Después de las alegrías que deparó la selección argentina en su debut mundialista ante Bosnia, el lunes 16 el país sufrió con el gol de los «fondos buitres». Fue logrado con la inestimable ayuda de un árbitro comprado, la Corte Suprema estadounidense, que rechazó tratar el caso argentino. Ratificó así las dos sentencias adversas, adoptadas […]
Después de las alegrías que deparó la selección argentina en su debut mundialista ante Bosnia, el lunes 16 el país sufrió con el gol de los «fondos buitres». Fue logrado con la inestimable ayuda de un árbitro comprado, la Corte Suprema estadounidense, que rechazó tratar el caso argentino. Ratificó así las dos sentencias adversas, adoptadas por el juez Thomas Griesa y la Corte de Apelaciones de Nueva York.
Aquella Corte Suprema tiene 9 miembros y en ese team ganan los nominados por el partido republicano. Por más que en el Norte se precien de la independencia de sus órganos judiciales, de que en su Corte hay juristas de color y tres mujeres, a la luz de su fallo antiargentino cabe dudar que impartan justicia.
Si hicieron caso omiso al pedido de una nación soberana demandada por «fondos buitres», se puede suponer que en los pleitos de los norteamericanos de a pie contra las corporaciones y bancos, siempre sentencian a favor de los negocios.
De Griesa y la Corte de Apelaciones de Nueva York ya estaba todo dicho. Ellos sobrevuelan la cúpula de Wall Street, donde se adora al dios Mercado. Y habían fallado a favor de Elliot Management, NML, Aurelius y otros especuladores.
El capital financiero internacional es sinónimo de parasitismo, y aquellos fondos son la parte más putrefacta y usuraria. Compran papeles a precios basura y luego pleitean ante juzgados como el de Griesa para cobrar el 100 por ciento de su valor nominal.
Como ilustró Cristina Fernández en su cadena nacional del 16 de junio, Paul Singer, dueño de varios fondos, ganaría más de 1.600 por ciento entre 2008 y la actualidad, a tenor de lo fallado por la justicia norteamericana.
Esa es la irracionalidad que sale como una ola tóxica de las cloacas de Wall Street y la justicia adicta, perjudicando al Tercer Mundo. Sería bueno capitalizar esta primera lección política y tenerla presente cuando los políticos argentinos de la oposición y algunos del oficialismo K, hablan maravillas de esa que se precia de ser la «primera democracia del mundo».
Mucha plata
El fallo de primera instancia de Griesa, convalidado por la Cámara neoyorquina y de hecho por la Corte Suprema, condena a Argentina a pagar ya entre 1.330 y 1.500 millones de dólares a Elliot, NML Capital y Aurelius.
¿Acaso nuestro país discriminó a esos bonistas? En absoluto. En 2005 hubo una renegociación de los títulos de la deuda externa, conducida por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, con una quita del 65 por ciento del valor de los viejos papeles. En 2010 hubo una segunda ronda, en tiempos de Cristina Fernández y el ministro Amado Boudou, con quitas similares.
En total se acogió a los acuerdos el 92,4 por ciento de los acreedores, que empezaron a cobrar. Con más los intereses y el cupón por crecimiento del PBI, esos bonistas ya llevan recuperados alrededor del 60 por ciento del valor de sus viejos títulos. El descuento entonces, en términos prácticos, no ha sido ya del 65 por ciento original sino del 40. Y sigue siendo un excelente negocio para esos acreedores, con un gobierno que ha presumido de cumplir puntualmente, como un «pagador serial», al decir de CFK.
Pese a que en 2005 el Congreso votó una «ley cerrojo» para asegurar los términos de la renegociación, luego se la reabrió para favorecer a bonistas más renuentes que quisieran a entrar ulteriormente al canje. Y ante el fallo de Griesa del año 2012, se volvió a ofrecer a los «buitres» la posibilidad de que también hicieran nido aquí, pero su respuesta siguió siendo negativa. Apostaban a ganar el 100 por ciento y a cobrar de contado. Y tenían en el mencionado juez a un aliado muy abrochado a su negocio.
Pagar a Singer y otros especuladores sería muy malo. Detrás de sus demandas hay muchas más, por 15.000 millones de dólares (otros especialistas hablan de 18.000 millones) de otros bonistas no ingresados al canje. Sería legalizar la demanda del 7 por ciento que no quiso cambiar sus títulos.
Y ese dinero, sea a pagar «cash» como ordenó Griesa, o entregar parte en efectivo y otra en bonos garantizados por el Estado, como se hizo con Repsol, sería una brutal descapitalización del Estado. Obvio, se pagaría entre todos y todas. Sería un robo a mano (des) armada.
¿Qué hacer?
Frente a la noticia adversa, la presidenta empleó la cadena nacional ese lunes 16 para cuestionar la decisión estadounidense como una «extorsión» y denunciar a los «fondos buitres». Pareció un buen comienzo para una acumulación de fuerzas políticas y sociales necesarias para hacer frente a una tormenta con fecha de descarga. Se sabía que el 30 de junio se debían pagar 300 millones de dólares y en días siguientes hasta 900 millones en total a los acreedores que aceptaron el canje.
El martes 17, Axel Kicillof, en esa misma línea, cuestionó a los interesados en tirar abajo la reestructuración de la deuda y esbozó que si no se podía pagar por la vía habitual (Banco de Nueva York), el gobierno buscaría cambiar la jurisdicción a nuestro país, para que las transferencias no fueran embargadas.
Esa postura inicial del gobierno fue muy criticada por Griesa, en cuyo despacho hubo una primera reunión entre abogados de las dos partes. El magistrado dijo estar muy preocupado y que le parecía que Argentina iba a desacatar el fallo, conminándola a que no intentara un cambio de jurisdicción.
Junto con el polémico juez, políticos, empresarios y medios que usan DNI argentino aunque no suelen defender intereses nacionales, salieron a criticar la respuesta gubernamental. La acusaron de llevar al país al default y exigieron negociar con los «fondos buitres» aunque fuera negativo, juzgando que sería lo mejor.
Lo otro sería embarcarnos en una aventura casi bélica, como en Malvinas en 1982. Como de costumbre, la más exaltada y feroz en esos razonamientos favorables al mundillo financiero neoyorquino fue Elisa Carrió.
Un poco más serios, no mucho, fueron los editoriales de Clarín y La Nación, que en vez de poner el blanco en los financistas extranjeros, situaron su mira sobre la jefa de Estado. El editorial de «Gaceta Ganadera» del 18 de junio, titulado «El riesgo de continuar por el camino equivocado», planteó: «la evaluación pura de las circunstancias judiciales fue reemplazada por un alegato conspirativo que supone una maniobra urdida por los centros del poder económico internacional. Este viejo y desubicado argumento populista descolocó al gobierno nacional ante la culminación comprensible del proceso judicial. El confuso discurso de la Presidenta expuso su dificultad para retroceder a posiciones más serias y racionales».
Ser o no ser
La cúpula financiera y empresaria conocida como el establishment también apremió a la presidenta para volver sobre sus pasos y negociar con los «buitres» en el juzgado de Griesa. Lo hicieron a sabiendas que de esa negociación no puede salir nada bueno para Buenos Aires, mucho más luego del fallo de la Corte estadounidense.
El latiguillo de esos aliados nativos del capital financiero internacional fue que, si se desacataba a la justicia norteamericana, Argentina entraría en default y toda la economía se iría al diablo.
Los líderes de la oposición reunidos con funcionarios del gobierno en el Congreso tuvieron una posición dual. De una parte dijeron respaldar la postura oficial, por lo que Jorge Capitanich los elogió al hacer la resumen de la reunión, pero de otra varios de ellos, especialmente los radicales y el PRO, dijeron que no acompañarían al gobierno en «una aventura». En otros términos, no querían saber nada con desacatar a Griesa ni intentar cambiar la jurisdicción para seguir pagando al 92,4 por ciento en Buenos Aires o Basilea.
Esa presión en toda la cancha parece haber dado un primer resultado, favorable a los intereses de los acreedores externos.
Eso se vio en el discurso de ayer de la mandataria en Rosario ante el monumento a la Bandera. Primero, muy sugestivo, dejó de llamar «fondos buitres» a los demandantes contra la Argentina. En el lenguaje del oficialismo, ahora se los denomina holdouts, bonistas legales que quedaron afuera del canje. El matiz es importante y preanuncia la negociación con estos tenedores, lo que se hizo explícito en otro pasaje del mensaje de Cristina. Fue cuando dijo «queremos cumplir con el cien por cien de los acreedores».
Ese giro cristinista fue muy elogiado por Sergio Massa, quien manifestó: «nosotros tenemos una dirección que pretende ser correcta, que es la del discurso de ayer». Por su parte el bonaerense, Daniel Scioli, también valoró «haber retomado el camino del diálogo con los holdouts».
Lo dicho al comienzo. Para el gobierno antes se trataba de los delincuenciales «fondos buitres»; ahora son los legales y respetables holdouts.
Lo bueno del caso es que para gran parte de la población argentina la condición híper usurera de aquellos bonistas no ha cambiado. Y es positivo también que sectores importantes del kirchnerismo hayan reiterado este 20 de junio la opción de «Buitres o Argentina», como los movimientos sociales y la Tupac Amaru que hicieron un banderazo ante la embajada norteamericana. Allí anidan los padres de los «buitres».
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/