Tras modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el régimen de ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), Macri retrocedió y convocó a sesiones extraordinarias para tratar el tema. Con matices, los opositores sostenían que el dictado del mismo era «inconstitucional» y que «no existía ninguna necesidad ni urgencia para hacerlo en enero, cuando el […]
Tras modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el régimen de ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), Macri retrocedió y convocó a sesiones extraordinarias para tratar el tema.
Con matices, los opositores sostenían que el dictado del mismo era «inconstitucional» y que «no existía ninguna necesidad ni urgencia para hacerlo en enero, cuando el Congreso no funciona» porque, eventualmente, «podrían haber llamado a sesiones extraordinarias». El decreto 54/2017, publicado en el Boletín Oficial del 16 de enero, establecía como «obligatorio y excluyente» la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como «instancia administrativa previa» para el reclamo de un trabajador, retomando el Proyecto de ley que el 21 de diciembre obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y que contó con un amplio acuerdo del que participaron el Gobierno y la CGT. Según el DNU, en la actualidad «la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales». La creación de la Comisión Médica Jurisdiccional «agotará la instancia administrativa» del reclamo, aunque «las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central».
En cuanto a la opción de recurrir a la Justicia, la norma señala que el trabajador «tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires».
En realidad, el paso previo por la Comisión médica tiene por objetivo establecer trabas mediante trámites administrativos antes que el trabajador pueda acceder a la justicia, demorando el cobro de la indemnización y favoreciendo que acepte lo que ofrece la ART.
La Asociación de Abogados Laboralistas manifestó mediante una declaración que, «si el objetivo es eliminar la llamada «litigiosidad», el camino correcto sería suprimir sus verdaderas causas: el rechazo sistemático de la inmensa mayoría de las enfermedades de origen laboral (del total de siniestros que ingresan al sistema, sólo el 3% son enfermedades profesionales); la injustificada negativa de las ART a cubrir las reagravaciones; las altas médicas apresuradas; las deplorables prestaciones en especie; el permanente maltrato de los prestadores de las ART; las reparaciones miserables de los daños sufridos, hecho acreditado por las sucesivas correcciones realizadas por los diferentes gobiernos en veinte años (decretos 1278/00 y 1694/99, ley 26.773, y este proyecto); la morosidad en el trámite administrativo ante las ART y ante las Comisiones Médicas; etc. Y fundamentalmente, la ausencia de prevención y seguridad laboral.»
En la reunión Bicameral que trató el DNU de Macri, el diputado Néstor Pitrola (Partido Obrero-FIT), expuso su rechazo: «A esta altura del debate, resulta una hipocresía hacer una celebración republicana de que se vaya a aprobar en sesión extraordinaria una Ley que afecta por igual que el DNU la salud y la vida de ocho millones de trabajadores. Su contenido no está destinado a prevenir accidentes laborales (que suman la friolera de 700.000 por año), sino a bloquear derechos judiciales de los trabajadores, convirtiéndolos ante la Justicia en ciudadanos de segunda. Por la vía del Decreto o por la vía de la Ley que tiene media sanción del Senado, estamos ante una reforma que es una nueva vuelta de tuerca en el régimen de las ART de la muerte.»
Pruebas sobran. El pasado sábado 4 en la terminal de Dreyfus, en General Lagos, Lucas Coronel (21 años) cayó al vacío mientras limpiaba el tercer subsuelo de la planta junto a otros compañeros de una empresa contratista. Murió en la cama de un sanatorio luego de ser internado. Su accidente derivó en una huelga sindical que se levantó 20 horas más tarde tras la promesa patronal de maximizar las medidas de seguridad. En diciembre del año pasado, un operario que trabajaba dentro de una celda en la terminal portuaria de la empresa Cofco (ex Noble) en Timbúes fue aplastado por una montaña de cereal. Se llamaba Gustavo López y tenía apenas 19 años. Trabajaba para una empresa contratista que presta servicios en la agroexportadora.
«La provincia tiene el triste record de sufrir 96 accidentes laborales diarios y un trabajador muerto cada cuatro jornadas. Impunidad empresarial, trabajadores que buscan ganarse la vida y la pierden. Postales del presente santafesino», reflexionó el Diputado provincial, Carlos del Frade. «El 80% de los accidentados eran operarios tercerizados, es decir, contratados para llevar a cabo tareas específicas dentro de las terminales. La Federación de Aceiteros reclama desde el 2006 la eliminación del sistema de contratistas. En 2013, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina se sumó a este reclamo. La tercerización y el sistema de contratistas generan la perpetuación de esta situación perversa en la que los compañeros trabajan precariamente, temerosos de perder sus puestos de trabajo y asumiendo tareas peligrosas para las que no están adecuadamente preparados», remarcaron en diciembre tras la muerte de Gustavo López. Pese al problema, Gustavo Yofra, Secretario general de la Federación de aceiteros, remarca algunos triunfos en las pulseadas con los empresarios. En 2008, las terminales tenían 120 trabajadores con convenio y 250 contratados. Hoy, hay más de 400 convenios y no más de 20 trabajadores tercerizados.
En los últimos meses también se conocieron los nombres de David Ramallo, trabajador de la línea 60, Diego Soraire del INTA, Richard Alcaraz, trabajador de la construcción, Luis Pons de la Municipalidad de Avellaneda, Maximiliano Páez de la Cooperativa Infraestructura Urbana (ex Sueños Compartidos), Matías Kruger, trabajador del Subte, todos ellos perdieron su vida por la desidia patronal por los altos ritmos de trabajo, la ausencia de elementos de seguridad y la extensión de las jornadas laborales. Y cuando el final no es fatal, en muchos casos los trabajadores no pueden volver a recuperarse, en las fábricas los conocen como los «rotos». Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo de los 7.322 trabajadores atendidos a Diciembre 2016, sólo el 27 % fue reinsertado y el 37 % fue reubicado.
Al respecto, empleados de la planta cordobesa de la empresa Coca-Cola denunciaron el lunes pasado el despido sin causa de más de 40 trabajadores, entre los que se encuentran tanto contratados como personal efectivo.
Según aseguraron, la firma posee un listado de 120 personas que presentan diversas lesiones y enfermedades crónicas producto del esfuerzo físico que requieren ciertas tareas y es en base a dicha nómina que se estarían efectuando las cesantías.
En la jornada del jueves, tanto el Cuerpo de Delegados, como la Comisión Interna y la Comisión Directiva de la UOM Villa Constitución, realizaron una volanteada en puerta de fábrica para «informar al conjunto de los trabajadores y a la comunidad en general lo que la empresa Acindar pretende hacer en el sector Colada Continua de la Acería».
«Hoy Acindar nos dice que quiere mejorar sus números de productividad sacando 24 puestos en el sector más riesgoso y con más eventos potenciales fatales de la planta, sin invertir un centavo en innovar o mejorar las condiciones de trabajo y seguridad, y solo apostando a la presión y a la extorsión de los compañeros del sector de la mano de los gerentes Germán Franco y Mauricio Savoie», denunciaron en el volante los representantes obreros. Además señalaron que la firma es la que más víctimas fatales tuvo en los últimos 10 años.
Jorge Yabkowski, Secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma denunció: «En la Argentina mueren 1.000 trabajadores por año por accidentes en el trabajo». Y agregó: «las ART deberían inspeccionar los lugares de trabajo y hacer clausurar aquéllos que no estén en condiciones. Todas estas inspecciones no se hacen y se trabaja de cualquier manera. Por lo tanto, los índices de siniestralidad en la Argentina son diez veces mayores que los del Reino Unido, para dar un ejemplo. Esta Ley de Prevención debería contemplar delegados de los trabajadores con poder de modificar las condiciones junto con las patronales. Después debería haber un ente estatal de reparación, donde el negocio de las ART desaparezca. Que el Estado, a partir de un aseguramiento de las empresas, pueda pagar las indemnizaciones. Y finalmente una justicia laboral que pueda abocarse a los casos problemas donde el trabajador no haya sido resarcido.»
Detenidos por protestar contra Macri
El Secretario General de ATE y de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, recuperó la libertad, tras más de nueve horas de detención por las actividades desarrolladas en Viedma en repudio y rechazo a la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la provincia de Río Negro. Junto a Aguiar, corrió la misma suerte el dirigente de los trabajadores de Educación, Milton Ciocca.
Mientras los dirigentes se encontraban detenidos en el marco de la causa caratulada «Daños agravados, resistencia a la autoridad y atentado en banda», una multitud se congregó en vigilia y montó un campamento en las Comisarías 1 y 3, de Viedma y General Roca, respectivamente.
La jornada comenzó antes que saliera el sol, cuando un grupo de militantes bloqueó el ingreso y egreso del Aeropuerto Gobernador Castello de la ciudad de Viedma, impidiendo la llegada a la ciudad del Presidente Mauricio Macri, miembros del Gabinete Nacional, Gobernadores y otros funcionarios que llegaban desde diferentes puntos del país para participar del acto del lanzamiento del Programa Patagonia, que sin anuncios concretos, promete ser una nueva cueva de ñoquis como el denominado «Plan Belgrano», anunciado durante la compaña electoral para el norte del país.
«Nos avergüenza que se haya elegido a nuestra provincia como sede para el lanzamiento y consolidación de políticas que están golpeando con dureza a los trabajadores, jubilados y a todo el pueblo. Este día pasará a la historia como aquél en el que un presidente presentó en nuestra Capital el Proyecto «Entrega de la Patagonia», resaltó el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar y remarcó que «Macri debe sentir que ya no se soporta tanto ajuste y que él es el responsable que miles de hogares hayan caído por debajo de la línea de la pobreza en el último tiempo».
Despidos
El cierre de la fábrica Pampero, del grupo Cardón, que dejó en la calle a 37 trabajadores, volvió a sacudir al sector textil. La caída de ese complejo, radicado hace tres años en Fontana, provincia del Chaco, se suma al cierre, hace unos días, de Textil Neuquén que bajó su persiana y dejó a 35 operarias, que estaban de vacaciones, sin trabajo.
Hugo Benítez, Secretario General de la Asociación de Obreros Textiles de la República Argentina, presentó ante la CGT un informe que asegura que entre adelantos de vacaciones y suspensiones hay 8.000 trabajadores afectados, que se suman a los casi 3.000 de toda la cadena textil que fueron despedidos en el último año. Un panorama grave, para un sindicato que nuclea a 40.000 empleados.
Mientras tanto, las obreras de textil Neuquén repartieron volantes el jueves sobre la Ruta 7 para difundir su conflicto y juntando aportes para el Fondo de Lucha. La acción se realizó también en solidaridad con la lucha de AGR-Clarín.
Las acompañaron trabajadores de la salud, de la educación y ceramistas, junto con el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy, y organizaciones sociales y políticas como el Partido Obrero, Nuevo MAS y otras.
Las obreras mantienen ocupada la fábrica, reclamando la restitución de las máquinas que fueron sacadas por la patronal Huerta y están convocando a una reunión multisectorial para continuar organizando la solidaridad con su lucha.
El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Río Grande, Oscar Martínez, denunció que la industria electrónica de Tierra del Fuego registró en 2016 una pérdida de 6.000 puestos de trabajo.
Martínez adelantó que la UOM de Tierra del Fuego analiza adoptar medidas de protesta ante la situación y confirmó que el personal de la firma argentina BGH sufrirá suspensiones los viernes.
Por otro lado, indicó que el gremio «tiene amenazas de posible reducción de algunos puestos en algunas empresas, como en el caso particular de IATEC».
Hace más de un mes que la metalúrgica Nesaglo (Cer-Plac) de la localidad de Ceres, Santa Fe, decidió cerrar la fábrica y dejar sin trabajo a 41 empleados, esto causó un conflicto que hasta el momento no tiene vías de solución.
Los trabajadores de la fábrica de plásticos Mascardi iniciaron el miércoles un paro por tiempo indeterminado con permanencia en planta. Es para reclamar la reincorporación de 40 obreros despedidos.
La crisis de la industria láctea parece no solo llevarse consigo a los tamberos más pequeños, sino que la mismísima SanCor, la principal cooperativa de la Argentina, atraviesa una crisis casi terminal.
Se están evaluando y analizando diversas alternativas para tratar de evitar el cierre de la láctea, y esta semana podría haber novedades, que incluyen desde la refinanciación de su deuda hasta una posible venta.
La situación de SanCor es crítica desde hace varios años, con una estructura que no le permite reacomodarse y con el agravamiento de haber perdido gran parte del negocio con Venezuela, más las inundaciones que afectaron la cuenca lechera santafesina. Hoy la cooperativa emplea a un total de 3.987 personas.
Las movilizaciones contra el recorte en ciencia, salud y educación y contra el despido de más de 500 trabajadores dieron inicio el jueves 9, como fue consensuado en el segundo Plenario Nacional de trabajadores de Ciencia y Técnica, realizado en la Ciudad de Buenos aires el pasado sábado 4 de febrero.
La elección de esta fecha se debe a que se realizó la primera reunión de la Comisión mixta de seguimiento con el Ministro Barañao y representantes del gobierno. Esta Comisión tiene por objetivo articular el seguimiento del proceso de incorporación de los trabajadores afectados por el recorte a organismos y empresas públicas, universidades nacionales y al mismo Conicet, acordada en diciembre pasado. Sin embargo, como resultó claro en el plenario, existe un reclamo unánime para que esta Comisión presione por un cambio en los términos de la negociación y promueva el ingreso a la carrera de investigador de todos los afectados, cargo por el cual habían concursado -y ganado- en la convocatoria a ingresos 2015.
Sin embargo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) modificó sin previo aviso la lista original y sacó de la negociación a 19 investigadores que, desde el mes de marzo, se quedarían sin ingresos por supuestos errores administrativos de la gestión. Ante esta maniobra, los integrantes de la Comisión exigieron respetar el acuerdo suscripto en el acta.
Otro de los puntos preocupantes del encuentro fue la intención del Ministerio de comunicarse individualmente con cada afectado/a para definir su destino laboral sin garantizar la estabilidad propia de la carrera de investigador, desconociendo el rol de la Comisión y con un evidente interés en erosionar el colectivo y la fuerza de la lucha grupal.
El plenario de delegados convocó a una marcha a la sede del Conicet que tendrá lugar el próximo miércoles 14 a las 11:00.
La Comisión Directiva del Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Matanza (Sidunlam), exige la reincorporación de 20 docentes despedidos de la casa de estudios bonaerense.
«Tenemos más de 150 telegramas de despidos oficiales», advirtió el secretario general de Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila.
Este jueves Cerámica San Lorenzo, ubicada en Puerto Madryn-Chubut, cerró y despidió a 140 trabajadores. Meses atrás ya había iniciado un proceso de achique con el cierre de la planta de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, donde 150 trabajadores quedaron en la calle.
Una confusa situación se vive en la firma El Rápido Argentino. Los cientos de empleados de la firma de transporte de larga distancia pasan momentos de preocupación y temen por su futuro laboral. Desde hace 48 horas las actividades están paralizadas. La UTA informó un paro sorpresivo de los choferes por falta de cobro de su salario, algo que los mismos choferes niegan. Explicaron que cobraron su sueldo en tiempo y forma y que en realidad se encontraron con los portones de las cabeceras cerradas por lo que se trata de un lock out patronal.
En este contexto la paralización de los servicios podría continuar, al menos, hasta el lunes y la incertidumbre también.
Las y los periodistas despedidos del Diario Hoy en 2014 denuncian el incumplimiento de tres fallos judiciales por parte del actual dueño y de la emisora radial Red 92, Marcelo Balcedo, quien también es Secretario General del Sindicato Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME).
Cadena nacional de la censura
Si bien el cerco mediático sobre el conflicto de la gráfica AGR-Clarín hizo autocensurarse a las cadenas de noticias, privándolas de reeditar una vez más su tan cacareado «caos de tránsito» ante cada piquete obrero, los cortes en el Puente Pueyrredón, en Panamericana y 202 y en el acceso a la Autopista del Oeste comenzaron el jueves a media mañana y recién se levantaron pasadas las 16:30.
La jornada solidaria con la dura lucha de los trabajadores de AGR tuvo también acciones en diversos puntos del país, así como en muchas empresas, fábricas, medios de transporte y lugares de estudio. Por la tarde el Ministerio de Trabajo llamó a una reunión urgente con los representantes de los obreros. En la misma acordaron (aunque el Ministerio se negó a ponerlo por escrito en el acta) en una reunión con el ministro de Trabajo Jorge Triaca, que se realizaría esta semana.
También el miércoles por la mañana se conoció la convocatoria a una «audiencia de emergencia» en el Ministerio de Trabajo sede Callao. De la misma participaron los delegados de la Comisión Interna, dirigentes de la Federación Gráfica, abogados del Grupo Clarín y funcionarios de la cartera laboral.
La reunión estuvo encabezada por la Jefa del Departamento de Relaciones Laborales, Mercedes Gadea. Según informaron los delegados, se reiteró la denuncia por el cierre ilegal, se reclamó la reincorporación y el pago de haberes. De parte de la empresa el abogado Matías Frediks ratificó la postura del cierre de la planta, a la que los trabajadores consideraron «un capricho del grupo Clarín que pretende aplastar la organización gremial y el Convenio colectivo».
No obstante, la justicia laboral resolvió darles la razón a los obreros en su reclamo por la falta de pago de haberes por la primera quincena de trabajo, que había tenido lugar en el momento previo al cierre fraudulento de la planta gráfica. Los fallos de los jueces José Ignacio Ramonet, por un lado, y de Carlos Pose, por otro, coinciden en dar por probada la acción ilegal de la empresa y ordenan el embargo de las cuentas de Artes Gráficas Rioplatense Sociedad Anónima en el Banco Galicia para garantizar el cobro de los salarios caídos y no pagados. Los fallos también acreditan el «lock out» patronal y el intento de vaciamiento de la planta de Pompeya. Las resoluciones favorables a los obreros son las primeras de una serie de demandas interpuestas para denunciar el accionar ilegal de la patronal de AGR-Clarín, que intenta desmoralizar el espíritu de lucha de los trabajadores mediante el hambre. Frente a esta situación, los obreros impulsaron un fondo de lucha que sigue recabando la solidaridad de trabajadores de innumerables fábricas y lugares de trabajo y estudio.
Además de estas demandas judiciales que hoy empiezan a tener sus primeros frutos favorables, también elevarán el caso a una instancia internacional, presentando una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los trabajadores advierten que Clarín también estafa a sus clientes. Un vez más la edición más importante del diario, la del domingo, salió a la calle con noticias viejas. Nuevamente, la salida del diario fue custodiada por la Ministra de Seguridad con un operativo que contó con decenas de gendarmes y prefectos en el barrio de Barracas que el sábado por la tarde fue militarizado.
El sábado 11 por la tarde se realizó en las puertas de la planta de AGR-Clarín, ocupada contra los despidos, un nuevo plenario de las organizaciones que apoyan la lucha.
La apertura estuvo a cargo de los delegados de AGR. Pablo Viñas realizó un balance de la semana que concluye, cuya actividad central fueron los cortes del jueves. «El lunes tendremos una respuesta a la supuesta reunión con el ministro Triaca», aseguró. Los trabajadores además denunciaron los llamados y aprietes que sufren ellos y sus familias para arreglar su desvinculación. Finalmente, Viñas transmitiría las medidas propuestas: «1) reafirmamos la campaña de No Compre. Que no se compre el Clarín del Domingo, diarios del interior, revistas y fascículos del Grupo. 2) jornada de lucha y de propaganda, para la difusión del conflicto el miércoles 15 en el Obelisco. Concentramos especialmente a las 17:00 pero va a ser una jornada de todo el día. 3) reforzar el apoyo al fondo de lucha». Además anunciaron una reunión con la Federación Gráfica Bonaerense «para discutir medidas comunes en un plenario de delegados».
Docentes y bancarios, dos paritarias testigo
«Si no hay convocatoria a paritaria nacional, vamos a impulsar el no inicio de clases», advirtió el viernes la Secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, en la conferencia que los cinco gremios docentes dieron en la Central General de los Trabajadores (CGT) y en donde anunciaron la conformación de un Frente Nacional Educativo para reclamar una paritaria federal.
De este modo, Ctera, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) -con el apoyo de la CGT y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- rechazaron el tope del 18% de aumento en cuatro cuotas que propuso el Gobierno. Los cinco gremios docentes con representación en todo el país reclamaron la convocatoria a la paritaria nacional y aseguraron que «si ese llamado no se produce», van a impulsar «el no inicio del ciclo lectivo».
En este contexto, fue amenazado de muerte, Roberto Baradel, secretario general del Suteba, a través de un correo electrónico anónimo y no identificable, en el que se dan datos precisos sobre sus hijos y lo intiman a abandonar toda medida de fuerza o reclamos por las paritarias docentes. Específicamente le dicen que «si no se deja de joder, su familia pagará el costo» .
No obstante, algunos gobernadores comenzaron a exponer discrepancias respecto de la apuesta por imponer un tope salarial del 18%. Una de las voces más relevantes fue el lunes pasado la del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien aseguró que en su distrito no se le pondrá techo a las discusiones con maestros y estatales. «En muchas provincias y, a nivel nacional, hay idea de ponerle techo a las paritarias, pero en Santa Fe no será así», afirmó el mandatario y apuntó que su administración convocará a los gremios el próximo lunes «para dialogar, sin piso ni techo». En una línea similar se había expresado previamente el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien directamente reprobó la alternativa de una oferta salarial del 18% para los docentes y calificó como una «avivada» del Gobierno nacional trasladar a las provincias la definición de la paritaria sectorial. «Si vos ponés un tarifazo en energía y pretendés que el aumento salarial vaya tan lento, será un conflicto social muy intenso», alertó el puntano. Sergio Palazzo de la Asociación Bancaria anunció que evalúan denunciar al Ministro de Trabajo por desobedecer el fallo judicial que le ordenaba no interceder en la paritaria acordada en noviembre pasado y por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Haciendo un repaso del conflicto, Palazzo recordó: «Habíamos hecho un preacuerdo salarial con el 80% de la Cámara empresaria, que nuclean también a los bancos públicos, con participación del Ministro de Trabajo inclusive en las audiencias y en lo que fue la conformación de la redacción del acta original. Y posterior a ello parece que el número final no le gustó al gobierno. Porque daba un acumulado de inflación del 24,5%».
Ante esta situación, se llevó adelante la protesta de los trabajadores bancarios con asambleas en horario de atención al público en bancos de todo el país durante jueves y viernes. Estas son las primeras medidas de fuerza que impulsa la Asociación Bancaria como preludio de un paro nacional en el sector que se decidirá el próximo lunes en un plenario de secretarios generales.
El gremio de los trabajadores lecheros alcanzó un acuerdo salarial para el segundo semestre en negociación (noviembre 2016 a abril 2017). Con esta pauta, los trabajadores lácteos lograron un incremento anual del 40,09%.
Según informó Pedro Fernández, secretario general de la Seccional Villa María de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), el incremento salarial acordado se abonará en tres partes: «Siempre partiendo del salario de octubre, se acordó un incremento del 4,6% en febrero, un 9,2% en marzo y un 13,9% en abril». «Además, se acordó un plus salarial de tres mil pesos a cobrar, por única vez, el 15 de febrero de este año», dijo Fernández. El dirigente del sector lácteo remarcó que con éste último acuerdo «logramos completar un incremento del 40,9% en el período anual que va desde el 1º de mayo de 2016 hasta el último día de abril de 2017».
De todos modos, como sucedió en el caso de los bancarios, una cámara empresaria de la industria lechera le pide a Triaca que no homologue el acuerdo salarial del sector porque el entendimiento supera las «metas» del Gobierno. La presentación fue realizada por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel). La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que conduce Gerónimo Venegas, obtuvo un aumento salarial del 35% en paritarias para los empleados fruticultores de Río Negro y Neuquén. Explicó que el jornal de ocho horas fue establecido en 634,90 pesos, en un sector que incluye 35.000 puestos de trabajo.
El dirigente sindical destacó del mismo modo que el incremento salarial será retroactivo a noviembre último para los trabajadores cosechadores de ciruela, cereza y durazno, según informó en un comunicado.
En la reunión del Comité Ejecutivo del CIN (plenario de rectores), desarrollada el 7 de febrero, la CONADU llevó los reclamos de los docentes universitarios, estableciendo el planteo de paritaria sin techo, que permita una recomposición salarial para compensar la inflación que el gobierno de Cambiemos viene causando desde su llegada al poder.
La exigencia de la Federación está puesta, por un lado, en recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado a causa del cierre unilateral que el gobierno realizó en septiembre sobre la cláusula de revisión salarial que se había firmado en la última paritaria, lo que llevó a una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes de más del 5%.
Por otro lado, las previsiones de inflación 2017 de distintos organismos estadísticos, tanto públicos como privados, están por arriba del intento del gobierno en congelar los aumentos salariales en un 18 %, máxime cuando ya se anunciaron aumentos programados de tarifas de servicios públicos que afectan al conjunto de la economía y cuyos costos se trasladan a los precios de todos los bienes y servicios.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en Coad, comenzaron a delinear qué moción llevarán la semana próxima al Plenario de secretarios generales de Conadu, la entidad que los agrupa a nivel nacional.
Según la titular de Coad, Laura Ferrer Varela, los universitarios no irán por un «porcentaje», sino por el pedido de un «salario mínimo, vital y móvil que cubra la canasta básica de un docente universitario». Eso significa que ningún profesor con dedicación exclusiva -cualquiera sea su cargo y antigüedad- deberá cobrar menos de 30.600 pesos por 40 horas semanales.
Continuaba en el Municipio de Quilmes la protesta de los trabajadores afiliados a ATE que exigen ser incluidos en la mesa paritaria que se reunió el miércoles pasado con la participación exclusiva del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMQ). La importancia de este reclamo tiene que ver con que en dicha instancia se discutieron la pauta salarial y condiciones de trabajo para el sector. La intención del intendente Martiniano Molina es firmar por no más de un miserable 18% en cuotas, en sintonía con el porcentaje establecido por el gobierno de Vidal para el conjunto de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires.
El planteo que ATE levanta es de un 45% de aumento, dado los bajísimos salarios con básicos que no alcanzan los $ 7.000. También exige la reincorporación de varios despedidos que aún no tienen el alta y trabajan sin poder cobrar. El jueves la medida continuó con un paro de los trabajadores del sector y la convocatoria a las organizaciones de la región.
El Sindicato de Camioneros de Neuquén inició un plan de lucha y paro por tiempo indeterminado en los yacimientos de YPF de Añelo y Rincón de los Sauces, en reclamo de sueldos atrasados.
El viernes 3 los trabajadores de SITRAJU Nación-CTA (junto a otros sindicatos) hicieron paro por el traslado de la Justicia Nacional a la Ciudad. El 19 de enero, en plena feria judicial se firmó un convenio entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de CABA para traspasar la justicia.
Según Gonzalo Martínez Salum, Secretario General de Sitraju MPF, Seccional 1, el enojo de los judiciales es porque parece que los consideran como un bien mueble. La patronal un día te dice «ahora vos pasás a la Ciudad, vas a trabajar en vez de seis, siete horas, la escala salarial es distinta». La intención no es solo de flexibilizar las condiciones de trabajo. Al Gobierno también parece interesarle pasar en primera instancia el fuero laboral y el fuero penal. «Imaginate si el fuero laboral llega a caer en manos de fiscales designados por este gobierno», concluyó Salum.
Paro de Mujeres
Reunidas en una asamblea multitudinaria, conformada por un heterogéneo conjunto de mujeres autoconvocadas y organizadas en diferentes ámbitos sindicales, sociales, estudiantiles y políticos, en la Ciudad de Rosario, exigieron a las centrales sindicales que garanticen el paro de mujeres, lesbianas, transexuales y travestis, convocado para el 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en un contexto de políticas de ajuste contra nuestros derechos y nuestras vidas: «Pedimos que se incluya la agenda del movimiento de mujeres en las negociaciones paritarias y los conflictos sindicales y sociales», manifestaron.
La asamblea convocada por el Colectivo Ni Una Menos en la Mutual Sentimiento de la Ciudad de Buenos Aires también se dirigió a las centrales de trabajadoras y trabajadores de la Argentina: «El movimiento de mujeres se pronuncia de modo unitario para exigir que no excluyan ni invisibilicen nuestras demandas. El recrudecimiento de la violencia machista debe ser combatido en todos los espacios y situaciones. Es un problema de todas y todos.
Exigimos que las centrales sindicales llamen al paro de mujeres que está convocado internacionalmente y garanticen el derecho a huelga y los modos de organización que se dan en cada lugar de trabajo para consolidar esta medida. Ni una menos. Vivas nos queremos.»
Fuentes: Argentina Indymedia, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, Uypress, Rosarioplus, Izquierda Diario, Prensa Obrera, InfoGremiales, APU, www.ambito.com, www.diariobae.com, www.eldiariocba.com.ar, agenciacta.org, La Capital Rosario y www.cronista.com.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.