Condenados al hambre

Diversas organizaciones sociales realizarán el 7 de mayo, una Jornada Nacional de lucha con cortes «contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores» que llevan adelante el Gobierno del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Así lo anunciaron los movimientos territoriales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y en el Frente de Lucha Piquetero, los que bajo la consigna «En Defensa del Trabajo de la Economía Popular», a partir de las 10 de la mañana del martes, procederán a realizar cortes de rutas en 500 puntos del país.

Mediante un comunicado difundido el domingo, las organizaciones advirtieron que ante «la decisión del Ministerio de Capital Humano», que conduce Pettovello -quién ya fuera denunciada por incumplimiento de funcionaria pública por no estar ejecutando el programa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-, «ya hay varios recursos de amparo presentados en la justicia para que intervenga frente a la grave crisis humanitaria que se vive en los barrios populares y principalmente en los comedores comunitarios que se encuentran desabastecidos». 

Según denunció el documento, diversos sectores «que tienen que saltear comidas»,se acercan hasta los comedores comunitarios, los que «no pueden dar respuestas» a dicha demanda, lo que evidencia «que nuevamente la gente vuelve a revolver la basura para meter algo en la panza». 

Señalaron, además, que «para seguir agravando la situación», la cartera que conduce Pettovello «tomó la decisión de suspender el doble Salario de 226.000» beneficiarios, de cuyos montos «depende el sostenimiento de sus familias, de darle de comer a sus hijos, pagar un alquiler, comprar un remedio».

En otro tramo, indicaron que los «cortes de rutas con ollas populares en todas las rutas del país» apuntan a «impedir que le quiten el salario a los trabajadores y trabajadoras de la Economía popular», el que según afirman «se conquistó con la sanción de la Ley de emergencia social en el 2016», donde las mujeres «fueron reconocidas como trabajadoras esenciales por el Congreso Nacional con la Ley Ramona».

Las organizaciones que integran la UTEP (Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa y Somos Barrios de Pie), como las que pertenecen al Frente de Lucha Piquetero (Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde MAR y el Frente Popular Darío Santillán, entre Otros), dieron a conocer que mientras la cabecera de las actividades estará centrada en el Puente Saavedra, al norte del Conurbano, la interrupción vehicular tendrá lugar en la Rotonda de Alpargatas, en la localidad de Lavallol, el Triángulo de Bernal y en la bajada de autopista de la ciudad de La Plata.

En tanto que, al oeste, los cortes se producirán en la Rotonda de San Justo, la Plaza Oeste, ubicada en la Avenida Vergara de la localidad de Morón.

Nuevos recortes de planes sociales

En marzo el gobierno dispuso que el programa Potenciar Trabajo sería dividido en dos programas: Volver al Trabajo, bajo la órbita de la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero (Techint). Acompañamiento Social, que depende directamente de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Allí también definió que sus beneficiarios y beneficiaras “percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de $78.000, durante la vigencia del Programa o hasta tanto los beneficiarios soliciten voluntariamente su baja o sean dados de baja”. La vigencia es de 24 meses. Además, agregaron una cláusula: quienes “alteren el orden público” o “impidan el normal funcionamiento del transporte” perderán el programa.

1. Congelamiento: ahora alcanza para 4 días

Lo cuenta Marianella Navarro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha. “Los puntos son varios. Primero que al desenganchar el Potenciar Trabajo del Consejo del Salario congelan en 78.000 pesos el ingreso de la gente, por el cual ningún aumento que hayan acordado, como este mísero aumento a 234.000 pesos, impacta en los programas de empleo. El objetivo es licuar el ingreso de la gente más humilde, porque hoy 78.000 pesos que cobra una persona… les dura cuatro días con suerte en el mes si es que no alquila”.

Hoy 78.000 pesos son un 8% de la canasta básica total que mide el Indec y supera los 900.000 pesos. Si el salario mínimo quedó destruido, fijado en 234.000 pesos y perdiendo un 40% de poder adquisitivo desde que asumió Milei, los programas sociales directamente van a una licuación total. Es un robo sin precedentes. Además, en un contexto donde la recesión empuja al aumento del desempleo y la caída de las ventas para los cuentapropistas “sociales”.

2. A las cocineras ni «reconocimiento»

Sigue Navarro. “Otro punto es que mucha gente cobraba adicionales. ¿Qué son adicionales? Un plus de 5.000 pesos para las cocineras que laburaron en la pandemia. Se había logrado un reconocimiento que era una “miseria” pero este gobierno se lo quitó”.

Esas mujeres son las que marcharon los últimos meses con las ollas vacías, denunciando el hambre de las y los pibes, de los jubilados y hasta trabajadores “en blanco” que empezaron a ir a los comedores. A esas mujeres que cocinan día a día y lo hicieron en pandemia, algunas hasta la muerte, no solo no les pagan como trabajadoras bajo convenio, sino que les sacan un adicional que significa dos paquetes de arroz.

3. Ni obras ni salarios

Hay otro recorte que muestra el desprecio de los chetos ministros libertarios con las organizaciones sociales. “Había otro adicional, que eran las personas que trabajaban en obra o en proyectos productivos, que cobraban $ 156.000 en vez de $ 78.000. Hoy cobraron también $ 78.000”, sigue Marianella.

Se trata de quienes realizan obras en los barrios, o proyectos productivos de todo tipo como «nexos». Trabajos que en muchos casos se están eliminando, como si no hicieran falta. Por ejemplo, quienes hacen trabajos esenciales para AySA y vienen movilizándose contra las medidas del gobierno. Zanjear, palear, barrer son tareas invisibles para quienes ganan 4 millones de pesos y viven en countries.

4. Si te las arreglás para sobrevivir, te doy de baja

Hay un último ataque. “Sigue habiendo bajas, de gente que no viajó al exterior y, sin embargo, no le levantaron el empleo y además ahora están informando los delegados en los distintos grupos que hay gente que tampoco cobró”.

Si viajás al exterior a fin de año, porque sos migrante, lo podés perder. Si manejás más de un salario mínimo con crédito o billeteras virtuales lo perdés. O sea, si una madre se tiene que endeudar con los usureros de Tarjeta Naranja o Mercado Pago para que sus hijos no se mueran de hambre, no solo te roban con los intereses, sino que te sacan el programa. Lo mismo si tenés otra changa que cobrás por esas vías.

Desde que comenzó el gobierno, las organizaciones sociales realizaron varias jornadas de protesta. No solo los movimientos de izquierda e independientes, que también protestaban contra el ajuste del Frente de Todos y su ministra Tolosa Paz. Ahora se han sumado la UTEP y sectores alineados con el peronismo.

La CGT le ha dado la espalda a estos reclamos y ataques. Se ha limitado a judicializar el DNU y conseguir algunos aumentos para trabajadores y trabajadoras en blanco, que perdieron, pero menos. Esa división criminal, primero entre gremios que pelean por separado y después entre ocupados y desocupados, es otro de los favores a la derecha.

Por eso vale el canto de “paro general” que se escucha en las últimas marchas piqueteras. Este martes, en la previa del paro del 9 de mayo, habrá una nueva jornada de cortes, unitaria.

Así lo anunciaron desde el espacio que nuclea a la Unidad Piquetera, UTEP, Frente de Lucha Piquetero, Coordinadora por el Cambio Social, MST-Teresa Vive, FOL y las agrupaciones de la CTA. Plantean que será “una nueva jornada de lucha nacional con cortes en todo el país contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores que llevan adelante Milei-Pettovello. Seguimos en la calle por trabajo genuino y todas nuestras reivindicaciones”.

El Gobierno recorta más fondos para los comedores populares

El ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello prepara una decisión de alto impacto y que golpeará a todas las organizaciones sociales: planifica recortar los fondos que cobran las personas que cumplen tareas en comedores populares. Una determinación que afectará a miles de hombres y mujeres que están amparados en una ley que se denominó “Cocineras”.

Luego de traspasar el programa de asistencia social Potenciar Trabajo a las órbitas de la Secretaría de Trabajo, por un lado, y de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por otro, con un recorte de planes, la cartera planifica un nuevo ajuste. Precisamente, buscará recortar el salario que cobran aquellas personas que cumplen tareas de cocina en comedores y merenderos populares que dependen de las agrupaciones sociales. De acuerdo a lo que trascendió, la medida afectará a 226.000 hombres y mujeres que sostienen centros comunitarios precisamente en un contexto marcado por mayor demanda.

“En los comedores hoy se acercan sectores que tienen que saltar comidas y los comedores no pueden dar respuestas. Esta es una lucha de toda la sociedad porque nuevamente la gente vuelve a revolver la basura para meter algo en la panza”, se quejan desde las organizaciones.

En relación al recorte hay un dato no menor: la gente que se emplea en los comedores cobra un salario mínimo, vital y móvil de acuerdo a una ley que se llama “Cocineras”, que reconoció a las cocineras y cocineros que alimentan a más de diez millones de personas, según cálculos de las organizaciones.

El proyecto se presentó el 30 de mayo de 2023 y logró sanción en diciembre.

Por otro lado, del lado de las agrupaciones sociales, entre aquellas duras y que siempre han sido críticas a los gobiernos de turno y de las que tuvieron relación con el peronismo, señalan que la vía judicial es un terreno a explorar en el futuro.

Es más: precisan que hay varios recursos de amparo presentados en la Justicia para que “intervenga” frente a lo que califican como una “grave crisis humanitaria” en los barrios populares y principalmente en los comedores comunitarios, que se encuentran “desabastecidos”.

Las mujeres de la Economía Popular en la era Milei: resistencia en los barrios, lucha en las calles

Por Laura Vales

“Según la lógica de este Gobierno, que cree que todo lo arregla el mercado, nosotras no servimos”, dice Johanna Duarte, integrante de la conducción de la UTEP. Analizó las estrategias de contención frente al ajuste y el rol de las mujeres y diversidades en las tareas de contención y cuidado frente un Estado ausente.

[…]

—¿Qué está pasando con las mujeres de las organizaciones sociales en el gobierno de Milei?

—Las mujeres son mayoría en los movimientos y también dentro de la Economía popular: los datos del Renatep muestran que más del 60 % de quienes trabajan en la Economía popular son mujeres. A su vez, en la Economía popular las mujeres y diversidades hacen, mayoritariamente, trabajos socio-comunitarios, en la rama de cuidados. En los últimos años veníamos avanzado en visibilizar los trabajos de cuidados. Incluso en números: Mercedes D’Alessandro, por ejemplo, midió qué impacto tienen los trabajos de cuidados en el PBI, y resultó que aportan más que el trabajo en el comercio, que es el rubro más numeroso del mundo del trabajo. Pero hoy, con Milei y la ministra Sandra Pettovello, ha habido un retroceso en lo económico y en lo simbólico para las mujeres, y en especial para las de los movimientos populares.

—¿En qué sentido?

—En la lógica de este gobierno, que cree que todo lo arregla el mercado, las mujeres “no servimos”. Estamos siendo afectadas sobre todo por eso, porque hay una decisión del gobierno de no valorizar los trabajos de cuidado.

—¿De qué trabajos concretos hablamos?

-De quienes trabajan en los comedores, en los espacios de cuidado de la primera infancia, en espacios de cuidado de los adultos mayores, en el acompañamiento en la rehabilitación de las personas con adicciones, de las promotoras de género, de las de Salud…

—¿Cómo se ven afectadas?

-En principio, en el reconocimiento de que lo que hacen es un trabajo. Se les dejó de reconocer esto y se las trata como personas a las que se les va a dar asistencia. En segundo lugar, porque el monto del programa quedó congelado en 78.000 pesos. El Potenciar fue reemplazado por dos nuevos programas, el “Volver al Trabajo”, que da la posibilidad de hacer formación y cobrar más, y el “Programa de acompañamiento social” que es de asistencia y queda congelado. Agregaron requisitos: para recibir el programa la persona no puede haber superado el monto de un salario mínimo en el uso de aplicaciones como Mercado Pago y esto es un problema, porque en los sectores populares es muy común que las compañeras que trabajan en un merendero o en un comedor, como segundo trabajo (o tercero) vendan productos en las ferias utilizando estas aplicaciones. También se impone un límite a las mujeres que tienen 4 o más hijos, en el sentido de que sólo podrán acceder al programa de asistencia, es decir que el Estado las manda a quedarse en la casa cuidando a los hijos.

—Con estos cambios, ¿tuvieron que reducir los espacios socio-comunitarios?

-No, no… el trabajo se duplicó, porque si antes había 10 pibes en el comedor o en el espacio de rehabilitación de adicciones, hoy son 20. Los comedores reciben más gente, porque sólo dan de comer, sino que dan apoyo escolar para los chicos, cuando no pueden pagar una maestra particular, abrimos potreros para que jueguen a la pelota, en los espacios se hace la fiesta del Día del niño, los cumpleaños… el que trabaja en un comedor escucha al que llega, lo acompaña a hacer trámites… El gobierno no tiene idea de esa construcción de comunidad, no la conoce. Y lo que sucede en épocas de crisis económica es que todas esas tareas de cuidado se duplican. Porque al comedor no vienen solamente los trabajadores informales, o el que está en la extrema necesidad, sino que hoy vienen personas que tienen empleo. Acá, por ejemplo, (señala la olla popular de Constitución, donde estamos haciendo la entrevista) hay muchos que salen de trabajar y vienen a buscar comida.

—Entonces, se duplicó el trabajo, pero se redujo el reconocimiento; ¿Y los comedores? ¿Se están desarmando con la decisión de Pettovello de no mandarles alimentos?

– Hacen malabares para seguir funcionando… Muchos han tenido que reducir los días que cocinan, se coordina en cada barrio, un día cocinamos nosotros, otros días da de comer la iglesia, otro los de otra organización. Las redes se organizan para subsistir.

El miércoles 10 de abril, cuando la policía reprimió la marcha de los movimientos sociales en reclamo de alimentos para los comedores, la referente de la UTEP fue una de las manifestantes heridas en el operativo. Dos balas de goma le pegaron en una pierna, antes de que lograra refugiarse en un edificio donde los estatales hacían una protesta contra los despidos. Ese día la policía le disparó a la cara a Claudio Astorga, un manifestante que se paró a ayudar a unas señoras que se habían quedado retrasadas en el desbande. “La carga de la policía contra las compañeras fue muy fuerte”, indica ahora; “la policía motorizada, que va con un conductor y un tirador, se metió por las calles, disparando sobre nosotras, aunque estuviéramos tratando de desconcentrar”.

Ya desde la primera marcha piquetera realizada contra su gestión, en diciembre, el gobierno mostró que jugaría todos los recursos en atemorizar a los manifestantes de las organizaciones sociales. En aquella marcha, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le puso a su Protocolo anti protesta un primer ingrediente distópico:  propaló por los altoparlantes de las estaciones de trenes la amenaza de quitar el Potenciar a quienes cortaran la calle.

Desde entonces, la intensidad de los operativos anti protesta fluctúa según el clima social. Hay semanas que pareció aflojar, pero luego empezaron los disparos con munición de goma a la cara de los manifestantes. El escenario se completa con la baja de planes que, mes a mes, va podando al antiguo programa Potenciar.  

—¿Crecen los movimientos sociales en estos meses de aumento de la pobreza o se reducen por el recorte de los recursos que antes recibían del estado? 

—Yo veo acumulación, en nuestro caso en cada nueva marcha sumamos. En la de enero a los Tribunales, cuando acompañamos a la CGT en la presentación del amparo contra el DNU, del Evita fuimos 7.000 personas. En la siguiente movilización, del 24 de enero, crecimos. Y siguió aumentando después. Hay acumulación, aunque es para la defensa de lo que tenemos. Otro cambio es que se acercan personas que antes no participaban. Hoy se acumula desde las asambleas vecinales.

—¿Qué temas convocan a esas asambleas?

—Lo alimentario es lo más urgente, pero además está el problema de las tarifas del transporte público, que en el interior es más grave que en el AMBA y afecta al que va a la escuela, al que va a la universidad, a los docentes, a los empleados públicos. También está pasando mucho que vienen a cortar la luz y los vecinos se organizan para que no se la corten. Todas estas cosas hoy están pasando en el territorio.

Los alimentos aumentaron 90% en los barrios populares en cuatro meses

Según el relevamiento de precios de 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que realiza mensualmente el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), a través de su Índice Barrial de Precios, en negocios de cercanía de los barrios populares de veinte distritos del Conurbano bonaerense, en marzo estos alimentos aumentaron 11,76%. Si se toma en cuenta el primer cuatrimestre del actual gobierno, la CBA subió 89,68%, un promedio de 22,4% mensual.

Según estos datos, una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as que en noviembre del año pasado (el mes anterior a que asumiera Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo) necesitaba para adquirir sus alimentos básicos 182.905,48 pesos; mientras que, en marzo de este año, precisó para cubrir los mismos alimentos 346.927,24 pesos, o sea 89,68% más.

En tanto, si se toman los valores de la Canasta Básica Total (CBT), que además de los alimentos considera un conjunto de productos que son igualmente indispensables para la vida cotidiana como salud, educación, transporte, tarifas del hogar, etc.; esa misma familia que en noviembre necesitaba 655.011,27 pesos en marzo pasado requirió 742.424,29 para solventar los mismos gastos.

En marzo, el rubro de Frutas y Verduras subió 12,66%; los productos de almacén aumentaron 14,7%; mientras que las carnes se incrementaron en un 6,31%.

Teniendo en cuenta los cuatro meses del actual gobierno, las Frutas y Verduras aumentaron 90,35%, los productos de almacén 101% y las carnes 72,23%.

El gobierno Milei quiere eliminar el monotributo social

El Gobierno Nacional impulsa, a través de un nuevo paquete de leyes, la derogación de las exenciones en el Régimen Simplificado de aquellas personas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. En pocas palabras, implica la eliminación de la figura tributaria del Monotributo Social.

El Monotributo Social es una política pública que existe desde el año 2004 y tiene un objetivo claro: reconocer y registrar a personas en situación de vulnerabilidad social que realizan una actividad económica en el marco de la economía social y del desarrollo local.

Existen hoy, en nuestro país, más de 610.000 monotributistas sociales que estarían siendo enviados automáticamente a la informalidad.

La mayoría de las titulares del monotributo social son madres jefas de hogar que están abocadas a las tareas del cuidado y la producción de alimentos en el marco de comedores, merenderos y otros espacios de cuidados.

Otro de los sectores perjudicados son las y los trabajadores de la agricultura familiar, un sector de altísima vulnerabilidad nuevamente invisibilizado a partir de las decisiones que se tomaron desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional. Esta categoría tributaria les ha permitido emitir facturas ante la venta de sus productos o servicios, jubilarse y poseer obra social.

Esta eliminación tributaria también afecta a las unidades productivas de los entramados socio-productivo de cada región, las cooperativas de trabajo y las y los titulares de programas sociales que desempeñan tareas de servicios urbanos en los territorios.

Rechazamos la modificación y llamamos a los diputados y diputadas del Honorable Congreso de la Nación que se reconsidere en el proyecto de ley citado la eliminación de dicha política pública, estableciendo todas las mejoras que se puedan proponer sobre la misma.

El destino de miles de familias de nuestro país depende de la continuidad del Monotributo social.

El lobby inmobiliario en el ministerio de Capital Humano

Esteban María Bosch fue nombrado director nacional de Emergencia de la cartera que conduce Sandra Pettovello. Viene de las filas de Juntos por el Cambio, es uno de los máximos representantes de los negociados de EIDICO en la Patagonia y ahora se encargará de gran parte de la política alimentaria estatal.

La empresa es propiedad de Jorge O’Reilly Lanusse, integrante del Opus Dei, quien para 1994 se destacó por ser uno de los primeros constructores de barrios privados en el Delta de Tigre. Enemigo acérrimo de colectivos socioambientales y comunidades indígenas, también tuvo su enfrentamiento con Greenpeace, que lo denunció por desarrollar emprendimientos inmobiliarios en zonas protegidas por la ley de Bosques en la Patagonia.

Si uno escribe en el buscador de google “Denuncias contra Eidico” nos aparecen unos 66.900 resultados vinculados a espurios negociados que la desarrolladora inmobiliaria realizó y realiza a lo largo y ancho del país.

Pese a los cientos de objeciones judiciales que pesan en su contra, Eidico pocas veces retrocedió y en varias oportunidades intentó acorralar a sus detractores con estrategias legales llevadas a cabo por un staff de cuervos y profesionales sin escrúpulos. En la Patagonia, uno de ellos es Esteban María Bosch.

Bosch es parte de un clan familiar dedicado a los negociados con el turismo y los negocios inmobiliarios (ver nota “Atendidos por sus dueños” de Susana Lara para El Cohete a la Luna). En su caso particular fue el gestor de negocios del consorcio Valle Escondido y del club de campo Estancia Miralejos en el área rural de San Martín de los Andes. En la arena política fue secretario de Turismo y candidato a intendente de Juntos por el Cambio en la ciudad neuquina.

Es de ese tipo de casta que enamora a la Libertad Avanza, de apellidos tradicionales y billeteras abultadas. Su puente al gobierno no solo se dio por su vínculo con Pablo de La Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de Capital Humano. Según el portal “Realidad Sanmartinense”, el visto bueno para ser su acercamiento a la Libertad Avanza lo logró al intermediar en el levantamiento del acampe Qom en Plaza de Mayo, por el cual los manifestantes fueron derivados a Formosa junto a sus pertenencias.

Se tardó unas semanas, pero finalmente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, premió a Bosch con un cargo de suma importancia. A través de la decisión administrativa 191/2024, dada a conocer en el Boletín Oficial el 11 de abril, fue nombrado al frente de la Dirección Nacional de Emergencias y la Dirección de Ayuda Institucional, encargada de hacer llegar la asistencia alimentaria a millones de familias en situación de extrema vulnerabilidad. Además, tendrá bajo su órbita el funcionamiento logístico y estructural de los depósitos de comida, víveres, agua, materiales y colchones del Ministerio a nivel nacional.

El nombramiento no es menor si se tiene en cuenta que al día de hoy el gobierno ha cortado todo tipo de asistencia alimentaria para los comedores comunitarios, sean estos de los movimientos sociales, la Iglesia o de cualquier asociación civil o entidad de bien público. Para peor, en el área alimentario del ministerio está planteado un negociado millonario a partir de la compra de productos de descartes que las grandes empresas decidan vender a un costo menor del mercado sin tener en cuenta valores nutricionales o las necesidades que el diagnóstico social emane (Ver “El nuevo plan del Ministerio de Capital Humano: comprar el descarte de las empresas alimenticias para mandar a comedores comunitarios”).

El arribo del lobby empresarial a Capital Humano se aceleró en las últimas semanas, donde Paolo Rocca logró que nombraran a Julio Cordero, uno de sus CEO´s en Techint, al frente de la secretaría de Trabajo. En esta oportunidad, fue O’Reilly Lanusse quien cobró por ventanilla y garantizó al sector inmobiliario un representante de peso en el Estado argentino.

Fuente: Anred

Galperín: La casta planera

“Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis”. Mientras, Marcos Galperín escribe ese tweet saca cuentas de cuánto ganará haciendo negocios financiera con la plata de los más pobres. El presidente Javier Milei compartió varios tweets que reproducían la provocación del millonario.

La polémica saltó luego de que Mercado Pago anunciara un acuerdo con el Gobierno nacional para que los beneficiarios de los diversos programas sociales ofrecidos por ANSES puedan recibir sus pagos a través de la plataforma de Galperín. También podrán obtener una tarjeta de débito Mastercard “sin costo alguno” y otros servicios de la fintech.

La realidad es que la AUH y la mayoría de los programas sociales no tienen intermediarios. Los fondos van directo a una cuenta del Banco Nación a nombre de la persona beneficiaria. Hasta ahora, que podrán tener un intermediario: el hombre más rico del país, con una fortuna valuada en 7.000 millones de dólares.

Aunque no es obligatorio, la empresa y el gobierno ya han iniciado una campaña para atraer clientes, promocionando futuras ganancias de manera descarada.

Es mentira que es un gesto de filantropía desinteresado y gratuito. En realidad, lo que hace Mercado Pago es garantizarse millones de usuarios. Aunque seguramente muchos de elles ya tenían la aplicación, ahora todos sus ingresos podrán depositarse mensualmente al sistema financiero que maneja Galperín.

Eso los convierte en potenciales clientes de todos los negocios financieros de Mercado Pago: créditos, intermediación financiera y supuestas inversiones. En momentos de crisis, los “cerebros” de la empresa ya deben haber calculado ese beneficio.

Pero, aunque no lograra vender esos productos como le gustaría, el beneficio es fenomenal. La clave de las billeteras virtuales es manejar la plata de millones de personas. Ese dinero es invertido en corto y mediano plazo, mediante plazos fijos, fondos de inversión, acciones y otras operaciones que le permiten millonarias ganancias. Es tanto lo que ganan que MP se da el lujo de darte “intereses” cuanto más dinero dejás en la cuenta (siempre por debajo de la inflación, obviamente).

O sea, la plata de las Asignaciones, las contraprestaciones laborales, los programas para los sectores más vulnerables, que ingresa por miles de millones a principios de mes, Galperín se las tomará como “préstamo” para darle manija a su bicicleta financiera.

Para tener una idea del negocio, “en base a sus operaciones de comercio electrónico y servicios financieros, Mercado Libre (ML) obtuvo el año pasado un beneficio neto récord de US$ 987 millones, una mejora del 104,7% sobre el resultado del año anterior” (Clarín, 23/02/2024). Los datos demuestran que la clave de sus ganancias no es la plataforma de comercio Mercado Libre sino el negocio financiero de Mercado Pago.

Pero no es el único negocio que hace gracias al Estado. Mercado Libre recibe más de USD 100 millones por año de subsidios impositivos del Gobierno.

La fama de “emprendedor” es otro producto inventado por Galperín. En realidad, es un nene rico que estudió en Harvard (EE UU) y luego puso su empresa, que creció con apoyo de grandes fondos de inversión. Todos buitres. Nadie niega que algunos de los avances tecnológicos que aplica en su negocio son novedosos, aunque la mayoría los trae de otros imperios como Amazon. Pero esos desarrollos que podrían mejorar la vida de la gente se convierten en una máquina de generar fortuna individual.

La empresa se basa, además de las operaciones financieras que contamos, en un sistema de explotación laboral que de novedoso no tiene nada. Depósitos donde se trabaja con un convenio por empresa que explota a 2.000 jóvenes, un sistema de tercerización de la logística donde miles de camioneros y fleteros distribuyen la paquetería “a destajo” y un ejército de operadores del sistema de e-comerce sin derechos.

El Gobierno oficializó la suspensión de 9.000 cooperativas

Se publicó en el Boletín Oficial la resolución 879/2024 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) por la cual se suspenden las matrículas de más de 9.000 cooperativas y mutuales en todo el país “por incumplimiento al proceso de Actualización Nacional de Datos” y “falta de documentación asamblearia y estados contables”.

Mediante esta resolución las entidades suspendidas que aún no hayan completado el registro en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y adeuden documentación contarán con 10 días hábiles “para ejercer su derecho de defensa, siendo condición esencial acreditar haber efectuado la Actualización Nacional de Datos y presentado la documentación adeudada”.

Por su parte, las organizaciones que tengan toda su documentación presentada y no se hayan registrado en el sistema deberán hacerlo “en el término de 45 días”, según se explica en la resolución que adjunta 4 listados con las más de 9.000 entidades suspendidas por la medida.

En el mismo sentido la resolución 878/2024 también publicada en el Boletín Oficial insta a otras 7.000 mutuales y cooperativas para que en los próximos 30 días presenten los documentos adeudados o se procederá “a la automática suspensión de la autorización para funcionar por obstaculización al ejercicio de la fiscalización pública”.

Desde la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes) afirmaron que con estas medidas el gobierno nacional busca “profundizar la estigmatización, la persecución y criminalización como modo de quebrar toda resistencia popular” a la vez que se “pone en marcha un nuevo ataque a los sectores populares organizados de modo asociativo mediante cooperativas de trabajo”.

“Nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de un plan que consiste en la miseria planificada y de modo simultáneo el gobierno se propone la destrucción de cualquier atisbo de organizar modos de subsistencia mediante la eliminación de organizaciones y referentes”, aseguraron en un comunicado.

El presidente de la Fetraes, Eduardo Montes, dijo que -ante la falta de información directa sobre cuáles son las entidades suspendidas y cómo se las notificará- “nos obligan a informarnos a través del Boletín Oficial” y explicó que desde la federación van “a dar una mano a cada cooperativa que podamos en temas administrativos” para evitar que, al no ser notificados, se venzan los plazos y terminen dadas de baja.

Ni el ministerio de Capital Humano ni el Inaes informaron el número exacto de organizaciones afectadas por las resoluciones. Tampoco explicaron la forma o el tiempo en que estas entidades serán notificadas, sin embargo, aseguraron que en la página web del Inaes, las organizaciones podrán consultar el padrón y corroborar mediante el ingreso de Cuit o matrícula si se encuentran “vigentes” o “suspendidas”.

Ante la falta de información oficial, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic) y la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social (TES) lanzaron una plataforma web “de asistencia solidaria” para que las cooperativas puedan consultar si se encuentran en el listado de organizaciones afectadas por las resoluciones y “recomienda pasos a seguir para poder continuar operando, así como canales de asistencia”.

El sitio web https://cooperativas-suspendidas.sutty.nl/ además consigna un gráfico donde se encuentran listadas 20.647 entidades y el conteo de las 11.752 que figuran como “suspendidas”.

“En tiempo récord llega una respuesta solidaria de la mano de la misma comunidad cooperativa”, explicaron en el lanzamiento de esta web, a una semana de que el vocero presidencial, Manuel Adorni anunciara que el ministerio de Capital Humano iba a “depurar y controlar” el padrón nacional de cooperativas que “reviste innumerables irregularidades”.

Desde Facttic consideraron que estas medidas son “parte de un intento de denostar el sector cooperativo y mutual que motoriza la economía y genera miles de puestos de trabajo”.

La Legislatura bonaerense aprobó por mayoría el proyecto de prórroga de emergencia para las empresas recuperadas

El miércoles 17 de abril, ante la presencia de trabajadores de empresas recuperadas, la Legislatura bonaerense aprobó por mayoría el proyecto de prórroga de emergencia para las empresas recuperadas. El plazo, que originalmente era de 5 años, fue recortado en la negociación entre los bloques mayoritarios y se terminó votando por 18 meses, con la posibilidad de extenderse un año más. La diputada del PTS FIT, Laura Cano, reclamó a la Legislatura que se traten también los proyectos de expropiación.

El proyecto de emergencias, que debe ser votado en el Senado y promulgado para entrar en vigencia, protege a las empresas recuperadas por sus trabajadores, de desalojos y cortes de servicios por la imposibilidad de pagos de las tarifas millonarias que les están llegando, aunque como sostuvo la Diputada del PTS – Frente de Izquierda, Laura Cano, es una medida mínima necesaria que no resuelve el problema de fondo, por eso reclamó el tratamiento urgente de los proyectos de expropiación que tramitan en la Legislatura bonaerense y que el Estado tome las medidas que los trabajadores de las cooperativas vienen reclamando para poder seguir funcionando.

Junto a esto reivindicó la lucha que llevan adelante estas experiencias de recuperación de empresas para proteger los puestos de trabajo en tiempos de crisis, y como experiencias creativas, que surgen desde la propia clase trabajadora y que cuestionan la ideología liberal del sálvese quien pueda y el sentido común capitalista que considera a los trabajadores como una parte más de la máquina. Y muy al contrario demuestran que controlan todos los aspectos de la producción, que pueden generan formas laborales no jerárquicas, rotativas, con igualdad de género, y pensando la producción como un bien social, como muestran las experiencias de la gráfica Madygraf en Garín, de quien se encuentra presentado el proyecto de expropiación definitiva.

Finalizó planteando que, en la situación de crisis actual, con más de 1.000.000 de nuevos pobres, con despidos y cierres de empresas, estas experiencias de lucha están presentes para mostrar que hay otra salida, desde abajo, y de los trabajadores.

Fallo de la Corte Suprema que favorece a cooperativas

Por Hernán Caire*

El 19 de marzo pasado un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró no alcanzados los ingresos de las asociaciones sin fines de lucro en el impuesto más importante que recaudan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En una sentencia muy breve sobre el caso “Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi”, la Corte determinó que las asociaciones sin fines de lucro no deben pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. Esta es una sentencia que pasó casi inadvertida pero que tiene consecuencias sumamente importantes y especialmente para cooperativas y mutuales (vale recordar que ONGs y fundaciones ya estaban exentas).

Una cooperativa de la Provincia del Chaco había iniciado una acción de amparo solicitando se declare la inconstitucionalidad del Código Fiscal provincial por el cual se establece, como lo hacen todas las provincias, que se paga el impuesto sobre los ingresos brutos sobre todas las actividades habituales y onerosas, incluidas las sociedades cooperativas y las asociaciones mutualistas. La cooperativa perdió en todas las instancias provinciales llegando como consecuencia al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que no sólo la rechazó, sino que, además, denegó el recurso extraordinario federal. Esta situación obligó a la entidad a radicar una queja ante la Corte Suprema de la Nación.

Luego de casi cinco años y con dictamen favorable de la Procuración General del 2021, en marzo pasado la CSJN le dio la razón a la cooperativa basándose en que la Ley de Coparticipación Federal sólo habilita a las provincias a cobrar el impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades con finalidad de lucro. Como consecuencia de ello, las entidades sin fines de lucro, aun cuando realicen actividades onerosas, no deben estar alcanzadas por el impuesto provincial. La sentencia tiene consecuencias inmediatas sobre esta clase de entidades. Por un lado, otorga luz verde a esas organizaciones para iniciar acciones en todo el país para evitar que las provincias les quieran cobrar el impuesto. Pero, además, les brinda a las cooperativas y mutuales un fuerte argumento para oponerse a cualquier intento de las administraciones tributarias provinciales que pretendan cobrárselos.

Esta sentencia de la Corte ha causado un revuelo en los organismos de recaudación de todas las provincias. Rápidamente, autores fiscalistas han salido a minimizar los alcances de la sentencia, por ejemplo, planteando que el alcance es limitado a períodos fiscales anteriores al Consenso Fiscal 2021(Ley 27.6387) o que el Consenso Fiscal 2021 ha modificado la Ley de Coparticipación Federal.

De todas maneras, entendemos que la pretensión de limitar los alcances del fallo es inconsistente debido a que la Corte no hace referencia a los períodos fiscales involucrados, sino que se sustenta exclusivamente en la interpretación de la Ley de Coparticipación Federal. Además, se trataba de una acción de amparo donde la Cooperativa había solicitado directamente la declaración de inconstitucionalidad del Código Fiscal.

Por otra parte, limitar el alcance de la sentencia, implica inevitablemente presuponer que la Corte Suprema desconoce el derecho vigente, algo poco creíble. El Régimen de Coparticipación Federal tiene un lugar preponderante en el federalismo fiscal y expreso reconocimiento en la Constitución de la Nación Argentina (artículo 75, inciso 2), si bien la reforma de 1994 estableció que el nuevo régimen sería establecido antes de la finalización del año 1996, aun se espera la sanción de una nueva ley por el Congreso. En ese sentido, el Consenso Fiscal 2021 no hace ninguna referencia a la Ley de Coparticipación y ni siquiera fue aprobado por todas las jurisdicciones (La Pampa, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no lo han firmado y Formosa no lo ha ratificado). No debe perderse de vista que el Régimen de Coparticipación Federal requiere unanimidad de las Provincias y la Nación para ser modificado, al respecto, la Corte Suprema tiene dicho que “no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes” (Fallos 322:1781).

Un absurdo sería que una mayoría de provincias podría ponerse de acuerdo en una nueva ley de coparticipación que afecte a las restantes. Tampoco puede sostenerse que dicha unanimidad refiera únicamente al Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales, porque una ley-convenio como tal debe entenderse como un todo completo, como un bloque normativo, ya que implica que todas las partes han consensuado ese convenio; una parte no puede ser escindible del resto, ya que el consenso logrado en un aspecto podría hacer caer el consenso logrado en otro.

El Régimen de Distribución de Recursos Fiscales es inescindible de las restantes partes de la Ley de Coparticipación Federal, especialmente de las obligaciones asumidas por las provincias de regular el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Justamente, una interpretación armónica de la Ley de Coparticipación Federal implica que las obligaciones asumidas por las Provincias son necesarias y determinantes para la aplicación del Régimen. Como demostración de ello, la Corte Suprema ha aplicado las obligaciones de las Provincias con relación al Impuesto de Ingresos Brutos y sobre el Impuesto de Sellos; y en ningún caso ha interpretado que los pactos o consensos posteriores hayan modificado la Ley de Coparticipación Federal.

El Pacto Fiscal 2017 establecía obligaciones de las provincias respecto de Ingresos Brutos y prácticamente ninguna fue cumplida. El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993 estableció la derogación del Impuesto de Sellos y 30 años después el mismo sigue vigente. Por eso, no corresponde argumentar los efectos derogatorios del Consenso Fiscal 2021 sobre la Ley de Coparticipación sólo cuando éstos son en beneficio de los fiscos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en perjuicio de los contribuyentes.

* Director de Impuestos y Legales de KPMG Argentina y Gerente de Impuestos y Legales de KPMG Argentina.

El agronegocio se cobró otra vida campesina

Fabián Martínez, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC), fue asesinado el viernes 5 de abril en el paraje San Francisco, en el noreste provincial. El crimen sucedió luego de que una banda armada usurpara tierras de uso comunitario y se acusa a un hombre llamado Yonathan Padilla de ser el autor material del asesinato. Es el cuarto campesino asesinado en los últimos años, siempre en el marco de conflictos entre empresarios del agro y comunidades campesinas e indígenas por la tenencia de los territorios.

El conflicto tuvo un punto de inflexión el 28 de marzo con la llegada de un grupo armado al paraje San Francisco (departamento Alberdi). Los hombres, señalados como pertenecientes a «la Banda de los Padilla», comenzaron a cercar los campos. En esa zona rural, los campesinos del Mocase-VC crían a sus animales, que pastorean en predios compartidos.

Ese jueves 28 de marzo hubo una discusión entre los recién llegados y los campesinos que viven allí desde hace generaciones. Estos últimos realizaron la denuncia ante la Policía, pero no obtuvieron respuestas. El 4 de abril se terminó de alambrar el predio, pero muchos animales quedaron dentro del perímetro cercado. Los campesinos se acercaron a pedir por sus animales. Entre ellos, Martínez, que se dedicaba a la cría de aves de corral y fue a acompañar a sus vecinos. Era miembro del Mocase-VC y padre de cuatro hijos.

Mientras los campesinos hablaban con el grupo que había cercado el campo, llegó Padilla, al grito de “¿No les he dicho que se vayan a la mierda?”. A continuación, empezó a golpear a los presentes. A los pocos segundos, sacó una escopeta. Martínez se interpuso y recibió dos balazos que lo mataron. La Policía detuvo a Padilla el sábado y se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la indagatoria a él y otras seis personas detenidas por el hecho.

Desde el Mocase-VC especificaron en un comunicado, en referencia a la “Banda de los Padilla”: “Son conocidos en toda la zona norte de Santiago del Estero por ejercer violencia, utilizando armas de fuego en distintos conflictos vinculados a usurpación de tierras pertenecientes a comunidades campesinas e indígenas a favor de pseudo-empresarios”. Desde el Mocase-VC señalaron que la empresa detrás del asesinato es Porta Hermanos, denunciada en la ciudad de Córdoba por la contaminación con su fábrica de bioetanol en pleno centro urbano.

Cuatro campesinos fueron asesinados desde 2011 como consecuencia del despojo que ocasiona el avance de la frontera agropecuaria y los desalojos que se hacen en beneficio de grandes empresarios. Sandra Ely Juárez (2010), Cristian Ferreyra (2011) y Miguel Galván (2012), fueron asesinados por defender el territorio en el que habitaban y trabajaban junto a sus comunidades. En ningún caso hubo condena para los empresarios ni los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron sus muertes.

Según explican desde el Mocase Vía Campesina, en los últimos años, empresarios del agronegocio han recurrido al mecanismo de contratar personas con situaciones problemáticas (adicciones y antecedentes de violencia), entregarles armas y llevarlos a las tierras campesinas-indígenas que pretenden usurpar. En esas circunstancias se produce el robo o la matanza de animales, las amenazas y los enfrentamientos que terminan en asesinatos.

En septiembre pasado, familias campesinas del departamento Figueroa (en el este santiagueño) que pertenecen a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) se vieron envueltas en un tiroteo debido a este accionar de las empresas y sus intermediarios.

Las cifras evidencian la persecución de las familias que producen alimentos sosteniendo las formas tradicionales y la armonía con el monte nativo. Los campos que se usan para la cría o la recolección de frutos del monte entre varias familias se clasifican como «explotaciones agropecuarias sin límites definidos» en el Censo Nacional Agropecuario. Esto es así porque esos campos no están alambrados. Entre el censo de 2002 y el de 2018 se perdieron 5.600 explotaciones agropecuarias sin límites definidos (pasaron de 10.119 a 4.519).

Alberdi, donde el viernes asesinaron a Martínez, es uno de los departamentos más afectados por el desmonte en Santiago del Estero. En la provincia existen 7.108.203 hectáreas de monte nativo, cuyas especies autóctonas son el quebracho colorado, el quebracho blanco, el algarrobo y el vinal. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 2012 y 2018, la pérdida de bosque nativo en Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero fue de un millón de hectáreas, de las cuales un 28 % corresponden a la modificación de uso de la tierra con fines agropecuarios.

Una negacionista para arrasar con la agricultura familiar

El Gobierno dispuso la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci) por un plazo de 90 días. Como interventora nombró a Inés Liendo, dirigente del PRO en Salta y figura cercana a Mauricio Macri, que además pertenece a una familia de funcionarios de la última dictadura y del menemismo. La decisión se formalizó mediante el decreto 285/2024 y en cuyos fundamentos se acusa a los trabajadores del organismo de entregar beneficios de forma discrecional a las familias productoras de alimentos. La semana anterior se había informado el despido de 900 trabajadores y trabajadoras.

Según su Currículum Vitae, Liendo es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en derecho administrativo. Durante el macrismo fue funcionaria del PAMI: se desempeñó como coordinadora de la Gerencia de Administración, dedicada a controlar los procesos de compras y contrataciones del organismo entre diciembre de 2015 y enero de 2020. Entre abril y noviembre de 2015 fue asesora legal del ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En 2023 fue la candidata a diputada nacional por Salta, elegida por Mauricio Macri para representar la propuesta electoral de Juntos por el Cambio en esa provincia.

En el ámbito privado hizo sus primeras armas como abogada en la firma Nieves de Mendoza, que llegó a juicio contra una familia de puesteros de Malargüe (Mendoza) por un conflicto de tierras y a otro litigio con la comunidad Mapuche Lof Limay Kurref por tierras en la misma zona. Según su perfil de LinkedIn, también trabajó en el estudio jurídico Bomchill, un buffet centenario que intervino en las privatizaciones de los años 90.

El apellido Liendo no es nuevo en la política argentina. La interventora es nieta del militar Horacio Tomás Liendo, primer ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla y ministro del Interior del siguiente presidente de facto, Roberto Viola. Según un artículo publicado en La Nación en 2007, el ministro Liendo fue partidario de combatir “con energía a las organizaciones guerrilleras para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores”. Durante su gestión al frente de la cartera de Trabajo, se registraron secuestros y desapariciones de trabajadores y sindicalistas. Al renunciar Viola, se hizo cargo del Poder Ejecutivo por 21 días. 

El padre de Inés, Marcelo Liendo, también hizo carrera militar. Llegó a ser coronel y comandó el Regimiento 5º de Caballería en Salta. Además, fue subjefe de la V Brigada de Infantería de Montaña en esa provincia. A fines de noviembre de 2023 publicó una carta en el medio La Prensa, pidiendo por la prisión domiciliaria para los genocidas.

El negacionismo de los crímenes de la última dictadura y el discurso anti derechos es una herencia que la ahora interventora del Inafci recoge y expresa bien claro en sus redes sociales. En la red X repostea mensajes contra del derecho al aborto, otros que llaman “asesino” al periodista Rodolfo Walsh o que banalizan las movilizaciones por el 24 de marzo.

En esa red social, a principios de marzo, posteó: “Con Mauricio Macri coincidimos plenamente en el rumbo asumido por el gobierno nacional, y estamos trabajando para potenciar al PRO, cuyo compromiso con el Cambio es irrenunciable. Es esencial por ende que apoyemos el surgimiento de nuevos liderazgos, que abracen claramente las ideas de la Libertad, el derecho a la Vida y la defensa de la Propiedad Privada”.

En enero, también en X, aseguró: “Trabajo desde el 2005 y estuve en contra de todas las políticas populistas impulsadas durante los 20 años del kirchnerismo. Jamás hice paro. Jamás impedí que otro argentino trabaje o se mueva libremente por nuestro país. La Argentina de los patoteros y extorsionadores se terminó. Perdieron chicos. Ahora dejen trabajar”.

En TW destacó por sus comentarios contra políticas de Derechos Humanos. Por ejemplo, cargó contra Estela de Carlotto cuando la titular de Abuelas de Plaza de Mayo llamó a sumarse a una campaña para plantar 30.000 árboles, cuando los 45 años del golpe. Liendo chicaneó con que «ahora se dedica a la ecología».

El 20 de noviembre de 2022, en plena conmoción por la muerte de Hebe de Bonafini, Liendo atacó a la fallecida presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y se refirió a los Derechos Humanos como «una excusa» para generar «la división entre argentinos».

Además, fue la cara visible en Salta de las marchas contra las políticas de aislamiento social por la pandemia de coronavirus. En una entrevista con un medio local negó ser anticuarentena y precisó: «Lo que tendríamos que decir es ‘somos los referentes de los que levantamos la Constitución y queremos que la Constitución se respete. Vivimos en un Estado democrático donde muchos de nuestros derechos han estado suspendidos de manera indeterminada».

Autodefinida en Twitter como «volante por derecha», la sedicente defensora de la Constitución con un abuelo que fue tres años ministro de una dictadura que pisoteó la Carta Magna, no pudo llegar al Congreso en 2021. 

Contra la política destinada a la agricultura familiar

A través de las redes sociales, la interventora expresó su preocupación por el hambre en el país. “Más de seis millones de chicos no comen en Argentina, y al kirchnerismo lo único que le importa es no perder ‘los fondos del teatro, del cine, la música y los medios. ¡No tienen vergüenza!”.

El Inafci, precisamente, es el organismo creado para acompañar a quienes producen la mayor parte de los alimentos frescos que se consumen en el mercado interno, como verduras, frutas y carne. El Instituto impulsa a trabajar desde la agroecología y brinda asesoramiento técnico y social para favorecer el sector.

Sin embargo, el Gobierno argumentó la intervención del Inafci señalando que “en relación con los programas y acciones desarrolladas, es el propio personal del Instituto quien busca y detecta al potencial beneficiario, lo asesora, lo guía e impulsa la tramitación” y que “dicho accionar da lugar a beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervendrían en los procesos de asignación”.

Eliana Negrete, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el ministerio de Agricultura, aclara: “Las trabajadoras y los trabajadores no tenemos nada que ver con decisiones que impliquen discreción en el reparto del recurso. Nosotros hacemos nuestro trabajo con la universalidad de la agricultura familiar”.

En el decreto que establece la intervención también se lee: “Que la instancia con competencia en la materia ha informado sobre situaciones de ocupación de tierras fiscales provinciales o municipales y/o tierras privadas, ya sea con permiso o sin él, en adjudicación de venta; campos comuneros; aparcerías precarias; comunidades indígenas; sucesiones indivisas, entre otros casos”. La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que establece la creación del Inafci, destaca la creación de un registro de tierras fiscales destinadas a la agricultura familiar, pero aún no se avanzó en ese sentido. Hasta el momento, el organismo que se ocupaba de reconocer las tierras a los pueblos originarios es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA), cuyo cierre también fue anunciado por el vocero Manuel Adorni.

Las y los técnicos que trabajan en el organismo acompañan a 250.000 productores y productoras en todo el país. Y coinciden en señalar que ese sector es una barrera para el extractivismo que pretende avanzar sobre los territorios. “Desde el Inafci se plantea una mirada que va en contra del agronegocio”, marcaba Valeria Mamanis, tras conocerse la noticia de los despidos. Dicha decisión generó el repudio no sólo de quienes trabajan allí, sino de los propios productores nucleados en organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y la Federación Agraria Argentina (FAA).

Como interventora, Liendo deberá elaborar un informe para el ministerio de Economía para darle a conocer el estado de situación del Inafci. Aún sin conocer este punto, el decreto —que lleva la firma de Luis Caputo—, señala que además tendrá que relevar la dotación del organismo, pudiendo disponer las medidas tendientes a la “racionalización de su planta de personal”. Incluye la facultad de disponer cesantías, pases a disponibilidad y suspensiones. También tendrá entre sus competencias designar y remover a funcionarios.

Se informó públicamente el despido de 900 trabajadores y trabajadoras. “No buscan echar ñoquis ni funcionarios, buscan golpear y desmoralizar a lxs trabajadorxs y destruir a los organismos que como el Inafci vienen trabajando desde hace más de 30 años con el sector de la producción familiar, generadora de alimentos y soberanía”, manifestaron los trabajadores, en el marco de las acciones de protesta convocadas por ATE.

Liendo deberá disponer además una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles y su eventual destino. Y tendrá en sus manos la continuidad o no del instituto creado por ley. “En el caso de detectarse anomalías o irregularidades, la Interventora informará al ministerio de Economía el detalle del impacto económico y el menoscabo que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, acompañando la información o documentación respectiva y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar, como así también sobre la oportunidad o necesidad de la continuidad del mentado Instituto Nacional como organismo descentralizado”, dice el decreto.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Perfil, La Izquierda Diario, Página/12, Anred, Red Eco Alternativo, Agencia Tierra Viva, Somos Télam

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