Cuando el 27 de febrero se sienten en el banquillo de los acusados los dos productores agropecuarios y un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez (*) sabrá que se abre una puerta para que las familias de los 300 muertos por cáncer […]
Cuando el 27 de febrero se sienten en el banquillo de los acusados los dos productores agropecuarios y un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez (*) sabrá que se abre una puerta para que las familias de los 300 muertos por cáncer obtengan justicia.
Jorge Alberto Gabrielli, Francisco Rafael Parra y Edgardo Jorge Pancello rendirán cuentas ante la Cámara 1ª del Crimen por violar el artículo 58 de la ley de Agroquímicos de la provincia.
Ávila Vázquez es el único querellante particular de la causa, que se inició a partir de su denuncia en 2008, cuando cumplía funciones como subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba.
«Nosotros ya habíamos denunciado públicamente en diciembre 2010 que estaba sembrado con soja a 200 pasos del barrio y que las fumigaciones llegaban hasta las casas. En febrero había llovido mucho y necesitaban fumigar. Cuando desde el dispensario nos avisaron que el avión estaba aplicando endosulfan y glifosato por la mañana, concurrimos para allá, hablamos con la gente y nos fuimos a tribunales para hacer la denuncia penal», recuerda el especialista.
Docente de la Cátedra de pediatría de la Facultad de Medicina de la UNC, Ávila Vázquez integra la Red de Médicos Fumigados que trabaja con poblaciones fumigadas con pesticidas en diversas regiones del país. Su paso por la Municipalidad duró no más de un año y medio, peleado con el intendente Daniel Giacomino por el vaciamiento presupuestario del sector a su cargo.
Sin embargo, de vuelta al llano, continuó con el reclamo judicial, apoyado por las Madres de Ituzaingó, colectivo de mujeres que inició las denuncias públicas en el 2001 cuando comenzaron a sospechar que la enorme cantidad de casos de cáncer se debía a los pesticidas que se aplicaba en un campo ubicado del otro lado de la calle donde terminaba el barrio.
El médico rescata el papel fundamental del fiscal de primera instancia Carlos Matheu, que asumió la investigación a pesar de la posición abiertamente en contra del gobierno provincial. «Tomó medidas, recabó testimonios de quienes vieron al avión, recogió muestras del suelo del barrio y las mandó a un instituto del Conicet en Santa Fe, cuyo análisis confirmó que tenían glifosato y endosulfan. También allanó el hangar de la avioneta y encontró los envases vacíos, y en los galpones de los productores también había envases listos para una próxima fumigación. Juntó todo el material probatorio que soportó las presiones del complejo agroindustrial, que no quería saber nada con un juicio de estas características», describe Ávila Vázquez.
En su momento, el médico ordenó realizar desde el municipio un trabajo de relevamiento en el sector para constatar la cantidad de personas fallecidas a causa de cáncer y los niños nacidos con malformaciones, reactualizando trabajos similares realizados en 2005.
«Pudimos saber que el 33% de los muertos en el barrio era a causa de cáncer, cuando en el país la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares con un 24%, y el cáncer a nivel nacional ronda el 18-20%. En definitiva, Ituzaingó mostraba entre un 50 y un 70% más de casos de cáncer», sostiene.
Y agrega: «a medida que uno se acerca al sector de barrio cercano a los cultivos aumenta la densidad de casos, porque la gente se enferma en una relación de cercanía geográfica con los campos. Desde el punto de vista epidemiológico es un índice muy alto que indica la causa de las enfermedades. Es espeluznante porque cada cuadra mostraba más de 20 casos».
La investigación judicial constató que eran los mismos productores y la misma avioneta que venía fumigando hace tiempo. La misma gente del barrio los había detenido en algunas oportunidades y por eso tenía la práctica de fumigar en horarios nocturnos o los domingos donde fuera difícil que los inspectores municipales o de ambiente estuvieran presentes para constatar la infracción, que es lo que la ley provincial exige. «Porque la policía no considera que hay delitos cuando le denunciás una fumigación», explica.
Entre otras 70 querellas que esperan resolución en la Corte, esta causa tomó curso gracias a que el fiscal Matheu apeló el pedido de sobreseimiento del juez de control por «falta de pruebas». La Cámara de Acusación también consideró suficientes las muestras extraídas por la justicia en campos aledaños a la población, donde se encontraron los plaguicidas endosulfan y glifosato.
Una realidad regional
A través de la Red de Médicos Fumigados, Ávila Vázquez brinda su experiencia en distintos pueblos de la pampa sojera, realiza intervenciones en poblaciones en riego e intercambia información con especialistas de todo el país. Sobre todo con los médicos instalados en los pequeños núcleos urbanos que más sufren el acoso de los agrotóxicos.
«Esta situación sanitaria se repite pueblos fumigados de Córdoba y Santa Fe. Muchos médicos rurales denuncian que el fenómeno empezó en el 2000». Cinco años antes, el gobierno de Menem había dado la autorización para que el Round Up comenzara su reinado en el campo argentino.
-Esta situación muestra un nuevo elemento dentro de la realidad sanitaria en el país. Al mismo tiempo, el negocio de la agroindustria se encuentra atravesado por un fuerte debate político desde la 125. ¿Cuál es el papel de los médicos frente al problema?
Medardo Ávila Vázquez: -Los médicos tenemos la responsabilidad de defender la salud, no sólo tratar la enfermedad. En general, en el área es muy amplio el apoyo a este tipo de políticas. Nosotros difundimos la información científica, que va a contramano de lo que dice Monsanto e incluso algunos funcionarios que están muy vinculados a las empresas y al sistema agroindustrial.
-El sector agrario defiende encarnizadamente la utilización de agroquímicos y deslegitima las denuncias que realizan médicos, afectados y organizaciones ambientalistas.
-Nosotros difundimos información científica publicada en revistas internacionales, que ha sido evaluada y cotejada por un comité de pares, cumpliendo todas las normas. La medicina basada en evidencias y los estudios epidemiológicos muestran que esto es así.
Desde el punto de vista de la medicina ya no hay dudas que los agrotóxicos enferman. Está claro que hay muchas presiones de los grupos económicos en las ciencias agronómicas, en las facultades vinculadas al sistema agroindustrial actual, que en muchos casos son financiadas por estas mismas empresas.
Por eso un sector universitario repite los discursos que se originan desde donde nace este tipo de producción. Se repiten estupideces como que el glifosato es como agua que se puede tomar de un vaso y no afectará la salud, cuando está demostrado que todos los suicidas que tomaron un vaso de glifosato fallecieron.
En general lo complicado es que nos dicen que este sistema productivo genera alimentos, como si hubiera un trabajo filantrópico de la producción agraria en Argentina. Lo que hay es un negocio sustentado por la industria más concentrada como Bayer, Monsanto, Novartis, que controlan este sistema, que comercializan internacionalmente los productos y especulan con los precios de los alimentos.
Un antecedente malo para el negocio
Ávila Vázquez sabe que enfrente tendrá a los más nombrados abogados penalistas, a precios siderales, que no dejarán resquicio para evitar que los acusados sean los primeros en cumplir condena por fumigar poblaciones. Distintas versiones señalan que los productores acusados cuentan con el apoyo de la Asociación de Siembra Directa y la Federación Agraria entre otras entidades que seguirán de cerca todas las instancias del juicio. Un fallo en contra sentaría un grave antecedente para los agronegocios.
-Llegar al juicio oral ya es todo un logro. ¿Cómo valora la experiencia?
-Se dieron una serie de coincidencias que muestran que la gente lucha por principios, por valores, defendiendo sus derechos. Creo que las Madres de Ituzaingó son un ejemplo porque a pesar del dolor de sus hijos y maridos muertos o enfermos, siguieron la lucha contra viento y marea. Cuando muchas veces se decía que estaban a favor de Juez, y en contra de De la Sota, poniendo el reclamo en un marco que no era el propio, con el objetivo de ningunearlas.
Por otro lado, desde el área de salud se reaccionó diciendo ‘esto no puede ser, hay que tomar medidas’. Ahora nos encontramos con un grupo de jueces y fiscales que quieren impartir justicia. Esperemos que se haga justicia, y que se determine que el Argentina fumigar con veneno a personas no corresponde y se puede ir preso por eso.
-¿Qué expectativa tiene de los resultados del juicio?
-En el país se presentaron varios amparos, que tuvieron su litigio en el juzgado donde se tramitaron, algunos se perdieron y otros se ganaron, como en el Chaco o Santa Fe, en San Jorge, donde se ordenó no fumigar para resguardar la salud de la población. Pero esta es el primer caso donde se debate si fumigar con veneno sobre la gente es un delito o no.
Este juicio tiene una importancia regional, porque son muchos los países de Sudamérica que están sometidos a estas prácticas concentradas que destruyen las selvas, los bosques, desplazando campesinos, masacrando pueblos originarios. Por eso creo que un fallo condenatorio va a extender los reclamos por todos lados.
Más Madres que siguen enseñando
Todos tenemos agroquímicos en la sangre», dice Sofía Gatica, la primera de las Madres de Ituzaingó en comenzar a caminar las calles del barrio para saber qué era lo que pasaba que aparecían tantas mujeres con pañuelos en la cabeza cuando iban a la despensa. Las crónicas recuerdan cuando Sofía se plantó en el Ministerio de Salud, con su propio relevamiento en mano sobre la cantidad de personas con cáncer, para exigir: «investiguen porque nos estamos muriendo».
Otras madres se sumaron a la causa, algunas abandonaron, cansadas o afectadas por la presión social que se instaló cuando los jóvenes no conseguían trabajo por ser de Ituzaingó y los precios de las casas bajaron tras la denuncias de contaminación. Pero el grupo siempre se mantuvo firme con otras vecinas que suplían las deserciones.
Una década después de iniciar su lucha Gatica, que perdió un hijo a causa del cáncer, asegura que si la justicia argentina no resuelve el conflicto, las Madres están dispuestas a llegar incluso hasta la Corte Interamericana de DD.HH.
«Las madres somos más guapas, no miedosas como los hombres. Me acuerdo una vez que nos cruzamos al campo para impedir que fumiguen y nos recibieron unos matones con machetes y pistolas. Fuimos a buscar a los hombres del barrio, pero cuando vieron que los matones estaban armados, pegaron la vuelta», cuenta con naturalidad.
Frente al juicio que se viene, las madres no ocultan su ansiedad. Corina Barboza, compañera de luchas de Sofía, piensa mientras observa un cartel donde se ofrece un loteo para viviendas, no aprobado por la municipalidad, donde antes crecía la soja.
«Indudablemente es un avance que se hay elevado a juicio la causa pero todavía tenemos miedo de los resultados. Estos productores sabían desde el primer momento que nos estaban envenenando porque se lo dijimos y nuestras protestas fueron públicas.
No pueden decir que no sabían, además si tienen el asesoramiento de un ingeniero agroquímico, ese señor sabe bien que les hace a las personas el endosulfan. Tienen que pagar porque envenenaron a la gente, en nuestro barrio murieron más de 300 personas.
Pero también hay muchos vecinos que se fueron del barrio y no sabemos que ha sido de ellos. Como nos dijo el ex ministro de Salud Roberto Chuit en su despacho: si las mando a La Quiaca ustedes se llevan al enfermedad en el cuerpo», relata.
Sabedoras que sacar a la luz el proceso judicial es la única garantía que el juicio aguante las presiones de las empresas que se hayan detrás del negocio de los agroquímicos, Gatica apuesta a la movilización. «Vamos a armar una movida muy grande para esas fechas porque hay mucha gente de todo el país que nos apoya», asegura.
La falta de respuestas del Ministerio de Salud cordobés a los reclamos las llevó chocar permanentemente con las autoridades. Pero en medio de la lucha, lograron, por medio de la Municipalidad, que el barrio reciba agua potable de red, asfalto, que saquen del barrio los tres transformadores de EPEC, cuyos líquidos enfriadores contenían componentes contaminantes y que se cambien 200 tanques de agua de las casas sin tapa que recibían los pesticidas arrojados desde los aviones. «Las trasnacionales tienen negocios con el gobierno de la provincia, por eso no tuvimos respuesta. Tuvimos que cortar ruta para recibir medicamentos oncológicos», cuenta Gatica.
Las Madres hicieron su aprendizaje en base a los golpes y frustraciones que significó pelear para que se reconozca el problema del barrio. «Justamente somos madres que nos unimos para defender la vida de nuestros hijos. Cuando hay personas que tienen algo por qué pelear, hay que juntarse y luchar para lo que estamos decididos a defender.
Nosotras lo hicimos por la salud, por la vida. Después aprendimos mucho sobre lo que venía detrás y nos comprometimos contra las fumigaciones y la contaminación ambiental, pero sobre todo aprendimos a hacernos escuchar», concluye Barboza.
Nota:
(*) Medardo Ávila Vázquez es el ex funcionario de Salud de la Municipalidad de Córdoba que presentó la denuncia de los vuelos y que logró poner en el banquillo a dos empresarios y a un piloto. Las Madres del Barrio Ituzaingó reclaman justicia por los 300 muertos de cáncer que se registran en la zona.
Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2011/12/802862.php