Un tribunal argentino inicio ayer un juicio contra el último dictador del país, Reynaldo Bignone, y otros ocho acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 20 víctimas, entre ellas siete embarazadas que fueron secuestradas y asesinadas durante el régimen que gobernó entre 1976 y 1983. Bignone, quien recibió ya cuatro condenas por […]
Un tribunal argentino inicio ayer un juicio contra el último dictador del país, Reynaldo Bignone, y otros ocho acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 20 víctimas, entre ellas siete embarazadas que fueron secuestradas y asesinadas durante el régimen que gobernó entre 1976 y 1983.
Bignone, quien recibió ya cuatro condenas por delitos cometidos durante la última dictadura argentina, estuvo hoy sentado en el banquillo junto con los exmilitares Santiago Riveros y Eugenio Guarañabens Perelló por los crímenes cometidos en la guarnición militar bonaerense de Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención del gobierno de facto.
En esa guarnición funcionó además una maternidad ilegal por la que se creen que pasaron varias mujeres secuestradas y actualmente desaparecidas.
También están imputados en la causa los exmilitares Luis Sadí Pepa, Julio San Román, Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo Somoza, y el antiguo oficial de inteligencia del Ejército Carlos del Señor Garzón y su esposa, María Francisca Morillo, acusados por la apropiación de Laura Catalina de Sanctis Ovando, cuya identidad fue restituida en 2008, precisaron fuentes judiciales.
«En el juicio oral hay casos de embarazadas que han sido secuestradas y desaparecidas y sus hijos, apropiados», explicó el abogado querellante en esta causa por parte del Estado, Ciro Anicchiarico, a Radio Nacional.
El letrado de la Secretaría argentina de Derechos Humanos indicó que por la guarnición de Campo de Mayo «pasaron más de cinco mil víctimas y hubo una maternidad clandestina», aunque dijo que no hay estimaciones precisas sobre el número de nacimientos allí registrados.
En el marco del juicio que llevarán adelante los magistrados Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone también se ventilará el crimen de dos jóvenes de 19 y 20 años que fueron capturados durante la dictadura mientras repartían volantes con contenido político.
El último dictador argentino (1982-1983), quien negoció la transición a la democracia tras firmar una ley de Amnistía luego anulada y ordenar la destrucción de toda la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos, es juzgado por el robo de bebés durante el régimen, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según cifras del Gobierno y entidades humanitarias.
Bignone, de 84 años, ya fue condenado en abril de 2010 y en ese mismo mes de 2011 a 25 años de prisión por delitos cometidos en Campo de Mayo, mientras que en diciembre pasado sumó su tercera condena al ser sentenciado a 15 años de cárcel por crímenes perpetrados en un centro clandestino de detención que funcionó dentro del hospital público Posadas, a las afueras de Buenos Aires.
En julio pasado recibió otra condena de 15 años de prisión por el robo sistemático de bebés durante la dictadura, histórico proceso en el que el dictador Jorge Rafael Videla (1976-1981) recibió una sentencia a 50 años de cárcel.