A Armando Jaime In memoriam En el marco de la visita presidencial a la provincia de Jujuy el viernes pasado, el presidente Mauricio Macri llegó a la histórica ciudad de Humahuaca y fue recibido con abucheos de la población. Previo a su llegada comunidades aborígenes se pronunciaron contra lo que fue uno de los […]
In memoriam
En el marco de la visita presidencial a la provincia de Jujuy el viernes pasado, el presidente Mauricio Macri llegó a la histórica ciudad de Humahuaca y fue recibido con abucheos de la población.
Previo a su llegada comunidades aborígenes se pronunciaron contra lo que fue uno de los mayores actos de negacionismo histórico por parte del primer mandatario en su gira por Europa donde había afirmado que todos los argentinos «éramos descendientes de europeos».
Un grupo de integrantes de organizaciones y comunidades originarias se lo hicieron saber bajo la consigna, «los omaguaca somos descendientes indígenas».
La imagen de la visita de Macri a Humahuaca muestra una gran diferencia de aquel 2015 cuando el presidente cerró su campaña presidencial antes del ballotage o el festejo de carnaval en 2017, con un festival de promesas, música y algarabía con globos amarillos, papel picado y talco.
En el inicio de 2018 ante su llegada, un nutrido grupo de habitantes le hizo sentir a la comitiva presidencial que estaba acompañada por funcionarios provinciales, incluido el gobernador Gerardo Morales, su descontento con las políticas implementadas a lo largo de esta primera mitad de mandato donde vieron atacadas sus condiciones de vida y los más elementales derechos democráticos, en especial la persecución y hostigamiento con las fuerzas represivas sobre los pueblos originarios que envalentonaron a los terratenientes luego de la muerte de Santiago Maldonado y el joven mapuche Rafael Nahuel.
Las consultoras habían detectado la semana anterior una nueva caída en la imagen del gobierno. La causa es el achicamiento del bolsillo, explicó el encuestador Ricardo Rouvier. En tanto, para la Universidad de San Andrés, la votación de la rebaja de los haberes jubilatorios y el caso del ministro Jorge Triaca fueron la razón del tobogán en la imagen presidencial.
Según Rouvier, en enero se profundizó la tendencia que había comenzado en diciembre, cuando por primera vez la imagen negativa del Presidente superó la positiva. Según un relevamiento de 1.200 casos realizado entre el 13 y el 22 de enero, la imagen negativa (52,4%) superó a la positiva (44,6%).
Por su parte, la Universidad de San Andrés relevó que la opinión positiva de Macri cayó 14 puntos en solo dos meses.
El Gobierno intentó contrarrestar la situación cargando de expectativas la agenda internacional y mediante un decreto «cosmético» al regreso de Europa, a raíz del cual decidió congelar los salarios del Poder Ejecutivo, generando un ahorro de $ 1.500 millones (el 1,5% de lo conculcado a las jubilaciones y prestaciones sociales mediante la reforma previsional). Al mismo tiempo que forzará la salida del Estado nacional de alrededor de 40 familiares de funcionarios como resultado de las polémicas que estallaron en torno al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. De hecho, el martes renunciaron dos hermanas del titular de la cartera laboral que ocupaban distintos cargos oficiales.
París, una ciudad con sombras
El 25 de enero, David de Rothschild ofició de anfitrión en un encuentro entre Mauricio Macri y los CEOs de algunas de las multinacionales más influyentes del planeta. Del almuerzo participó, entre otros, Laurent Dassault, fabricante de aviones de combate, quien pudo verificar lo que significa la frase presidencial «nosotros vamos a cortar el pasto, ustedes hagan los goles»: el Estado nacional pagará 12,5 millones de euros para adquirir cinco cazabombarderos Dassault-Breguet Super Étendard. Por cierto, las aeronaves son material de rezago de la Fuerza Aérea francesa.
Allí en Francia, la comitiva argentina se desayunó que la Comisión Europea, que supervisa la política comercial, comenzará una investigación para saber si los productores argentinos que exportan biodiesel hacia la UE son beneficiados con «subsidios injustos».
Mientras en Bruselas, la Federación Belga de Granjeros paseaba una larga fila de tractores, para hacer oír que aceptar las cuotas de carne que reclama el Mercosur «sería la muerte para el sector europeo porque ya actualmente el coste de producción es demasiado alto en comparación con el precio de venta. Importar cantidades adicionales de carne solo reforzará este problema». Bélgica se suma así a las trabas que estaban poniendo Francia, Irlanda y Polonia al acuerdo Mercosur-UE.
Ya lo había anticipado el presidente francés Emmanuel Macron antes de la llegada de Macri a París. Francia, dijo, no puede avalar un tratado que favorezca el ingreso de alimentos sudamericanos en desmedro de su propia producción.
Hubo declaraciones amables, apoyos para el ingreso a la OCDE y salutaciones al G20, pero nada sobre el tema principal, a pesar del ofrecimiento de destrabar el caso Aguas Argentinas y la compra de dos patrulleros oceánicos. No alcanzó.
«Es un absurdo que los usuarios sean los financistas de las empresas»
Declaró Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. No obstante, el número de interrupciones en el servicio de luz subió un 28 % en diciembre en relación al mismo mes de 2016, en Buenos Aires y en el conurbano. En 2017, hubo 91.576 hogares «promedio» alcanzados por cortes de luz. En 2016 fueron 71.368, según datos que posee el ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, a pesar que no fueron computadas dos tormentas que dejaron miles de usuarios sin servicio, ya que se los considera «eventos de fuerza mayor». Tampoco una falla en la central térmica de Dock Sud, que afectó a clientes de Edesur.
Sin embargo, ese mes las tarifas de luz subieron un 41 % y en febrero será del 18 %. Casi un 70 % acumulado y desde diciembre de 2015 un 1.400 % en promedio.
El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) elaboró un revelador informe, en base a datos provistos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicados por La Nación. No hubo inversiones de envergadura que permitan disminuir las cantidad de afectados por la interrupción del servicio y que «se jugaron a que la menor demanda redujera sensiblemente los cortes de luz, amortiguando los efectos de las altas temperaturas previstas para esta época del año». La apuesta fue fallida, a pesar que el último diciembre fue un poco menos caluroso que el anterior.
Lo que sucede es que el aumento de tarifas es para brindar principalmente un margen de ganancia a las operadoras, y luego tratar de brindar un servicio público a la población. Para las empresas no es rentable destinar millones de dólares en ampliar la capacidad de transporte (cables) y estaciones transformadoras para atender la demanda excepcional de unos pocos días al año. Así los cortes no fueron por imprevisión, sino por un esquema de negocios con lógica de rentabilidad privada.
La rueda de la fortuna empresaria atada al endeudamiento externo
El Banco Central decidió reducir los plazos a los que toma deuda de un mes a 7 días. Darle dinero al Central a 30 días empieza a ser un poco más riesgoso. La nueva letra se llama Liliq (Letras de liquidez a siete días). El nuevo instrumento se lanzó con un rendimiento del 27,25 % anual, que se podrá modificar semana a semana y se licitan diariamente.
Este tipo de operaciones de cortísimo plazo es el reconocimiento del fracaso de la autoridad monetaria, pero la pregunta del millón es cómo terminará de licuarse esta deuda de más de un billón de pesos. La tendencia de endeudamiento del Central es insostenible. Terminó 2017 con más deuda en Lebacs (la letra anterior) que reservas internacionales y la entidad no logra sumar activos genuinos ya que el ingreso de dólares a las reservas es resultado de la emisión de deuda externa y no de inversiones productivas ni del superávit de la cuenta corriente.
En enero sumó unos 8.000 millones de dólares por la colocación de nueva deuda, pero más de la mitad se fueron por ahorro de divisas de particulares, déficit de la cuenta turismo, rojo del intercambio comercial y giro de utilidades de las multinacionales. El déficit de cuenta corriente es el peor de los últimos 19 años. Llegó a casi U$S 29.000 millones, equivalente al 4,6 % del PBI «y es posible que este año incluso sea algo superior», afirma el último informe de la consultora Econviews, que dirige Miguel Kiguel.
Las luces amarillas que se encendieron sobre el pobre desempeño de las exportaciones están subiendo de intensidad y la sequía que afecta a varias zonas rurales podría representar la pérdida de ingresos por U$S 3.000 millones.
Un factor de peso en el déficit externo fue el intercambio con Brasil que alcanzó U$S 8.187 millones. «El sector externo es el principal punto débil que presenta el modelo económico. Si bien el flujo de financiamiento externo permite posponer los problemas que pudieran presentarse, continúa siendo preocupante la situación a mediano plazo. Lo cierto es que la dependencia de financiamiento externo vuelve vulnerable al sistema. Si bien el gobierno se encuentra con viento de cola tras haber ganado las elecciones y logrado pasar las principales reformas (previsional, tributaria), y augura buenas expectativas para el año entrante, será necesario revertir esta situación y generar dólares para no tropezar nuevamente con la restricción externa», señaló un informe de Ecolatina.
Estatales resisten los despidos
A pesar del vaciamiento, la censura y de impedir la producción de noticias durante el fin de semana, el sábado se transmitió por redes sociales una emisión especial del noticiero de la TV Pública en vivo desde la puerta del canal. Se trató de un esfuerzo conjunto de quienes trabajan en la TV Pública, cuyo propósito fue «informar, ofrecer un servicio y contribuir a que muchos puedan acceder a un derecho fundamental: a la información, a la diversidad de datos, puntos de vista, opiniones e imágenes que construyen la historia todos los días», tal como advierte un comunicado del sitio trabajadoresdeprensacana
El 22 de enero María Eugenia Vidal firmó un decreto en el que anuncia el traspaso de Ferrobaires a Nación, que implicaría la puesta en marcha de más de 1.000 despidos de trabajadores ferroviarios y dejaría decenas de pueblos sin trenes afectando las economías regionales.
Los despidos no tardaron en llegar y el pasado lunes, los trabajadores del sector juntaron firmas para exigir a la Unión Ferroviaria una asamblea para pelear por su reincorporación. Ese mismo día consiguieron que se firmara un compromiso para realizar una asamblea de la Seccional Sud el viernes 2 de febrero.
Sin embargo, la Unión Ferroviaria desmintió dicha asamblea a través de un comunicado firmado por Jorge Muñoz, Secretario General de la seccional Sud.
Debido al boicot de la burocracia, la asamblea no fue oficial, pero decenas de trabajadores se acercaron al lugar junto a la agrupación Naranja Ferroviaria, que forma parte del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, la agrupación 21 de Julio y la Gris se juntaron en la puerta de la seccional y realizaron una reunión para discutir los pasos a seguir, «¡con o sin la burocracia de la Verde!», dijeron antes de comenzar.
En la misma definieron realizar un acto en el hall de la estación Constitución el próximo miércoles, 7 de febrero, a partir de las 14:30, para exigir la reincorporación de todos los compañeros, que no haya más despidos, por el pase de todos a Trenes Argentinos y por la reapertura de todos los ramales, que son la conexión con todos los pueblos del interior que, una vez cerrados dejaron muertos a muchísimos pueblos y a sus habitantes.
El gobierno realizó mediante un DNU una amplia modificación de la Ley de Ministerios, que incluyó entre otros puntos la liquidación de Lotería Nacional, por lo que los trabajadores alertaron sobre 200 despidos. El año pasado, unos 600 trabajadores fueron transferidos a la órbita de la Ciudad en el marco del traspaso de la mayoría de las funciones de Lotería.
Una ola de despidos silenciosa se desató en el Ministerio de Producción que comanda Francisco Cabrera. Con la experiencia del INTI a cuestas, la cartera de «Pancho» decidió tomar otro camino para no estar en la agenda de los medios. Allí los funcionarios realizan un trabajo hormiga citando uno a uno a los despedidos y buscando mantener en silencio lo que ocurre.
«Lo singular es que los llaman uno por uno sus coordinadores o directores y, muy ´prolijamente´, les informan que por cuestiones de achique de las funciones del organismo los despiden, con mes de preaviso a fecha 28/2», contaron fuentes del Ministerio.
Esa comunicación continúa con el bloqueo del ingreso al organismo al día siguiente, por lo que los afectados ya no pueden retomar su puesto de trabajo.
Al día de hoy hubo unos 64 despidos en la Secretaría de Comercio, 25 en la Secretaría de Industria, 10 en el Call Center, 10 en el archivo físico (sector que van a eliminar), 3 en Mesa de Entradas y entre 5 y 10 en la Secretaria PyME y Emprendedores.
Otra particularidad de las cesantías en Producción es que la mayoría de los despedidos están agremiados a UPCN, gremio mayoritario en la cartera. Incluso hay delegados entre los despedidos.
Según relataron algunos de los afectados, cuando se acercaron para charlar lo ocurrido y buscar alternativas, desde el gremio les piden que acepten el despido y que esperen en silencio hasta marzo. Les prometen negociar reincorporaciones, pero a condición de que no protesten ni publiquen nada en las redes sociales.
Estas más de 100 cesantías se suman a las 250 del INTI, un instituto descentralizado dentro de la estructura de Producción que hace 8 días se encuentra ocupado por los trabajadores en reclamo de reincorporaciones.
Pasó desapercibido, pero la bacteria HLB que mata a los cítricos apareció en Entre Ríos y Corrientes. Los productores se quejaron y el Senasa tuvo que salir a implementar un plan de contingencia. Los trabajadores denuncian que los controles se relajaron en todo el país por falta de financiamiento. El organismo anunció que a partir de fines de febrero se privatizarán de hecho las auditorías en todos los establecimientos productivos. En espejo, en el INTI también quieren privatizar el control estatal. Allí una consultora vasca que contrató el Ministerio de Modernización pretende implementar a fin de mes atractivos planes para las áreas del Instituto por donde pasa el dinero, pero trae malos augurios para el sector de investigación.
El titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski, aseguró que la dirección del Hospital Posadas canceló una reunión que iba a mantener con representantes del gremio y responsabilizó al Gobierno nacional por la prolongación del conflicto en ese centro asistencial, originado por el despido de 122 trabajadores.
La Fesprosa adelantó que «los trabajadores seguirán con la lucha hasta lograr la reincorporación de los cesanteados, y no descartó «nuevas medidas de fuerza», que «serán acompañadas por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)».
Este viernes, varios de los trabajadores despedidos de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) dispusieron un corte del tránsito en horas de la mañana sobre la Ruta 20, en el sentido Carlos Paz-Córdoba.
La medida la llevan adelante justo al frente de la empresa estatal, que se encuentra en tiempos de «reestructuración» y pocos días atrás anunció el despido de 35 empleados.
El 1º de febrero, los trabajadores de la Secretaría de Integración Social y Urbana (organismo encargado de urbanizar la Villa 31 y 31 Bis) junto a los trabajadores del Canal de la Ciudad, salieron a difundir la situación de despidos que están atravesando mediante una intervención en el Obelisco.
La Dirección General de Fabricaciones Militares emitió el certificado de defunción de FanAzul en un documento que plantea como imposible mantener la continuidad de la planta, emitido luego de la reunión realizada en la sede de la Dirección General de Fabricaciones Militares el jueves.
El cierre de la planta de fabricación de explosivos deja a 220 personas sin trabajo, pero el acampe y la lucha van a seguir según afirmaron los trabajadores. Para el Intendente la última esperanza es pedir a la provincia que se haga cargo de la fábrica, aún reduciendo los sueldos de los trabajadores, tal como habían propuesto anteriormente.
La Intervención de YCRT concluyó la primera ronda de diálogo individual con los cuatro gremios que representan a los trabajadores.
En la mañana del miércoles, mineros habían ingresado a la Mina 5, y el interventor Omar Zeidán, informó en un comunicado que por ese hecho quedaban suspendidas las negociaciones, que luego se reanudaron.
«Nosotros lo que llevamos a la reunión fue la reincorporación de los 500 despedidos, la estabilidad laboral y escuchar las adendas que pretende negociar la empresa. Aún no podemos asegurar nada. Sí, les aseguramos que estamos haciendo lo imposible por encontrar soluciones», sostuvo el dirigente de APS, Oscar Sánchez.
Además, y en paralelo, la comunidad se movilizó con una caravana multitudinaria de más de 8 kilómetros, en respaldo de la reincorporación de los 500 mineros que por estas horas luchan por sostener sus puestos de trabajo.
La Mesa Nacional de ATE ANSES informó que el Gobierno Nacional activó una nueva ola de despidos en ese organismo. Al intentar ingresar a su lugar de trabajo, la seguridad privada de los edificios, lista en mano y pidiendo Documento de Identidad, intentó impedir el paso a quienes figuraban como despedidos que serían más de 100. Desde que asumió Mauricio Macri el ANSES ya perdió más de 200 trabajadores.
Tras cuatro semanas de reclamo, y ante el silencio del ministro Pablo Avelluto, los 60 bailarines afectados por el cierre del Ballet Nacional de Danza volvieron a hacer una exhibición artística frente al Ministerio de Cultura para repudiar el cierre de la compañía. Acompañados por gremios del Estado que se solidarizaron con su situación, le repitieron al funcionario del Gobierno de Macri su reclamo de «No al vaciamiento cultural», al ritmo de música clásica.
La clase y ensayo abierto de la compañía se realizó en Callao y Avenida Alvear al mediodía y cientos de personas se acercaron para presenciarlos. «Estamos acá por la lucha contra los despidos y el desfinanciamiento del ballet nacional», resaltaron los bailarines durante la convocatoria, al destacar que se trata del «único ballet nacional».
Privados
Otros 30 obreros firmaron el retiro voluntario en la fábrica Alpargatas de Catamarca. El secretario de la Asociación Textil de la provincia, Jorge González, manifestó en declaraciones radiales que la «crisis en la provincia no cesa».
El Frigorífico Beltom de Junín hace una semana está paralizado y no asegura la continuidad de sus 86 empleados. Los operarios marcharon a la Delegación del Ministerio de Trabajo para exigir que les garanticen la estabilidad laboral.
Damián Deheza, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne de esa localidad, manifestó: «estamos reclamando algo que nos viene ocurriendo desde el 20 de diciembre con el cobro de las quincenas y los aguinaldos. Nos vienen pagando en cuotas y ahora nos quedamos sin trabajo. Desviaron las vacas y hace una semana que no estamos faenando».
Con la presencia de distintos referentes del sindicalismo, la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA) analizó la situación actual de despidos y precarización laboral. Al cabo del debate, resolvieron realizar el viernes 16 de febrero un Plenario Ampliado bajo la consigna «Ni un despido más. Ni un trabajador menos». En tanto, el lunes 19 se hará una gran marcha que partirá de Hipólito Yrigoyen, en Salta, donde está ubicado el Ingenio Tabacal, y luego de pasar por los tres ingenios azucareros jujeños culminará en la también salteña Campo Santo del Departamento General Güemes, ubicación del Ingenio y Refinería San Isidro.
Analistas locales aseguran que los buenos resultados que obtuvieron los sindicatos en la paritaria 2017, entre un 31 y un 33 % de aumento, provocó que este año las empresas abrieran el paraguas temprano e iniciaran una serie de acciones que van desde el anuncio de cierre hasta suspensiones, pasando por despidos directos y apertura de retiros voluntarios, preparando el terreno para la negociación 2018, envalentonadas por el techo del 15 % que le puso el gobierno nacional. La paritaria de este año arranca en mayo, cuando empieza la zafra.
Las tres plantas que la metalúrgica Rapistand tiene en La Matanza -en las localidades de San Justo, Villa Luzuriaga e Isidro Casanova- volvieron a funcionar después de más de un mes de paro. Este jueves, la firma -que no había pagado el medio aguinaldo de diciembre, un bono de 2.000 pesos y tres quincenas a sus 174 empleados- «saldó una parte importante de la deuda», confirmó Diego Newell, delegado de los trabajadores.
Molinos Río de la Plata despidió a seis trabajadores a principios de enero. La Comisión Interna junto al sindicato convocaron a una asamblea que decidió el paro total de la planta y el bloqueo de los portones. Los trabajadores acataron la medida en su totalidad hasta que se dictó la conciliación obligatoria el 10 de enero. A partir de ahí el gremio denunció los despidos como ilegales y persecutorios por antisindicales y la empresa ratificó sus motivos, negó lo denunciado e incumple la conciliación al no dejarles retomar los puestos de trabajo.
Por tal motivo, preparan nuevas medidas de fuerza una vez finalizada la conciliación si la empresa insiste en no reincorporarlos.
El 5 de febrero los trabajadores de Stockl fueron convocados a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de Burzaco junto a la UOM Seccional Avellaneda y Rodolfo Stöckl, dueño de la empresa, para llegar a un acuerdo por lo que se les adeuda y la continuidad laboral. La asamblea de trabajadores decidió continuar la vigilia en la fábrica y, de acuerdo al resultado de esta reunión, decidirán los pasos siguientes.
Se vienen produciendo una serie de despidos en la fábrica Dybelcorp de San Martín que produce la reconocida marca «TSU Cosméticos».
Movimientos sociales
El jueves 8 de febrero a las 17:00 se realizará una asamblea nacional en la sede central de la CTEP, Pedro Echagüe 1270-CABA , para definir los detalles de la movilización del 15 de este mes a las principales gobernaciones y municipios de todo el país.
Esteban Castro, secretario general de la CTEP, señaló: «Estamos obligados a seguir la lucha por la grave situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de la economía popular debido a las medidas del gobierno que afectan sus fuentes de trabajo y la sustentabilidad de miles de familias».
El principal reclamo tiene que ver con la articulación del Estado para proveerse del trabajo y la producción de las diferentes cooperativas del sector.
En consonancia, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo «Cachorro» Godoy , adelantó que: «Vamos a trabajar en fortalecer esta unidad y en manifestarla en las calles. El martes vamos a presentar la propuesta de realizar un Paro Nacional de nuestras organizaciones el 15 de febrero, y reiterar que respaldamos todas las medidas de todas las organizaciones».
Lo hizo en un masivo encuentro con los medios que se realizó al costado de la entrada a la sede central del INTI, en General Paz al 5400, en donde cada día, desde el viernes 26 de enero, los trabajadores despedidos y en funciones realizan asambleas abiertas para definir los pasos a seguir.
Salta fue sede el fin de semana del 23 ° Plenario Nacional de los Desocupados y Trabajadores Precarizados, que congregó a más de 1.800 delegados de todo el país.
Varias columnas de organizaciones civiles y piqueteras marcharon en la mañana del martes pasado por las calles céntricas de San Juan en contra de la posibilidad de que el Gobierno de Mauricio Macri deje sin efecto en la provincia miles de planes sociales. El alerta se desató por las declaraciones de la jefa de la delegación local de la Gerencia de Empleo de la Nación, Viviana López, que el lunes dijo que están estudiando la alternativa de no renovar 12.000 ayudas, es decir, un 92 %. La ayuda es de 1.850 pesos por persona y, a cambio, deben ser capacitadas en distintos oficios para que tengan mayores chances de entrar al mercado laboral.
Paritarias
Cierra la primera paritaria del año con un 22 % de aumento para los trabajadores rurales. Se trata de la negociación de la cosecha de peras y manzanas, uno de los 120 convenios de la actividad, que alcanza a 28.000 trabajadores del Valle de Río Negro y Neuquén. El salario del jornalero pasará a $ 12.000 de los $ 9.300 actuales, que estaba por debajo de los $ 9.800 que perciben las empleadas domésticas; del mínimo vital y móvil de $ 9.500; y del ingreso del peón rural general de $ 12.600.
La próxima discusión será la del limón con 40.000 trabajadores en Tucumán, Salta y Jujuy, que el año pasado cerró en 31 %, tras cortes y protestas.
La multinacional Cargill acató la conciliación obligatoria que dispuso la reinstalación de 45 despedidos mientras dura la instancia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El día anterior la empresa había firmado y violado en un lapso de dos horas la misma disposición decretada por el Ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, en audiencia provincial.
La multinacional firmó el acta a la par que decidía que las leyes del territorio no le constaban, y se negó a dejar ingresar a los trabajadores despedidos. Además, militarizó la planta con fuerzas de Prefectura Naval, dependientes del Estado Nacional.
«No encontrándose brindadas las garantías mínimas tanto operativas por la falta de trabajadores que cumplen tareas clave en la planta, como por la presencia de fuerzas de seguridad en los sectores de trabajo, la asamblea de trabajadores en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario decidieron permanecer en el ingreso de la planta, hasta tanto se cumplan con las garantías mínimas de seguridad y salud laboral», plantearon desde el gremio.
Entonces, el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió intervenir y dictar la conciliación obligatoria, reforzando en el texto la obligación de la empresa de aceptar el reingreso de los despedidos. Marcelo Patriarca, gerente de recursos humanos de Cargill, tuvo que aclarar expresamente que acataría la medida.
A partir de las 18:00 ingresó el turno correspondiente, trabajadores despedidos incluidos, a cumplir sus tareas normales y habituales a las plantas de Bahía Blanca y el complejo Villa Gobernador Gálvez-Punta Alvear. La próxima audiencia será el miércoles 7 de febrero en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero no se interrumpe el trámite administrativo abierto en la provincia de Santa Fe. Allí la audiencia será el día jueves.
Pocos dudan que todo lo que ocurre en el ámbito gremial aceitero en esta época está directamente vinculado con la próxima paritaria salarial del sector, que vence el 31 de marzo. Durante los últimos años, cada techo salarial impuesto por el Ejecutivo viene siendo invariablemente perforado por la conducción de la Federación nacional aceitera.
Sin embargo, el Sindicato aceitero de San Lorenzo, conducido por Pablo Reguera, que no integra la Federación hace veinte años, adelantó sorpresivamente su paritaria salarial y consumó en acuerdo con el gobierno nacional en sintonía con el techo del 15% que Macri está queriendo imponer en el 2018.
En rigor, como en muchos otros anuncios del macrismo, el techo del 15% se cumplió sólo en forma aparente: al adelantarse tres meses el aumento, el 15% pasa a convertirse en 20% para esos tres meses, se incluyó una cláusula de revisión en septiembre (el «gatillo» que rechaza Trabajo) y subió 28% el premio anual que reciben los trabajadores, por un monto cercano al de un sueldo adicional. Todos esos elementos quedaron fuera de las dos primeras páginas de las actas que el Ministerio repartió a los medios como marketing del 15%.
Tampoco trascendió que el sindicato de San Lorenzo, contradiciendo sus declaraciones de pocos días atrás, dejó pasar quince retiros voluntarios en la planta de Cargill ubicada en su territorio. Esa fue la señal de largada para la empresa, que entonces buscó avanzar en el resto del país.
Mientras estira la convocatoria a la paritaria docente, la gobernadora María Eugenia Vidal realizó una serie de anuncios en el área de educación que consisten en ampliar el Servicio Alimentario Escolar, construir 650 nuevas aulas para el nivel inicial «que garanticen vacantes a partir de sala de cinco años» y ampliar el boleto estudiantil.
Anuncios cargados de cinismo por donde se los mire, ya que a fin de año la misma mandataria ordenó la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), uno de los organismos encargados de la construcción y refacción de escuelas, dejando a cientos de trabajadores en la calle. La brecha entre las primeras ofertas oficiales y las exigencias de los gremios docentes amenaza con derivar en el inicio de un ciclo lectivo 2018 marcado nuevamente por las huelgas en varias provincias.
El gremio bancario anunció un paro general para el 9, el 19 y el 20 de febrero en todo el país en repudio del techo salarial del 9 % que impulsan desde el oficialismo y las Cámaras empresarias. La medida fue dispuesta para rechazar también el ajuste previsional de la gobernadora María Eugenia Vidal en el Banco Provincia. En este último caso el 8 y 9 de febrero repetirán los paros realizados el 1 y 2 contra la reforma de la caja jubilatoria de los trabajadores.
«Cada vez que nos juntamos con un banquero nos reconoce que es una insensatez que nos estén ofreciendo el 9% pero cuando preguntamos por qué lo hacen dicen que es lo que les piden Triaca y Quintana», denunció Palazzo.
El sindicato de mecánicos, Smata, acordó con la Cámara que agrupa a las concesionarias de autos y talleres (Acara) un incremento salarial del 6,06% para el primer trimestre de este año.
El aumento trimestral es similar a la suba que el gremio había firmado el año pasado para el mismo período (enero-marzo), cuando negoció una mejora de 6,17% y se ubica muy lejos de los parámetros que el oficialismo busca instalar para el 2018.
A diferencia de la mayoría de las paritarias, la negociación salarial de los mecánicos se discute cada trimestre, de manera de compensar rápidamente cualquier deterioro de los sueldos del sector ante una evolución mayor de la inflación.
La mala noticia para Jorge Triaca, que desde la cartera laboral es el encargado de encorsetar las negociaciones salariales en torno al 15%, es que con un inicio calcado al de 2017 uno de los gremios más poderosos del sector industrial parece encaminarse a pulverizar (en modo trimestral) el techo salarial del oficialismo.
Fuentes: Clarín, Página 12, Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, APU, Red Eco Alternativo, http://ctepargentina.org, www.el1digital.com.ar, www.ambito.com, periodicoelroble.wordpress.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.