Todo niño tiene derecho a la vida. Todo Estado que haya ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño debe combatir las enfermedades y la malnutrición. Todo gobierno, a su turno, debe garantizar el desarrollo de los niños. En Argentina, donde se abrazaron estos derechos y se afirmaron mediante la Constitución Nacional, mueren de hambre […]
Todo niño tiene derecho a la vida. Todo Estado que haya ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño debe combatir las enfermedades y la malnutrición. Todo gobierno, a su turno, debe garantizar el desarrollo de los niños. En Argentina, donde se abrazaron estos derechos y se afirmaron mediante la Constitución Nacional, mueren de hambre ocho niños por día, indicó un estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según otra investigación de la CTA, más de 6 millones son pobres.
En un país que se jacta de ser el «granero del mundo», las estadísticas que muestran la realidad del grupo poblacional más indefenso de la sociedad producen vergüenza. Pese a los 25 años de democracia y los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por revertir la situación, no se han generado políticas de Estado integrales para terminar de una vez por todas con esta realidad que excluye, humilla, mata, y empaña el futuro de la sociedad toda.
«Una de las ausencias más grandes del modelo productivo vigente es no tener como pilar el derecho a la soberanía alimentaria», explica Ana Rameri, Integrante del equipo de análisis de la coyuntura del Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos y parte del equipo de trabajo que realizó el informe. Para la analista, una de las soluciones radica en priorizar la producción agrícola nacional para alimentar a la población y fortalecer la presencia del Estado en estos mecanismos.
Derechos inalienables, irrenunciables, innatos e imprescindibles. «Después del derecho a la vida que todo individuo tiene desde el momento mismo de la concepción, el segundo derecho que tiene es a una vida digna, realmente humana, no una vida de animal. Esa vida es un derecho humano fundamental, y la alimentación es prioritaria porque sin ella el chico no tendrá desarrollo neurológico. Si no tenemos un cerebro intacto no hay educación posible», explica, contundente, Abel Albino, director de la Cooperadora de Nutrición Infantil (Conin), una organización no gubernamental que ya tiene 20 centro de prevención de desnutrición en el país y que fue pionera en la creación de un hospital de desnutridos, que funciona hace 16 años en Mendoza.
Responsabilidades. «En este momento hay un retroceso en todo lo que son las políticas de salud y de atención a la primera infancia», explica Nora Schulman, Directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niños (CASACIDN). Schulman hace hincapié en el panorama de la Ciudad de Buenos Aires, donde «por las desacertadas políticas ha bajado la calidad de las prestaciones en más de un 50 por ciento durante el último año».
Para Schulman, gran parte de la responsabilidad radica en los estados provinciales. «Si bien puede haber una política nacional coherente, la aplicación concreta se hace a través de los municipios y de las provincias». «En eso el Estado tiene no sólo que proveer los recursos sino controlarlos. El tema de la rendición de cuentas es fundamental, porque uno puede hacer una buena política pero si después no hace un monitoreo no sirve para nada». A futuro, y como forma de solución a largo plazo, la propuesta es de trabajo en conjunto. «Tiene que haber una conjunción de voluntad política, de terminar con la corrupción y poner los recursos donde se tienen que poner».
Democracia, subdesarrollo y neoliberalismo. A la hora de buscar el origen del problema, Albino va más allá de una política puntual sobre alimentación. «En Conin nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene, porque los 15 días estamos de vuelta alimentándolo». El objetivo de la Cooperativa es claro: » Queremos quebrar la desnutrición y lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza», asegura.
Schulman también retrocede para poder analizar el problema y remarca que después de que se terminó el Estado de Bienestar, luego de la dictadura y tras 25 años de democracia, no hay un plan integral que apunte a terminar con la exclusión social y las nefastas condiciones de vida de aquellos que integran la población pobre de la Argentina.
«A partir de los ’90 comenzó a bajarse una línea neoliberal que hoy se traduce en estos chicos, que pasan por situaciones no sólo de hambre sino de exclusión absoluta. El déficit que traen de alguna manera se trasmuta en algún tipo de problemática social. Hay una desigualdad absoluta con respecto a las condiciones de un chico que esta bien alimentado, que ha tenido acceso y posibilidades y un niño que vive en la pobreza. La alimentación es un derecho básico que tienen que tener los pobres, los ricos, los más ricos, y los más pobres también», completa Schulman.
Prioridades. El trato que reciben los chicos es fundamental para entender las prioridades que se manejan a nivel político a la hora de accionar, porque son la población más vulnerable y porque en ellos radica el futuro. «El respeto por el lugar que tiene la infancia en la política de un país nos va a marcar si los chicos son sujetos o no de derecho y los derechos que tienen. Me parece que ahí hay que poner la energía para reforzar lo que son las políticas públicas en general, porque después nos debatimos si ponemos o no a los chicos que delinquen en los institutos cuando esto es una población minoritaria», reflexiona Schulman.
«Hay una población general de niños en todo el país que no tienen sus derechos cumplidos, entonces en vez de preocuparnos tanto en perseguir y encerrar a algunos chicos que cometen delitos, deberíamos ocuparnos en tener una infancia sana y feliz en términos de derechos para todos», concluye Schulman.