Con el despido de Martín Redrado del Banco Central y del DNU sobre el Fondo del Bicentenario, ha recomenzado una discusión central. ¿Qué hacer con la deuda externa? Pagar o no pagar, y cuánto pagar: esa es la cuestión. La presidenta argentina insiste en que el Congreso trate al reiniciar sus sesiones su Decreto de Necesidad […]
Con el despido de Martín Redrado del Banco Central y del DNU sobre el Fondo del Bicentenario, ha recomenzado una discusión central. ¿Qué hacer con la deuda externa? Pagar o no pagar, y cuánto pagar: esa es la cuestión.
La presidenta argentina insiste en que el Congreso trate al reiniciar sus sesiones su Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010 (14/12/09) por el que se creó el Fondo del Bicentenario. Este Fondo por 6.569 millones de dólares, que el Banco Central nutriría con sus reservas, servirá para pagar deuda externa.
No se entiende muy bien porqué se echará mano a esos recursos extraordinarios, si ya el Presupuesto Nacional 2010, aprobado el 12 de noviembre del año pasado en el Senado, prevé una partida superior a los 26.000 millones de pesos a tales efectos. Si ya se reservaba casi el 10 por ciento del presupuesto para pagar deuda pública, ¿encima era necesario pedir esas reservas al Central?
Según la óptica gubernamental, sí era necesario y hasta imprescindible. El nuevo procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, sigue litigando para que el expediente del Bicentenario suba hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se resuelva allí positivamente.
El oficialismo choca con numerosas críticas, que provienen de ángulos muy diferentes. Están los dirigentes políticos de la derecha, que quieren que la deuda se pague y prefieren sea con los recursos del presupuesto, para que en todo caso se achiquen las partidas de tipo sociales, que hoy llegan hasta el 60 por ciento del gasto total.
Pero también se cuestiona desde posturas progresistas y de izquierda esa vocación de pago de hoy Cristina Fernández y su ministro Amado Boudou, que en esto siguen la misma línea que tuvieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.
Los cuestionamientos al pago de la deuda externa vienen desde la década del ´80, «la década perdida», cuando detonó ese problema a nivel regional con la moratoria de pagos en que incurrió México.
La deuda externa tuvo en Argentina uno de los ejemplos más ominosos en cuanto a lo que significaba para la economía y la sociedad de un país. Además, su origen fraudulento estuvo muy marcado por la dictadura militar, que multiplicó por siete la factura: la recibió del gobierno de Isabel Perón en 7.000 millones de dólares y la entregó a Raúl Alfonsín en más de 45.000 millones.
La debacle del país en diciembre de 2001, con una pobreza lindante al 60 por ciento y una desocupación que superaba el 20 por ciento, fue en gran medida consecuencia de aquel endeudamiento. Es que los pagos fueron en progresión geométrica y cuanto más se pagaba más se debía.
Por eso desde la mirada progresista no se entiende y no se comparte la postura kirchnerista de pagar más deuda externa en 2010, con recursos del presupuesto y más del 14 por ciento de las reservas del Central. Pero en enero pasado la presidenta aseguró que toda la deuda era legítima porque los primeros gobiernos democráticos a partir de 1983 no la habían denunciado, un tiro por elevación a los radicales y Raúl Alfonsín. Ahora ya es tarde, no se puede hacer nada, piensa Cristina.
Una auditoría
Una de las primeras voces que respondió a la jefa de Estado y refutó sus razonamientos fue Alejandro Olmos Gaona, con una respetuosa pero firme carta pública. Se trata del historiador e hijo de Alejandro Olmos, quien denunció penalmente en 1982 a José Alfredo Martínez de Hoz y aportó pruebas durante años hasta que el juez Jorge Ballestero resolvió sobre la ilegitimidad del endeudamiento argentino. El magistrado, dando la razón a Olmos, puso el problema en manos de la Cámara de Diputados, que es constitucionalmente la que debe entender en materia de endeudamiento. Ese expediente fue cajoneado hasta hoy.
Olmos Gaona le proponía en su misiva a la presidenta que audite la deuda externa para descubrir el componente fraudulento, y le refutaba el argumento de que ya es tarde para hacerlo.
«Es por tal motivo que lamento que Ud. haya incurrido en tan grande equivocación al plantear la imposibilidad de revisar actos de gobierno, porque sabe a conciencia que eso puede hacerse, ya que se han modificado hasta sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, en el tema de los derechos humanos. Hacer una Auditoría de la deuda, es simplemente transparentar las cuentas públicas y mostrar a toda la comunidad lo que se hizo desde 1976, y lo que hoy su gobierno está obligado a afrontar», le dice el historiador.
Quien escribió eso sabe de lo que habla porque trabajó a la par de su padre en esa famosa investigación convalidada por la justicia federal de nuestro país. Y porque ha sido uno de los 6 expertos internacionales que junto a 10 especialistas ecuatorianos, más 4 funcionarios del gobierno de Rafael Correa (Ministerio de Finanzas, del Tribunal de Cuentas, de la Comisión Anticorrupción y del Fiscal General), trabajaron durante 16 meses en la investigación de la deuda ecuatoriana. El Decreto Ejecutivo Nº 472 de Correa creó esa auditoría el 9 de julio de 2007 y las conclusiones, basadas en más de 30.000 hojas tras análisis de toda la información disponible, se dieron a conocer oficialmente en Quito en noviembre del año siguiente.
El historiador compartió la labor, entre otros, con el belga Eric Toussaint, creador del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Y colaboraron con él los también argentinos Miguel A. Espeche Gil, Salvador Lozada y Alfredo Carella.
El auditor argentino acompañó al presidente Correa a la cumbre del ALBA en Caracas, en las postrimerías de 2008, y al titular de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, Fernando Cordero, al Parlamento Latinoamericano que deliberó en Panamá. En esas reuniones se decidió por unanimidad apoyar la moción de que los gobiernos de la región realicen auditorías sobre la deuda. Por lo visto en Argentina no le llevaron el apunte.
Mismos vicios
La auditoría ecuatoriana se denominó Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) y detectó numerosas irregularidades en el segmento de la deuda comercial (Bonos Globales 2012, 2015 y 2030, surgidos de la renegociación del Plan Brady en 1995 y siguientes reprogramaciones), así como en otros créditos internacionales.
En muchos de esos documentos no se fijaban los precios, dejándolos librados al omnímodo acreedor, se resignaba la soberanía ecuatoriana en favor de Nueva York, el deudor se obligaba a renunciar a hacer denuncias, los intereses eran leoninos, los colocadores de los bonos ubicaban a éstos por su cuenta y ganancia en el mercado, había comisiones y pagos salpicados por la corrupción, etc.
Olmos Gaona y sus colaboradores argentinos comentaron que en los archivos ecuatorianos habían visto mucha similitud con los 477 ilícitos cometidos nuestro país, documentados por Olmos padre y certificados por Ballestero.
Allá y acá habían intervenido bancos como el Lloyd´s británico y el norteamericano Citibank; allá y acá el BID había otorgado créditos para favorecer privatizaciones como las del sistema de agua potable; allá y acá los representantes del Banco Mundial habían reclamado como requisito los cambios en la legislación interna (Correa expulsó al representante de esa entidad en Quito); allá y acá los créditos estaban atados a que determinadas empresas ganaran las licitaciones, casos en Ecuador de la brasileña Oderbrecht y las italianas Ansaldo e Impregilo.
¿Qué hizo Correa con las conclusiones de la CAIC?
En primer término, en noviembre de 2008 se declaró en moratoria de pagos de esos Bonos Globales que implicaban una deuda de 3.700 millones de dólares, un tercio de la deuda total.
Luego de un tiempo ofreció comprar esos títulos pero a sólo el 35 por ciento de su valor nominal, y el 91 por ciento de los tenedores lo aceptó sin chistar.
De ese modo el presidente ecuatoriano, al asumir el cargo para su segundo mandato, el 10 de agosto de 2009, pudo informar que el resultado de la auditoría «significa un ahorro de más de 300 millones de dólares anuales durante los próximos veinte años, dinero que servirá ya no para los bolsillos de los acreedores, sino para el desarrollo nacional».
Convendría estudiar y aprender de lo actuado por Correa frente a la usura internacional. Si hubiera voluntad política en el gobierno argentino habría que hacer una auditoría y, esto es seguro, podría el país ahorrarse mucho dinero que iría a fines más justos y nobles. También, si se siguiera esa senda reparadora de los delitos, varios de los responsables de éstos, como Martínez de Hoz y Domingo Cavallo, deberían habitar algún pabellón de Villa Devoto.