Durante la dictadura 66-73 hubo secuestros, desapariciones y asesinatos de activistas políticos y sindicales. Algunos secuestrados reaparecieron con vida, quizás como resultado de la rápida movilización y protesta (El caso de Eduardo Jozami en 1972). Durante la dictadura militar 66-73, el Comando en Jefe del Ejército emitió un documento en el que se indican los […]
Durante la dictadura 66-73 hubo secuestros, desapariciones y asesinatos de activistas políticos y sindicales. Algunos secuestrados reaparecieron con vida, quizás como resultado de la rápida movilización y protesta (El caso de Eduardo Jozami en 1972).
Durante la dictadura militar 66-73, el Comando en Jefe del Ejército emitió un documento en el que se indican los métodos represivos a utilizar: «Compulsión física y torturas de tercer grado»… «amenazas, chantajes, seguimiento físico, secuestros, raptos, terrorismo, desmanes, sabotaje». Página 165 del Anexo 2 del Reglamento RC – 5 – 1- del Comandante en Jefe del Ejército – 8 de noviembre de l968- Alejandro A. Lanusse. (Documento citado por el abogado defensor de varios generales en la causa » Videla, Jorge R. y otros s/privación ilegal de libertad » y puesto de manifiesto en la querella criminal contra los autores de la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972).
Después de la dictadura militar 66-73, el 25 de mayo de 1973 quedó restablecido el orden constitucional. Pero finalizados los 49 días de la presidencia de Cámpora (25 de mayo- 13 de julio de 1973) , durante las presidencias de Lastiri (13/7/73- 12/10/73), Perón (12/10/73-1/7/74) y sobre todo durante la presidencia de Isabel Perón (1/7/74-24/3/76) la represión siguió un ritmo creciente contra peronistas de izquierda, líderes sindicales antiburocráticos, activistas gremiales de las grandes empresas, abogados, periodistas, etc.
La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en su informe «Nunca Más» contabilizó 458 asesinatos durante ese período (19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975), obra de grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de «Triple A» dirigida por José López Rega, ministro, sucesivamente, de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón y secretario privado de los dos últimos.
Entre los primeros atentados atribuidos a la «Triple A», se cuentan la bomba que explotó en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre de 1973, que le ocasionó graves heridas, y el asesinato del abogado del peronismo de base Antonio Deleroni y de su esposa, el 27 de noviembre del mismo año. Solari Yrigoyen había hecho pocos días antes una larga exposición en el Senado criticando las reformas a la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, destinadas a consolidar el control de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero. Pocos días antes del atentado, un notorio representante de esa burocracia, Lorenzo Miguel, había calificado a Solari Yrigoyen como «enemigo público número uno». Pero ya antes había comenzado la represión contra el movimiento obrero: el 17 de julio de 1973 fue intervenida la CGT de Salta y en esos días se produjeron ataques armados contra la CGT, SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba.
Dicha represión incluyó también en 1973 el asesinato de militantes sindicales Los asesinatos políticos, de abogados y otros profesionales y de activistas sindicales siguieron en 1974 y 1975 a un ritmo creciente y los sindicatos más combativos fueron intervenidos y sus dirigentes encarcelados.
En agosto de 1974 el Gobierno le retiró la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro.
También en agosto de 1974 el sindicato SMATA Córdoba, en conflicto con la empresa Ika Renault, fue intervenido por la dirección nacional del gremio. La mayoría de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura 76-83, entre ellos su secretario general, René Salamanca.
En octubre de 1974 la policía allanó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y detuvo a varios militantes sindicales. Su secretario general, Agustín Tosco, consiguió eludir la detención y pasó a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar , el Secretario general adjunto del mismo sindicato, Tomás Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en Córdoba el 28 de febrero de 1977 en una «ceremonia militar» presidida por el general Luciano Benjamín Menéndez.
Atilio López , secretario general de la CGT de Córdoba y ex vicegobernador de la Provincia fue asesinado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1974. Seis meses antes, en marzo de 1974, había sido derrocado del Gobierno de Córdoba junto con el Gobernador Obregón Cano por el Jefe de Policía provincial, coronel Navarro. El Gobierno nacional, en lugar de reponerlos en sus cargos, intervino la Provincia.
El 20 de marzo de 1975 el Gobierno realizó un amplio operativo represivo con 4000 efectivos militares y policiales en Villa Constitución, Santa Fe, donde había varios conflictos gremiales, deteniendo a muchos ciudadanos y a 150 activistas y dirigentes sindicales. La filial de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica fue intervenida por el Gobierno, con el aval de la dirección nacional del gremio, encabezada por Lorenzo Miguel .
La represión antisindical en grandes fábricas transnacionales como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, etc. antes de la dictadura y durante ella se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales. Uno de ellos, José Rodríguez, ha sido señalado como cómplice en el juicio por la desaparición de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo José Rodríguez que en 1974 intervino la seccional Córdoba de SMATA y que fue hasta no hace mucho Secretario General del sindicato.
La represión que incluyó torturas, desapariciones, asesinatos, intervención a sindicatos, etc., entre julio de 1973 y marzo de 1976 transcurrió «en democracia» como se suele decir ahora. Y estuvo a cargo de un aparato bien aceitado manejado desde el Ministerio de Bienestar Social (López Rega) con la colaboración de, entre otros, burócratas sindicales.
A partir del Golpe de Estado de marzo de 1976 la forma principal de represión pasó a ser la desaparición forzada, adoptada como política estatal, totalmente centralizada por las fuerzas armadas y dirigida desde el más alto nivel de decisión militar. Desarrolló un aparato que incluyó grupos operativos, locales de reclusión, vehículos, armamento, disfraces; médicos y psiquiatras que contribuyeron en la fase del interrogatorio, etc. Este cambio en el sistema represivo puede atribuirse en parte a que cuando los militares tomaron el poder en 1976 comenzaron a aplicar un método más sofisticado para el que muchos de ellos habían recibido formación en la Escuela de las Américas y también de militares franceses que les trasmitieron las experiencias de la guerra de Argelia.
El caso de Alfonso Severo es uno más (Julio López, Luciano Arruga y varios otros) que vienen ocurriendo «en democracia».
El ministro Julio Alak comenzó por cargarle la responsabilidad al mismo Severo por no haber pedido protección. ¿Los organismos de seguridad se la ofrecieron?
Después Alak declaró que hay que seguir diversas hipótesis.
Nosotros creemos que hay una sola hipótesis: la historia se repite.
Y si Severo reapareció con vida se debe a la rápida reacción de las organizaciones populares y a que llegó la orden «de arriba» de largarlo vivo. Porque hay demasiados problemas y el ambiente actualmente no es propicio para otra desaparición «en democracia».
Fuente: http://www.argenpress.info/2012/10/alfonso-severo-una-sola-hipotesis-la.html