se refirió a la dimensión internacional de la Jornada. Como Coordinadora de Salud del Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos valoró positivamente este primer paso dado por los gremios de salud de la región en la dirección de coordinar su lucha en defensa de la salud pública y sus trabajadores.
Finalmente, los médicos bonaerenses nucleados en CICOP aceptaron la oferta salarial realizada por el gobierno de Axel Kicillof a pesar de considerarla “insuficiente”. Consiste en una suba del 35,6% promedio y licencia excepcional de 12 días para todos los trabajadores del sector. Para el cargo inicial es de 41,5% y del 43% para los residentes de primer año, a pagar en tres tramos retroactivos a setiembre y hasta noviembre. Con el incremento, un médico que recién ingresa pasará a cobrar $ 52.784 de bolsillo, mientras los que trabajan en el régimen de guardia $ 59.600.
La negociación continuará en el marco de la convocatoria a los gremios estatales de la Ley 10.430, con quienes cerró una suba del 28,5%, antes que termine diciembre. También tiene pendiente un nuevo encuentro con los judiciales y con los maestros a mediados de enero, una vez que se conozca el número oficial de la inflación de este año. Con este sector, el acuerdo fue por un 32,6%.
Gran huelga nacional aceitera: 11 días de paro
Los tres principales gremios que protagonizan el conflicto que tiene paralizados los puertos santafesinos por donde sale la mayor parte de las exportaciones argentinas lograron coordinar sus reclamos y firmaron una declaración conjunta. En el comunicado, URGARA, SOEA San Lorenzo y la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) ratificaron la continuidad de las medidas y criticaron a «los representantes de las Cámaras patronales», a los que acusaron de «emitir un comunicado para justificar su intransigencia disfrazándola con nuevas y groseras falsedades».
La huelga parte de un conflicto que se arrastra desde octubre y ya lleva once días, mientras las Cámaras empresarias denuncian que la medida provoca pérdidas millonarias y bloquea la liquidación de divisas que se necesitan para fortalecer las reservas.
Los sindicatos, en tanto, denuncian que «las Cámaras han incumplido con los acuerdos firmados. En el caso de Aceiteros la revisión salarial del 2020 estaba prevista para el mes de agosto, con URGARA no han firmado aumento alguno para la paritaria anual que debiera regir desde julio del 2020».
Las empresas denuncian que los puertos paralizados ya son 22 y que hay más de 18 buques esperando para cargar.
Los gremios reclaman un aumento para el año 2021 de 25%, «menos de lo que el presupuesto nacional proyecta de inflación 2021». Ese porcentaje surge de la actualización que plantean para el básico inicial de la actividad, que Aceiteros sostiene, «conforme el 14bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo», debe alcanzar la “menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.”
El reclamo supone elevar, para enero 2021, a $93.280 pesos el inicial, de los $70.000 actuales.
El conflicto portuario escaló y tiene como trasfondo, además, un reguero de reclamos salariales similares en todo el cordón industrial santafesino, que involucra a gremios como los Patrones y Oficiales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, los Serenos de Buques, el S.O.M.U., los vigiladores del SUTRAVIP, el SUPA (portuarios) San Lorenzo y los trabajadores de Carga y Descarga.
Loma Negra: tras once días de huelga, aumento y mejor convenio
La huelga de los obreros de Minerar, una de las principales proveedoras de Loma Negra, había llevado a paralizar los hornos de la planta cementera de Olavarría, donde realiza el 70 % de su producción.
La empresa había informado en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la suspensión de “las operaciones habituales en la cantera”.
Finalmente,este miércoles llegaron a un acuerdo. Luego de 11 días con la producción de cemento paralizada, los representantes patronales y la Asociación Obrera Minera de Argentina (AOMA), sellaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo.
El mismo implica el pase del convenio de Cal y Piedra (CCT 36/89) al convenio del Cemento (CCT 54/89) de los 100 trabajadores de Minerar a partir del 1° de febrero de 2021. De esta manera se beneficiarán con nuevos salarios básicos y adicionales, pero además se integrarán a las negociaciones paritarias del convenio del cemento que inician en febrero.
Además,lograron dar marcha atrás con las suspensiones y cobrarán un bono salarial de 27.000 pesos.
Página12: siete días de paro
El viernes a las 17:00, tras meses de conflicto por salarios y otras reivindicaciones, la Asamblea de Trabajadorxs de Página/12 se concentró en la puerta de la redacción, ubicada en Venezuela 356 de la Ciudad de Buenos Ares, para realizar una actividad callejera con distanciamiento y cuidados. Ese mismo día iniciaron un paro de 7 días hasta el 24 de diciembre.
“En enero de 2016, unos pocos meses antes del arribo de Víctor Santa María y el Grupo Octubre a la conducción del diario, el sueldo de un redactor/a superaba a la canasta básica en un 35,9%. El mes pasado, el mismo quedó más de 19 puntos por debajo de esa línea de pobreza. Además, hay más de 50 compañeros/a precarizados/as que facturan por sus trabajos y tuvieron sólo el 15% de aumento en los últimos cuatro años, una decena de pasantes que cobran menos de 15.000 pesos por hacer un trabajo análogo al del resto de les trabajadores y un importante grupo de compañeros/as con categorías distintas a las tareas reales que ejercen”, relataron los trabajadores y trabajadoras de Página 12.
Aeronáuticos
Trabajadores despedidos de la compañía aérea LATAM-Argentina realizaron una protesta y corte en la Autopista (AU) Ricchieri, a unos 300 metros del ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “No queremos una Navidad con las familias en la calle”, advirtieron.
Los trabajadores de LATAM Argentina vienen realizando distintas medidas de protesta en reclamo de una solución al conflicto generado por la decisión de la empresa aerocomercial de dejar de operar en el país y producir el despido de más de 1.700 trabajadores del sector.
Martín Saab, uno de los delegados que lidera la convocatoria, aseguró que hasta ahora no fueron recibidos por directivos de la compañía ni por representantes del gobierno nacional.
Participaron también del piquete trabajadores de Securitas y GPS, empresas tercerizadas de Latam.
«La revolución de los aviones fue un negociado privado con los amigos de (Mauricio) Macri, con el paquete accionario de FlyBondi y los intereses que había detrás de eso», afirmó el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.
Agregó que «era imposible de operar en el aeropuerto de Palomar porque no había infraestructura» y señaló que por ese motivo «era un peligro en sí mismo». Allí Biró hizo un contrapunto con la carta que difundió en las últimas horas Mauricio Macri criticando la decisión de cerrar el aeropuerto de Palomar.
«La revolución de los aviones fue el nombre que le pusieron en el Gobierno anterior para reventar Aerolíneas Argentinas en forma gradual y darles a sus amigos el negocio aerocomercial», continuó.
«Nosotros ya dijimos que eso del Palomar iba a terminar mal, con todos los laburantes afectados, los usuarios a pata; las políticas de Mauricio Macri en política aerocomercial dejaron a los laburantes de Avianca, a los de Lan sin laburo», agregó el sindicalista.
De esta forma, el titular de APLA respondió la carta difundida el fin de semana por el ex presidente Macri refiriéndose el cierre de las operaciones comerciales en el Aeropuerto de El Palomar.
Asimismo, dijo que «Macri debería estar declarando ante la Justicia en vez de estar haciendo declaraciones a través de las redes sociales» porque «reventaron (empresas como) Sol, Avianca, Andes, LAN y golpearon mucho Aerolíneas Argentinas».
Por otra parte, y consultado sobre el proyecto de construir un proyecto inmobiliario en Costa Salguero, dijo que aún no iniciaron denuncia judicial, pero adelantó que no van a permitir que vuelva a suceder una tragedia como la de LAPA.
«Aún no iniciamos la denuncia judicial. Nosotros no vamos a permitir que nos pase lo de LAPA; seguir aumentando la estructura edilicia de Costa Salguero es atentar contra la modificación de Aeroparque para que sea más seguro», sostuvo.
Después de que el ex presidente Mauricio Macri saliera a criticar la decisión oficial de cerrar el aeropuerto de El Palomar, sede clave para la operación de las aerolíneas low cost avaladas por la política de Cambiemos, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero cuestionó en duros términos sus declaraciones: “Siempre me sorprende el cinismo del ex presidente. Me sorprende la distorsión de la realidad. Cuando él se fue dejó desocupación, inflación, aumento de pobreza, yo sé que estamos carentes de ideas en el debate público, pero éstas no aportan nada porque están fuera de la realidad”.
Este domingo Macri había compartido una carta pública donde desde su título se preguntaba “¿Iban a volver mejores?” y defendía la operatoria de las low cost en El Palomar, eje de su promocionada “revolución de los aviones”, sin darle importancia a los cuestionamientos ambientales y sociales planteados por los vecinos del barrio, además de los problemas de seguridad planteados en la nueva base aérea y los costos ruinosos que implica su sostenimiento para el Estado.
El planteo de Macri, además, no tomó en cuenta la particular situación de la aviación en todo el mundo en el marco de la pandemia e intentó presentar el cierre temporal de El Palomar como una decisión particular del Gobierno. Al respecto Cafiero respondió: “Hay una crisis aerocomercial en el mundo producto de la pandemia y el aeropuerto no está cerrado: está sin operación. Como muchos aeropuertos que han tenido una caída de actividad. Este aeropuerto está sin actividad”.
El actual senador nacional y x titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde insistió con que el aeropuerto de El Palomar no se encuentra cerrado: “Primero, el aeropuerto de El Palomar no cerró, sigue abierto. Lo que no tiene es operación comercial porque la última línea low cost que estaba operando -Flybondi-, ya con un solo avión, decidió mudar sus operaciones a Ezeiza y a Aeroparque. Creo que esto va a ser bueno para todos”. Desde sus redes sociales, Recalde también cargó contra el ex presidente: “Qué ironía que Macri hable de política aerocomercial. Su «revolución de los aviones» puso en jaque a todo el sistema, terminó perjudicando a todas las aerolíneas (incluso a las que empezaron a volar durante su gestión) y empeoró la conectividad del país”. Luego detalló: “Mantener la operación comercial de El Palomar solo por uno o dos aviones de Flybondi, cuyo tamaño requieren de una inversión en la pista de $ 4.000 millones, solo se puede justificar en el capricho de Mauricio Macri de sostener una política cuyos resultados están a la vista. Con el acuerdo alcanzado entre las autoridades y las low cost, no solo el sistema adquiere mayor racionalidad, sino que estas empresas y sus pasajeros obtienen un importante beneficio: comenzarán a operar en el Aeropuerto Jorge Newbery, algo que no habían logrado hasta ahora».
Sin embargo, algunas fuentes, incluso dentro del oficialismo, responsabilizan por el virtual cierre al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), un ente de manejo autárquico que se habría opuesto a una posible reapertura de El Palomar, perspectiva con la que en varias ocasiones el ministro de Transporte Mario Meoni se había manifestado de acuerdo. Hace unos días, el titular de Transporte había destacado que la base “necesitaba a la brevedad una fuerte inversión en su pista y en su sistema integralmente”. «Eso no es sustentable en el tiempo y es algo que tenemos que tratar de evitar en el marco de que no sobran los recursos en la Argentina”, remarcó.
Por el momento, si bien el aeropuerto no se encuentra cerrado, al no tener operaciones de ninguna aerolínea se encuentran en peligro decenas de puestos de trabajo vinculados con la atención al público y con los distintos negocios que funcionaban en la base aérea, aunque ésta continuará actuando como base de operaciones para la Fuerza Aérea o para Presidencia.
Empleados de comercio
Autoconvocados de Coto denuncian a la empresa y al dirigente mercantil Ramón Muerza. Contabilizan unas 600 renuncias forzadas logradas bajo amenaza de despido con causa y 26 despidos por hacer asambleas.
En relación al contexto de la pandemia que todavía no se terminó, señalan las presiones y la precarización que sufren quienes están de licencia por pertenecer a grupos de riesgo.
También exigen un bono de 30.000 pesos para cerrar el año que tuvo a los trabajadores de supermercados como personal esencial para el abastecimiento de artículos indispensables.
Finalmente, el lunes se firmó un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de provincia de Buenos Aires por el cual la cadena reincorporará a los 26 despedidos sin condicionamientos. Tampoco podrá ofrecerles retiros voluntarios.
Los telegramas que habían llegado «con justa causa» para gambetear la prohibición de despidos quedarán sin efecto y los empleados volverán a sus lugares de trabajo.
«Si la intención de COTO es continuar con los despidos, como parece que va a ser, que se preparen porque vamos a paralizarle todas las tiendas del Oeste», le habían advertido desde el gremio mercantil.
El sindicato consiguió que, además, se pacte que la cadena de supermercados no pueda «ofrecerles» retiros voluntarios al conjunto de reincorporados como era su intención.
El sindicato de mercantiles de CABA entró en estado de alerta y movilización tras nuevos incumplimientos de la empresa Be Enterprise SA, dueña de la reconocida marca de ropa Akiabara que está en conflicto constante desde 2019.
La marca de indumentaria Akiabara y Little Akiabara de la empresa Be Enterprise SA fue beneficiaria del ATP, sin embargo, acumuló deudas salariales por meses durante el transcurso del año. Según denuncia el Sindicato de Empleados de Comercio de CABA, ahora debe 2 meses y no paga el aumento paritario.
Ya en 2019 se negaron a pagar el bono que se había cerrado en paritarias por lo cual el Sindicato de comercio realizó entonces una movilización a varios locales en reclamo por el pago.
Este año, pandemia de por medio, la empresa se negó a pagar un 30% del salario correspondiente a marzo, alegando que las trabajadoras solo habían trabajado 20 días, luego incumplió con el pago del medio aguinaldo.
Por otro lado, adhirió al pacto CGT-UIA que habilita a las empresas a pagar el 75% del salario y fue beneficiaria del ATP por el cual el Estado se hacía cargo del 50% de dicho pago, sin embargo, incumplió el 25% restante.
Además, hace dos meses que no paga los salarios de las trabajadoras suspendidas, y tampoco los aumentos paritarios de $ 2.000 en febrero y $ 5.000 de bono.
La crisis social de la vivienda
Según el estudio realizado por Inquilinos Agrupados los hogares destinan un 56 % de sus ingresos para pagar el alquiler, el 40 % está endeudado y un 11,4 % afirma que se encuentra en riesgo de desalojo inminente.
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, denunció que “no existe otra forma de acceder a una casa o vivienda”, en relación a lo costoso que resulta adquirir una vivienda propia. En sus declaraciones dio cuenta de que más de la mitad de los ingresos son utilizados únicamente para pagar el alquiler, “si en una casa viven dos personas, «uno de los salarios» es para pagar el alquiler”.
La investigación también hace constar que el 58 % de los encuestados denunció aumentos de los alquileres, pese al decreto presidencial que los congela hasta fines de enero y que también prohíbe los desalojos.
De esta realidad no dan sólo cuenta las encuestas. Las múltiples tomas de tierra en distintas partes del país, incluyendo a aquellas que fueron desalojadas como sucedió en Guernica, muestran que con el correr de la crisis son cada vez más aquellos que van quedando en una situación habitacional cada vez más precaria.
Según informaron desde el portal Zonaprop, pese a la sanción en junio pasado de la Ley de alquileres, los alquileres sufrieron una suba de 7,9 % en julio, 6,5 en agosto y 6.2 % en septiembre.
En la Ciudad de Buenos Aires, el precio promedio de un alquiler de un departamento de dos ambientes, de unos 50 metros cuadrados está en $27.765 mensuales. Mientras un poco más amplio, de 70 metros cuadrados y tres ambientes oscila $38.617 por mes.
Estos aumentos se dan en el marco de una crisis habitacional enorme, acrecentada por la pandemia y una campaña del Gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires que criminaliza la toma de tierras.
Habla Juana, referente de Guernica, en “Metrópolis” – FM La Boca (90.1), martes de 21:00 a 22:00
Vamos a seguir en la lucha
M.H.: Hubo un masivo corte en Puente Pueyrredón el pasado 3 de diciembre y pareciera que eso posibilitó que sean recibidos por el ministro Larroque.
J.: Nos recibió el mismo jueves 3 y quedamos en encontrarnos de nuevo el 10.
M.H.: ¿Y cómo fue ese encuentro con el ministro de Desarrollo social de la provincia de Buenos Aires?
J.: Por ahora bastante bueno, pero vamos a ver. Armamos una mesa de trabajo, quedamos en llevarle la lista de la gente que somos y vamos a ver si nos consiguen un plan de vivienda.
M.H.: Ustedes van a tener esa reunión en La Plata el próximo jueves ¿verdad?
J.: Claro.
M.H.: Tienen prevista una movilización para ese día.
J.: Sí. Siempre que vamos es acompañados por los vecinos.
M.H.: ¿Cuáles son los reclamos que llevarán los vecinos de la toma de Guernica?
J.: Vivienda y trabajo. Que nos den un plan de vivienda y al mismo tiempo trabajo porque sino cómo pagamos la vivienda.
M.H.: ¿Cómo están en este momento los y las vecinas de la toma de Guernica?
J.: Están todos desparramados, con mucha fuerza por seguir luchando y con mucha ilusión de que nos abrieron la mesa de diálogo de vuelta. Pero tampoco nos queremos hacer tantas ilusiones porque ya nos desilusionamos unas cuantas veces. Vamos a ver qué nos ofrecen en esta oportunidad.
M.H.: Hasta el momento la organización de la toma se ha sostenido.
J.: Sí. Tenemos un grupo de asamblea permanente que se reúne los sábados. Nos reunimos todos los vecinos que fuimos desalojados y vamos trabajando. El sábado 12 vamos a hacer un festival para reunir fondos para sostener el fondo de lucha.
M.H.: ¿Dónde y a qué hora?
J.: En la Plaza San Martin de Guernica a las 16:00 aproximadamente, todavía no está confirmado el horario.
M.H.: Desde que fueron desalojados hasta ahora ¿han recibido algún tipo de ayuda?
J.: No. Es la primera vez que nos atienden y que nos dan una posible solución.
M.H.: ¿Querés agregar algo?
J.: Vamos a seguir en la lucha, ojalá el gobierno nos escuche y cumpla. Porque eso es lo más importante. Que nos cumpla. Nosotros no queríamos hacer todo lo que hicimos, fue la única forma que tuvimos para que nos escucharan.
Reproducimos el comunicado de la Comisión de Prensa de la Asamblea Permanente de Guernica.
En el día de la fecha (10/12) se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo a la que se había comprometido el gobierno con las y los delegados de la Asamblea Permanente. En la misma los y las vecinas entregamos el listado de la Asamblea Permanente como fue votado en la asamblea. El gobierno lo recibió y se quedó en una próxima reunión para el próximo miércoles.
Fuimos a la reunión acompañados por una numerosa delegación de vecinos. Dejamos allí en claro que no podemos seguir viviendo en la incertidumbre y queremos y necesitamos una solución definitiva antes de las fiestas. Llegamos hasta acá gracias a nuestra lucha. Quisieron callarnos, sufrimos represión, pero seguimos de pie.
El próximo miércoles vamos a participar de la nueva reunión. El gobierno tiene que darnos una solución de forma urgente. Somos trabajadores y trabajadoras precarizadas, desocupados e informales, vimos empeorar nuestras condiciones de vida con la crisis y la pandemia. Muchos quedamos en la calle. No vamos a aceptar esta realidad, vamos a seguir exigiendo y luchando hasta conquistar tierra y vivienda y a continuar con nuestras medidas de lucha. No vamos a pasar las fiestas en esta situación, donde seguimos viviendo en casas de familiares hacinados y otros directamente en la calle o refugios. Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos, de mujeres y políticas a continuar acompañándonos.
El día sábado se hará una nueva asamblea para evaluar entre todos los pasos a seguir para poder conquistar nuestros reclamos.
Asamblea Permanente de Vecinos de Guernica
Habla Mónica de Suipacha 548 (CABA) en “¿Sin salida?” – FM La Boca (90.1) – Martes de 20:00 a 21:00
M.H.: Mónica es una de las 100 personas que habitan el edificio de Suipacha al 548 entre quienes hay 34 niñes, 6 adultos mayores y 3 discapacitades que se encuentran en estado de asamblea permanente tras haber sido notificados sobre un expediente en curso a través del cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los podría dejar en la calle. ¿Qué nos podés comentar?
M.: Llevamos tres semanas en estado de alerta porque nos llegaron unas notificaciones solo a la mitad de los habitantes, a la otra no, les llegaron notificaciones de desalojo a gente que ya ni siquiera vive en el edificio y, mientras tanto, los otros habitantes hemos estado tratando de buscar respuesta ante diferentes entidades del gobierno para ver qué podríamos hacer, para unificar todas las peticiones hemos estado en asamblea.
El gobierno de la Ciudad nos quiere sacar porque al edificio le falta manutención, le falta matafuegos, eso es lo que demandan en el pedido, pero nunca nos hicieron una visita oficial para inspeccionar. Entraron un día, subieron las escaleras y ya. No hubo una visita técnica. Tampoco hubo un censo real sobre las personas que viven ahí, según lo que nos dijeron nuestros abogados para el gobierno de la Ciudad en el edificio solo viven 65 personas y no las 100 que en realidad vivimos. El 90% del deterioro del edificio es causado por la negligencia de los dueños, durante los 10 años que vivo ahí ellos nunca hicieron absolutamente nada por el edificio, ningún arreglo estructural y el gobierno de la Ciudad alega que es culpa de nosotros.
Nosotros como vecinos hemos planteado muchísimas veces arreglar el terreno. La casa queda en Suipacha y Lavalle, pleno microcentro y nosotros sabemos el valor tanto histórico como de la propiedad que tiene ese lugar. Nosotros siempre hemos querido reparar y restaurar el inmueble, justamente esta semana se está haciendo una junta de dinero para unos arreglos que se tienen que hacer en el edificio, pero sale de nosotros porque el dueño en lugar de conciliar con nosotros lo que hizo fue cortar los servicios básicos, nos cortó el agua, el acceso al gas natural, nos puso dentro de la lista negra de los servicios públicos, no podemos tener acceso a internet, por ejemplo, en ninguna empresa, ni al teléfono. Tenemos agua dos veces al día por un arreglo que hizo uno de los habitantes del edificio, pero no tenemos acceso a solicitar el servicio del agua. Y al gobierno de la Ciudad en varias oportunidades tratamos de hacer una conciliación de los vecinos para tener ese servicio y no tuvimos ninguna respuesta. La primera y única respuesta es esta, la notificación del desalojo inmediato
M.H.: ¿Ustedes pagaban alquiler en el edificio?
M.: El edificio ya tenía varios procesos de desalojo, hubo un proceso de desalojo, pero de las personas que vivían en ese momento ya no queda ninguna. Entonces los dueños del edificio siguieron alquilando. Y comenzaron a incumplir, hubo problemas con el agua, con la luz, se cayeron pedazos de techo, entonces los vecinos empezaron a negarse a pagar.
El tipo a raíz de esto dejó de venir. La última vez que vino abrió un hueco en la fachada que da hacia Suipacha para tratar de reparar una tubería que estaba tapada y no volvió nunca más. Y lo dejó así, con escombros cayendo al suelo. Vino la Guardia Civil, cerró la calle porque estaban cayendo escombros y eso fue culpa 100% del dueño. La negligencia viene desde ahí.
M.H.: ¿Hay alguna suerte de negociación para evitar el desalojo?
M.: No. Nosotros en este momento estamos agrupándonos, porque nos conocíamos pero no nos habíamos unido en una sola fuerza. En este momento las chicas de la Consejería de vivienda nos han dicho cómo funciona un proceso de desalojo y nos han guiado a través de todo ese proceso. Porque nosotros quisiéramos llegar a un acuerdo. Un edificio abandonado no le sirve a nadie, ni siquiera al gobierno de la Ciudad porque no se le van a hacer los arreglos y lo que sí va a pasar es que en algún momento el abandono podría hacerlo caer.
Es un edificio de ocho pisos. Lo ideal sería quedarnos. Las soluciones habitacionales en este momento son muy complicadas. El 60% de las familias que vivimos ahí trabajamos en “gris” o en negro, entonces entrar al mercado inmobiliario para nosotros es muy difícil, además de nuestra condición de inmigrantes que también imposibilita mucho el alquilar.
En las redes estamos como Casa Suipacha, ahí nos pueden encontrar.
M.H.: [email protected] para todos los que quieran contactarse con las personas que viven en el edificio de Suipacha 548.
Fuentes: www.estadodealerta.com.ar, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, laizquierdadiario.com.ar, Tiempo Argentino, Clarín, Infogremiales, http//:marianfeliz.wordpress.com