Aparecen en Tucumán «listas negras» que confirman la verdad del Genocidio

Ante los ojos de los ciudadanos de a pie toda evidencia de la verdad es poca. No bastan los relatos de los testigos o de las víctimas narrando el horror vivido dentro de los Centros Clandestinos de Detención (CCD), no bastan las profundas marcas dejadas a los torturados sobre el cuerpo y la psiquis, no basta si quiera, el terror implantado y que aún hoy subsiste en el imaginario colectivo. Hacen falta, sí, las pruebas materiales de que el horror existió, para que el pueblo se convenza, como si los desaparecidos, esas ausencias siempre presentes, no bastaran e hiciera falta recobrarles parte de la identidad que los militares procuraron borrar. Las listas entregadas por uno de los testigos del juicio por la mega causa del CCD, la ex Jefatura de Policía, revela sí, que el Terrorismo de Estado se ocupó de dejar las huellas del horror, y como quien cataloga un listado de productos vendidos al mercado, la industria de la muerte, desaparición, torturas, funcionó en el mismo esquema de producción capitalista. Lo que queda claro es que la maquinaria de muerte en Argentina, o lo que los especialistas denominan el plan sistemático, existió y fue perfectamente elaborado, planeado y ejecutado por un Estado criminal.

La verdad sale a la luz, la justicia aún sigue postergada…

Un doble principio guió y sigue guiando al activismo de los militantes de las organizaciones de derechos humanos: la verdad y la justicia. El establecimiento sobre qué fue lo que sucedió nos retrotrae a revisar el pasado reciente de nuestro país. La condena a los responsables del genocidio es la máxima buscada por los familiares de los represaliados. La verdad no reemplaza a la justicia pero si puede abrirle el camino e indicarle qué ha sucedido, quiénes han sido las víctimas y quiénes los victimarios. Ambas sirven a la sociedad, por más que ésta, la sociedad, o parte de ella, renuncie a la exigencia de justicia, o se crea el discurso de la derecha ultra sobre el accionar genocida del Estado.

Sirve la verdad porque nos permite reconstruir la trama como advertencia de lo que no debe repetirse. ¿Sirve narrar Auschwitz? Sirve de la misma manera en que sirve narrar el Arsenal, la Jefatura o la Esma. Pero mucho más sirve que la condena efectiva sea sancionada y los criminales paguen por los crímenes de lesa humanidad cometidos, que paguen en cárcel común, que paguen, además, como alivio del alma de las víctimas y como advertencia futura sobre los límites del poder.

Pero volvamos a lo que motiva la presente reflexión. El caso es que un testigo dio a conocer un listado de víctimas que han pasado por el CCD la ex Jefatura de Policía. 293 víctimas, la mayoría de ellas, hoy desaparecidas. La historia sobre la forma en qué aparecen estas listas 34 años después, ya es historia conocida y ampliamente difundida por los medios de prensa locales y nacionales. Un testigo apodado el «perro» y de apellido Clemente dio a conocer un documento. Juan Carlos entregó al tribunal dos biblioratos conteniendo nombres de represaliados en la ex jefatura y otros datos que arrojan un poco más de claridad sobre el siniestro funcionamiento del CCD.

293

Son 293 nombres, 293 historias, 293 víctimas de la represión ilegal. 293 víctimas represaliadas por la maquinaria asesina comandada por la Junta de las Tres fuerzas Armadas. 293 nombres víctimas de la complicidad de la Iglesia Oficial, de los civiles que acompañaron al terrorismo de Estado y por gran parte de una sociedad que hizo oídos sordos a los gritos que desde la ex Jefatura de Policía, pedían socorro. El grito de los 293 torturados. 293 solamente del presente listado. Escritos con una máquina de escribir por orden alfabético. Nueve páginas. Los 293 apellidos escritos en mayúscula. Y 293 observaciones donde se detallan con la frialdad de una maquina de escribir el destino de los 293: DF o Destino Final, para saber que la víctima había sido eliminada; Libertad, si es que esta suerte pudo haber acompañado al detenido; finalmente Disp. PEN, si el detenido había sido puesto a Disposición del Poder Ejecutivo, lo que implicaba el blanqueo del detenido, la legalización de la detención. Así es la lista que entregó Clemente el martes a la Justicia tucumana. Es un documento donde constan los 293 secuestros, realizados, según Clemente, en la jefatura de policía de Tucumán. De los 293 nombres, 195 figura DF, «Disposición Final», es decir que fueron asesinados, aniquilados o exterminados. Que el lector elija el término que más le convenza. A fin de cuentas, esas 195 personas forman parte de la historia del genocidio argentino.

Entre Kirschbaum y Ernestina H. de Noble o el cinismo de Clarín

Cierto es que la actual administración Kirchner ha favorecido el impulso de los juicios contra los represores. Pero no es menos cierto que éstos, los procesos judiciales, son limitados y llegan con muchos años de tardanza, al punto, que muchos genocidas terminan amparados en lo que algunos han dado en llamar el punto final biológico, muriendo de viejos, rodeados de sus seres queridos y sin escuchar la sentencia condenatoria. Esto sin ir más lejos y cuestionar, por ejemplo, que los cuadros medios e inferiores del ejército no son juzgados ni procesados, muchos de los cuales incluso, siguen cumpliendo funciones públicas.

Pero vayamos al punto. Uno de los principales editores de Clarín, tucumano de nacimiento, Ricardo Kirschbaum, escribía una nota cuando se conoció la existencia de la nueva prueba documental aportada por Clemente. Titulaba nuestro insigne periodista su ¿crónica? «El enorme valor de una prueba» para referirse a los represaliados que pasaron parte de sus penurias en el CCD la Jefatura de Policía de Tucumán. Llama poderosamente la atención que un diario con los alcances de Clarín señale la importancia probatoria de un documento cuando la propia historia del grupo Clarín, del periódico y de su dueña, está manchada con la misma sangre de los desaparecidos. Las pruebas que hoy salen a la luz pública en Tucumán, revisten el mismo valor testimonial y probatorio que los documentos hallados sobre los vínculos, por ejemplo, entre la dueña de Clarín, la señora Herrera de Noble y la dictadura en el acuerdo por la apropiación de Papel Prensa. Ahí vemos en la filmación y en la foto el «brindis» entre el dictador y «la Señora» por el acuerdo comercial entre el medio, hoy autoproclamado independiente, y la dictadura más feroz que conoció Argentina. Claro está que el tucumano Kirschbaum, del enorme valor de ésta prueba, no dirá una palabra. Todos somos derechos y humanos pero los límites sobre lo que «opinar y desinformar» los pone la empresa donde trabajamos. Imaginemos por un momento si nuestro afamado periodista decidiera patear el tablero y con dos cojones renunciar al poderoso multimedio por la complicidad de éste, el grupo Clarín, con la dictadura militar. Ni Kirschbaum dará ese paso ni Clarín aclarará nunca su «papel» mientras el genocidio estaba en el momento de mayor ferocidad. De la misma manera que ni Kirschbaum ni el resto de periodistas del grupo multimedia dirá una palabra sobre los hijos de la señora de Noble, hijos que se sospecha, han sido expropiado de los desaparecidos y que hoy se niegan a dar una muestra de ADN para echar un poco más de luz sobre tanta sospecha.

Todavía existen los «sorprendidos»

Cuando hace un año se hicieron públicas unas listas de canciones prohibidas por la última dictadura militar, algunos medios de (in)comunicación se sorprendían de su existencia. Hoy, con la aparición de estos biblioratos conteniendo además de los 293 nombres de represaliados y los nombres de los represores, se confirma la información sobre, por ejemplo, el papel desempeñado por la Universidad Nacional de Tucumán, como sino supiéramos que dentro de la Casa de Estudios, intervenida militarmente, se elaboraban listas negras, se señalaban a docentes, estudiantes y no docentes, y como sino supiéramos que los propios «capuchas, entregadores y buchones» eran compañeros de trabajo o de estudio de los secuestrados o cesanteados.

Un ejemplo de «tal descubrimiento» lo observamos en las notas aparecidas en Página 12 por parte de su corresponsal en Tucumán, Ramiro Rearte. ¿Faltaban las pruebas? No. Faltaba que la sociedad creyera el relato veraz y certero de los familiares de las víctimas o de los sobrevivientes de los campos de concentración. Como muchos creemos firmemente en que el relato de los familiares que hoy nos describen el horror de aquellos días, es creíble y cierto. Hace unos meses yo mismo escribía un artículo sobre el caso de un estudiante universitario secuestrado de la propia universidad, historia que he podido conocer por el relato de la hermana del desaparecido, relato del que no existen más pruebas que los propios testimonios de los testigos y que sin embargo hoy sabemos que ha sido verdad. Sabemos, por el relato de sus familiares, la extracción política del desaparecido, sabemos sus ideas y sabemos a ciencia cierta el motivo de su secuestro. Las listas que puedan aparecer con su nombre no serán más que la confirmación de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, pero además, de lo que sí creemos que ha sucedido.

Quizás a los jueces las pruebas les sirvan más como elemento probatorio de que el horror existió y necesiten de los biblioratos para bajar el martillo acusador con una sentencia más firme. Pero lo cierto es que a los ojos de quienes revisamos el pasado más oscuro de nuestro país, el relato de los familiares de las víctimas nos es suficiente cuando entrecruzamos unos con otros. Y ya hemos visto que la exactitud de los relatos son irrebatibles cuando un grupo de testigos que fueron alojados y torturados en la ex Jefatura de Policía hicieron el reconocimiento visual in situ del CCD.

Hoy con estas nuevas pruebas en la mano es incluso hasta esperable que el tribunal ubicara las cosas en su sitio y dictaminara sentencia de culpabilidad por el delito de genocidio, tal como lo establece la convención para su prevención y de la que Argentina ha sido firmante. Pero ya sabemos que el Tribunal Oral y Federal de Tucumán no va a dictaminar la culpabilidad por el delito de genocidio, pero al menos, para los abogados que vienen desde hace mucho tiempo sosteniendo este planteo, las pruebas son más que evidentes: hoy ya se sabe y con pruebas fehacientes en la mano cuál era «el grupo» a exterminar. Si algunos periodistas de los medios burgueses tuvieran la valentía lo expresarían de esta forma y pondrían los puntos sobre las íes. Pero es que aquí todos «somos respetuosos» de la justicia y hasta que la misma no dicte sentencia no podemos apurar nuestro propio juicio. Algún ciudadano de a pie y con criterio propio diría: ¡Fue un genocidio! Y ahora más que nunca lo sabemos a la luz de las pruebas que siguen apareciendo.

La verdad aparece, la justicia sigue postergada

Pero quien esto escribe no niega el valor de los documentos aparecidos, como no niega el valor del testimonio dado por las víctimas o sus familiares. Cierto es que ambos sirven para echar un poco más de luz ante tanta oscuridad, ante tanto vacío y anta la incertidumbre de saber cuál ha sido el destino final de los desaparecidos. El Estado debe asumir su responsabilidad por determinar esta verdad y los criminales deben pagar por sus culpas en cárceles comunes. No por venganza, si no por una justicia que sigue estando postergada a los caprichos de las administraciones de turno. Dos relatos se construyen mientras tanto en la sociedad. Uno sostiene el discurso de los genocidas. Otro, es el contra relato de la memoria militante de las organizaciones de derechos humanos que seguirán exigiendo verdad y justicia. La primera, como ya dije, comienza a aparecer sin más a los ojos de la ciudadanía. La segunda sigue estando con sus ojos vendados, amparando la postergación en la misma impunidad de siempre. La verdad no reemplaza a la justicia. La justicia sin verdad no es justicia. Ambas son imprescindibles. Pero mientras los jueces no dictaminen sentencia firme, quienes tenemos la responsabilidad asumida de contar lo sucedido, debemos seguir machacando en que la verdad que responde al pasado inmediato sobre los hechos no puede ser ocultada tras las frías tapas duras de un bibliorato. Las listas existieron, la persecución existió, el crimen hoy impune ha sido verdad, el genocidio es comprobable. Basta con saber escuchar a los familiares, basta con saber escuchar a los sobrevivientes. Las listas solo nos ayudarán a confirmar que aquellos relatos son ciertos. Ojalá los jueces que hoy deben dictar sentencia sepan escuchar al testimonio del horror de la misma manera que sepan leer un papel escrito desde las espesuras de ese mismo horror.

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