«Los cobardes ataques de intolerantes cuyo único argumento está en sus armas, y la humillante degradación laboral impuesta por la mayor parte de propietarios de medios, han creado una tenaza que, lentamente, estrangula la libertad de prensa y, por lo tanto, entierra el derecho ciudadano a estar informado», dijo Eduardo Márquez G., director de Ceso-FIP, […]
«Los cobardes ataques de intolerantes cuyo único argumento está en sus armas, y la humillante degradación laboral impuesta por la mayor parte de propietarios de medios, han creado una tenaza que, lentamente, estrangula la libertad de prensa y, por lo tanto, entierra el derecho ciudadano a estar informado», dijo Eduardo Márquez G., director de Ceso-FIP, en el marco de la «Semana del periodista», realizada para conmemorar los 10 años de la Corporación de Periodistas y Comunicadores de Santander, CPS.
» Por lo tanto, y con excepción del esfuerzo de 14 organizaciones regionales por crear una federación nacional, es muy poco lo que tenemos para celebrar los reporteros colombianos, este 9 de febrero, día nacional del periodista», concluyó.
Tres días atrás, en la caribeña ciudad de Montería, al nor occidente del país, dos sicarios atacaron con armas de fuego al locutor y periodista radial Gustavo Rojas Gabalo, dejándolo en estado de coma. Al otro día, en la misma ciudad, cercana a la zona de negociaciones del gobierno nacional con los grupos paramilitares de extrema derecha, el periodista y escritor Antonio Rafael Sánchez, autor de tres libros sobre el conflicto armado, tuvo que huir por amenazas de muerte en su contra, iniciadas en diciembre pasado. Mensajes intimidantes le empezaron a llegar, junto a dos periodistas más del diario El Tiempo, luego de una investigación sobre corrupción en el departamento
Con Rojas y Sánchez, en solo un mes, han sido nueve los periodistas objeto de amenazas proferidas o ejecutada por extremistas de todo tipo: el 6 de enero, Antonio Colmenares, veterano reportero de la emisora La Poderosa de Pitalito, Huila, al sur de Colombia, fue amenazado por un particular mencionado en un boletín de prensa del Ejercito y cuyo nombre fue leído por el periodista el día anterior. Tres meses atrás, otro reportero de la misma emisora, se vio obligado a abandonar la ciudad, luego que hombres armados le dieran unas horas «para desaparecer» o de lo contrario lo asesinarían. En uno y otro caso, Ceso-FIP, en coordinación con la Fundación para la libertad de prensa, prestaron solidaridad a los colegas.
El 14 de enero, grupos paramilitares amenazaron a una reportera del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, Santander, tras la publicación de una serie de reportajes sobre esos grupos armados ilegales. La periodista huyó de la ciudad para proteger su vida, sin embargo las amenazas continúan a través de su teléfono móvil. Todas las organizaciones de libertad de prensa están pendientes de este caso.
Seis días mas tarde, el 20 de enero, el periodista Diro César González y su esposa, Tatiana Sánchez, cerraron las puertas del semanario «La Tarde», donde trabajaban, y abandonaron el puerto petrolero de Barrancabermeja, tras recibir varias amenazas y ver sus nombres en una llamada «lista negra» de periodistas, hecha por paramilitares. Todo se precipitó el 17, cuando dos sujetos armados llegaron hasta la casa de los periodistas y Tatiana, desde una ventana, reconoció a uno de ellos, como el sospechoso de un asesinato y cuya fotografía había sido publicada en el periódico.
Finalmente, el 1 de febrero, Olga Cecilia Vega, periodista independiente que ejecutaba un contrato de comunicación con una entidad gubernamental, fue desplazada de Florencia, capital del amazónico departamento de Caquetá, por amenazas que -al parecer- tienen que con una entrevista para televisión hecha meses atrás a un comandante de las extremo izquierdistas FARC. Colegas de Vega, habían advertido a Ceso-FIP, a comienzos de enero, como unos sujetos que ella identificó como miembros de organismos de inteligencia del Estado, la había amenazado en la población de Neiva, en diciembre pasado, calificándola de «guerrillera y narcotraficante».
«El panorama para el ejercicio del periodismo es el menos propicio para la democracia colombiana», dijo Márquez. «Si a las amenazas de los asesinos de todas las layas, le sumamos las amenazas de despido si no cambian sus contratos de salario por contratos de «proveedores», hechas por capataces de los dueños de los medios más importantes -como sucede en las grandes ciudades, particularmente en Bogotá-, podemos comprender el dramático deterioro de la calidad de la información: los periodistas ya no narran a profundidad historias sobre corrupción, narcotráfico o la guerra, para evitar una bala; y agachan la cabeza ante el dueño del medio o se convierten en vendedores de publicidad, para evitar el hambre a sus familias».