Tras la reunión llevada a cabo el lunes en el Ministerio de Trabajo y ante la negativa del Gobierno de reabrir la paritaria, ATE ratificó la medida de fuerza que resolvió el Confederal a fines del mes de octubre. En ese marco, el Secretario General de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy señaló que «el Gobierno insiste […]
Tras la reunión llevada a cabo el lunes en el Ministerio de Trabajo y ante la negativa del Gobierno de reabrir la paritaria, ATE ratificó la medida de fuerza que resolvió el Confederal a fines del mes de octubre.
En ese marco, el Secretario General de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy señaló que «el Gobierno insiste con un bono que no fue consultado con nuestro gremio y se niega a reabrir la paritaria, por eso ratificamos la medida de fuerza dispuesta por los secretarios generales de los Consejos Directivos Provinciales y Seccionales».
De tal modo, ATE realizó el séptimo Paro Nacional en lo que va del año ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Mauricio Macri. El mismo se llevó a cabo ayer, jueves 10 de noviembre, en todo el país. En la Capital Federal se convocó a las 11:00 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar hacia Plaza de Mayo.
«Exigimos la reapertura de paritarias, la reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos, el pase a planta permanente y el cese de la precariedad laboral, y que el Estado se haga cargo de los fondos a las provincias y municipios para cubrir los salarios de los trabajadores estatales», señaló el titular de ATE.
Contó con la solidaridad de las organizaciones sociales CCC, Barrios de Pie, MAR, MAB, Salvador Herrera, UST y CTEP. Estuvieron presentes la Federación de Aceiteros y los periodistas del SiPreBa. También fue acompañada de una Jornada nacional de lucha de los sindicatos de base pertenecientes a la CTA Autónoma.
El Frente Gremial Docente Bonaerense realizó un paro el mismo día con un 95% de adhesión en reclamo por la negativa del Ejecutivo provincial a reabrir la paritaria, como así también en rechazo por la reducción del presupuesto para el área y de cupos para comedores escolares, entre otros aspectos.
«Se cierra el diálogo incumpliendo el Acuerdo Paritario, que estableció una cláusula de ajuste salarial de acuerdo al costo de vida, teniendo como consecuencia que la pérdida del poder adquisitivo proyectada es superior al 10%», detallaron los maestros en un comunicado de prensa, donde también alertaron la persistencia de irregularidades en el cobro de los salarios y la no convocatoria a las comisiones técnicas de salud laboral y condiciones de trabajo.
En lo que se refiere al presupuesto bonaerense 2017, cuestionaron la reducción en un 3% ($ 16.533.000.000) que equivale a la construcción de 1.764 jardines de infantes y 998 escuelas secundarias.
También los docentes santafesinos nucleados en AMSAFE y Sadop, iniciaron un paro por 48 horas que se prolongará hasta el viernes.
Una masiva movilización docente frente a la Legislatura provincial, acompañó el primero de los dos días de paro para reclamar por la reapertura de las paritarias. Hoy las aulas siguen vacías.
En coincidencia con estas protestas, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), uno de los cinco sindicatos nacionales, llamó a una huelga también para el jueves en todo el país. Sergio Romero, Secretario general del gremio, argumentó que «los salarios docentes de prácticamente todo el país se encuentran por debajo de la línea de pobreza».
La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA) convocó a una Jornada Nacional de Lucha con Clases Públicas el 10 de noviembre, y a un paro nacional de 24 horas para el 18 de del mismo mes. Ese día también se constituirá el plenario de secretarios generales en Ushuaia, para tratar la Ley de Educación Superior.
«CONADU Histórica exige la derogación de la Ley de Educación Superior menemista y su reemplazo por una nueva que garantice la enseñanza, la investigación, la extensión universitaria, el ingreso irrestricto y la gratuidad. Por una Universidad al servicio de las grandes mayorías nacionales y contra la mercantilización de la educación superior», sostuvo la Federación en un comunicado.
CONADU Histórica también exige el «inmediato pago» del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) adeudado a los docentes preuniversitarios en las universidades de San Luis, Tucumán y Luján, entre otras.
El próximo 18 de noviembre marcharán al Congreso en reclamo de la Ley de Emergencia Social los movimientos sociales, que cuentan con la adhesión del triunvirato que conduce la CGT, que a su vez invitó a la Federación Agraria Argentina (FAA) a participar. El Consejo Directivo de la FAA sesionará el jueves en Rosario donde decidirá si la entidad será parte de la movilización.
El martes las organizaciones sociales Frente Darío Santillán, Barrios de Pie, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y los MTD Aníbal Verón, entre otras, reclamaron frente al Ministerio de Desarrollo Social por puestos de trabajo y mejoras en los programas de empleo.
Neuquén y Río Negro en pie de lucha
El titular de la CTA-Neuquén, Carlos Quintriqueo, informó que «el gobierno asumió el compromiso de seguir discutiendo la pauta salarial del segundo semestre del año en el mes de octubre y hasta ahora no hay señales de que quiera sentarse a negociar».
Anticipó además que el jueves bloquearán los accesos a la Casa de Gobierno y a los Ministerios de Obras Públicas y Economía en la ciudad de Neuquén «para que nos escuchen».
En tanto, el miércoles el Sindicato de Profesionales del Sistema Público de Salud (Siprosapune) cumplió un paro de 24 horas con movilización a Casa de Gobierno por las mismas razones.
Por su parte, el Sindicato de Enfermería realizó un paro el martes y el miércoles convocó a asambleas en los centros de salud de toda la provincia.
Los judiciales mantienen un plan de acción con paros, retiros y trabajo a código y el miércoles realizaron asambleas en las cinco circunscripciones de la provincia para resolver medidas de fuerza.
Además, los movimientos sociales de la región se sumaron a la protesta que realizaron el martes algunas agrupaciones en Buenos Aires y reclamaron «trabajo genuino, aumento en los programas de empleo, contra la judicialización y represión de la protesta».
Los convocantes se manifestaron frente a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo de Nación con la participación de integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD).
En General Roca, Río Negro, también se movilizaron frente a la Gerencia de Empleo el FOL y el Frente Popular Darío Santillán.
Mientras tanto, ceramistas de las fábricas Zanón, Neuquén y Stefani participarán el jueves 10 de una reunión junto al gobierno provincial en la que se discutirán los compromisos realizados por éste ante la delicada situación que atraviesan las gestiones obreras.
En Río Negro, la Asociación de Trabajadores Estatales exige un bono de fin de año de 10.000 pesos y un aumento salarial del 20% para antes de fin de año, y como parte de las medidas de lucha los dirigentes liderados por el secretario general, Rodolfo Aguiar, ascendieron a un equipo de perforación de YPF instalado en una planta ubicada en Allen.
El gobernador Alberto Weretilneck ya anticipó que no hay recursos en la provincia para conceder mejoras salariales en lo que queda del año ni bono.
«No vamos a resignarnos a perder todo el poder de compra de nuestros ingresos. Es violento que este Estado provincial pague más de 120.000 pesos a los funcionarios políticos y sólo 10.000 pesos a los trabajadores. En la provincia los únicos que llegan fin de mes son el gobernador y sus ministros», sostuvo Aguiar.
Mientras tanto, la Sala I de la Cámara Criminal de la ciudad de Cipolletti resolvió dejar sin efecto el pedido de captura del secretario general del gremio local, Rodolfo Aguiar; la secretaria de Acción Política, Rosa Ñanco; y la secretaria general de la Seccional Norte, Dora Fernández.
La orden de captura había sido emitida el 11 de octubre pasado por la jueza Sonia Martín, en el marco de una causa iniciada contra los dirigentes por una serie de protestas realizadas en la Municipalidad de Contralmirante Cordero a mediados de este año.
Por las provincias
Desoyendo la conciliación, los trabajadores municipales santafecinos iniciaron un nuevo paro de actividades. En esta oportunidad será por 48 horas, para reclamar la reapertura de paritarias para discutir aumentos de salarios.
La medida fue confirmada por un plenario de secretarios generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), que aguardaba un llamado de parte del gobierno provincial y de los municipios y comunas para reabrir las paritarias.
También se prevé una movilización a la Casa de Gobierno provincial en la que participarán afiliados de los sindicatos de base de toda la provincia.
Según la Festram, además de la «urgente necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores», el Gobierno provincial y los Intendentes «atentan contra el derecho a la negociación colectiva».
Los municipales santafesinos acordaron en marzo un aumento en los salarios del 33%, a razón de un 20% pagado a partir de marzo, otro 10% en julio y un complemento salarial no remunerativo ni bonificable equivalente al 3% sobre los haberes netos de cada trabajador.
Los sindicatos sostienen que «la incidencia de la inflación degradó el salario del sector en alrededor de 10 puntos».
El pasado viernes el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS – Fesprosa), llevó adelante una jornada de lucha provincial, que incluyó paro sin asistencia a los lugares de trabajo. En Rosario y Santa Fe hubo marchas en unidad de acción con otros sindicatos estatales.
Los trabajadores de la salud provincial vienen de un plan de lucha con paros de 24 horas en las últimas dos semanas. Reclaman que el gobierno cumpla con la cláusula del acuerdo paritario que establecía que en agosto las partes se sentarían nuevamente a evaluar el estado de los salarios.
Esto no sucedió y desde el gobierno santafesino sólo hubo negativas a entablar un marco de conversaciones para paliar la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por eso, en el Congreso de Delegados que se realizará este jueves, los referentes del sindicato evaluarán la situación, el efecto de las medidas y podrían poner a consideración de las bases una nueva medida de protesta.
En la ciudad de Santa Fe, hubo movilización desde el Hospital Cullen hasta el Ministerio de Hacienda en el Centro Cívico, en unidad con trabajadores del estado, docentes universitarios, trabajadores de prensa, entre otros, con el mismo reclamo de urgente reapertura de la discusión salarial.
Los trabajadores de la salud en Misiones llevaron adelante un paro de 48 horas.
La decisión de llevar adelante la medida de fuerza la tomó la Asociación de Trabajadores del Estado de esa provincia luego de la audiencia que mantuvo el Ministro de Salud Pública con representantes del Consejo Directivo Provincial de ATE. «Esta fue la cuarta audiencia con el Ministro y en todas ellas sólo ha contestado con evasivas y apatía ante los pedidos concretos de nuestra organización, para que se reconozcan las pésimas condiciones laborales y salariales del personal de Salud Pública en Misiones, y se dé solución a estos reclamos», señalaron desde ATE Misiones.
Entre los puntos presentados ante el Ministro se encuentran: el cese de la precarización laboral; la continuidad de los derechos adquiridos; recomposición salarial. Sin embargo, el funcionario no brindó respuestas favorables. Posteriormente, dirigentes y trabajadores se reunieron en asamblea y resolvieron una medida de fuerza que precederá al gran paro nacional de ATE el 10 de noviembre.
Salarios
El gremio petrolero firmó en julio el pago de un adicional de $ 20.000 con las empresas. Pasada la fecha de cobro son muchas las que todavía no lo abonaron. El conflicto comenzó el lunes por la mañana con los petroleros de Weatherford, que comenzaron con un paro -que hasta este momento es por tiempo indeterminado- ante la falta de liquidación del adicional. La medida afecta a las cuatro bases que tiene la firma en Chubut.
En la jornada del martes las empresas Bolland y Metrapet también comenzaron con medidas de acción directa por el mismo motivo.
Se trata de empresas pertenecientes a la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) que se niegan a efectivizar el pago del adicional firmadao en el mes de julio por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En las próximas horas se sumarían dos nuevas empresas, Schlumberger y Halliburton, que avanzarían con un plan de lucha similar. De igual manera, el martes los trabajadores de Copgo iniciaron una retención de servicios.
Se lleva adelante una Jornada de lucha en las redacciones de La Nación, Revista Veintitrés, Clarín, El Cronista y Editorial Perfil reclamando mejoras salariales. Además, los trabajadores de Página 12 resolvieron salir sin firmas hasta la edición del próximo domingo.
Siguiendo con el gremio de prensa, los problemas habitacionales de la Cooperativa «Por Más Tiempo» parecen no tener fin. La sociedad suiza que ostenta el título de propiedad del inmueble donde funciona Tiempo Argentino volvió a solicitar el desalojo forzoso para el martes 15 de noviembre por una deuda contraída por los empresarios vaciadores Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Los periodistas ofrecieron generar un nuevo alquiler y la propuesta fue rechazada. Luego intentaron mudarse a un espacio cedido por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) pero la demora en la habilitación para realizar una obra necesaria en el lugar lo hizo imposible. Finalmente, buscaron un alquiler comercial con espacio suficiente para que trabajen cincuenta personas en simultáneo. Cumplieron los requisitos legales y demostraron solvencia para afrontar el contrato, pero tampoco lograron avanzar. Incluso reservaron un lugar y a último momento los propietarios se echaron para atrás sin argumentos. Por eso los integrantes de la cooperativa de prensa más grande del país, recientemente reconocida por la UNESCO, siguen buscando un lugar para poder trabajar. Un espacio de por lo menos 220 metros cuadrados, con la posibilidad de armar tres oficinas y contar con un lugar amplio para la redacción. «Sabemos que no estamos solos. Contamos con el incansable apoyo de nuestros lectores, el gremio de prensa y de una enorme comunidad solidaria comprometida con otra forma de hacer periodismo», concluyen en un comunicado.
Crímenes sociales
Con la iniciativa de la Mesa Nacional de ATE INTA, el Cuerpo de Delegados de la Línea 60 y los familiares de los obreros fallecidos, más de doscientas personas concentraron frente a la sede central del INTA y movilizaron hasta Corrientes y Uruguay, ante los tribunales en los que están presentados -y congelados- los juicios por accidentes laborales.
Enmarcaron su lucha por justicia en la advertencia de que es un problema de toda la clase trabajadora, muriendo por accidentes laborales 449 trabajadorxs en blanco en 2015 (que se potencian en el sector en negro). Y en la ofensiva del gobierno nacional para reformar la Ley de Riesgos de Trabajo, con el objetivo declarado de «acabar con la industria del juicio». No obstante, especialistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea muestran que sólo el 16% de los accidentes laborales terminan hoy en juicio y que el interés de esta reforma «está puesto en bajar aún más la tasa de juicios y no en reducir los siniestros (accidentes)».
El estudio dirigido por el politólogo Damián Ledesma, asegura que «en 2015, hubo 659.041 siniestros registrados por la SRT y se iniciaron 106.021 juicios, esto es el 16,08% de casos judicializados».
Tanto la Superintendencia de Riesgos (SRT), como la UART, la Cámara que agrupa a las aseguradoras, han venido difundiendo un supuesto índice de judicialización del 70%, muy lejos de las cifras que recoge el informe y que surgen de la base de datos que publica el propio organismo oficial.
El informe, además, explica que los juicios vigentes cruzados con los siniestros ocurridos desde 2013 arrojan una proporción muy inferior: «Si se contemplan los casos registrados en 2013 (674.963) y 2014 (660.954) y tomando el total de trabajadores registrados en el sistema en 2015 (9.776.994) y por los cuales las ART cobraban su cuota, la realidad es que recibieron una demanda cada 92 trabajadores asegurados.» Pero además la misma consultora informa sobre la alta rentabilidad de las ART: la recaudación efectiva alcanzó en 2015 los $ 4.512,9 millones sin contemplar la morosidad de un 9%.
En el caso de Diego Soraire, obrero del INTA de 37 años y padre de familia, contratado en forma precaria y obligado a trabajar en áreas de alto riesgo sin capacitación previa, murió quemado por la explosión de un biodigestor. El delegado de ATE-INTA Capital informó que viene funcionando una Comisión Investigadora Independiente que denuncia en su primer informe de Noviembre 2016 que los trabajadores se vieron «obligados a crear esta comisión frente a los innumerables obstáculos interpuestos por las autoridades del INTA a la hora de obtener la información que tanto los trabajadores como la familia de Diego reclamamos».
En base a la documentación de los hechos e incluso al informe de la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo) detallan las siguientes irregularidades: 1) inexistencia de INTA con las normas de seguridad establecidas para el uso del biodigestor, que deben manipular los operarios para potenciar la vacuna contra la aftosa en propiedad de Biogénesis Bagó (Bagó le paga al INTA y al SENASA por estos servicios prestados). 2) incumplimiento de INTA con el protocolo de atención al accidentado, seguimiento e investigación del siniestro. La conclusión de la Comisión investigadora es que «no se trató de un mero accidente sino de la consecuencia directa de la negligencia de las autoridades de INTA». Ver el informe de la Comisión y también el informe de la SRT del 14 de septiembre 2016 en:
En el caso de David Ramallo, operario de la Línea 60, las deficiencias de las normas de seguridad fueron verificadas por el Cuerpo de delegados y denunciadas ante la patronal, la cual hizo caso omiso, protegida en la falsificación de actas junto a los supervisores estatales, donde ambos falsificaban las firmas de los responsables del Cuerpo de delegados. En cambio el obrero de la construcción, Ricardo Alcaraz murió desprotegido ante el pacto entre la empresa y su sindicato -la UOCRA- para ocultar el incumplimiento de las normas de seguridad.
Al mismo tiempo que se sucedía la movilización se derrumbó el techo de una obra en construcción en pleno centro de Campana. Luego de varias horas de trabajo de remoción por parte de bomberos voluntarios, se retiraron los cuerpos de 3 trabajadores sin vida. Muchos interrogantes se abren alrededor del terrible suceso ya que, según los vecinos, la obra no tenía cartel de habilitación municipal a pesar de estar a tres cuadras de la Municipalidad y a dos del sindicato de la construcción (Uocra).
En Sidersa (San Nicolás) sus trabajadores denunciaban que las condiciones de trabajo y la falta de elementos de seguridad, llevaron al tercer accidente en 7 días.
Hace una semana un trabajador se aplastaba un pie. Días después, una estiba de materiales caía sobre otro trabajador, que resultó golpeado. Y el viernes pasado un nuevo operario sufrió lesiones en su rostro. La precarización, los bajos salarios, la falta de condiciones de seguridad, el riesgo del despido frente a los reclamos, éstas son las condiciones de trabajo que garantizan que la empresa gane millones a costa del esfuerzo y la salud de los trabajadores.
De muestra basta un botón. El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas declaró el estado de alerta y movilización, por la paralización de la producción de la fábrica de fraccionamiento de productos químicos Quipro S.A., ubicada en la Ruta 6, en Campana.
Según señalaron fuentes sindicales, la empresa hace unos 20 días despidió a cuatro trabajadores que es casi la totalidad del personal químico, cambió las cerraduras y cerró la planta.
A pesar de que hubo denuncia en el Ministerio de Trabajo de Campana y éste dictó la conciliación obligatoria, el dueño de la firma, no la acató y hoy todavía permanece cerrada. Además, se les deben los haberes a los trabajadores desde hace cuatro meses.
Otro caso fue el ocurrido en Subterráneos de Buenos Aires. Pese al peligro de derrumbe producido luego de que una formación de la línea C descarrilara el viernes pasado, la empresa Metrovías intentó este lunes habilitar el servicio sin que importara que el estado de las instalaciones pusiera en riesgo la vida de los trabajadores y los usuarios. Cuando la primera formación salió, se detectaron derrumbes de mampostería en el precario lugar donde se encontraba el tren descarrilado lo que provocó protestas de los trabajadores en función de resguardar su propia seguridad. Frente a esta situación el sindicato decidió cortar la circulación del servicio en pos de evitar posibles tragedias.
Esto ocurre a pocos días del tarifazo en el pasaje, que saltó de $ 4.5 a $ 7.5.
¿Reactivación a la vuelta de la esquina?
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, sostuvo el martes en la Asamblea Anual de los banqueros «de a poquito» se observan «señales de que la recesión va quedando atrás». Sin embargo, la mayoría de los indicadores de la actividad industrial muestran caídas significativas en relación a 12 meses atrás.
En octubre los despachos de cemento cayeron 17,7%, la producción de autos 16,4% y la exportación de vehículos 26%. También el consumo: 8,2 % menor según CAME. La inflación alcanzó 2,9% de acuerdo al Indice Congreso y consultoras privadas (2,4% según el Indec), acumulando en los primeros 10 meses del año 35,6% y una suba interanual de 43,9%.
Alpargatas suspendió a todos sus trabajadores por dos semanas a partir del 12 de diciembre, y les dará vacaciones obligadas inmediatamente después, desde el 26 de diciembre hasta el 26 de enero. La medida afecta a los 3.600 empleados de las ocho fábricas argentinas. El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, José Listo, denunció que es una consecuencia directa de la caída del consumo y la apertura de las importaciones implementada por el gobierno macrista. «La industria textil se está cayendo a pedazos», advirtió.
Las textiles son uno de los sectores de la industria más afectados por la política económica, y con mayor número de suspensiones, en lo que el rubro sólo es superado por las metalúrgicas. Debido a la crisis provocada por la caída de las ventas en el mercado interno y la apertura de las importaciones, la actividad textil acumulaba, hasta septiembre, 9.000 trabajadores con problemas de empleo (1.876 despedidos y 7.020 suspendidos), según el último informe del Centro de Economía Política (CEPA). El centro de estudios aclaró, sin embargo, que estos son los números que se refieren a despidos y suspensiones registradas; como en la industria textil hay un alto grado de informalidad, se supone que los perjudicados son en realidad un número mayor.
El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, subrayó que continúa la pérdida de empleo en el sector y señaló que hasta el momento registran unos 8.000 despidos y unas 20.000 suspensiones.
Además, criticó que el Ejecutivo haya anunciado que «van a sacar a las empresas que producen celulares y computadoras en el país», decisión política, agregó, que representaría para el sector «una baja de 3.000 compañeros metalúrgicos más».
La consultora Tendencias Económicas, que releva sus datos de información publicada en diarios de todo el país y denuncias sindicales, indicó que los despidos sumaron en octubre 5.370, lo que mostró un aumento interanual de 63%.
«Se localizaron principalmente en la actividad de la construcción, seguida por la productora de frutas del Alto Valle de Río Negro y en la industria manufacturera, en la rama metalúrgica y en menor medida en textiles, plástica, neumáticos, curtiembres y tabaco, entre otras, o fuera de la industria en el comercio, el transporte, supermercados o la exportación de frutas», indicó el documento que dio a conocer.
Las suspensiones, en tanto, afectaron a 19.766 trabajadores, nivel que arrojó un alza interanual de 24,7%. Las ramas industriales que aplicaron este mecanismo fueron la automotriz, textiles, metalúrgica, petróleo, electrodomésticos y alimentos. Los paros afectaron a 1,16 millones de trabajadores, agrega el informe.
«Repro vip»
El Programa de Transformación Productiva alcanzará a sectores industriales golpeados por la competencia extranjera. Los fondos servirán para apuntalar salarios o para mejorar los despidos. El «Repro Vip», surgió al calor de la baja arancelaria y fue pensado originalmente para Tierra del Fuego.
El Estado pagará parte de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos por la apertura de las importaciones. Lo hará a través del Programa Nacional de Transformación Productiva, que firmaron los Ministerios de Producción y Trabajo, y estará orientado a las industrias más sensibles a la competencia con productos del extranjero, como las fábricas de computadoras ante la inminente baja de aranceles. El plan habilitará un complemento indemnizatorio o bien el pago de una parte del salario con fondos públicos para los operarios que pudiesen ser reinsertados en otras fábricas como parte del mismo esquema.
El plan surgió al calor de la baja arancelaria y fue pensado originalmente para Tierra del Fuego, en donde funciona la mayoría de las terminales electrónicas que ensamblan productos tecnológicos, pero el Gobierno decidió que su aplicación podrá concretarse en cualquier lugar del país, sobre segmentos de la industria necesitados de una reconversión. Los funcionarios a cargo de su elaboración pusieron como ejemplo, además de las computadoras, las empresas que producen bolsas de plástico que deberán hacer frente a la baja de demanda de los supermercados una vez que se dejen de entregar al consumidor.
En el Ministerio de Trabajo lo definen como un «Repro vip», en alusión al Programa de Recuperación Productiva que creó el Gobierno anterior y que, todavía vigente, implica el desembolso de una cantidad variable de dinero por cada trabajador de una empresa en situación de crisis -previamente constatada con la exhibición de sus libros- para complementar sus salarios a cambio de una garantía de sostén de los puestos de empleo. Además de esa condición, el Programa de Transformación Productiva contendrá ítems relacionados con la capacitación para los trabajadores afectados y fondos para la diversificación de las empresas involucradas.
El punto más sensible del plan es la constitución de un bono equivalente, como máximo, al salario mínimo, vital y móvil (hoy en $7.560) que el Estado pagará a cada trabajador de acuerdo a su destino final. Si se trata de un despedido por una compañía imposibilitada de reconvertirse por la competencia extranjera, el bono tendrá una duración máxima de seis meses y operará como complemento indemnizatorio, con el propósito alegado de darle más herramientas al afectado para reinsertarse en el mercado laboral. Pero también podrá aplicarse el bono como complemento salarial para los trabajadores derivados a una «compañía dinámica», es decir en proceso de reconversión. Será, de ese modo, un ahorro para el nuevo empleador.
Para aplicar al nuevo programa se creará un comité, liderado por el Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera, y con la participación de la cartera laboral y de la Agencia Nacional de Inversiones, entre otras áreas de Gobierno, que analizará cada proyecto y tendrá la responsabilidad de aprobarlos, con el destino de presupuesto para cada caso.
Los funcionarios que participaron en el armado del plan dijeron haberlo hecho en consulta permanente con los gremios más golpeados por las bajas laborales de los últimos meses, así como las previstas con una mayor apertura de las importaciones de productos tecnológicos. En particular, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Obrera Textil, el sindicato del Plástico y otros de las ramas industriales.
Fuentes: La Izquierda Diario, Equipo de Comunicación de CONADU Histórica-CTA, Clarín, ACTA-CTA, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, El Argentino, La Nación e Infogremiales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.