Este 13 de mayo se realizan las elecciones del principal sindicato docente bonaerense. La elección se da en el peor momento del salario docente y con un creciente descontento frente a la subordinación de la conducción Celeste al gobierno provincial.
Baradel deja la Secretaría General para dedicarse al armado político de Axel Kicillof y por el desgaste de su figura entre la base docente, pero mantiene un lugar en la lista oficialista. La candidata de continuidad es María Laura Torre, actual secretaria adjunta y paritaria del gremio, una de las responsables de firmar salarios de pobreza a espaldas de la docencia bonaerense.
Una conducción sindical que le hizo un solo paro al gobernador Kicillof en sus siete años de gestión. Transformó a este potente sindicato de 125.000 afiliados en una oficina más del Ministerio de Educación provincial, dejando de lado al conjunto de la docencia y las comunidades que sufren el ajuste día a día y la precarización educativa.
Ante los ataques constantes de Milei, la conducción Celeste no impulsó la organización de la base docente para enfrentar con fuerza el recorte de FONID, la salud y la discapacidad. La política de la conducción de SUTEBA fue desmovilizar al conjunto de la docencia. Su estrategia ha sido atar los destinos de los docentes a la política de Kicillof.
El salario docente es de un sueldo inicial de $ 730.000 los auxiliares de escuela tienen un sueldo de $ 650.000 por 6 horas de trabajo.
La bronca docente contra el ajuste y la subordinación de Suteba al gobierno provincial empezó a expresarse cada vez más en las calles, las escuelas y las medidas de lucha impulsadas desde abajo. En ese proceso, la Multicolor se consolida como referencia para miles de docentes que no se resignan a salarios de pobreza, pluriempleo y condiciones educativas cada vez peores.
La simpatía que despierta la campaña multicolor no surge de la nada. Es parte de años de resistencia frente al ajuste, la precarización y la política de resignación impulsada por la conducción Celeste de Baradel y María Laura Torre. También expresa la búsqueda de un sindicalismo independiente del Estado y de los gobiernos de turno.
Solo en las últimas semanas, ese malestar se expresó en distintas acciones impulsadas desde las seccionales recuperadas y la oposición multicolor. El 7 de abril, más de mil docentes se movilizaron a la Gobernación bonaerense reclamando el adelantamiento del cobro salarial, mientras SUTEBA Tigre impulsó un paro distrital votado desde las escuelas. Más tarde, el paro provincial convocado desde las seccionales Multicolor y mandatos de escuela de toda la provincia, para el 21 de abril, tuvo alto acatamiento incluso en distritos conducidos por la Celeste. Ese mismo día, SUTEBA Tigre realizó una asamblea y movilización con cientos de docentes y participó de la caravana obrera convocada por la Mesa de Coordinación de Zona Norte desde FATE hasta Mondelez.
Uno de los hechos que más impactó a la docencia bonaerense fue el asesinato de Cristian Pereyra, profesor de La Matanza asesinado por un policía bonaerense mientras trabajaba como chofer de Didi para completar ingresos. El caso se transformó rápidamente en una bandera contra el pluriempleo y la precarización laboral docente. Sin embargo, la conducción provincial de SUTEBA se negó a convocar a un paro provincial.
En Bahía Blanca, la conducción Multicolor del sindicato protagonizó importantes jornadas de lucha junto a docentes universitarios, estatales y jubilados. Más de 1600 docentes se movilizaron el 17 de abril “contra la motosierra de Milei y el ajuste de Kicillof”, mientras continuaron las acciones en defensa de las escuelas de educación especial, contra el cierre de cursos y por recomposición salarial.
También en la región de La Plata, Berisso y Ensenada crece el cuestionamiento a las conducciones sindicales ligadas al oficialismo provincial. Allí, cientos de docentes se autoconvocaron para reclamar salarios, defender las jubilaciones y rechazar el recorte del Programa Mesa. En Ensenada, además, las movilizaciones expresaron el rechazo a las respuestas punitivistas frente a las amenazas virales en escuelas secundarias. Mientras el municipio y la provincia respondieron con denuncias y presencia policial, docentes y comunidades reclamaron cargos para equipos de orientación escolar, espacios de escucha y políticas para las adolescencias atravesadas por la crisis social, el deterioro de la salud mental y la falta de perspectivas de futuro. Se vienen sosteniendo semanalmente movilizaciones con la participación de cientos de docentes convocados por la Multicolor. En La Plata, el jueves pasado fueron mil los docentes que se movilizaron.
En las recorridas de escuelas y distritos realizadas durante la campaña, la Multicolor recoge no solo el descontento con la situación actual, sino también un reconocimiento creciente a su rol en cada conflicto. Ese proceso se expresa en los 34 distritos donde se presentan listas opositoras y en cientos de docentes que toman en sus manos la pelea por recuperar las herramientas sindicales para la lucha.
El crecimiento de la Multicolor expresa un proceso más profundo de desgaste de las conducciones sindicales ligadas al peronismo, que dejaron pasar el ajuste mientras empeoran las condiciones de vida de millones de trabajadores. En ese marco también crece la referencia de la izquierda entre sectores docentes y juveniles que buscan una salida independiente de los gobiernos y las burocracias sindicales. La Multicolor, integrada por distintas agrupaciones de izquierda y sectores combativos de la docencia, expresa sindicalmente parte de ese proceso.
Derrotemos las maniobras fraudulentas
Laura
Champeau, candidata a Sec. Gral. por el Suteba Ensenada y a Sec.
Gremial por el Suteba Provincial decía: “Estos últimos días antes de la
elección del sindicato con mayor cantidad de afiliados de la provincia,
nos proponemos que este descontento se exprese en la votación,
fortaleciendo la oposición en toda la provincia y recuperando
seccionales como Ensenada. Nos proponemos recuperar SUTEBA para poner a
la ofensiva a la docencia, en unidad con la comunidad educativa, y
derrotar los ataques de Milei y el ajuste de Kicillof”. María Díaz Reck,
que encabeza la lista en SUTEBA La Plata, advertía: “Venimos
denunciando las maniobras fraudulentas de la conducción Celeste; solo en
nuestro distrito denunciamos que más de 250 personas incluidas en el
padrón seccional sin que sean afiliados del distrito, inclusive personas
fallecidas. La reducción en la cantidad de mesas de votación es parte
también de un intento por desalentar la participación. Hacemos un
llamado a derrotar estas maniobras y que el 13 se exprese verdaderamente
la voz de las escuelas”. Desde La Matanza, Nathalia Gonzales Seligra,
candidata a secretaria Gremial por SUTEBA La Matanza, también alerta
sobre las maniobras fraudulentas: “Acá ya conocemos lo que hace la
Celeste; en la última elección nos arrebataron la seccional por fraude.
Estamos
organizando una gran red de fiscales y convocando a la docencia a
defender cada voto para recuperar la seccional”. Venimos haciendo una
gran campaña, queremos volver a poner de pie a la docencia matancera,
que junto a las comunidades tiene una fuerza imparable. Junto a las
hermanas de Cristian Pereyra, llevamos el pedido de justicia a cada
rincón del distrito, y queremos que nuestro sindicato vuelva a ser una
herramienta para que tengamos salarios que nos alcancen para vivir con
un solo cargo sin dejar la vida en el pluriempleo”.
Las condiciones
para desatar una marea multicolor están: la defensa del SUTEBA Tigre,
Bahía Blanca y la recuperación de nuevas seccionales son puntos de apoyo
para derrotar los planes de ataque de Milei, el FMI y los gobernadores;
y que desde ahí los trabajadores de la educación debatamos la necesidad
de poner en pie una herramienta política de la clase trabajadora para
que dejen de llevarnos detrás de variantes políticas que no representan
nuestros intereses y que han hundido la educación y el salario docente,
como vemos hoy con Kicillof y ayer con Scioli. Necesitamos sindicatos
independientes de los gobiernos y un nuevo partido de la clase
trabajadora para pelear por nuestros intereses.
Crece la intención de voto a la Lista Multicolor
Por Ernestina Arias
Este
próximo miércoles 13 de mayo se llevarán a cabo las elecciones en el
SUTEBA, sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires. En
entrevista con María Elisa Salgado, actual Secretaria General del Suteba
Tigre y candidata a Secretaria General del Suteba Provincia por la
Lista Multicolor Provincial analizó la situación de la docencia, la
intención de recuperar la herramienta sindical y destacó las principales
propuestas del espacio.
María Elisa afirma que la principal
propuesta Multicolor es “recuperar el sindicato para que sea la voz y la
fuerza de las y los docentes. Hasta ahora la conducción del Suteba
Provincia ha estado integrada al gobierno provincial, siendo
funcionarios tanto de la Dirección General de Cultura y Educación, de
otros ministerios, como también funcionarios en los distritos,
consejeros escolares, inspectores, jefes regionales, jefes distritales.
Muy distinto de la política que desarrollamos las seccionales de
conducción Multicolor, que sostenemos una independencia política, pero
aparte desarrollamos medidas de lucha contra el ataque que está haciendo
el gobierno de Javier Milei, contra los trabajadores en general y
contra la escuela pública y los docentes en particular.”
Con respecto
a la situación de las y los docentes, Salgado expresa que “el gobierno
de Milei nos robó el incentivo y la conectividad en febrero de 2024 y la
CTERA no desarrolló ninguna medida de lucha consecuente para recuperar
esos fondos, a pesar de que somos un millón de docentes en todo el país y
que sectores más pequeños han logrado sostenerse como, por ejemplo, el
INTI y el INTA, que pudieron desarrollar luchas que llevaron a que esos
institutos se sostengan a pesar de los embates del gobierno. Por otra
parte, estamos planteando que no haya ningún docente pobre porque la
mayoría de las y los docentes del país somos pobres. Estamos cobrando
salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Pelear por un
presupuesto educativo por las condiciones laborales por la creación de
los cargos necesarios contra el cierre de secciones que se está haciendo
por la baja en la natalidad a pesar de las necesidades educativas que
se han modificado mucho en los últimos años y que necesitamos más cargos
docentes, no menos cargos docentes. Estamos planteando también una
lucha por el salario para terminar con el pluriempleo que llevó a la
muerte al compañero Cristian Pereyra, un docente de La Matanza que
también tenía que trabajar de mecánico y hacer Didi para poder
sostenerse. Y haciendo Didi un sábado a la madrugada lo asesinó un
policía de la bonaerense para robarle el auto.”
Salgado hace mención a
los cambios en la educación de la provincia, y apunta como objetivo
“desarrollar la lucha desde un sindicato recuperado para enfrentar las
reformas antieducativas que está imponiendo Kicillof en línea con las
reformas que se implementan desde Nación. Por ejemplo, en la educación
especial, que ya es un colectivo atacado por el gobierno nacional en
discapacidad. También con la territorialización, que son reformas que
están quitando las especificidades de las escuelas especiales y
generando caos y bastantes problemas en las escuelas. La reforma en
secundaria, reformas en primaria que por ejemplo llevaron una jornada
laboral de 10 horas. Nosotros planteamos que necesitamos un salario que
nos alcance para vivir, para trabajar menos y enseñar mejor. También la
defensa de las jubilaciones, de la obra social, defender el estatuto del
docente y avanzar en nuevas conquistas.”
Salgado concluye que estas
son algunas de las propuestas de la Lista Multicolor que tienen “amplia
simpatía en las escuelas” y que esperan “poder recuperar la herramienta
para les trabajadores.”
Chubut: salarios en crisis y escuelas atravesadas por conflictos
Compartimos el análisis del blog «El deslome web» que analiza la crisis educativa que vuelve a profundizarse en Chubut y reabre una escena que la provincia conoce demasiado bien: conflictos salariales, suspensión de clases presenciales y una comunidad educativa atrapada entre el deterioro económico y la falta de respuestas estructurales. El escenario no es nuevo, pero tiene algo diferente: esta vez la bronca desbordó a los propios sindicatos.
La paritaria que no cierra
La última audiencia paritaria docente —celebrada este miércoles 6 de mayo en el SUM de Vialidad Provincial en Rawson— volvió a dejar expuesta la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de miles de trabajadores de la educación. El encuentro reunió a los ministros de Educación, José Luis Punta, y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, junto a representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.
La propuesta presentada por el Gobierno provincial incluye incrementos remunerativos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con seis puntos porcentuales adicionales distribuidos en tres tramos, lo que representaría un aumento acumulado cercano al 15% en el sueldo básico. El Ejecutivo también ofreció actualizar en un 100% el adicional «Recursos Materiales» —equivalente a unos $115.761 por cargo— e incorporarlo al básico para que sea bonificable en futuras actualizaciones. Los gremios acordaron elevar una respuesta este jueves.
Sin embargo, el Gobierno ya recorrió un camino largo y sinuoso para llegar a esta oferta. A principios de año, la propuesta inicial fue de apenas 1% al básico y 5% al ítem profesionalidad para febrero y marzo —tan exigua que desde ATECH la definieron directamente como «una vergüenza». En abril, el conflicto escaló hasta que el Gobierno impuso por decreto un aumento de 1,2% al básico —alrededor de $3.000 pesos por docente—, lo que encendió la mecha de la rebelión.
Los gremios insisten en que el problema ya no es solo «acompañar el IPC», sino recuperar años de deterioro salarial acumulado. Y los números los respaldan.
La canasta patagónica contra los números oficiales
El salario garantizado docente ronda los $700.000, mientras que la Canasta Básica Total en distintas ciudades chubutenses supera ampliamente el $1.500.000 mensual. En Comodoro Rivadavia, el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco registró en abril una canasta básica alimentaria de $1.440.787 y una línea de indigencia de $634.708. Esto significa que un docente ingresante con un solo cargo —que cobra en torno a los $700.000— no alcanza a cruzar la línea de pobreza. Con dos cargos, apenas la supera por poco.
Chubut ocupa el puesto 21 de 23 jurisdicciones en el ranking nacional de salarios docentes y registra el ingreso inicial más bajo de toda la Patagonia, lejos de los más de $1.300.000 que se pagan como salario inicial en provincias como Neuquén o Tierra del Fuego. La brecha con Santa Fe —la provincia mejor paga, con $1.295.950— es descomunal.
Detrás de los porcentajes aparece un dato más profundo: alquileres en aumento, alimentos más caros que el promedio nacional, tarifas elevadas, combustibles altos y costos de calefacción que en el invierno patagónico resultan imposibles de ignorar. Por eso los sindicatos insisten en que los aumentos actuales no representan una recomposición salarial real, sino apenas un intento de evitar una caída todavía mayor del poder adquisitivo. «No alcanza, no recompone y no responde a la realidad actual», sentenciaron gremialistas al salir de la última audiencia de conciliación.
El secretario adjunto de ATECh, Tomás Montenegro, fue categórico: «El salario docente ha quedado muy por debajo de la canasta básica. No podemos aceptar propuestas que sigan profundizando el ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores.»
El conflicto que desbordó a los sindicatos
El capítulo más inédito de este conflicto no se escribe en las mesas de negociación: se escribe en las calles.
El 23 de abril, miles de docentes de toda la provincia pararon y marcharon en exigencia de una recomposición salarial. Lo significativo es que lo hicieron a pesar de que ninguno de los cinco sindicatos los cubriera legalmente: horas antes, el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria a pedido del propio Ejecutivo, y las conducciones de ATECh, SITRAED, SADOP, AMET y UDA la acataron —ante la amenaza de quita de personerías gremiales y multas— sin resistencia.
Cuando se conoció la noticia del acatamiento sindical, la bronca en los grupos de WhatsApp de docentes autoconvocados explotó. Y al día siguiente pararon igual.
Lo que vino después fue una semana de ruidazos simultáneos en Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Gaiman, Dolavon y decenas de localidades más pequeñas como Cerro Centinela o Corcovado, en la cordillera. El sábado 25 de abril, movilizaciones masivas contaron con la presencia activa de familias enteras, lo que corroboró la amplitud del respaldo social a la protesta. El 28 de abril —»28A»— la docencia autoconvocada marchó junto a estatales, trabajadores de la salud y otros sectores en una jornada que se extendió por toda la provincia.
En las últimas horas, trabajadores autoconvocados viralizaron un afiche que llama abiertamente a una «desafiliación masiva» de los sindicatos, argumentando que sus conducciones «siguen decidiendo sobre el bolsillo de los trabajadores» sin representar verdaderamente sus intereses.
El creciente protagonismo de los autoconvocados expone una fractura dentro del propio movimiento: los gremios, que históricamente fueron los interlocutores naturales entre los trabajadores y el Estado, ahora son vistos por una parte de la base como parte del problema. La pregunta política de fondo ya no es solo cuánto aumenta el salario. Es quién representa realmente el malestar de los trabajadores, y quién termina administrando el conflicto.
Las autoconvocatorias docentes tienen historia en Chubut. Jugaron un papel central en el Chubutazo de 1990, que le costó la gobernación a Néstor Perl, y fueron protagonistas fundamentales en los conflictos de 2018 y 2019 contra el gobierno de Mariano Arcioni. Ahora vuelven con fuerza, y el fantasma del «Chubutazo» ya circula como consigna en las calles de Rawson.
El conflicto ya no es solo docente
A la tensión paritaria docente se suma el conflicto de auxiliares y trabajadores no docentes, también atravesados por reclamos salariales. Sin porteros, personal de limpieza, mantenimiento y cocina, muchas escuelas directamente no pueden funcionar. La consecuencia vuelve a recaer sobre los estudiantes, que empiezan a perder días de clases presenciales en una provincia marcada históricamente por la discontinuidad educativa.
La semana de protestas que sacudió a Chubut en los últimos días incluyó también paro médico convocado por AGREMEDCH, acciones de ATE en Trelew y la Cordillera, movilizaciones de trabajadores ex Ley 1987 y medidas de fuerza de viales, entre otros sectores. El conflicto, que nació en las aulas, se extendió como reguero de pólvora por toda la administración pública provincial.
El Gobierno logró cerrar acuerdos con algunos gremios de la administración pública —ATE, APOC y UPCN—, así como con los trabajadores de la salud representados por ATSA, AGREMEDCh y SISAP, bajo un esquema de 8% sobre el valor móvil del salario básico en tres tramos. Pero el frente docente sigue abierto, y la reunión paritaria de este miércoles 6 de mayo —que coincide con la fecha que la docencia autoconvocada había señalado para una nueva movilización— se convirtió en el centro de todas las miradas.
La virtualidad no resuelve lo que el Estado no garantiza
Cada vez que las clases presenciales se interrumpen reaparece el mismo reflejo: trasladar parte de la actividad educativa a plataformas virtuales. Pero la desigualdad tecnológica en Chubut sigue siendo enorme.
No todos los estudiantes tienen computadora, conectividad estable, datos móviles ni condiciones adecuadas de estudio. Tampoco todos los docentes cuentan con equipos propios, internet permanente, espacios de trabajo o recursos tecnológicos financiados por el Estado. La educación virtual, lejos de resolver el problema, suele profundizar las desigualdades sociales existentes. En el aglomerado Rawson-Trelew, según el INDEC, casi el 33% de la población era pobre en el segundo semestre de 2025 y la cifra de indigencia rozaba el 6%. Trelew, desde la caída de su histórico parque industrial textil, es, en palabras de analistas locales, «una fábrica de pobres».
La discusión incómoda: los recursos que la provincia resigna
Mientras el Gobierno insiste en que las cuentas provinciales están condicionadas por la caída de ingresos y la recesión nacional, distintos sectores cuestionan desde hace años las prioridades económicas y fiscales de la provincia.
En primer término, el esquema de concesiones petroleras. Pan American Energy (PAE), principal operadora en la Cuenca San Jorge, extendió su dominio sobre Cerro Dragón por 35 años más —con opción a 10 adicionales— tras un convenio ratificado por la Legislatura en abril de 2025. El acuerdo fija regalías del 9% solo para no convencional, con bonos de «reconversión» y «extensión» por casi 90 millones de dólares pagaderos en cuotas. En paralelo, analistas señalan que las regalías petroleras aportarán en 2026 apenas el 20% del presupuesto provincial (629.621 millones de pesos), pese a haber sido históricamente el pilar de las arcas públicas.
En segundo término, la situación de los grandes propietarios rurales. Solo 193 familias concentran 7,25 millones de hectáreas —el 42% de las tierras chubutenses—, según el Censo Agropecuario 2018, y esa concentración creció un 13% en 16 años. Desde 2003, la provincia no cobra el Impuesto Inmobiliario Rural a estos grandes poseedores, dejando millones en deudas morosas. El caso más emblemático es el del grupo Benetton, cuya Compañía de Tierras del Sud Argentino controla 900.000 hectáreas y acumula antecedentes de evasión tributaria desde fines de los años ’90.
La recesión nacional impacta directamente sobre el consumo, la actividad económica, la coparticipación y la recaudación. El resultado es una provincia con menos recursos, mayores demandas sociales y conflictos que vuelven a explotar sobre los servicios públicos esenciales. Para docentes y estatales, la pregunta es cada vez más directa: ¿por qué el ajuste siempre cae sobre los mismos?
La educación pública vuelve a pagar la crisis
El escenario empieza a recordar peligrosamente los años más críticos del conflicto educativo chubutense: salarios que pierden frente al costo de vida, negociaciones permanentes, paros, suspensión de clases y estudiantes atrapados en medio de la disputa. La diferencia es que ahora la crisis ocurre después de años de deterioro acumulado, en un contexto social mucho más frágil y con una base docente que ya no espera a que sus representantes sindicales actúen.
La reunión de este miércoles 6 de mayo puede ser una bisagra o una escalada. Los gremios llevan la propuesta oficial a sus bases. Los autoconvocados ya tienen agenda de lucha. Y el Gobierno sabe que, si la oferta vuelve a ser rechazada, la calle tiene la palabra.
Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿puede sostenerse un sistema educativo estable cuando el salario ya no alcanza para vivir en la Patagonia? Por ahora, la respuesta parece escribirse otra vez con aulas vacías.
Siguen las protestas docentes en Chubut pese a la conciliación dictada por el gobierno de Torres
En
Chubut siguen las protestas docentes a pesar de la conciliación
obligatoria dictada por el gobierno de Ignacio Torres. El reclamo es por
que el salario cubra la canasta básica total que supera hoy 1.300.000
pesos.
Los docentes vienen realizando protestas, marchas y ruidazos y
fueron reprimidos durante la manifestación realizada en la ciudad de
Rawson. El 6 fue la primera reunión con funcionarios provinciales en el
marco de la conciliación obligatoria.
Se realizó en Comodoro
Rivadavia una marcha y allí se expresaron los dirigentes de la regional
Sur del sindicato docente ATECH (Asociación de Trabajadores del Estado
Chubut).
La secretaria General Alejandra Soto, saludó la convocatoria
e invitó a seguir luchando: “Compañeros y compañeras, un fuerte aplauso
por la movida de hoy que nos sigue convocando siempre en las calles, la
lucha y la unidad sobre todas las cosas, y los trabajadores y las
trabajadoras porque esta unidad va a ser la fortaleza que nos va a
permitir torcerle el brazo a este gobierno de Ignacio Torres que nos
ajusta y nos hambrea”.
Por su parte, el secretario de Comunicación de
ATECH, Ignacio Rivero, afirmó: “El gobierno es el que nos ajusta, el
gobierno es el que nos hambrea, el gobierno es el que nos da ciertos
aumentos miserables por goteo. Nosotros tenemos un objetivo común, que
son condiciones dignas, y dentro de esas condiciones dignas tiene que
haber una verdadera recomposición salarial acorde al costo de vida que
tenemos en la provincia de Chubut. El gobierno provincial dice que no
hay plata, se alinea con la política del gobierno nacional diciendo que
no hay fondos en las arcas”.
Docentes autoconvocados marcharon en Trelew y Puerto Madryn
Las
calles de Trelew y Puerto Madryn se llenaron de maestras y profesores
el sábado 2 de mayo y volvieron a visibilizar la lucha contra el ajuste
de Ignacio Torres a la educación y sus trabajadores en Chubut.
«Hoy
es un día de lucha, un día donde los docentes hacemos un merendazo
cultural, reflejo de la necesidad que tenemos como sociedad en general»,
expresaba un trabajador de la educación en Puerto Madryn. «En este
merendazo compartimos mate cocido, pintadas, música, asamblea y
movilización. Queremos visibilizar la necesidad de volver a
encontrarnos, dentro de todas las necesidades que tenemos como
población», agregó.
Las movilizaciones contaron con el apoyo de la
comunidad educativa, familias y estudiantes secundarios y terciarios,
que también sufren en carne propia, al igual que las y los trabajadores
de la educación los bajos salarios y que tienen que recurrir al
pluriempleo para poder llegar a fin de mes.
“Hoy salimos a la calle
con este cacerolazo o ruidazo porque no damos más y el gobierno de
Torres con la complicidad de los dirigentes de los sindicatos docentes
nos quiere sumisos y esclavos. Pero eso se acabó, ya no le tenemos miedo
a los descuentos, a las amenazas porque igual no llegamos a fin de mes,
porque el sueldo nos alcanza hasta el 15 o 20 de cada mes y después
sobrevivimos, así que esta lucha la seguimos hasta las últimas
consecuencias”, decía una maestra en Trelew.
Recordemos que estas
manifestaciones no son un hecho aislado, sino que estas protestas
autoconvocadas masivas en Trelew, Rawson y Pto. Madryn contra las
políticas de ajuste del gobernador Torres se vienen repitiendo con
distintas intensidades y modalidades en Comodoro Rivadavia, Esquel,
Comarca Andina, Dolavon, Gaiman, entre otras, desde hace más de 10 días.
Esta
rebelión de las maestras y profesores explotó cuando el gobierno
ofreció y luego decretó un aumento del 1,2%, que implica un aumento de
$3000 en el salario básico de abril, que el próximo lunes 4 de mayo será
de $304.000.
Todos los sindicatos docentes provinciales aceptaron la
ilegal conciliación obligatoria del gobierno y levantaron el paro que
habían anunciado para el jueves 23 de abril.
La bronca de las y los
docentes explotó y tanta rabia y bronca contenida durante meses ganó las
calles de la provincia como una marea incontenible que se extendió del
mar, al valle y llegó a la cordillera.
Fue tan fuerte el movimiento
que logró arrancarle un paro la Regional Rawson y Trelew del SITRAED el
jueves 23 de abril, a la CTA Autónoma desde el 27 de abril, un paro a
SISAP y algunas regionales de ATE el martes 28 y un paro de la Regional
Sur de ATECh el miércoles 29 de abril.
Pero la rebelión no logró
quebrar la voluntad de tregua y paz social a los dirigentes provinciales
de ATECH, SITRAED, AMET, UDA y SADoP. No es de extrañar esta actitud,
ya que tampoco se movilizaron y llamaron a luchar contra la reforma
laboral esclavista de Milei ni contra ninguna medida que afecta al
conjunto de las y los trabajadores que impulsan los gobiernos y sus
cómplices.
A partir del lunes 4 continuó la lucha con una nueva
semana de acciones de protesta en las escuelas y en la calle con la
mirada y las ganas de volver a llenar de docentes la ciudad de Rawson el
miércoles 6 de mayo, día en que se volverán a encontrar el gobierno,
los dirigentes de los sindicatos y los delegados de los docentes
autoconvocados para seguir discutiendo paritarias.
El reclamo es claro: $1.500.000 de básico, no a los descuentos por los paros, plata para educación.
La
simpatía y el apoyo popular crece, las ganas de luchar de los docentes
no afloja, la rebelión de los docentes de Trelew, Rawson y Pto. Madryn
que se extendió a toda la provincia tiene la posibilidad de abrir paso a
unir los reclamos de todos los trabajadores y sectores populares y
derrotar todo el plan de Torres y Milei.
En las próximas semanas se
decidirá esta lucha. Si ganan los docentes, empieza a quebrarse el
proyecto del derechista Torres que quiere una provincia extractivista al
servicio de pagar la deuda y trabajadores pobres. La lucha de las y los
docentes también cuestiona el discurso de la oposición peronista que
solo piensa en octubre de 2027 y discute de candidatos. Quedan 18 meses y
la situación no se banca más.
Represión policial en el primer día del paro docente de 48 horas en Río Negro
En
Río Negro la docencia convocó un paro de 48 horas para reclamar por la
apertura de la paritaria salarial ante la falta de respuestas del
gobierno de Alberto Weretilneck.
Desde la mañana del martes 5 se
realizaron protestas en los puentes carreteros que unen la ciudad
rionegrina de Cipolletti con Neuquén capital, donde se acercaron
docentes de dicha provincia para dar su apoyo. En ese marco la policía
rionegrina reprimió a los manifestantes.
Según relataron docentes que
estaban allí presentes, la movilización se desarrollaba de forma
pacífica hasta la intervención de las fuerzas de seguridad. Además,
testigos denunciaron empujones, corridas y el uso de gas pimienta, lo
que generó caos y complicaciones para respirar entre los presentes.
También indicaron que intentaron dialogar con el jefe del operativo,
pero no hubo respuestas.
Laura Ortiz López, Secretaria General de
UnTER (Unión de trabajadores de la Educación Río Negro), contó:
“Nosotros ya nos hemos parado sobre la ruta y no hemos generado ningún
tipo de malestar. Pero el gobierno provincial ejecutó de mano de la
policía la represión a los docentes rionegrinos. Es hora que todos y
todas tengamos que salir a defender nuestros derechos porque la verdad
es que este gobierno no tiene límites”.
Además pidió a las
autoridades provinciales que dejen de reprimir: “Le pedimos al gobierno
provincial que frene, que lo único que hacemos los docentes es salir a
visibilizar lo que él quiere hacer desconocer al resto. Le decimos al
gobernador que nos convoque a paritaria y que frene tanta violencia”.
El
sindicato que nuclea a docentes rionegrinos emitió un comunicado
rechazando al violencia estatal: “Repudiamos y denunciamos con bronca,
con indignación y con absoluta claridad política la represión que
sufrimos quienes salimos a las calles a reclamar. No hay eufemismos
posibles: Weretilneck mandó a reprimir a la docencia rionegrina”.
El
miércoles 6 continuó con un segundo día de paro en todas las seccionales
de la provincia y sin respuestas oficiales el reclamo se profundiza
mientras no se descartan nuevas medidas.
Entre sus peticiones, UnTER
exige una recomposición salarial que ubique el salario mínimo docente en
dos millones de pesos, el pase progresivo de sumas no remunerativas al
básico y la continuidad de la actualización por inflación, con
incorporación de un índice patagónico.
Weretilneck pone en agenda nuevamente una reforma en la educación técnica
Por Agrupación 9 de Abril – Río Negro
Pese a las movilizaciones que frenaron el intento de reforma el año pasado, el Ministerio de Educación de Río Negro inició la última semana de abril un proceso para reformar el régimen académico sin resolver el profundo desfinanciamiento que destruye la escuela técnica.
En el marco de las jornadas institucionales de toda la provincia, el Ministerio impulsó un cronograma de trabajo en todas las escuelas técnicas con el objetivo de recolectar aportes buscando la elaboración de una propuesta para una nueva normativa.
Cronograma propuesto por la Dirección de Escuelas Técnicas y Formación Profesional
Un cambio de estrategia ante el fracaso de su último plan
Durante 2024 el Ministerio acercó a las escuelas técnicas de la provincia un borrador de normativa con los lineamientos que buscaba modificar. Incorporó una flexibilización en los criterios de aprobación y una mayor carga de tareas a la docencia sin brindar más recursos. Pese a haber sido rechazada de forma casi unánime por las escuelas el gobierno igualmente la llevó adelante a través de la resolución 6488/24, presionando por su implementación en marzo de 2025.
Este avance del gobierno encontró resistencia por parte de toda la comunidad educativa: movilizaciones en Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Villa Regina, Fike y Bariloche llevaron a las calles a estudiantes, familiares y docentes de más de 20 escuelas técnicas. Finalmente la reforma fue suspendida a menos de un mes del inicio del ciclo lectivo.
El gobierno ahora busca llevar adelante un proceso de consulta donde participen las y los docentes. Sin embargo, esto no asegura que sus voces sean tenidas en cuenta. Además de la experiencia anterior en las técnicas, lo mismo ocurrió con la reforma en nivel inicial, el DOMEI. Docentes de toda la provincia en conjunto con UnTER denuncian que la normativa impulsada este año apunta a la flexibilidad de los roles y no tuvo en cuenta gran cantidad de aportes que se hicieron durante el año anterior.
En cuanto a la actualidad de la escuela técnica el ajuste no pasa desapercibido, la aulas están superpobladas, faltan herramientas y materiales para los talleres y laboratorios y las condiciones edilicias son negligentes. Uno de los casos más relevantes fue el CET nº2 de Bariloche que tuvo que dictar clases públicas en la calle para visibilizar sus reclamos.
Ante las amenazas de tiroteo, se evidenció la necesidad urgente de gabinetes de profesionales y espacios de intercambio, como horas institucionales, para trabajar la Salud mental en el aula y que no se vuelva una exigencia al docente controlar la seguridad dentro del aula (con protocolos imposibles de cumplir). En varias escuelas señalaron que el gobierno pretende que los docentes diseñen planes de evacuación de la escuela, tarea para la cual existen organismos y profesionales especializados.
En función de la reforma, UnTER realizó un encuentro provincial con docentes de escuelas técnicas de toda la provincia, el día lunes 20 en la localidad de Cinco Saltos. En dicho encuentro se denunció una serie de problemáticas que completan el cuadro de una situación insostenible:
– Para la discusión de la nueva normativa el gobierno impuso una doble jornada institucional para la escuela técnica. Lejos de lograr promover la participación, plantea una exigencia al docente con trabajo adicional no pago.
– Numerosas escuelas técnicas sostienen su funcionamiento con colectas, créditos fiscales o aportes de empresas privadas tratando de cubrir la obligación de un Estado ausente.
– Las empresas (sobre todo del sector petrolero) aumentan su influencia sobre las escuelas. La entrega de equipamiento está condicionado a capacitaciones y mantenimiento que sólo esas empresas pueden dar.
– El sindicato llama a mantener un estado de alerta para defender la autonomía pedagógica y la calidad educativa.
Quedó demostrado que con la organización de las comunidades se puede luchar por una educación de calidad, con asambleas en las escuelas y campañas de visibilización que muestren la situación real de las instituciones educativas y por qué es importante defenderlas. Tomando esta pelea en nuestras manos y en unidad con todos los sectores que vienen enfrentando los gobiernos podemos frenar los planes de ajuste.
Resulta urgente que la CTERA abandone su rol cómplice y coordine nacionalmente las luchas docentes que hoy tienen lugar no solo en Río Negro sino también en Santa Cruz, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén, Misiones, Chaco, Entre Ríos y San Juan.
La juventud le pone freno al show empresarial de Jorge Macri
Por Marilina Arias
El
gobierno porteño llevó a estudiantes al Movistar Arena para promover el
emprendedurismo y la meritocracia bajo el programa ACAP. Un mega evento
costosísimo de adoctrinamiento. La juventud lo repudió y abucheó a
oradores ligados a estafas virtuales. Crece la bronca y la organización
de lxs secus en defensa de la educación pública y su futuro.
La
postal es insólita, pero no sorprende: estudiantes secundarios de la
Ciudad de Buenos Aires, obligados a asistir en el marco de las prácticas
ACAP, son llevados en masa al Movistar Arena, donde no los espera una
jornada educativa, sino una catarata de discursos sobre inversiones
en billeteras virtuales, experiencias «libertarias» y relatos de
emprendedurismo todo con imágenes yankys en la pantalla gigante. Todo,
bajo el paraguas del gobierno de Jorge Macri y su ministra Mercedes
Miguel, que no hacen más que profundizar una política de adoctrinamiento
empresarial y meritocrático que ya venía de la mano de Soledad Acuña y
Rodríguez Larreta. Un mega evento costosísimo de adoctrinamiento
promoviendo a estafadores virtuales, mientras «no hay plata» para becas
estudiantiles, ni para una digna alimentación en las escuelas porteñas.
Las ACAP: trabajo gratuito y propaganda empresaria
Desde su implementación en abril de 2022, las ACAP (Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo) fueron denunciadas por la comunidad educativa como un dispositivo que, lejos de fortalecer la formación, transforma a los pibes y pibas en mano de obra gratuita para empresas amigas del poder. No hay ningún criterio pedagógico, las tareas muchas veces no tienen relación con las orientaciones de los estudiantes y, lo que es peor, se obliga a cursar 120 horas fuera de la escuela, sin ningún tipo de compensación ni marco regulatorio serio. El único «beneficio» es para las empresas, que acceden a incentivos fiscales y se llevan el sello de «compromiso educativo». Todo un negocio redondo para el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y las cámaras empresariales beneficiadas.
La Auditoría General de la Ciudad ya lo había dejado claro: las ACAP no son otra cosa que un modelo de tercerización educativa, funcional a la lógica del mercado y al proyecto de mercantilización de la escuela pública. El gobierno, lejos de escuchar el rechazo de docentes y estudiantes, redobla la apuesta y profundiza la avanzada privatista con estas jornadas de «inspiración» en el Movistar Arena.
El show del emprendedurismo: les pibis no se comen el verso
La jornada en cuestión no fue más que un show, donde uno de los oradores principales era conocido por haber apoyado la estafa de la firma $Libra, que generó un verdadero escándalo entre la juventud. No casualmente, fue silbado y abucheado por los propios estudiantes, que le dejaron en claro que la nueva generación no compra el verso del sálvese quien pueda ni la meritocracia como norte. Se trata de Ariel Sbdar, conocido inversionista que celebró y promovió la compra de $ LIBRA una criptomoneda que promovió el presidente de la nación Javier Milei y que resultó ser una ESTAFA conocida como rug pull, que consiste en que los creadores de la criptomoneda abandonan repentinamente el proyecto y se llevan todos los fondos invertidos por los usuarios. Entre otros de sus oradores estaba Martín Migoya referente del sector privado que ha manifestado en varias ocasiones su apoyo al rumbo económico de Milei, especialmente en lo que respecta a la flexibilización laboral y la competitividad internacional y ha celebrado públicamente leyes como la Ley Bases entendiéndola como una herramienta para que las empresas puedan crecer sin «trabas estatales».
Mientras el gobierno intenta instalar que la solución a la crisis educativa es que cada pibe aprenda a invertir en criptoactivos o a «emprender» para salvarse solo, la respuesta de la juventud es clara: nadie quiere ser mano de obra barata, ni mucho menos caer en las trampas de un sistema que sólo busca precarizar y despojar a las mayorías. Las chicas y chicos que asistieron al Movistar Arena no sólo cuestionaron la falta de contenido real y pedagógico, sino que repudiaron abiertamente las recetas de individualismo y éxito personal que les quieren vender desde arriba.
Por su parte el docente y Secretario Adjunto de Ademys, Federico Puy, rechazó la maniobra también «El jefe de gobierno Jorge Macri piensa que es un rey, es un gobierno autoritario y persigue a las comunidades educativas que piensan distinto a él, si pintas un pañuelo de las madres lo mandan a borrar como en la escuela Colombia, si denuncias el genocidio en Gaza te abre un sumario como me sucedió a mí, en vez de poner más psicólogos en las escuelas manda la policía y habla de delito, si vas con tu guardapolvo a poner el cuerpo contra los desolojos te acusa de ocupa, pero no tienen ningun prurito de regarle la juventud a estafadores libertarios, financistas y empresarios como Ariel Sbdar, un inversionista que celebró y promovió la compra de $ LIBRA de Javier Milei y que resultó una estafa. Todo eso se hizo en el marco de la ACAP con un evento en el Movistar Arena. Les muestran la bandera de Estados Unidos y la cara de Elon Musk todo el tiempo».
La juventud no se calla: organización, asambleas y defensa de la educación
El repudio no es nuevo. Las ACAP ya habían sido el detonante de tomas de escuelas, sentadas, cartas y movilizaciones en defensa de la educación pública, mejores condiciones edilicias y viandas dignas. La comunidad educativa viene denunciando que lo que buscan Macri y Miguel es instalar una visión empresarial y privatizadora, responsabilizando a los jóvenes y sus familias por la crisis, mientras desfinancian la escuela pública y precarizan la vida de docentes y estudiantes.
La juventud porteña muestra una vez más un ejemplo de organización colectiva, rechazando el adoctrinamiento meritocrático, las estafas con máscara de innovación y la precarización del futuro. Frente a los discursos del individualismo y el «emprendedurismo», la bronca se canaliza en asambleas, boicots y acciones colectivas. Porque la salida no es el sálvese quien pueda, sino la lucha y la organización desde abajo, defendiendo la educación pública y los derechos de la juventud trabajadora.
Marcha de antorchas por los salarios docentes y la educación pública en CABA
El
gremio docente Ademys convocó una movilización el viernes 17 ante el
impacto en la educación de las políticas de ajuste salvaje ejecutadas a
nivel nacional por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, y en el
ámbito porteño por su socio menor, Jorge Macri.
Así lo dijo Soledad
Mosquera, Secretaria General de Ademys: “Esta marcha de antorchas tiene
muchos reclamos. La idea es unir, precisamente, los reclamos”, explicó.
“Hay
un reclamo principal que tiene que ver con el salario docente, con el
salario de pobreza que tenemos. Hoy tuvimos mesa salarial y sigue
cristalizándose la pobreza en la docencia, obligadas a trabajar cada vez
más horas para intentar llegar a fin de mes, y aún así no llegamos. El
endeudamiento crece en la docencia, muchísimo, para pagar lo básico, la
comida”.
“Pero además”, continuó, “todos los reclamos docentes están
hoy acá presentes, están las orquestas, las que el gobierno intenta
cerrar. También hay estudiantes de secundario, vinculado a todo lo que
pasó en estos días con las pintadas y las amenazas, que es un tema que,
como sindicato, nos alerta y nos preocupa muchísimo”, apuntó Mosquera,
refiriéndose a la oleada de amenazas de tiroteos que se sucedieron en
distintos colegios de todo el país en los últimos dos días hábiles de la
semana.
“Es una situación que preocupa, pero que guarda relación con
el desfinanciamiento y el vaciamiento que está haciendo el gobierno,
precisamente, de todos los recursos que tendría que haber para atender
esta problemática, y que no los hay”, continuó Mosquera. “Nosotros, que
hoy tuvimos mesa salarial, pusimos el tema sobre la mesa y le dijimos al
gobierno la necesidad de hacer una gran jornada por escuela, donde se
escuche a los pibes, donde se escuche a las pibas, donde estén las
familias. Pero, sobre todo, tienen que poner recursos, más personal en
el gabinete, más psicólogos, más psicólogas, digamos. Esta es una
expresión de lo que es toda la crisis educativa: Este tema, que con la
pandemia se agudizó muchísimo más, la salud mental eclosionó. Y el turno
en los hospitales, es otro tema, porque no hay turno para ningún pibe,
para ninguna piba”.
El pliego de reclamos de Ademys para la marcha de antorchas incluyó:
– Por aumento de salarios y por nuestras condiciones laborales.
– Ante la crisis económica y la tremenda situación de las familias de nuestros estudiantes:
. NO A LOS RECORTES de viandas.
. Viandas y comedor de CALIDAD nutricional y universal.
. CON LA COMIDA DE LXS PIBES NO!
– En DEFENSA DE LA AUTONOMÍA del Joaquín V. González y el Alicia Moreau de Justo.
– RECHAZAMOS la reforma del ROM y el BA aprende que precariza la formación docente y recorta los contenidos.
– DEFENDEMOS el postítulo de ESI, el único gratuito de la Ciudad de Buenos Aires.
– PELEAMOS por un boleto estudiantil gratuito, universal y nacional.
– EXIGIMOS becas, presupuesto y condiciones dignas para estudiar y enseñar.
– Contra el VACIAMIENTO a los programas socioeducativos.
– Por ESTABILIDAD LABORAL y SALARIOS que alcancen.
– TITULARIZACIÓN ya en todos los programas.
– ABAJO la resolución 153/26.
– NO a la geolocalización de lxs trabajadorxs.
– NO AL VACIAMIENTO del programa de Retención Escolar de Alumnas Madres.
– NO A LA REFORMA BA Aprende.
– NO AL CIERRE de cargos: ampliación de la POF YA.
– QUE SE CUMPLA la Ley de Profesor por Cargo: las horas extra clase no son frente a curso.
– RESPETO a nuestras vidas personales: FUERA la geolocalización y la huella digital.
– NO AL TOPE DE LA HORA 38: cuanto más trabajamos, menos cobramos.
– A mayor sobrecarga horaria, mayor agobio laboral. ¡AUMENTO SALARIAL YA!
– BASTA de falsa inclusión. ¡En las escuelas y jardines HACEN FALTA más profesionales y recursos!
–
¡CONTRA EL CIERRE de grados y salas! Pareja pedagógica real, con
creación de cargos. En las escuelas NO SOBRAN MANOS para atender
niñeces.
– No es inclusión, es AJUSTE y VACIAMIENTO.
– DEROGACIÓN de la RES 860 y BA Aprende.
– CREACIÓN de cargos para inclusión y AMPLIACIÓN de los equipos interdisciplinarios.
Jorge Macri contra la ESI
Distintas
trabajadoras del programa, integrantes de un equipo interdisciplinario
que hace más de 25 años camina las secundarias porteñas. Su tarea:
garantizar que el embarazo o la paternidad no les implique exclusión
educativa.
Son quienes acompañan a los pibes y pibas en la toma de
decisiones autónomas, libres de estereotipos y violencias, y quienes
tienden puentes hacia centros de salud y hospitales en los barrios. Sin
embargo, este 2026 arrancó con un plan de ajuste que busca desarticular
uno de estos lazos. Muchas de estas trabajadoras llevan años cumpliendo
este rol fundamental para el ejercicio de la ESI.
El trabajo de las
profesionales del programa, no solo acompañan trayectorias, sino que son
la puerta de entrada a la Educación Sexual Integral (ESI) en las
comunidades más vulnerables. «Nuestra tarea consiste en generar
estrategias y condiciones institucionales para garantizar el derecho a
la educación de esta población. Esto incluye talleres de afectividad,
consentimiento y vínculos saludables, pero también acercar a los
estudiantes a servicios de salud a los que muchas veces no acceden
fácilmente».
Su rol es fundamental porque, como ellas mismas
explican, buscan ofrecer una «escucha abierta y desprejuiciada»,
entablando vínculos de confianza que no juzguen a las y los adolescentes
en sus decisiones.
Además, son quienes intentan conseguir recursos
que no están llegando a las escuelas, como preservativos, anticoncepción
hormonal de emergencia, y test de embarazo, que el Estado incumple
desfinanciando todo lo referido a la ley de salud sexual y reproductiva.
El
vaciamiento no son números en un presupuesto, tiene nombres y
consecuencias concretas. «Iniciamos el 2026 con dos compañeras menos que
debieron volver a sus cargos de base sin mediar aviso ni fundamentos»,
denuncian las trabajadoras.
El inicio de este 2026 ha sido un
escenario de guerra contra la educación pública. Las trabajadoras
denuncian un plan sistemático de vaciamiento: fuga de horas y cargos,
pérdida de horas institucionales que antes se destinaban a horas pagas
para referentes, cargos sin cubrir por licencias y jubilaciones. Quedan
muchas instituciones educativas completamente abandonadas sin
acompañamiento sistemático, lo que genera sobrecarga en el equipo y deja
a 45 escuelas sin referentes del programa.
A esto se suma la nueva
reforma BA Aprende que impide la designación de docentes referentes, lo
que rompe el acompañamiento diario en cada escuela.
Hasta hace pocos
días también el gobierno pretendió incorporar la geolocalización a las a
las trabajadoras de planta del programa mediante sus teléfonos
personales y lo hicieron en el celular de una trabajadora del programa
que es delegada gremial del sindicato UTE. Gracias a la organización del
rechazo por parte de las y los trabajadores lograron eximir esta
imposición de vigilancia y control. ¿Quién controla lo que hace el
gobierno que desfinancia y vacía la educación sexual integral que es ley
nacional y también en CABA?
El ataque se completa con resoluciones
que buscan desguazar la esencia pedagógica del programa. Las
trabajadoras alertan sobre la Resolución Nº 153-26, que permite
«instrumentar evaluaciones externas en términos puramente cuantitativos,
economicistas y eficientistas, que pueden incidir en la continuidad de
los programas e incluso contemplar la desafección de trabajadores».
Asimismo,
denuncian que fragmenta su tarea, separando la prevención de la
intervención, lo que «pone en riesgo la continuidad de nuestras acciones
y el enfoque de promoción de derechos».
Frente a esta avanzada, la
respuesta es la organización. «Nos declaramos en estado de asamblea
permanente», plantean las referentes.
Las trabajadoras del programa
se encuentran articulando con otros sectores en lucha y redes de la
comunidad para que esta denuncia llegue al gobierno de la ciudad y que
los sindicatos lo tomen en sus manos como parte de la pelea en defensa
de la ESI y las condiciones de trabajo.
Las docentes están luchando
por la creación urgente de cargos que fortalezcan los equipos
interdisciplinarios, y por una ESI con presupuesto real.
¡Basta de persecución! ¡Titularización inmediata y concurso de todos los cargos vacantes! ¡Presupuesto para educación y ESI!
La pelea de las trabajadoras del programa es la pelea de toda la comunidad educativa.
Seguí la lucha y contactate con: @trabajadorxsEMPA
Escuelas bajo amenaza
Ponemos
a disposición un dossier con diferentes notas, videos, programas de
streaming, salidas públicas y posteos realizados por docentes y
secundarios, referentes políticos, especialistas y de sindicatos
recuperados, compilado y escrito por la Corriente docente Nacional 9 de
Abril, al calor de la situación abierta en las escuelas tras la
aparición de las pintadas amenazantes en las escuelas.
Frente a las
amenazas y situaciones de violencia que atraviesan distintas escuelas
del país, los gobiernos vienen respondiendo con una orientación cada vez
más punitiva: presencia policial, sanciones, protocolos represivos,
criminalización de estudiantes y responsabilización de docentes y
familias. Mientras tanto, se profundiza el ajuste educativo, la
precarización de las condiciones de vida, la pobreza infantil y el
deterioro de los espacios de acompañamiento, socialización y
organización colectiva.
En distintas provincias, la comunidad
educativa empezó a dar respuestas por diversas demandas urgentes con
luchas provinciales muy fuertes. Estas luchas tienen como ejes el
salario docente, las condiciones de trabajo, junto con la denuncia del
ajuste a la educación y la situación crítica de las familias de la
escuela.
Lo que está en juego es cómo enfrentamos una crisis social
que golpea de lleno en las escuelas: si es con castigo, estigmatización y
mano dura a los estudiantes y docentes o con es con la autoorganización
de los propios estudiantes entendiéndolos como sujetos políticos y el
conjunto de la comunidad educativa, exigiendo presupuesto para educación
y salario, equipos interdisciplinarios, entre otras medidas.
Ponemos
a disposición este dossier con notas, entrevistas, videos y debates
producidos en distintas provincias, para profundizar una discusión
urgente: qué respuestas necesitamos y cómo organizarnos contra las
salidas punitivas de los gobiernos.
Santa Fe. La escuela como caja
de resonancia: un alumno de 15 años mató a un compañero. Un estudiante
de nivel secundario fue asesinado por un compañero en la escuela. En un
hecho que, por su crudeza y contexto, obliga a que pensemos ¿Qué
condiciones de existencia hicieron que la única respuesta posible ante
el conflicto fuera la eliminación física del semejante?
Comunidades digitales. La-gamificacion-del-odio-en-las-adolescencias-mas-alla-del-aula».laizquierdadiario.com/La-gamificacion-del-odio-en-las-adolescencias-mas-alla-del-aula«»
del odio en las adolescencias más allá del aula. Frente a comunidades
digitales que codifican el odio, profundizamos en la urgencia de
reconstruir lo común. Se trata de encontrar las grietas por donde
transformar el desencanto de una época en fuerza compartida, apostando a
la potencia colectiva frente a la pulsión de muerte que hoy asoma desde
los márgenes.
Provincia de Buenos Aires. Docentes paran el 21 de
abril contra el ajuste, por salario y presupuesto educativo. La medida
fue votada en un plenario provincial de delegados llamado por la
Multicolor, será en el marco del paro nacional de estatales de ATE y en
coordinación con las luchas docentes provinciales. Exigen la reapertura
de paritarias y presupuesto para educación. Incluyendo recursos para
salud mental y equipos de orientación escolar frente a las amenazas
virales de tiroteos en las escuelas. Rechazan la campaña de
estigmatización sobre la juventud.
Medios de comunicación. Gramática
del cinismo. ¿Quién edita el show de los pibes esposados? Los grandes
medios usan una lupa para convertir una pintada en un baño escolar en un
acto ’terrorista’, pero cierran los ojos frente a las masacres que
ocurren fuera de sus márgenes.
Jujuy. ¿Cooperación o punición?
¿Escucha o castigo? Dos salidas antagónicas para las “amenazas” en
escuelas. Esta nota se propone abrir debates y reflexiones en pos de
buscar explicaciones que vayan más allá de la superficie para analizar
desde una perspectiva pedagógica crítica las pintadas de “mañana
tiroteo”.
Pobreza infantil. Inaceptable. 6 de cada 10 niños y niñas
son pobres, pero las políticas estatales son punitivas. El 30% las
infancias y adolescencias sufren de inseguridad alimentaria, aunque
Argentina sea el tercer exportador de alimentos del mundo. Una
desigualdad sin sentido. Hay que invertir las prioridades: mejorar la
calidad de vida, en vez de criminalizar.
Chubut. Violencia en las
escuelas: la respuesta punitiva de Torres en Chubut que no escucha a la
comunidad educativa. En Trelew, Pto. Madryn, Comodoro Rivadavia y otras
ciudades de Chubut también se poblaron de los retos virales de amenazas
de tiroteo que exponen una crisis más profunda: chicos que narran la
violencia porque no encuentran otros lenguajes. Por Ariel Iglesias y
Sasha.
Retos virales. Simulacros, ajuste y el derecho a ser mirados.
Los retos virales de amenazas de tiroteo exponen una crisis más
profunda: chicos que narran la violencia porque no encuentran otros
lenguajes. Qué hay detrás del «click» que paraliza a las instituciones?
Córdoba: La
pelea de las y los docentes por salarios dignos es también la pelea por
los derechos de les estudiantes a tener una educación pública de
calidad, en escuelas que estén en condiciones. No a la criminalización
de la Juventud. Por Laura Vilches.
Mendoza. Más de 600 amenazas de
tiroteos en escuelas de todo el país. ¿Qué hay detrás?. Editorial de
Virginia Pescarmona en “La 9 en la Radio” todos los sábados de 14:30 a
15:30 hs. Radio Comunitaria Cuyum FM 89.3.
Santa Fe. convierten una
crisis social en un problema penal. El Ministerio de Educación de Santa
Fe envió una circular a las escuelas anunciando allanamientos, secuestro
de celulares y causas penales para los jóvenes que hicieron amenazas.
Ni una palabra de la aguda crisis social y la vulnerabilidad de la que
son víctimas las adolescencias.
CABA. Las medidas punitivas no son la
respuesta. Por la autoorganización de la juventud y la pelea por su
futuro. Por Corriente Nacional 9 de Abril Docentes.
Adoctrinadxs. Escuelas
bajo amenaza, H y crisis social: ¿cómo nos organizamos? En este nuevo
episodio de Adoctrinadxs nos planteamos un intercambio necesario sobre
la situación en las escuelas ante las amenazas de tiroteos, los retos
virales en redes, el avance del punitivismo, la crisis social y las
formas de organización.
Legislatura de la Ciudad:
D’Atri: “Sólo responden con represión mientras falta salud mental en las escuelas”
Federico Puy cruzó el enfoque punitivo: “No es con castigo, es con pedagogía”
Estudiantes
en alerta: “La respuesta fue mandar policía a las escuelas” por Mateo
Pereyra, estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Caba. Estudiantes,
familias y docentes rechazan la presencia policial como respuesta a la
crisis social. En medio de una creciente preocupación por amenazas en
instituciones educativas, el Gobierno de la Ciudad volvió a apostar por
una respuesta que genera amplio rechazo: el ingreso de fuerzas
policiales a las escuelas.
C5N. “Estamos hablando de infancias en
situación crítica”, señaló, y exigió mayor presupuesto, salud mental en
las escuelas y el freno al ajuste educativo.
Conflictos en otras provincias
En
Tierra del Fuego sigue el conflicto, tras la propuesta de aumento de 1%
del gobernador Melella. El gremio SUTEF anunció una nueva jornada
provincial de desobligaciones y movilización para el lunes 27 de abril,
como continuidad del conflicto salarial y de financiamiento educativo.
En Río Grande hubo una concentración frente al Ministerio de Educación.
Con
distintas agendas, siguen abiertos los conflictos en Río Negro,
Misiones, Santa Cruz, Entre Ríos y San Juan. En Córdoba, el gobierno de
Llaryola y la burocracia Celeste cerraron la paritaria con represión y
fraude.
El derecho a la educación, en riesgo
Por Patricio Cabezas *, Eva Da Porta ** y Marcela Browne ***
El
sistema educativo argentino atraviesa una de las crisis más profundas
de su historia. Lo que hoy se reclama en universidades, escuelas y
hogares no es una cifra técnica ni una simple partida presupuestaria,
sino la vigencia de la educación como derecho humano fundamental. Detrás
de cada decisión sobre cómo el Estado distribuye sus recursos se define
quién accede a la educación, qué formación recibe y en qué condiciones
la transita.
El retroceso es evidente. El desfinanciamiento sostenido
y los recortes presupuestarios de los últimos años impactaron de lleno
en todo el sistema. Un hito especialmente alarmante es el proyecto de
Presupuesto 2026, que propone suspender el artículo 9 de la Ley de
Educación Nacional (26.206), que fija una inversión mínima del 6% del
PBI. Al eliminar ese piso legal, el Estado nacional renuncia a su papel
de garante. A esto se suma la desfinanciación de la Ley de Educación
Técnico Profesional (26.058), un fondo clave para el equipamiento de
talleres y la actualización tecnológica de la educación secundaria y
superior no universitaria. Según el informe de cumplimiento de metas
educativas de Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
(CADE-2025), en 2024 la inversión educativa cayó al 4% del PBI, el valor
más bajo de los últimos veinte años: un 0,75% aportado por la Nación y
un 3,25% por las provincias.
La situación de las universidades
nacionales y del sistema científico también es crítica. El Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) declaró en marzo la emergencia
salarial y presupuestaria. Según ese organismo, las transferencias a
universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y
2026. A esto se suma el recorte de las Becas Progresar, fundamentales
para acompañar las trayectorias estudiantiles: su presupuesto cayó un
82% en términos nominales entre 2025 y 2026 y el gasto real quedó un 95%
por debajo de 2023. El debilitamiento de programas de apoyo a los
estudios superiores agrava aún más la situación estudiantil, mientras
que el campo científico ve comprometido su presente y su futuro por el
congelamiento de la investigación, el deterioro del equipamiento y la
falta de inversión en infraestructura.
La calidad educativa no puede
sostenerse sobre la precariedad de quienes enseñan. Los salarios
docentes se deterioran de manera alarmante. La Ctera advierte que
discutir las condiciones de trabajo, incluido el salario, es
indispensable para pensar una educación de calidad. Los ingresos reales
docentes cayeron cerca de un 32% y se ubican entre los más bajos de los
últimos treinta años. Con un salario mínimo docente congelado en $
500.000 frente a una canasta básica cercana a $ 1.500.000, la pregunta
es cuántos cargos o turnos debe asumir un docente para sostener su
hogar, y en qué condiciones físicas y mentales puede garantizar la
enseñanza. En el ámbito universitario, la situación también es grave:
más del 85% de sus docentes está por debajo de la línea de pobreza.
Hablar
de financiamiento es hablar de la fuente de los recursos y del tipo de
sociedad que se quiere construir. El vínculo entre financiamiento y
justicia social es esencial: en una democracia, quienes más tienen deben
contribuir proporcionalmente para que nadie quede afuera. La justicia
social se vuelve concreta cuando el Estado garantiza que el código
postal no determine el destino educativo de un estudiante.
Un ejemplo
de ese principio fue el Aporte Solidario y Extraordinario (Ley 27.605).
Según datos de la AFIP, el 20% de ese tributo a las grandes fortunas se
destinó a educación y permitió sostener políticas como las Becas
Progresar, que llegaron a más de un millón de jóvenes. En sentido
contrario, la eliminación del Fonid y el recorte de transferencias
nacionales en 2024 –que, según CADE, obligó a 21 de las 24 provincias a
reducir su gasto educativo real– quebraron ese principio básico de
solidaridad.
Aun en este contexto hay esperanza en los equipos
docentes que siguen construyendo aprendizajes significativos en
condiciones adversas. Pero el esfuerzo individual no alcanza: sin
equipamiento, infraestructura y políticas sostenidas no hay garantía
efectiva del derecho a la educación.
Lo que está en juego no es una
línea del presupuesto, sino la educación como piso común de un pacto
social. Cuando el Estado retira financiamiento, decide a quién cuida y a
quién abandona. Permitir que ese piso se degrade significa consolidar
desigualdades y excluir, sobre todo, a quienes menos recursos tienen
para resistir. Invertir en educación es apostar por el desarrollo de
cada persona, de cada comunidad y del país.
*CePaDeHu
**Univ. Córdoba/CADE.
*** Fundación SES /CADE
A dónde vamos no hay becas, ni compus, ni edificios
El Programa
de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) es la principal
política nacional de becas educativas. Desde su creación en 2014
atravesó distintas gestiones hasta convertirse en ley en 2023. Está
dirigido a jóvenes de 16 a 30 años que viven en hogares de bajos
ingresos y cursan estudios secundarios, superiores o de formación
profesional.
En 2015, la beca llegó a representar el 25 % de la
Canasta Básica Total para un adulto. Hoy, sus destinatarios perciben
entre 28.000 y 35.000 pesos, lo que equivale a casi la cuarta parte de
su valor real en los inicios del programa y un 39 % de pérdida de poder
adquisitivo en lo que va de la administración libertaria.
Pero eso no
es todo. Si en el último año de la gestión de Alberto Fernández el
Progresar alcanzó a 1,8 millones de destinatarios, en 2024, La Libertad
Avanza redujo en casi medio millón la cantidad de becarios. Y al
finalizar este año, serán un millón los jóvenes que habrán dejado de
recibir este apoyo. A su vez, la inversión en otras becas
socioeducativas y de posgrado se redujo a la cuarta parte de lo
invertido en 2023: de 618 a 156 mil millones de pesos.
A este cuadro
se suma que, en sintonía con la decisión del gobierno nacional de frenar
todas las obras en ejecución y desfinanciar la obra pública: el
presupuesto destinado a la construcción o el mejoramiento de edificios
escolares tuvo un recorte del 89%. Y la inversión en jardines de
infantes es la quinta parte de la realizada en 2023. Los jardines son
uno de los elementos de infraestructura escolar más paradigmáticos,
porque fueron la excusa del macrismo para dar de baja Fútbol para Todos.
Hoy no hay ni jardines ni fútbol ni escuelas.
El equipamiento
tecnológico también brilla por su ausencia. El Conectar Igualdad fue una
política de inclusión digital pionera en la región que dotó de
computadoras a los estudiantes secundarios de todas las escuelas
públicas del país. Mientras que en 2023 se repartieron 415 mil
dispositivos, en los años siguientes no se entregó ninguno. La
definición se da en un contexto donde 4 de cada 10 hogares argentinos no
tiene acceso a una computadora.
“Va a ser muy dificultoso para
todos esos jóvenes transitar un presente y un futuro superador. Detrás
de los números hay un sistema educativo que requiere de un Estado
Nacional que en algunos casos acompañe a las provincias, en otros que
promueva políticas, pero bajo ninguna circunstancia que se retire«,
analiza la legisladora porteña Maru Bielli, una de las impulsoras de
Imaginar y Transformar.
Y acota: «Es tanto lo que le falta a la
educación en nuestro país que lo cruento del derrumbe brutal de todas
líneas presupuestarias hace pensar que su recuperación va a ser cada vez
más difícil y que esto afecta a generaciones de niños y jóvenes,
incluso más a quienes viven en las provincias con peores condiciones”.
Educación, trabajo y formación docente
El
primer verano mileista concluyó con la eliminación del FONID, lo que
profundizó el derrumbe salarial docente ocasionado por la crisis
económica. Los ingresos de maestras y profesores están en un piso
histórico, incluso peor que hace 20 años, antes de la sanción de la Ley
Nacional de Financiamiento Educativo.
El FONID, instituido en 1998
como respuesta a la histórica manifestación de la Carpa Blanca, era un
aporte del Estado nacional para mejorar los salarios docentes de todo el
suelo argentino. Alcanzaba a casi 1,2 millones de trabajadores de
distintos niveles educativos y representaba una proporción mayor en
aquellas provincias con menor capacidad económica.
Según la
jurisdicción y el año, podía equivaler entre el 5 y el 15 % del salario
bruto. Tanto su eliminación como la desactivación del Fondo Nacional de
Compensación Salarial no hace más que profundizar desigualdades
territoriales.
“El gobierno de Milei se escuda en un falso
federalismo para señalar la exclusiva responsabilidad de las provincias
en las cuestiones salariales docentes rompiendo un consenso que tenía un
cuarto de siglo en nuestro país”, sostienen desde IyT.
Y amplían:
“Esta deserción, sumada a la recesión económica que sus políticas han
inducido y a la retracción fiscal de los recursos que reciben las
provincias, redunda en un retroceso en los ingresos laborales que, no
sólo ha deteriorado las condiciones de enseñanza, sino que también está
potenciando el abandono del sistema educativo por un sector creciente de
la docencia”.
El futuro ‘libertario’ no promete ni buenos salarios
ni capacitación para los encargados de educar a las nuevas generaciones.
El presupuesto vigente para la formación docente ronda los 10 mil
millones de pesos, lo que equivale al 0,2% del total de la Secretaría de
Educación, una participación cinco veces menor a la que esta partida
tuvo en promedio durante la última década. Además, la formación docente
perdió casi el 68 por ciento de sus recursos en términos reales.
Pan y circo
El Plan
Nacional de Alfabetización fue uno de los pocos anuncios educativos del
oficialismo. Su objetivo, según afirmaron, es mejorar el aprendizaje de
la lectura y la escritura en los primeros años de la Educación Básica.
Sin embargo, más que una política nacional, se trata de 24 planes
jurisdiccionales con diversos grados de implementación. A su vez, su
principal actividad presupuestaria es una medida que se puso en marcha
en 2022 para incorporar una hora más de clase diaria en las escuelas
primarias, como indica el artículo N°28 de la Ley de Educación Nacional.
Una
campaña de alfabetización sin libros parece destinada al fracaso. En
2024, por primera vez en 20 años, el gobierno nacional interrumpió la
adquisición y asignación de ejemplares educativos a docentes y
estudiantes de todo el país como apoyo para las actividades de
enseñanza. Después de los reclamos, en el primer semestre de este año se
avanzó con la compra de 8,6 millones de libros que comenzaron a
enviarse a las provincias con el ciclo lectivo avanzado: la mitad de los
16 millones entregados en 2023.
En cambio, sí hubo dinero para
los vouchers educativos. Un informe de septiembre del año pasado de la
Jefatura de Gabinete indicó que se otorgó este beneficio a 833.000
estudiantes por un monto mensual promedio de 14.000 pesos. La cifra
representa un tercio de los 2,4 millones de alumnos y alumnas de
escuelas privadas.
“El voucher educativo puede ser entendido como la
forma que encontró el gobierno nacional de postergar los efectos más
negativos que el brutal ajuste económico está teniendo en un extendido
segmento de las clases medias pero, al mismo tiempo, es la expresión de
la eliminación extrema del Estado en la educación”, explica el escrito
de LyT.
De acuerdo con el informe, no se trata de un gobierno que
haya reducido el financiamiento –como hizo el ex presidente Mauricio
Macri– sino que su estrategia parece avanzar hacia la eliminación de
toda contribución financiera del Estado nacional a la educación: “Una
clara expresión de la alianza entre el gobierno paleolibertario,
sectores religiosos ultraconservadores y los promotores del
denominado homeschooling”.
Estudiantes secundarios crearon la primera marca de memoria en Coronel Suárez
Tuvieron
que pasar 50 años del golpe de Estado para que Coronel Suárez tenga por
primera vez un lugar de memoria, una marca que nombre a los 17 vecinos y
vecinas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. El monumento fue
inaugurado en el acto local por el 24 de marzo con la presencia del
intendente Ricardo Moccero, funcionarios municipales, concejales, y
estudiantes y docentes de la secundaria N° 4 que, en el marco de una
investigación de Jóvenes y Memoria, promovieron la señalización en la
localidad.
Las profesoras y sus alumnos se sienten realizados luego
de concretar su proyecto. En el marco del programa Jóvenes y Memoria el
martes 24 inauguraron un monumento con los nombres de los desaparecidos
de la localidad de Coronel Suárez. “Hoy algunos sectores relativizan lo
que pasó, no es por ignorancia, eso es peligroso porque cuando se borra
la memoria se habilita a que se repita. La memoria no es pasado para
defender el presente”, dijo Donna Rossetti, una de las estudiantes que
participó del proyecto en 2023. Sobre el verde césped al costado de las
vías, también estuvieron Ignacio Funes Haidt y Benjamín Loustaneu,
actuales alumnos de la escuela secundaria 4 de esa localidad. El
concejal Miguel Desch felicitó a los protagonistas y a sus maestras por
los 20 años del programa Jóvenes y Memoria.
“Un día como hoy nos
insta a unirnos para trabajar juntos, por la justicia, la libertad, para
que en Argentina digamos violencia nunca más”, expresó el consejero
escolar Alberto Guede. “La idea surgió para reclamar que el acto del 24
de marzo también se realice en Coronel Suárez, porque acá también
pasaron cosas, y surge la propuesta por parte de los chicos de que se
haga un monumento en reconocimiento a los asesinados de la Triple A y a
las víctimas de terrorismo de Estado, también desaparecidas y asesinadas
durante la dictadura militar”, dijo la profesora Mariana Chapay.
Ella
fue quien guió al grupo de estudiantes junto a su compañera, Valeria
Sieben, en este programa de la CPM del que participan desde 2008,
solamente con una interrupción en la pandemia. En 2023 fueron invitadas a
una charla en el Instituto 160, que pertenece a la misma unidad
académica Julio Lovecchio junto a la secundaria 4. “Contamos cómo
trabajamos en Jóvenes y Memoria, cómo realizamos las investigaciones y
en otra charla que brindaban fiscales de Bahía Blanca trajeron un
documento con los desaparecidos y asesinados por la Triple A y la
dictadura militar oriundos de Coronel Suárez. En ese momento nos dimos
cuenta que la idea que teníamos sobre la cantidad de desaparecidos del
distrito de Huangelén y de Coronel Suárez en realidad ni se asemejaba al
número que manejaban ellos”, explicó Chapay. Fue así que pasaron de
seis a 17 personas. Por otra parte, el 24 de marzo siempre se conmemora
en Huanguelén porque allí fue asesinado Rodolfo Celso Ginni por la
Triple A, y también había casos de desapariciones y de personas
detenidas durante la dictadura que habían pasado por los centros
clandestinos de detención.
“Era como que en el discurso social todo
había pasado en Huangelén y como que en Suárez nunca había pasado nada.
Bueno, ¿cómo podríamos dar vuelta ese discurso? Era mostrando, en cierta
medida, lo que había pasado”, dijo Chapay. Así, junto a sus estudiantes
realizaron un video que muestra que en Coronel Suárez se conmemora a
los héroes de Malvinas, a las madres, incluso hay un monumento al perro,
a Evita, a San Martín, a Belgrano, a Isidoro Suárez, que tiene que ver
con el nombre de la cabecera, a la bandera, a la diversidad, pero no
había nada sobre las víctimas del terrorismo de Estado. “La hipótesis
sobre esta ausencia fue que Suárez es una ciudad muy conservadora, así
que nos parecía importante hacer la petición de un monumento que
reconociera a las víctimas”, apuntó la profesora.
Tras la
presentación del video en el encuentro de Chapadmalal en 2023 tuvieron
que insistir mucho las profesoras y les pibes. “Creo que con el
compromiso de los chicos y con el compromiso que nosotros asumimos como
docentes en seguir insistiendo y que en algún momento nos tenían que
decir que sí, que ese monumento se iba a hacer”, relató la docente. Y
agregó: “Nos emocionamos mucho en la inauguración, tiene que ver con
cómo nos sentimos al hacer memoria, fue como un montón de trabajo, y
conmemora también un poco a todas las personas que nos brindaron sus
historias a través de todos estos años para hacer posible los proyectos
de Jóvenes y Memoria.
“El lunes al salir de una radio donde contamos
sobre el monumento, un hombre desde una camioneta preguntó quién era
Chapay, me acerqué y esa persona me dijo ‘mañana también hablen de los
conscriptos que cayeron por los subversivos, porque la memoria tiene que
ser completa’, me quedé helada, no estamos acostumbradas en una ciudad
chica que pase esto salvo en las redes sociales”, relató Chapay. Ella
intentó explicarle a esta persona sobre las pruebas y la investigación
hecha para llegar al monumento, que dijo que iría al acto. Finalmente no
apareció, pero de manera preventiva mencionó el episodio al jefe de
Gabinete y al de Seguridad del distrito, que buscarán las imágenes en
las cámaras de la calle.
“Creo que esto tiene que ver con el gobierno
que tenemos, donde se le da legitimidad al discurso negacionista, y no
pasa solamente en las grandes ciudades sino también en las chicas como
ésta, que tiene 40.000 habitantes”, resumió Chapay.
Fuentes: La Izquierda Diario, El Deslome Web, Agencia Farco, Publicación Abierta, Perfil, Agencia Andar/CPM
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