Están ingresando en la Argentina 4.355 millones de dólares aportados por el FMI en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), que bien podrían ser destinados a dar un fuerte impulso a recuperar las jubilaciones, los ingresos de los trabajadores estatales, docentes y de la salud, aportar al desarrollo de la Economía popular y la obra pública. Pero el gobierno ha decidido que ingresen a la caja para fortalecer reservas. Guillermo Cieza en “A dos semanas de las PASO”, Resumen Latinoamericano, 29 de agosto.
Todo indica que el ajuste fiscal fue muy fuerte en el primer semestre y que el gobierno se encamina a sobre cumplir las metas que había divulgado en el Presupuesto que sancionó a fines del año pasado.
Datos tomados del ministerio de Economía por la consultora LCG revelan que entre enero y julio los recursos destinados a las Prestaciones sociales crecieron 20,8% respecto del mismo período del año pasado, es decir, 31 puntos porcentuales por debajo del índice de precios anual del 51,8%.
Ahí tenemos jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, incluida la AUH, y una serie de partidas asociadas a la pandemia.
Todas esas cuentas llevan una caída real fuerte comparadas con la inflación. En el caso de jubilaciones y asignaciones reflejan el impacto del cambio en el sistema de movilidad de los haberes.
A los $ 1,7 billón en jubilaciones + casi $ 700.000 en partidas para enfrentar el Covid + asignaciones familiares = alrededor de $ 2,7 billones. Si se hubieran actualizado por inflación serían cerca de $ 3,4 billones. Es decir, gracias al recorte del ministerio de Economía, se esfumaron $ 680.000 millones.
Se trata de un ajuste del gasto público, aunque no forme parte explícitamente de un acuerdo con el FMI. También entran los recortes que se han aplicado sobre las transferencias a ciertas provincias para gastos como sueldos y funcionamiento de $ 141.000 millones. Y alrededor de $ 190.000 millones si se le añade hacer correr los salarios estatales detrás de la inflación.
En total en lo que va del 2021: $ 870.000 millones que al tipo de cambio oficial representan U$S 8.700 millones en solo siete meses.
De los $ 100.000 millones que el gobierno días atrás sumó al presupuesto de Desarrollo Social, debemos decir que con un incremento del 8% respecto del 2020, era francamente insostenible frente a una inflación que avanza firme hacia el 50%.
Martín Guzmán se ufanó el jueves 26 de agosto ante empresarios, funcionarios y dirigentes políticos: “En los primeros siete meses del año se registró el 0,7% del Presupuesto en cuanto al déficit primario”.
Por lo tanto, el desequilibrio anual resultaría inferior al 4,5% del PBI que se había propuesto o incluso, el más bajo desde 2013.
Entrevista al “Vasco” Izurieta, delegado de ATE-Trabajo
«Los estatales y les jubilades somos las variables de ajuste para mostrar austeridad fiscal a los acreedores externos»
M.H.: Finalmente se conoció lo que ayer era un trascendido, de un 40% anual, la firma del gobierno y UPCN de un nuevo acuerdo paritario. Agregando al anterior un 5% y acumulando un 40% anual dejando afuera a los monotributistas, pero no toma en cuenta que el salario anual perdió más de un 35% desde 2015. Por tal motivo entiendo que hoy las Juntas internas opositoras que vienen rechazando el acuerdo convocaron a una movilización al ministerio de Trabajo reclamando un 50% de recomposición y un mínimo de 103.000 pesos y cláusula gatillo entre otros planteos.
V.I: Así es, como bien señalás esos son los reclamos fundamentales. Nos movilizamos hoy en horas de la mañana.
M.H.: Cuando hablamos de Juntas internas opositoras, ¿a qué organismos representan?
V.I: Somos las Comisiones internas de distintos organismos del Estado nacional que estamos decididas a pelear por el salario y que el sindicato no abandone su razón de ser, que es pelear y exigir mejores condiciones salariales y laborales para los y las trabajadoras que representan.
La realidad es que la pasividad de la conducción, y su complicidad histórica de parte de UPCN con el oficialismo gobierne quien gobierne, y en este caso el acompañamiento de distintos sectores de ATE que vienen llevando un rol muy pasivo y de acompañamiento a la política laboral que viene llevando adelante el gobierno nacional, que es quien lleva las riendas como empleador.
Y somos los sectores que exigimos que el sindicato esté en la calle peleando y no limitarse a reuniones entre cuatro paredes, sin generar espacios de participación, sin llamar a asamblea o plenario de delegados y nosotros enterándonos de los resultados de esas negociaciones por los comunicados posteriores.
Nos parece que eso no corresponde y estamos impulsando estas políticas desde las Juntas internas de Trabajo, Economía, el INCAA, el CENASA, hoy hubo un importante comunicado de los trabajadores del Hospital Garrahan en lucha, que están llevando adelante un proceso de lucha con paros y asambleas, Conicet y otros sectores como el de Agricultura familiar y las agrupaciones sectoriales. Todo ese conjunto de sectores hoy nos movilizamos a la sede de Trabajo en Callao 114 y por la tarde se dio la reunión paritaria en la sede de Alem 650 donde las conducciones nacionales de ATE y UPCN firmaron el acuerdo que señalabas.
Un acuerdo que plantea un 40%, con este incremento del 5% que se otorga y en algunos convenios sectoriales pequeños parches salariales muy confusos que generan mucha fragmentación y desorientación y que lleva a que las conducciones de ambos sindicatos afirmen que el aumento es de un 53/54% cuando la verdad es que de ninguna manera es así y que están más interesados en mostrar que es un buen acuerdo que el propio empleador que sacó un comunicado muy austero donde dicen que el aumento es del 40%.
M.H.: Es lo que leí yo.
V.I: Sí, pero si leés los comunicados tanto de UPCN como de ATE ellos afirman un aumento del 54% más unos cálculos estrambóticos en base a unos puchitos muy técnicos de cómo es nuestra grilla salarial para llegar a un acuerdo que sigue siendo insuficiente. En primer lugar porque perdimos el 40% durante toda la gestión macrista y ya se venía perdiendo salario desde un tiempo antes. Y en este marco porque ya la predicción de inflación es del 50% En todo caso con este acuerdo estaríamos perdiendo un poco menos de salario, pero la tendencia es a la pérdida.
Este acuerdo no revierte la tendencia a la caída de nuestro salario. Y eso no es casualidad porque estamos siendo variable de ajuste en un esquema que sigue siendo de austeridad fiscal en el marco de las negociaciones con el FMI.
Nosotros junto con los y las jubiladas somos las variables recurrentes cuando se trata de ajustar para mostrar austeridad fiscal de cara a los acreedores externos, de una deuda que todos sabemos que es fraudulenta, ilegítima e ilegal.
M.H.: En cuanto a la vuelta de la presencialidad de los empleados a partir de setiembre ¿qué nos podes comentar?
V.I.: Ha salido una resolución de presencialidad programada que plantea una vuelta progresiva a la presencialidad. Nosotros como sindicato defendemos la tarea estatal desde la centralidad de la presencialidad de los y las trabajadoras del Estado en el curso de las políticas públicas, y en este marco de emergencia sanitaria hemos planteado que la prioridad tiene que ser el cuidado de los y las trabajadoras. Y en ese sentido nos genera muchísimas dudas e inquietudes porque entendemos que en este tiempo no se han hecho las transformaciones estructurales edilicias que permitan una presencialidad programada pero segura para los y las compañeras.
Con lo cual lo que ha salido es una normativa marco que empuja hacia la presencialidad y delega en las jurisdicciones el impulso de la misma. Nosotros desde las intervenciones en las Comisiones de ambiente del ministerio de Trabajo vamos a defender que se cumplan las condiciones de cuidado y resguardo de nuestros compañeros y compañeras.
Hago una aclaración, durante todo este tiempo el Estado sostuvo sus actividades desde el trabajo remoto, no hay una situación de compañeros o compañeras que no hayan trabajado en este año y medio. Se han sostenido todas las tareas. Muchas veces hemos garantizado nosotros mismos la conectividad con nuestras propias computadoras y gastos de telefonía, donde también se ha dado un desdoblamiento con las situaciones de cuidado doméstico; los y las trabajadoras estatales sostuvieron sus funciones.
Nosotros por definición no cuestionamos la presencialidad porque entendemos una política pública de cuerpo presente, pero esto tiene que hacerse garantizando la seguridad de nuestros compañeros y compañeras y eso entendemos que por el momento no está garantizado de parte de las autoridades.
Tenemos que tener edificios con la ventilación adecuada, no se puede aglomerar la gente, el nivel de hacinamiento que había pre pandemia en determinados pisos o sectores de trabajo son impensados en este marco, con lo cual eso ameritará un esquema que permita la rotación de burbujas y, al mismo tiempo, que estén hechas las transformaciones edilicias para que haya ventilación cruzada.
Eso en algunos sectores está y en otros no. Discutiremos situación por situación con las autoridades para garantizar las condiciones de cuidado de nuestros compañeros y compañeras. Nosotros estamos a favor de una presencialidad segura y que respete todos los requisitos y criterios preventivos y de cuidados que se establecen para defender nuestra salud y la de la población.
La presencialidad de los y las trabajadoras estatales también se va a reflejar en los medios de transporte público, que ya vienen bastante atosigados. Con lo cual hay toda una situación, que por un lado uno entiende en cuanto al contexto pero, por otro, por las situaciones que te vengo señalando y ante la situación bastante impredecible de esta nueva cepa, Delta, no está claro si eso puede disparar una nueva ola de contagios. La verdad que afrontamos esta situación con muchos recaudos y bastante incertidumbre también.
Tras un año y medio, Ate Capital convocó un paro
Trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires realizaron el miércoles 25 de agosto un paro y se movilizaron a la sede de la jefatura del gobierno exigiendo el pase a planta de quienes están contratados de forma precaria.
Un tercio de los trabajadores o trabajadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra contratado de forma precaria alcanzando casi 23.000 quienes “viven la angustia de no tener los mismos derechos, de saber que su futuro es incierto”, señalaron desde ATE Capital.
Agustina Panissa, secretaria general Adjunta de ATE Capital señaló que: “Hay una Ciudad que precariza a les trabajadores y es la Ciudad que gobierna Rodríguez Larreta. Durante toda la pandemia los trabajadores sostuvimos las políticas públicas en una situación de mucha precariedad, por eso vamos a salir a la calle para exigir el reconocimiento los derechos laborales para una cantidad inmensa de trabajadores y trabajadoras que están contratados de manera precaria, con relaciones laborales no reconocidas”.
Además, subrayó que: “Muchos no cobran aguinaldo, la mayoría no llega a fin de mes, muchos de ellos y ellas cobran salarios de miseria”.
Por ello exige “que se efectivice el pase a planta permanente de esos trabajadores y trabajadoras que en muchos casos vienen 8 u 9 años en una situación de monotributo y es inaceptable”.
La movilización que se realizó a la jefatura de gobierno porteño para pedir el pase a planta permanente de los y las trabajadoras precarizadas, el reconocimiento de Enfermería como Carrera Profesional de Salud, demandando salarios por encima de la Inflación y la Canasta Básica comenzó concentrándose a las 11:00 en Caseros y Jujuy.
Con medidas aisladas, sin consultar a los miles de trabajadores municipales, resultan inofensivas. Para que una medida tenga un impacto real, debe ser parte de una convocatoria extendida, impulsando instancias colectivas y democráticas, que fomenten la organización y preparación de una movilización que quiebre la rutina sindical.
En este caso, pareciera que los trabajadores son “convidados” a lo que simula ser más un intento de «combatividad» en el medio de un contexto atravesado por un escenario electoral -y el apoyo explícito de Ate-Capital al Frente de Todos en la Ciudad- que una medida de fuerza real que incline la cancha a favor de los intereses de los trabajadores.
Como plantea Marcelo Gómez, delegado general de la DGMUS del GCBA: “Desde la Agrupación Marrón exigimos a los sindicatos de la CTA y CGT por la organización de las/os trabajadores/as. Planteamos la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas, así repartir las horas de trabajo entre ocupados/as y desocupados/as con un salario igual a la canasta básica, y terminar con la irracionalidad de que haya compañeros que trabajan 14 horas y otros no tengan trabajo.”
Sostenemos que, para terminar con la precarización, el fraude laboral, los salarios de miseria y conquistar condiciones de trabajo, es preciso hacer pesar en la balanza la fuerza de los trabajadores autoorganizados. Uniendo a contratados, monotributistas y planta, afiliados y no afiliados de ambos sindicatos, en asambleas que discutan y decidan cómo ir por lo nuestro golpeando con un solo puño”.
El plan contra la desocupación que la Unidad Piquetera presentó al ministro Zabaleta
Más de 150.000 personas se movilizaron el miércoles 18 de agosto en reclamo de trabajo genuino y la universalización de los programas sociales vigentes.
La actividad, que tuvo alcance nacional, fue organizada por la Unidad Piquetera, que agrupa a 40 movimientos sociales no alineados con el gobierno. Denunciaron que los beneficios sociales están actualmente limitados a cupos que se distribuyen desde el ministerio de Desarrollo Social a través delos intendentes, las ONG y las propias organizaciones sociales.
La cantidad de beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, dependientes de Desarrollo Social, se incrementaron durante 2020 al pasar de poco menos de 600.000 a alrededor de 1.000.000. Pero resultan insuficientes a la luz de las 9 millones de personas que tramitaron el IFE en el peor momento de la pandemia, los 18,1 millones que en marzo vivían en hogares pobres, los 2,5 millones que cayeron en esta situación entre marzo del 2020 y el mismo mes de este año y los 1,2 millones que, en el mismo período, se hundieron en la indigencia.
Para las organizaciones, la universalización del beneficio que garantiza un ingreso equivalente a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, o sea unos $ 13.500, resulta un reclamo de emergencia para paliar los efectos de la crisis social.
La Unidad Piquetera no comparte el proyecto de la Utep, que conforman el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que apunta a generar un salario básico universal.
A esa propuesta le opone el reclamo de trabajo genuino bajo convenio y un seguro al desocupado atado a los salarios de convenio.
A tal efecto, se reunieron el viernes 3 con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ante quien presentaron su Plan Integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza, que plantea la generación de un millón de puestos de trabajo genuino y la universalización de un seguro al desocupado que cubra la canasta básica.
Adjuntamos la propuesta de la Unidad Piquetera
03/09/2021
Al Sr. ministro de Desarrollo Social
Sr. Juan Horacio Zabaleta:
Por medio de la presente las Organizaciones Sociales abajo firmantes presentamos un Plan Integral que tiene el doble objetivo: “Reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo” creada por los gobiernos de los últimos años 20 años, sin conseguir modificar la situación de pobreza, desocupación e indigencia en la que millones de familias se encuentran; y la generación y estímulo de “Trabajo Genuino” bajo convenio, y con todos los derechos conquistados por las y los trabajadores.
Al mismo tiempo nuestra propuesta abarca la necesidad de dar respuesta a la falta de urbanización, escuelas en todos sus niveles (desde jardines maternales hasta los estudios secundarios), conjuntamente con las viviendas populares que permitan empezar a resolver el drama social de la vivienda propia que sufren millones de personas en nuestro país.
En la Argentina los barrios populares nunca dejaron de crecer. Las últimas cifras oficiales (diciembre de 2016) ubican a estos asentamientos en 4.416. Sin embargo, las estimaciones de organizaciones sociales que trabajamos en el territorio sostenemos que esa cifra ascendió a unos 5.000. La mayoría de ellos están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Dentro de ella, los municipios que suman la mayor cantidad de asentamientos son los de La Plata y La Matanza, en ese orden.
[…]
En la Argentina, unas 870.000 familias, esto es unos cuatro millones de personas, viven en asentamientos, en viviendas precarias, en muchos casos sin agua potable, cloacas y luz.
El último censo realizado sobre los asentamientos de todo el país determinó que el 78,5% de los barrios son de baja densidad poblacional y el 68% tienen viviendo menos de 150 familias.
Las Villas representan el 21,5% y son las que tienen mayor densidad poblacional. Más de la mitad de las familias viven en estos barrios desde antes del 2000. El 93% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente y el 70,5% a la red de energía eléctrica (datos del Renabap).
La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de Barrios Populares. El último relevamiento determinó que son 1.783, pero las últimas estimaciones elevan esa cifra por arriba de los 2.000.
La situación social no solo constituye una negación de derechos para los millones de personas que necesitan asistencia por su situación, sino que deja en un atraso enorme a los barrios obreros que margina aún más a la población que contiene.
El trabajo genuino y las obras públicas no solo son imprescindibles para el desarrollo nacional, sino que constituyen un acto de justicia indelegable del Estado, que debe figurar entre las principales prioridades.
Nuestro Plan Integral de generación de Trabajo Genuino y reconocimiento:
Planteamos la urgencia de desarrollar un “Gran Plan de Obra Pública y Vivienda” para crear 1.000.000 de puestos de trabajo financiado por el Estado Nacional que incluya la construcción de viviendas en todo el país.
A su vez, proponemos una “Mesa Inter Ministerial” con las Organizaciones Sociales donde participen el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Intervención Socio Urbana, y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Desde nuestra parte nos ponemos a disposición y acercamos el relevamiento con el cual hemos construido una gran “Bolsa de Trabajo” de 100.000 trabajadoras y trabajadores de nuestras organizaciones con diversos oficios y profesiones.
Para graficar contamos con compañeras y compañeros con experiencia en los siguientes oficios:
Electrotécnicos, Programador de computación, Albañil, Solador, Escayolista, Yesista, Acabados, Empapelador, Pintor, Electricista, Gasista, Jardinería, Revestimientos continuos, Ayudante de mantenimiento básico de edificios, Enfermeras, Auxiliares de limpieza, Cocineras/os, Auxiliares de cocina, Costureras/os, Mampostero, Oficial de miras, Pavimentador, Pocero saneamiento, Encofrador, Ferrallista, Tejador, Pizarrista, Aplicador de revestimientos, Alicatador-soldador, Instalador de sistemas de impermeabilización, Impermeabilizador de terrazas, Cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, etc.
Estamos convencidos de que la conversión de planes sociales en trabajo no se va a resolver con programas como el “empalme” o “enganche” que no dieron ningún resultado concreto y que constituían un subsidio encubierto a las patronales y un ataque a los Convenios colectivos de trabajo, entendemos que esa reconversión es solo posible con trabajo genuino, bajo convenio y sin eliminar derechos conquistados.
El plan que proponemos se debe financiar con los recursos provenientes de los recursos que actualmente el Estado destina al pago de la deuda, subsidios a las viejas privatizadas y al gran capital. En lo que va del año, el Banco Central destinó 800.000 millones de pesos a pagar intereses a la banca privada, el Estado pagó más de 1.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y se están pagando las cuotas al Club de París, mientras no se resuelven las necesidades de los barrios populares, además de los compromisos que ya ha establecido el Gobierno para los próximos años en pagos exorbitantes que postergan las más elementales necesidades del pueblo.
Al mismo tiempo exigimos el reconocimiento a través “un salario con todos los derechos” a los trabajos que desde hace décadas venimos realizando en los barrios populares las organizaciones sociales. Donde se destacan las tareas vinculadas al cuidado y la reproducción de la vida donde en su amplia mayoría son nuestras compañeras las que están al frente de los comedores, merenderos, experiencias productivas y educativas, etc.
Los peores momentos de la pandemia visibilizaron que sin ese trabajo cotidiano y constante de las organizaciones, la cantidad de víctimas en nuestro país por la emergencia sanitaria y económica habría sido muchísimo mayor.
Por otra parte, remarcamos la necesidad de fortalecer y apoyar a las y los trabajadores de las empresas recuperadas y unidades productivas, tomando medidas urgentes para que no se pierdan estos puestos de trabajo ante la crisis económica. Se debe promover: garantía salarial estatal, eximiciones impositivas y créditos no bancarios para su desarrollo, implementación efectiva y amplificación del Compre Social incorporando todas las dependencias del Estado, y promoviendo desde el Estado la comercialización de su producción.
En este marco de crisis económica, sanitaria, y ambiental debe complementarse estas medidas con:
Prohibición real de los despidos. Continuidad de la producción bajo control de sus trabajadores de toda empresa que cierre o despida.
Construcción de polos educativos en los barrios populares que incluyan jardín de primera infancia, escuela primaria y secundaria.
Plan de viviendas populares y accesibles con un % del salario mínimo vital y móvil en todo el país.
Promoción y estímulo para la contratación de trabajadores y cooperativas de cuidadores domiciliarios desde el sistema público, obras sociales y prepagas.
Reconocimiento salarial para promotoras de género, salud comunitaria, tareas ambientales, y educativas.
Apertura de concursos en hospitales, jardines de infantes y escuelas para cubrir vacantes de auxiliares, limpieza, cuidado de personas, etc.
Pase a planta o mejor convenio de la actividad de todos los precarizados, tanto en el Estado como en el sector privado.
En este contexto vemos necesario y urgente establecer políticas generales que puedan mejorar rápidamente las condiciones de vida de la enorme cantidad de trabajadores estén organizados o no en nuestros movimientos sociales, para esto creemos que deben aplicarse tres medidas urgentes:
Reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, creación de nuevos turnos de trabajo utilizando la capacidad instalada ociosa.
Ingreso Universal para todas las personas en edad laboral que tengan una situación de vulnerabilidad social. Los montos de este ingreso deben estar atados a la canasta básica que se precisa para no ser pobre.
Aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Esta ampliamente demostrado que la pandemia ha ocasionado también un aumento significativo de femicidios y situaciones de violencia de Género donde somos las organizaciones sociales, con nuestra capilaridad en los territorios, quienes estamos en la primera línea identificando y relevando estas situaciones. Ante esto proponemos un “Dispositivo de Emergencia ante situaciones de violencias de género” donde el Estado debe resolver las condiciones habitacionales, laboral, alimentarias, y el acompañamiento multidisciplinario (psicológico, etc.) de las personas que están atravesando esta situación.
Al mismo tiempo exigimos financiamiento para nuestros refugios contra situaciones de violencia, como también la ampliación y aplicación del cupo laboral trans.
Ante las condiciones actuales de existencia de la mayoría de los sectores populares se debe generar un plan de acceso a la tierra para vivir y producir, constituyendo un “Banco de Tierras”. Con el objetivo de repartir 500.000 hectáreas, fiscales y ociosas, para vivir y producir a través de cooperativas de trabajo u otras formas organizativas del trabajo.
Al mismo tiempo creemos que se debe “Promover el acceso a la Energía Renovable” y entendemos el acceso a un ambiente no contaminado como un derecho. Ante esto proponemos estímulos y fomento para la utilización en nuestros espacios sociales y productivos de pantallas solares, termo-tanques solares, bio-digestores, aero-generadores para bombeo de agua, sistema de calefacción natural. Como también amplificar los programas de “Limpieza de arroyos y Forestación”, casi inexistentes en nuestro país. Incentivar líneas de capacitación y financiamiento para la promoción de políticas ambientales vinculadas a las organizaciones sociales.
Para finalizar, pero no menos importante, requerimos “el Fortalecimiento y Reconocimiento de las experiencias educativas populares, como también el estímulo para desarrollar nuevas experiencias” (educación en todos los niveles, espacios de niñez, alfabetización, jardines de primera infancia, centros educativos complementarios, talleres de juventud, escuelas de oficios y formación profesional).
Organizaciones sociales que reclaman trabajo se reunieron con el Gobierno neuquino
Luego de dos días de bloqueos en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti, las organizaciones lograron una instancia de diálogo. La reunión fue con funcionarios de las carteras de Trabajo y Desarrollo Social. Fruto de la lucha lograron esta instancia de diálogo y afirman que si el Gobierno no cumple continuarán con las medidas de fuerza. Exigen trabajo genuino y un plan de obras públicas para combatir la desocupación.
Las organizaciones sociales sostienen que desde el comienzo de la pandemia recrudeció la crisis en los barrios, aumentó la desocupación y no hay respuestas del Gobierno. El lunes 6 a las 13:00 continuará la reunión con funcionarios y en caso de no obtener respuestas, volverán a las rutas.
Sobre la reducción de la jornada laboral
El titular de la Asociación Bancaria (AB) y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, reavivó el debate sobre la reducción de la jornada laboral para recuperar empleos en la pospandemia, y respaldó la propuesta de los legisladores oficialistas Hugo Yasky y Claudia Ormaechea.
“La reducción de la jornada laboral tiene antecedentes históricos, regionales y mundiales. Si se analiza desde el punto de vista del crecimiento de la productividad como consecuencia del impacto del avance tecnológico, ello ocurrió manteniendo o perdiendo salario en el Gobierno de Mauricio Macri”, afirmó Palazzo.
Palazzo recordó que la productividad se triplicó con igual salario constante al ritmo del proceso inflacionario y la misma cantidad de personal, por lo que “su exceso fue a un solo lugar con capacidad de renta: a las empresas”. “Sería oportuno que los empresarios ganasen un poco menos y generen a partir de la reducción horaria un camino para la recuperación del empleo”, afirmó el dirigente, quien se opuso a las concepciones del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, al señalar que en ningún país se produjo “una rebaja salarial al reducir las horas de labor sino que, por el contrario, hubo una mejora de la productividad”.
Para Palazzo, los empresarios ya tienen cubierto el aspecto económico, porque durante el Gobierno de Macri “se perdió el 24,4% del salario de los trabajadores, por lo que generaron una acumulación de ganancia no propia”, y desafió a Funes De Rioja a reintegrar ese 24% o a otorgar el beneficio de reducción de la jornada laboral.
“Afirmar ahora que es necesario disminuir los salarios es decirle a los trabajadores que paguen entre ellos los puestos de empleo que se generan en lugar de hacerlo los empresarios a partir de la tasa de rentabilidad que produjeron”, enfatizó el dirigente.
La iniciativa de reducir la jornada laboral tuvo apoyos dispares dentro del gobierno. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue uno de los que planteó dudas.
Kulfas recordó: “En muchos de los países donde se ha implementado, lo que había era una reducción de la jornada laboral junto con una reducción proporcional del salario”, a la vez que consideró que una medida de tal índole en la Argentina es “impensable” al no tener “salarios altos” para que “todos trabajen menos” y evitar, así, problemas de desempleo.
“Sobre todo entre 2018 y 2019 hubo una reducción tremenda del salario, con lo cual, esto que algunos plantean como posible, es impensable”, evaluó Kulfas, quién estimó que, si no se modifica el salario, una reducción “de 8 a 6 horas, equivale a aumentar el salario horario un 33%”. “Seguramente muchas empresas pueden absorber ese costo pero seguramente muchas pymes no”, sentenció, y remarcó que en un “escenario inflacionario” existe riesgo de que si se “hace de golpe, se traslade ese mayor costo laboral a los precios”, diluyendo así el efecto.
La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, es una de las que apoya la iniciativa que es “un instrumento capaz de apalancar la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias”.
Según Vallejos, el cambio permitiría “una mayor justicia distributiva y la ampliación de los mercados de consumo en términos macroeconómicos, a partir del aumento de la participación de la masa salarial”.
Reducción de la sobre jornada laboral
“En la Argentina el debate acerca de la reducción de la jornada laboral debiera incluir una cuestión previa: la reducción de la sobre jornada”, sostuvo Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y precandidato a diputado nacional de Unidad Popular en el FdT.
El debate que, en los países centrales está asociado al tema del cambio tecnológico, en nuestra realidad, si bien debe considerarse, requiere de un abordaje previo ligado a una forma particular de precarización laboral que es la ultra explotación por la vía de jornadas extenuantes.
Al año 2021 en Argentina hay 4,5 millones de sobreocupados, es decir que trabajan por encima de las 45 horas semanales y representan nada menos que el 26% del total de ocupados.
La sobreocupación es una consecuencia del fenómeno de la precarización e informalidad laboral y los bajos niveles de ingresos laborales. De los 4,5 millones de ocupados con sobre jornada el 26% trabajan por cuenta propia por un ingreso mensual de apenas $31.300.
De los 4,5 millones de ocupados con sobre jornada laboral, cerca de un millón (el 21%) son asalariados no registrados. Se percibe claramente que el problema de ingresos y pobreza en los ocupados está muy lejos de tener que ver con la reticencia al trabajo, al contrario.
La sobre jornada laboral no garantiza aumentos significativos de salarios o ingresos laborales. Al contrario, como consecuencia de acceder a un menor nivel de retribución por hora, las personas extienden la jornada para alcanzar un mejor nivel relativo.
Obsérvese que para ganar un ingreso apenas 4% por encima del promedio, los/as ocupados/as deben incrementar más del 40% el tiempo de trabajo. La explicación de fondo es el nivel más bajo de la retribución horaria: casi un 30% por debajo de la media.
Si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente podrían liberarse 1,6 millones de ocupaciones y se resolvería el 80% de la desocupación. Esto surge de traducir en empleo las 14,8 horas excedentes de cada uno de los 4,5 millones de sobreocupados.
Pero como una parte sustantiva de quienes padecen el fenómeno de la sobreocupación tienen que ver con inserciones informales, el control de la jornada laboral resulta difícil. Las instituciones vigentes tienen límites para garantizarlo de manera universal.
Sin embargo, no solo hay sobre jornada en la informalidad. Los asalariados registrados tienen un nivel del sobreocupación del 25%. De este modo, si en este segmento que resulta absolutamente regulable se asignara un reparto de los tiempos de trabajo acorde con la jornada laboral vigente de 8 horas, se generarían 661.375 puestos de trabajo. Es decir, podría resolverse un tercio del problema del desempleo”.
Kicillof le aumentó la jornada laboral a estatales de la provincia
El debate sobre la reducción de la jornada laboral se viene instalando hace semanas en el país. Una propuesta que la izquierda viene planteando hace años, que cada vez se hace más necesaria frente a la crisis económica y social que vienen padeciendo millones de personas.
Mientras la desocupación sigue creciendo, cada vez son más los trabajadores y las trabajadoras que se ven en la obligación de tomar horas extras o buscar más de un trabajo para poder llegar a fin de mes.
Tal vez sea por eso que el debate se extendió y dejó de ser una cuestión que solamente plantea la izquierda. Sectores del gobierno de Alberto Fernández, como el líder de la CTA Autónoma, Hugo Yasky, se metieron en la discusión para plantear que el avance en la técnica y la ciencia de los últimos años, con su consecuencia en una mayor productividad del trabajo, permitiría avanzar en una medida así.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof está avanzando contra los trabajadores estatales en un sentido exactamente opuesto.
En cuatro ministerios (Educación, Desarrollo de la Comunidad, Producción y Agroindustria), la jornada laboral se extendió a 40 horas semanales. Luana Simioni, Secretaria General de la Junta Interna de ATE-IOMA y precandidata al Concejo Deliberante de La Plata por el Frente de Izquierda Unidad, lo denunció.
«El Gobierno lo llama ‘opcional’, pero es un engaño de la propuesta para que los trabajadores ‘elijan’ si se pasan al régimen de las 40 horas, y quienes así no lo decidan pierden todo tipo de compensación salarial. Es decir, que aplican una reforma laboral de hecho sobre una situación desesperante que tenemos los trabajadores estatales, que cobramos salarios promedios de $40.000».
En provincia de Buenos Aires también la Corte avanza sobre los derechos laborales
Con la pandemia y la implementación del teletrabajo, la Corte sin poner un peso, se fue apropiando de las computadoras de los trabajadores, de los teléfonos móviles, del servicio de internet, lo que genera una flexibilización de hecho en los derechos laborales. Las dependencias y juzgados armaron grupos de whatsapp para «coordinar» el trabajo remoto en los cuales se mandan mensajes laborales por fuera del horario y de los días de trabajo, haciendo que en muchas dependencias no se respete el derecho a desconectarse.
A esto se suma la carga de más de trescientas presentaciones por día en el portal electrónico, que la Corte insiste en no querer limitar su funcionamiento al horario de 8 a 14 horas en días hábiles. Los escritos ingresan en cualquier horario, en cualquier día, inclusive en los períodos de feria.
Frente a todo esto el sindicato, Asociación Judicial Bonaerense (AJB), sostiene el carácter «optativo» del trabajo remoto y recuerda que nuestro horario es de 8 a 14 horas, pero no toma ninguna medida concreta para detener el avance de la precarización. Se limita a hacer presentaciones para que la Corte restrinja el portal, para que se convoque a paritarias; y ni se restringe el ingreso de presentaciones al sistema, ni se ofrece un aumento salarial.
Mientras, los trabajadores siguen sin una compensación por poner sus computadoras, teléfonos y servicio de internet, y despachando presentaciones que ingresan fuera de horario y en días no laborables y con los teléfonos que no paran de sonar.
Tampoco la AJB tomó ninguna medida concreta para conseguir el pase a planta de los tercerizados. Estos compañeros trabajaron presencial toda la pandemia por un sueldo miserable y en las peores condiciones. Surge la pregunta: ¿En cuánto tiempo la Corte va a querer tercerizar nuevos sectores? Con el telegrama electrónico avanza en ese sentido.
Reducción de la jornada laboral y trabajo para todes: claves del debate
Por Pablo Anino
Desde la dictadura a esta parte la decadencia que imponen la clase capitalista y sus formaciones políticas se expresan en el aumento de la pobreza. Pasó del 4,6 % en 1970 al 42 % actual. La desocupación tiene un piso estructural de alrededor del 10 %. El poder de compra del salario retrocedió 40 % en las últimas cuatro décadas. La derecha propone contrarreformas laborales para robarle hasta el último minuto de trabajo a la clase trabajadora. La propuesta de la reducción de la jornada laboral puso nerviosos a los ministros Kulfas y Moroni. La rechazan con argumentos patronales. En esta nota se discute, no solo la necesidad, sino la posibilidad práctica de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo: en lo inmediato se podrían generar 1,7 millones de puestos de trabajo nuevos. El único límite es la ganancia empresaria. Por eso, el planteo del Frente de Izquierda es ante todo una propuesta de lucha, que es el único método conocido para lograr conquistas.
Dejar la vida en el trabajo para intentar llegar a fin de mes….
Mientras un sector importante de la población está desocupado, subocupado y sometido a la misma miseria de no llegar a fin de mes, los que logran cubrir los consumos mínimos están sometidos a jornadas laborales interminables (claro que muchos de los que no llegan a fin de mes también tienen jornadas extenuantes). La población sobreocupada, es decir la que trabaja más de 45 horas a la semana, alcanza a un cuarto del total de los ocupados.
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¿Qué proponen las fuerzas políticas capitalistas?
Hace tiempo que buscan avanzar con contrarreformas laborales, al estilo de las que promueve el FMI. Es lo que intentó el macrismo en su efímero momento de “reformismo permanente”, cuando luego del triunfo electoral de 2017 creyó reunir la fuerza política para atacar. Las jornadas de diciembre de 2017, si bien no lograron impedir el cambio regresivo en la movilidad jubilatoria, impusieron un límite a la agenda derechista más amplia del macrismo, que contemplaba una [reforma laboral] para la que había recibido el visto bueno de las cúpulas sindicales de la CGT en varios aspectos.
El sueño eterno de los mal llamados libertarios, como José Luis Espert y Javier Milei, es que los capitalistas tengan total libertad para robarle al obrero hasta el último minuto de trabajo. […]
Ahora, para intentar avanzar con menos resistencia y adecuando el discurso al momento electoral, la derecha propone una reforma laboral que no sea retroactiva: que se aplique para los nuevos trabajadores mientras que los que ya tienen un puesto preserven los derechos.
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Es el tipo de contrarreforma laboral que también propone Florencio Randazzo, quien fuera ministro de Transporte en el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. […]
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Por su parte, el kirchnerismo dejó en pie durante sus tres gobiernos lo esencial del régimen laboral menemista y extendió enormemente la precarización y el fraude laboral en el Estado. No cuestiona el “statu quo” favorable a las patronales que resultó del avance neoliberal desde la dictadura. El actual Gobierno del Frente de Todos, obviamente, no revirtió los avances que hizo el macrismo con contrarreformas laborales por convenios, como ocurrió con la adenda del convenio de petroleros para flexibilizar las condiciones laborales en Vaca Muerta. Por el contrario, usufructúa de esos avances antiobreros para seguir desarrollando el fracking. Incluso, en términos generales, la tímida recuperación económica en curso exhibe que la clase capitalista sale gananciosa en detrimento de la clase trabajadora [2].
Un sector del Frente de Todos, los denominados “cayetanos” de los movimientos sociales, en simultáneo que sostiene un gobierno que ajusta al pueblo trabajador mientras honra la estafa de la deuda con los especuladores privados y el FMI, propone una renta universal de $9.072, que quedaría lejos de lo que cuesta la canasta de pobreza. Aunque proponen que los planes sociales se transformen en puestos de trabajo genuino, en los hechos la propuesta de renta universal exhibe la naturalización de la desocupación estructural.
Por otro lado, el ala «sindical» de Sergio Palazzo y Hugo Yasky, impulsa distintos proyectos de reducción de la jornada laboral [3]. La existencia de múltiples iniciativas alrededor de la reducción de la jornada laboral da cuenta de una necesidad que emerge de la propia crisis laboral y social. No obstante, por el momento, estos referentes no mostraron predisposición a pelear por ello ni siquiera en sus propios sindicatos. La impostura oficialista queda expuesta en lo que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en los ministerios de Educación, Desarrollo de la Comunidad, Producción y Agroindustria, donde aumentó la jornada laboral [4].
¿Por qué la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo?
Actualmente, nuestro país tiene una de las jornadas laborales legales más largas del mundo: 48 horas semanales. Esto supone como máximo 8 horas de trabajo en 6 jornadas con un día de descanso. Pero esta conquista de las 8 horas ya alcanza casi un siglo sin modificación desde que se implementó en 1929 a través de la Ley 11.544. Además, en la práctica, el límite legal es distorsionado por las empresas todo lo que la relación de fuerzas en los lugares de trabajo les permite. La propuesta de la izquierda, de una reducción de la jornada legal de trabajo a 6 horas y 5 días a la semana (30 horas semanales) sin rebaja salarial implica, en los hechos, una recuperación del 33 % en el salario por hora trabajada para todos los que actualmente tienen una jornada de ocho horas diarias.
Para la izquierda, la propuesta de la reducción de la jornada laboral es inseparable de la lucha por absorber a todas las trabajadoras y trabajadores desocupados en la perspectiva de imponer el reparto de las horas de trabajo. Se podría crear una gran cantidad de nuevos puestos para terminar con la desocupación y garantizar trabajo genuino a quienes hoy no tienen más alternativa que recurrir a los planes sociales como forma de supervivencia.
Esta iniciativa está asociada también al impulso de un plan de obras públicas para generar, no solo empleo, sino también para construir las viviendas que se necesitan para terminar con el déficit habitacional que sufren tres millones y medio de familias en nuestro país desde hace años. […]
Esta iniciativa va indisolublemente ligada a otras exigencias: que nadie gane menos que lo que cuesta la canasta familiar, la obligatoriedad de registración de los trabajadores, la estabilidad laboral con la incorporación a la planta permanente bajo el convenio más favorable de cada rama para terminar con toda forma de precarización y que no se impongan mayores ritmos de producción.
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¿Es posible? ¿No van a caer los salarios?
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Trabajo, Claudio Moroni, rechazaron la propuesta de reducción de la jornada laboral con argumentos empresariales. Advirtieron que se desatarían todas las plagas de Egipto. Kulfas dijo que el salario iba a caer. Moroni, aunque no explicitó qué cálculo hizo, afirmó que “tampoco vemos que matemáticamente la reducción de la jornada aumente el empleo”. Actúan como si tuvieran la fórmula mágica para mejorar la situación de la clase trabajadora. Son caníbales desdentados enseñando a masticar: hasta ahora los números oficiales exhiben que, en casi dos años de Gobierno, no lograron ni que el empleo se recupere ni que el poder de compra del salario mejore.
A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC se puede estimar “matemáticamente” que la reducción de la jornada de trabajo sí permite aumentar el empleo si se mantiene intacta la masa total de horas trabajadas [5]. Considerando una hipótesis de mínima [6], donde se aplica la reducción de la jornada laboral a los sobreocupados y ocupados plenos [7], resulta que se podrían generar 1,7 millones de puestos de trabajo nuevos.
Una respuesta interesante a las advertencias de los ministros fue formulada por un funcionario del propio Gobierno. Claudio Lozano, director del Banco Nación, indicó correctamente que la forma salario presenta la realidad distorsionada: parece que el empresario paga todo el trabajo del obrero. Pero la verdad es otra. Lozano indicó que los trabajadores ocupados “destinan 1 hora y 45 minutos de una jornada laboral de 8 horas para producir el equivalente al valor de su salario, mientras el resto del tiempo, 6 horas y 15 minutos, lo dedican a producir un excedente que es apropiado en primera instancia por los empresarios” [8].
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Siguiendo un procedimiento similar, pero considerando estrictamente la relación entre ganancias y salarios, resulta que el trabajo pago mediante los salarios constituye el 45 % del total de la jornada laboral y el trabajo no pago el 55 % restante, el que se queda el empresario [10] . Visto desde otro ángulo, en términos anualizados, cada puesto de trabajo reporta $722.000 a las ganancias empresarias: esto es lo que cada trabajador aportó, sin saberlo, a la riqueza de la clase capitalista [11]. Utilizando las estadísticas para lograr un cálculo aproximado a lo que Karl Marx definió como tasa de explotación, se llega a que la tasa de explotación fue de 124 % en el primer trimestre del año: por cada $1 pagado por salario la clase capitalista obtuvo $1,24 de ganancia.
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Un planteo de lucha
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El debate sobre la reducción de la jornada laboral está instalado no solo en Argentina, sino que los propios gobiernos capitalistas lo impulsan en distintas geografías: los ensayos más difundidos recientemente son los de Islandia y el Estado Español. El debate emerge de la propia realidad de un capitalismo mundial en crisis, con creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, con una distribución irracional de las horas de trabajo y con desempleo crónico. Existe un terreno fértil en el que se debaten las posibilidades de su realización, las formas de su implementación y los métodos para su conquista.
Para la izquierda es muy importante participar en el debate, a la vez que desarrollar su propia perspectiva, en tanto su planteo se distingue de esos ensayos de los gobiernos capitalistas en varios aspectos: por un lado, no se propone la reducción de la jornada laboral como un incentivo al capitalista para que pueda obtener más producto por cada obrero [16], algo que en nuestro país también se vislumbra en las propuestas de Sergio Palazzo y Hugo Yasky; por el otro, en que la izquierda propone, en simultáneo, luchar por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, entre todas las trabajadoras y todos los trabajadores, ocupados y desocupados, formales e informales, con un salario como mínimo equivalente a lo que se necesita para vivir. Es decir, es un planteo que se opone a la fragmentación de la clase trabajadora que genera el capital no solo para abaratar la fuerza de trabajo, sino también para debilitar sus posibilidades de organización.
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La clase capitalista no va a resignar fácilmente el plustrabajo que se apropia alargando e intensificando la jornada de trabajo y pagando salarios de miseria. La lucha por la reducción de la jornada laboral en la perspectiva de terminar con la desocupación requerirá la movilización masiva de los explotados y los oprimidos. Su conquista está directamente ligada a enfrentar a la clase capitalista y a su Estado, en la perspectiva de imponer un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.
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NOTAS AL PIE
[2] El Excedente de Explotación Bruto (EEB) es una suerte de aproximación a la masa de ganancias de las empresas: se llevó el 40,2 % del total de la torta de la riqueza que genera el país durante el primer trimestre de 2021. Esto implicó un incrementó de 5,06 puntos porcentuales en su participación en la riqueza social generada. En simultáneo, la participación de la Remuneración al Trabajo Asalariado (RTA) alcanzó 46,1 % del Valor Agregado Bruto (VAB), es decir de la torta de riqueza. Esto implicó un descenso de 3,76 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2020. Los datos surgen del informe de la Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra del INDEC. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_07_2128BB088431.pdf.
[3] Palazzo propone una reducción a 6 horas sin reducción salarial. Por su parte, Hugo Yasky propone una reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
[4] “Kicillof le aumentó la jornada laboral a estatales de la provincia”. Disponible en: https://www.laizquierdadiario.com/Kicillof-le-aumento-la-jornada-laboral-a-estatales-de-la-provincia.
[5] El planteo que aquí se realiza está acompañado por la propuesta de un plan de obras públicas, por lo cual, en realidad, se podría ampliar la masa total de horas trabajadas.
[6] La hipótesis es de mínima porque el cálculo se realiza sobre los asalariados con descuento jubilatorio (es decir, registrados) captados por la EPH. Al realizarse sobre 31 aglomerados urbanos (no sobre todo el país), el total de los asalariados con descuento jubilatorio que capta la EPH es menor al total de asalariados formales. De hecho, en el primer trimestre de 2021, la EPH captó 5,8 millones de asalariados con descuento jubilatorio y la Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra, también del INDEC, 10,5 millones de puestos de trabajo asalariados registrados.
[7] Haciendo el supuesto que los plenos trabajan en promedio 40 horas semanales.
[8] “Reducción de jornada laboral: para Claudio Lozano es viable”. Disponible en: https://infocielo.com/claudio-lozano/reduccion-jornada-laboral-claudio-lozano-es-viable-n718938.
[10] Se realiza en base a la relación entre la Remuneración del Trabajo Asalariado del sector privado y el Excedente de Explotación Bruto (EEB), datos que surgen de la Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra. El cálculo corresponde al primer trimestre del año.
[11] Se extrapolan los resultados de los tres primeros meses del 2021 a todo el año.
[16] Los ensayos buscan establecer que el mayor descanso físico y mental permite, en última instancia, obtener del mismo obrero más producto en menos tiempo.
Fuentes: https://ipypp.org.ar/2021/08/23/reduccion-de-la-sobrejornada-laboral/, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Anred, Plan B(aires) – FM La Boca (90.1) – Jueves de 18 a 19.