La Asamblea General de la ONU adoptó el martes una resolución impulsada por Argentina y con el aval de los G77+China para redactar un marco legal que regule las reestructuraciones de deuda soberana , en medio de la batalla por esta cuestión entre Buenos Aires y fondos especulativos. La resolución titulada «Hacia el establecimiento de […]
La Asamblea General de la ONU adoptó el martes una resolución impulsada por Argentina y con el aval de los G77+China para redactar un marco legal que regule las reestructuraciones de deuda soberana , en medio de la batalla por esta cuestión entre Buenos Aires y fondos especulativos.
La resolución titulada «Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana» fue aprobada por 124 votos a favor, 11 en contra (entre ellos Estados Unidos) y 41 abstenciones en una reunión de la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
El texto resuelve «elaborar y adoptar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales, con carácter prioritario durante la 69º sesión (de la Asamblea General), un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional».
Para Argentina, que empuja la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China presidido actualmente por Bolivia, se trata de un apoyo internacional en su enfrentamiento contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio en Estados Unidos por bonos de deuda impaga desde 2001.
Estos fondos, calificados de buitre por Buenos Aires, han logrado que el juez federal Thomas Griesa bloquee pagos al 93% de bonistas que aceptaron entrar en las reestructuraciones en 2005 y 2010 de la deuda argentina, llevando al país a un default parcial el pasado 30 de julio.
«El esfuerzo de un Estado por reestructurar su deuda soberana no debe ser frustrado o impedido por acreedores comerciales, incluyendo fondos de inversión especializados como los fondos de riesgo», indica la resolución, que en sus cuatro páginas no menciona a Argentina.