¿Cuándo un monopolio de cualquier índole, o un poder ilimitado, ha cedido voluntaria y fácilmente a su limitación o democratización? No lo recuerdo o quizá no lo sepa. El duopolio televisivo, concentración económica absurda y poder sin contrapeso, recurrirá a todo antes que ceder; lo hace por estos días sembrando en unos y tejiendo con […]
¿Cuándo un monopolio de cualquier índole, o un poder ilimitado, ha cedido voluntaria y fácilmente a su limitación o democratización? No lo recuerdo o quizá no lo sepa. El duopolio televisivo, concentración económica absurda y poder sin contrapeso, recurrirá a todo antes que ceder; lo hace por estos días sembrando en unos y tejiendo con otros distorsiones y falsedades. Es la rutina de su estrategia antigua para socavar cualquier intento de reforma legislativa que haga nacer una nueva legalidad. Se vuelve al pasado: silenciamiento de la mayoría de los medios electrónicos, censura a comunicadores, veto a legisladores, personalización del asunto, injurias e insultos al culpable. Alguien tiene que ser ejemplo de lo que puede pasarle a los demás, si no, después con qué asustan a los que siempre tienen miedo. El monopolio televisivo hace una medición cíclica del nivel de testosterona congresional; disputa de poder, hasta ahora las gana todas.
Renovada la resistencia de los principales concesionarios, casi desaparece el espantajo de la ley mordaza; ya ineficaz en el discurso, censurada en sus medios la libertad que dicen defender, el pretexto es otro: no se ha debatido suficientemente: ¡que 20 años no es nada!; que cuándo se consultó; que necesitan más tiempo para conocer bien y a detalle la materia a la que se han dedicado los últimos 50 años. Mandan a sus emisarios a repetir el mensaje; se les llena la boca de insultos, carentes de argumentos; sus consultores privados se vuelven «analistas políticos», «académicos», «investigadores de la comunicación», «expertos en telecomunicaciones». ¿Y los investigadores que tienen décadas ocupados en el tema de la legislación de medios, dónde están? Censurados por los adalides de la libre manifestación de las ideas. Hasta los más afamados comunicadores independientes toman distancia; otros aceptan la censura y la regresión es brutal, invaluable la pérdida frente a lo que creíamos superado.
El combate a todo poder absoluto tiene un alto costo porque antes de ceder se recurre a todo: el chantaje es su oferta inicial, en el canje de favores está la primera forma de acercamiento; o el distanciamiento, en medio de la presión, la amenaza: no salen en televisión; fuera de pantalla, sobreviene la muerte política. Es el manual para reprimir o suprimir. Porque es una disputa en la que se compite para determinar quién debe mandar, si el poder fáctico de la televisión, o los poderes constitucionales.
Por eso regañaron al Presidente hace una semana en la residencia oficial de Los Pinos. El presidente que les dio todo, que les aguanta todo, que le ha apostado a la personalización de las relaciones entre medios y Estado; a él fueron a exigirle con voz de mando detener los permisos para las estaciones comunitarias en nombre de la lucha contra la conjura comunista, (este argumento por si mismo es anacrónico ), además de argumentar que con la nueva ley se atenta contra la libertad de expresión ( misma que ellos mismos se han coartado con sus leyes mordaza, al hablar sólo de cuestiones que les dejen dividendos económicos y políticos ), y de paso, parar el proceso legislativo ¡en nombre de la democracia! y ni siquiera fueron los dueños, sino sus representantes jurídicos que forman parte de la nueva mesa directiva de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), porque ni en su propia cámara sienten la necesidad de estar presentes de manera personal. Sus compañeros agremiados no los merecen.
Entonces por qué habrían de descender a los legisladores, y menos con un grupo de legisladores que busca liberar a la televisión y al televidente de la tiranía del duopolio, ese sí, una amenaza a la democracia, en cuanto a equilibrio de poderes, y a la niñez, en cuanto a deseducación. Esta nueva ley que también busca otorgar la figura de radio comunitaria para que grupos de ciudadanos interesados puedan obtener un permiso, una radio de causa y consecuencia social neta que estos señores de la CIRT no le dan al ciudadano común ( y que por su naturaleza de lucro nunca lo harán) .
Tampoco les hace falta atender las diversas invitaciones que el Senado les ha realizado, pues tienen adentro a quienes los representan, y otros que actúan muy comprometidamente con sus posiciones, y son diputados de la nación o senadores. Justo es reconocer que el nuevo argumento tiene apoyo en voces estructuradas; es parte del ciclo, siempre hay uno o dos que causan baja de las filas patrocinadoras de la reforma, aunque cada vez se suman más por diversos motivos, desde la íntima convicción de hacer de la comunicación electrónica un servicio a los demás, o en calidad de víctimas de los excesos y abusos de quienes, según Ramón Reig García, tienen el poder de manipular y crear dioses o demonios mediáticos. Otros interlocutores cambian de posición según lo ordenen sus jefes; en unas pueden apoyar el proyecto, en otras atacarlo. Usan el tema para negociar. Por fortuna de los reformadores, éstos son identificados entre muchos de los estudiosos del tema como los de menor prestigio.
La resistencia es un asunto de poder, no de libertades amenazadas. Lo que no quieren es una nueva ley que luego tengan que cumplir; no quieren que se despersonalice la relación de los medios y el gobierno; la competencia y el equilibrio que procuran en sus medios para todo ámbito público no los quieren para sí mismos. Otro de los puntos que quizá les preocupan, es que las concesiones ahora serán por licitación pública y que habrá un acotamiento a la acumulación de propiedad en medios, que no permite que haya más de 35% de una concesión de una misma plaza en las mismas manos, tanto de radio como de TV. Finalmente, lo que les ha de preocupar también es el tema del derecho de réplica, que será obligatorio y no discrecional, en el mismo canal y en la misma frecuencia en la que se cometió el posible daño.
El proyecto de la nueva ley propone establecer la licitación pública como procedimiento para el otorgamiento de concesiones y establece a la radiodifusión como actividad reservada de manera exclusiva a los mexicanos o sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros. Para garantizar el respeto a la libertad de expresión, se propone, en materia de programación, eliminar todo tipo de revisión de los contenidos de manera previa a su transmisión y para ésta no establece ningún requisito de autorización, más los que prevén otras leyes en materia de publicidad para proteger la salud y los derechos de los consumidores y la autoridad solamente emitirá los lineamientos de clasificación, programación y horarios de transmisión a la que deben sujetarse los medios y en materia de tiempos del Estado, se incrementa de 30 a 60 minutos diarios el tiempo que los prestadores del servicio de radio y televisión abierta deberán poner a disposición de aquél y que será utilizado por los diversos órganos del Estado mexicano para la difusión de campañas de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social e información de interés público.
Otro de los objetivos principales es evitar la concentración en la industria de la radiodifusión, al reconocer a la competencia como un elemento esencial para el funcionamiento eficiente, democrático y plural del servicio, no sólo por razones económicas sino también políticas, sociales y culturales. También se establece, en el artículo 44, que aquel titular de concesión o permiso que cuenta con más de 35% de las frecuencias, operando en una misma zona geográfica de cobertura bajo cualquiera de aquellas categorías, no podrá obtener en la misma zona, con el propósito de abrir las puertas a nuevos competidores en aquellas plazas en donde haya una concentración y no se permitirá que al margen de la ley y sin conocimiento y autorización del órgano regulador colegiado se traspasen por ningún medio la concesión, permiso o explotación directa de los derechos a ellos conferidos. En este sentido el proyecto de la nueva ley concreta la figura de radio comunitaria, a la cual al parecer le temen los directivos dela CIRT ( por su naturaleza eminentemente social ).
Todo lo anterior explica por qué los concesionarios de los medios electrónicos se oponen y han intentado frenar la presentación y discusión de la nueva ley federal que habrá de regular a éstos.
Hay voces que han hecho aportaciones, sugerencias que mejoran; críticas y observaciones muy interesantes que sin duda, serán recogidas en el dictamen de nueva Ley Federal de Radio y Televisión. Los mismos estudios que los concesionarios han solicitado a algunos profesores aportan modificaciones y adiciones importantes al tema. Pero al concluir el plazo señalado para este ejercicio, prosigue la toma de decisiones.
¿Para esta decisión fundamental, el número de senadores que representan a los intereses de la nación es menor que el de quienes están comprometidos con los intereses de las empresas televisivas? ¿Se combinan éstos y los que las representan?
Parece ser que así es, pues en esta semana quedó aplazada la discusión en el senado de esta nueva ley de radio y TV, por presiones de altísimos dirigentes de los dos grandes consorcios de TV ( Televisa y TV Azteca ) y de grandes consorcios radiofónicos que como comentaba anteriormente ven amenazados sus intereses.
Según los Senadores, el proyecto de la nueva ley de radio y TV será discutida en el pleno al abrirse el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir en febrero del 2005. Esperemos que esta vez no se le rasuren importantes logros.
Alfredo González Hernández
Productor en Neza Radio 96.5 FM
Nezahualcóyotl, Estado de México