Fracasó la sesión especial para tratar la ley que regula a los agrocombustibles. Disputas entre sectores políticos y provinciales. Petroleras y el agronegocio buscan imponer sus intereses para lograr mayor rentabilidad. Lejos de ser una “energía limpia” (como se la publicita), tiene enormes impactos sociales y ambientales.
Quedan menos de cuatro semanas para el vencimiento de la Ley Nacional de Biocombustibles (26.093) que regula el mercado interno de biodiesel y bioetanol. La sesión especial convocada por la oposición para el día el jueves 25 no logró el quórumpara poder votar la prórroga por otros cuatro años. Disputas internas del sector del agronegocio y proyectos paralelos amenazan las garantías de rentabilidad de esta etapa de la cadena del sector agroindustrial. En supuesta defensa de la “bioeconomía”, el desarrollo sustentable y la lucha contra el cambio climático, las presiones del agronegocio entraron en acción en medios y pasillos del congreso. Los agrocombustibles se vuelven a alzar como la salvación, pero en la práctica retrasan la soberanía alimentaria y sostienen un modelo de desarrollo basado en exportación de monocultivos.
La Ley 26.093 regula desde 2006 a los combustibles obtenidos a partir de aceites vegetales, que son usados para reemplazar parcialmente petróleo y gas en el transporte nacional. En diciembre del 2020 la Cámara de Senadores votó con unanimidad su prórroga para postergar su vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2024. Su tratamiento en Diputados había sido pactado para el 20 de enero, pero recién el jueves 25 de marzo, en una sesión especial convocada desde Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, llegó a la Cámara Baja.
Para llegar al quórum se precisaban 129 legisladores, pero sólo 114 estaban al momento de la sesión. La unidad de los bloques partidarios no fue suficiente para superar las diferencias regionales en los intereses de las provincias. Esta falta de consenso es síntoma de la puja que atraviesan los agrocombustibles con el sector petrolero.
Las internas responden a dos grandes factores: banderas políticas provinciales y especialización regional de sectores extractivos.
A sabiendas de lo complicado que sería generar el consenso para una nueva ley que provea un marco jurídico en menos de cinco semanas, el objetivo de la oposición era mantener el régimen actual hasta poder lograr una eventual ley que beneficiara más al sector.
En la actualidad, el diez por ciento del gasoil vendido para transporte en todo el territorio nacional debe estar compuesto por biodiesel proveniente de la soja. Esta cifra asciende al 12 por ciento para la nafta, cuya proporción debe provenir maíz o, en menor medida, caña de azúcar.
Estos agrocombustibles son referidos por la industria como “biocombustibles”, para proyectar una falsa noción de promoción de la vida.
Pero en nuestro país su producción se concentra en 54 plantas que forman parte de la cadena de valor del agronegocio. La concentración más fuerte está en las provincias de Córdoba y Santa Fe, de mayor participación histórica, pero también hay empresas en Tucumán, Salta, Jujuy y San Luis.
El 9 de febrero, Alberto Fernández, en reunión con empresarios del sector azucarero tucumano, había prometido continuar el régimen vigente. Pero la aparición en los últimos días de un proyecto paralelo redactado por Máximo Kirchner cambió las reglas del juego. Ante la aparición de un proyecto propio, el oficialismo cambió de rumbo y los y las 120 diputados y diputadas del Frente de Todos no dieron quórumde la prórroga del proyecto que su mismo partido había votado unánimemente en el Senado.
El proyecto de Máximo Krichner aún no ha sido publicado, pero desde el oficialismo se declaró que favorecería a las Pymes del sector y que bajaría el corte entre cinco y siete por ciento.
Se espera que el oficialismo avance en el tratamiento de este proyecto paralelo para lograr aprobarlo antes del vencimiento del régimen actual. En un año electoral, dejar vencer dicho régimen sin ofrecer una opción superadora podría añadir una gran piedra en la intención del Frente de Todos de no confrontar directamente con el sector agropecuario industrial. Para esto, deberá lograr consenso y alianzas con legisladores de la oposición que responden a intereses productivos industriales de sus provincias, incluso por encima de sus lealtades partidarias.
La unanimidad que hace pocos años se mantenía en la alianza interprovincial conocida como “liga bioenergética” hoy está desdibujada. Es en ese marco que parece poco probable que el consenso para un nuevo marco regulatorio pueda lograrse, con la añadida presencia de ser un año electoral.
Mientras el NOA se especializa en bioetanol de azúcar, Córdoba produce principalmente bioetanol de maíz.
Así chocan voces como la de Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, que no dudó en acusar a las petroleras de boicotear al sector y que reclaman aumentos en el corte y sendas de precios que puedan dar “previsibilidad” al sector de agrocombustibles. Por otro lado, la senadora Silvia Elías de Pérez de la UCR-Tucumán hizo también lo propio para defender a la industria azucarera, la cual ya está beneficiada con un corte para el etanol del 12 por ciento, con un dos por ciento exclusivamente destinado a ser cubierto por ingenios azucareros. Este corte fue instaurado por la alianza Cambiemos en el marco del llamado Plan Belgrano, realizado luego de movilizaciones por el posible cierre de los ingenios azucareros durante 2017 y 2018.
Desde Córdoba, resienten el supuesto favoritismo hacia la caña de azúcar, y adjudican el rechazo al maíz como preferencias partidarias hacia el gobernador Manzur (al igual que la promesa de rentabilidad del presidente realizada en Tucumán).
Así, mientras medios de comunicación y legisladores hablan de “provincias petroleras vs. provincias sojeras”, al mismo tiempo implica una invisibilización de las relaciones de poder: sería más cercano hablar de legisladores que responden a las élites del sector petrolero contra legisladores que responden a intereses del sector agroindustrial.
El principal punto en común en el reclamo del sector de agrocombustibles es el de certeza, la “necesidad de previsibilidad”. Esto responde simplemente a la condición inevitable para la inversión privada que el sector exige: renta extraordinaria. Y como el mercado del agronegocio se maneja con logísticas internacionales, el riesgo sobre las inversiones también es de magnitud global. Estos riesgos para las inversiones privadas dependen de factores tan complejos como el clima cambiante, el volumen de las cosechas o la capacidad de producción de otros países. Incluso entra en juego la demanda europea de combustibles que reduzcan sus emisiones de carbono, aunque esto signifique la expansión de la frontera del monocultivo sojero en países del sur geopolítico.
La financiarización en el uso de la tierra y los cultivos es promovido como una intervención tecnológica beneficiosa, presentada como agregado de valor y promocionada como motor del desarrollo, solución al cambio climático e incluso a la crisis del petróleo, pero en la práctica resulta ser parte del problema. Es parte de mecanismos que obstaculizan el avance en proyectos y horizontes que avancen hacia la soberanía alimentaria y territorial de la población. En un país que sigue sufriendo el hambre y la malnutrición, es necesario progresivamente desmercantilizar el sector agropecuario y fortalecer redes de agricultura familiar y agroecológica que provean de alimento saludable y trabajo real a una mayor porción de la población. En términos energéticos, la reducción en la demanda de energía de los cultivos agroecológicos, en comparación con la energía fósil utilizada por el agronegocio presenta una alternativa más justa, resiliente y sustentable que la de los agrocombustibles.