El 9 de julio publicó El País una información de su corresponsal en Caracas titulada «La televisión prohibida por Chávez volverá por cable y satélite». Mira por donde, leyendo el texto se desmontan solas muchas de las afirmaciones que el propio periódico y la oposición venezolana lanzó contra el gobierno venezolano. La primera se derrumba […]
El 9 de julio publicó El País una información de su corresponsal en Caracas titulada «La televisión prohibida por Chávez volverá por cable y satélite». Mira por donde, leyendo el texto se desmontan solas muchas de las afirmaciones que el propio periódico y la oposición venezolana lanzó contra el gobierno venezolano. La primera se derrumba al empezar a leer: «Radio Caracas Televisión (RCTV) volverá a estar disponible en Venezuela, al menos para la porción de la audiencia que está suscrita a los servicios por satélite y cable». Y eso que, recordemos el titular, estaba prohibida por Chávez. Nos enfrentamos ante un peculiar caso de televisión «prohibida» «disponible». Hemos descubierto que a las televisiones por cable en Venezuela se les denominan prohibidas. La oposición, en Venezuela y en Europa, confunde libertad de expresión con disponer a perpetuidad espacio radioeléctrico público para emitir.
La decisión de emitir por cable ha dependido del acuerdo comercial entre dos empresas que nada tienen que ver con el gobierno de Venezuela, la propietaria de RCTV y la del sistema DirecTv donde finalmente se ha alojado. Por tanto, tampoco es verdad la afirmación del presidente de RCTV Marcel Granier, quien denunciaba que enfrentaba todo tipo de obstáculos para incorporarse al cable y acusó al gobierno, de presionar a las compañías de televisión por satélite y las de cable para que no incorporen al canal», tal y como recuerda el artículo de El País.
Las afirmaciones del gobierno de que la señal de la televisión privada hubiera estado disponible desde el día siguiente en que venció su concesión parecen bastante razonables, no consta ningún impedimento por parte de DirecTv. Y eso que otra de las indignaciones esgrimidas contra la no renovación era que Chávez había llegado a un pacto con Gustavo Cisneros para que su cadena Venevisión mantuviese una línea acrítica con el gobierno, no denunciase el caso RCTV y así garantizar su licencia de emisión. Lo peculiar es que DirecTv, la empresa de cable donde ha ido RCTV, es también propiedad de Gustavo Cisneros, ese que se suponía estaba compinchado con Chávez.
No solamente esto, es que, como recuerda El País, Radio Caracas Televisión siguió transmitiendo algunos de sus programas: «El noticiario El Observador comenzó a emitirse en un espacio de media hora en las tardes por el canal de noticias Globovisión. También lo han presentado cada día en el sitio de vídeos YouTube y en la página web del canal. Mientras tanto, algunos capítulos de telenovelas y del programa humorístico Radio Rochela han sido presentados en pantallas gigantes y en directo en plazas públicas».
Extraño acoso a la libertad de expresión en Venezuela, donde los programas prohibidos se ven en otra cadena de televisión, en Internet, en la calle en pantallas gigantes, en plazas públicas y ahora por cable desde cualquier casa.
El único problema de RCTV, como bien afirma el diario español, son los 136,8 millones de euros de publicidad que tenía contratada la cadena si seguía en abierto de los cuales se prevé que pierda el ochenta por ciento. Pero esa pérdida no es una cuestión del socialismo de Chávez, sino del capitalismo de los medios de comunicación.