Confirmaron el procesamiento de Eduardo Belliboni

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión en la causa por el manejo de planes sociales y lo dejó así en condiciones de ser enviado a juicio oral.

También remarcó que los procesamientos no son una “sentencia definitiva o equiparable a tal”. Belliboni está procesado por “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión” por desvíos de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.

El dirigente sindical fue procesado en agosto pasado por Casanello por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión y agregó dos delitos más, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”.

Además, la acusación incluye la supuesta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.

Los fondos se desviaron y se habrían usado para “afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias”, consideró probado la Cámara Federal cuando confirmó los procesamientos en noviembre último.

Una solicitada contra la persecución al Polo Obrero y el movimiento piquetero

Adolfo Pérez Esquivel, Elia Espen, miembros y dirigentes de organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, intelectuales, artistas, diputados nacionales, legisladores, organizaciones piqueteras, estudiantiles, etc., acompañan la solicitada.

El texto, que reproducimos abajo, expresa el rechazo al fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento de los compañeros a pesar de todas las arbitrariedades de la instrucción de la causa, que prueban que se trata de una persecución política a los luchadores promovida por el gobierno.

También repudia el intento de elevación a juicio por parte del juez Sebastián Casanello, quien -a diferencia de cómo actúa la Justicia en todas las causas que investigan hechos de corrupción que involucran a políticos patronales o empresarios- busca cerrar la etapa de instrucción en tiempo récord. Para ello continúa rechazando la presentación de pruebas y testigos por parte de la defensa, perpetrando los atropellos a las garantías procesales y el derecho a defensa.

Además, incluye el importante señalamiento de que se trata de un intento del gobierno de Milei y Bullrich de imponer una sentencia que sirva de ejemplo para amedrentar a los luchadores y al movimiento popular. Es un ataque al derecho a la organización y a manifestarse. No lo vamos a permitir.

Abajo la persecución contra el movimiento piquetero

Rechazamos la elevación a juicio de militantes y dirigentes del Polo Obrero

Los abajo firmantes expresamos nuestro rechazo a resolución de la Cámara Federal de Apelaciones confirmando los procesamientos a militantes y dirigentes del Polo Obrero y también a la decisión del juez de cerrar la instrucción para que la causa sea elevada a juicio. Ambos hechos son de extrema gravedad para las libertades democráticas y el derecho a la protesta.

La Cámara avala los atropellos del derecho a defensa presentes en la instrucción y agrega en la calificación amenazas coactivas y extorsión, buscando presentar la movilización piquetera como resultado de un apriete contra quienes cobraban planes sociales, cuando en realidad, era un canal de expresión de los reclamos de los barrios. Es un libreto a la medida de Patricia Bullrich, para avanzar en amedrentar a quienes se organizan y se movilizan por los reclamos populares.

Por eso, de producirse una condena sentaría un precedente gravísimo para la libertad de organización y movilización en el país. Los argumentos de la Cámara el gobierno los extiende a todas las organizaciones sociales y más ampliamente, también contra las huelgas, los bloqueos sindicales y las medidas de fuerza en general.

Llamamos a rechazar los procesamientos y la elevación a juicio, y a defender el derecho a la organización, la protesta y las libertades públicas amenazadas por el gobierno y el poder judicial.

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo), Diego Morales (CELS), Carlos Lordkipanidse (Encuentro militante Cachito Fukman), María del Carmen Verdú (Correpi), Roberto Félix Cipriano García (Comisión Provincial por la Memoria), Julio Piumato (Sec. Gral. UEJN), Hugo “Cachorro” Godoy (Sec. Gral. CTA Autónoma), y siguen firmas.

Caravana por Milagro Sala a 9 años de su detención

Por Celeste del Bianco

Milagro Sala cumple prisión domiciliaria en La Plata debido a problemas de salud.

A nueve años de la detención arbitraria de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre otras, harán una caravana el jueves para denunciar la persecución que padece, pedir su liberación y seguir denunciando que es una presa política. “Abrazar la resistencia es también defender los derechos en el territorio”, dijeron desde el comité organizador. La movilización comenzará pasado el mediodía en la Casa de la Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, y terminará en La Plata, en la vivienda donde la dirigenta social cumple prisión domiciliaria. Además, organismos de derechos humanos denunciaron el lawfare al que fue sometida por Gerardo Morales y Mauricio Macri y la continuidad con el gobierno de Javier Milei.

La caravana iniciará a las 13:30 en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, en el barrio porteño de Congreso, y luego seguirá hasta La Plata, donde habrá una parada en Plaza Moreno. De ahí, llegarán a la casa de Milagro Sala para saludarla y abrazarla. Además, se proyectará el documental “Amasando Futuro”, de Marta Valle. 

La exdiputada Juliana Marino dijo que se trata de «uno de los primeros casos de lawfare con propósito de proscripción y escarmiento a las organizaciones populares. Es reconocido por gran parte de mundo judicial (aunque no lo diga y, más bien, lo silencie) como una aberración jurídica». Además, Marino, que es una de las organizadoras de la caravana, recordó la participación del ex gobernador jujeño: «Morales, acompañado por el bipartidismo jujeño, creó un aparato judicial a la medida de su odio y de los intereses más poderosos de la provincia».

Los organismos de derechos humanos anticiparon que se sumarán a la movilización y emitieron un comunicado en el que denuncian la persecución política y judicial que emprendieron el exgobernador Morales y el expresidente Macri. “Ha sido un proceso cargado de irregularidades, con la complicidad de funcionarios políticos y magistrados del Poder Judicial. En aquel momento 2016, dijimos también que Jujuy era el laboratorio de lawfare, de persecución judicial contra los opositores políticos y luchadores sociales que se extendería luego a toda la Nación”, indicaron en el texto.

Además, destacan que «gracias a la solidaridad internacional, a la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Milagro cumple prisión domiciliaria por su estado de salud y ha logrado un tratamiento médico adecuado en la ciudad de La Plata. En la Provincia de Jujuy, en la cárcel del Alto Comedero, pero también en hospitales y en su propio domicilio fue objeto de agresiones permanentes, de traslados efectuados con violencia institucional y violencia mediática, hechos que están denunciados y que volveremos a advertir ante cualquier intento de retornarla a la provincia».

Los organismos recuerdan que Milagro «ha tenido que soportar la pérdida de su esposo Raúl Noro, y de su hijo, Sergio, sin que el poder político se haya conmovido frente a tanto dolor».

En otro tramo del comunicado recuerdan que «numerosas compañeras y compañeros de la Agrupación Tupac Amaru y otras aliadas, sufrieron cárcel y persecución, han resistido con la solidaridad de los organismos de Derechos Humanos, de los Comités locales e Internacionales, y hoy, estando en libertad vuelven a levantar con orgullo las banderas de Tierra, Trabajo, Educación y Salud que fueron los objetivos de lucha construidos en los barrios de Jujuy y de otras provincias argentinas como en Mendoza, Chaco, Salta, y varias más».

Los organismos de Derechos Humanos sostienen que «Milagro ha sido encarcelada y es todavía perseguida porque representa la lucha de un pueblo humilde que recuperó su dignidad en las obras de vivienda social, en la construcción de barrios enteros, en la promoción de los más oprimidos de la sociedad por su clase, su género y su etnia».

En ese sentido, señalan también que «en este tiempo de profundización del despojo, con el gobierno de Milei y sus aliados locales, la represión se sigue descargando sobre el conjunto de la sociedad jujeña, frente a la lucha contra el extractivismo que está desangrando sus recursos naturales y sus pueblos».

Es por esto que los organismos reiteran que «estaremos junto a Milagro en este 9° aniversario de su cautiverio, sintiendo que la política, y en particular las fuerzas populares, no han estado a la altura de este desafío, que es el de procurar la libertad a quienes comprometieron su militancia y sus recursos en favor de las comunidades».  

El comunicado lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica, y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte y la Asociación Buena Memoria. Por último, denunciaron la violencia del gobierno de Javier Milei y sus aliados locales que siguen profundizando “el despojo” y la represión.  

Allanan la vivienda de Mecha Martínez, dirigente de la organización social CUBA MTR

Comunicado de CUBA-MTR

Este miércoles se realizó un allanamiento en la casa de nuestra compañera Mecha Martínez, referente nacional de la CUBa-MTR y del Frente de Lucha Piquetero.
Esto se encuadra en la persecución sistemática que impulsa el gobierno de Milei contra los luchadores en general y contra el movimiento piquetero en particular, en donde los gestores del hambre acusan penalmente a las organizaciones de desocupados y a sus referentes.

La justicia servil al gobierno lanza esta provocación a días de conmemorarse un nuevo aniversario del 20 de diciembre de 2001, que hace un año desafió el protocolo de Patricia Bullrich.
Convocamos a la más amplia solidaridad para detener estos ataques contra el pueblo que se organiza para enfrentar el ajuste.

CUBa MTR ★ 18/12/2024

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MENSAJE DE SOLIDARIDAD DE TERRITORIOS EN LUCHA

Solidaridad con la compañera Mecha Martínez del CUBa-MTR, ante el allanamiento sufrido por este gobierno. A un año de que asumió como presidente Javier Milei y Pettovello, de la cartera de Capital Inhumano, lo único que recibimos los sectores populares es más persecución, pobreza, indigencia y hambre.

Mientras sus funcionarios viajan a Miami, como Patricia Bullrich, con el verso de que sus nietes juntaron la plata, o Adorni, que siempre dice “me fui”. Es grande la diferencia entre luchar por un plato de comida y pensar en vacacionar con la “nuestra”.

Hoy, la dirigente Mecha Martínez sufre un nuevo allanamiento. Este gobierno autoritario solo financia fuerzas represivas, creando agencias para perseguir a los pobres, mientras protege a amigos como el senador Edgardo Kueider, que se llevó 211.000 dólares a Paraguay.

Seguimos luchando contra el hambre en barriadas populares, compitiendo con narcos por cada joven. La justicia, ligada al poder político, no es imparcial y persigue a quienes luchamos.
La misma justicia que solo cacarea y viene en tortuga cuando se refiere a hacer cumplir con la entrega de alimentos a Cruella de Vil de Pettovello. Esa justicia que está ligada al poder político, que sigue órdenes, hoy le pagan por perseguirnos.
A casi un año del Argentinazo y la marcha del 20 de diciembre de 2023, expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a Mecha Martínez. Seguiremos en la calle, porque solo se pierde la lucha que se abandona.

Territorios En Lucha
-FeNaT-CTAA
-Libres del Sur
-Movimiento Argentina Rebelde MAR, Todu, Todel, Movimiento 29 De Mayo (M☆29)
-Frente Popular Darío Santillán
-Coordinadora Por El Cambio Social:
FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) – Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional – MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social) – Movimiento 8 de Abril – FAR Y COPA en Marabunta – FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base, Autónoma) – OLP Resisitir y Luchar – Movimiento Juana Azurduy – Arriba Lxs Que Luchan.
-MST Teresa Vive
-FOL – MTD Aníbal Verón – MRP – FOB – MTR Por la democracia directa.

Las organizaciones sociales le ganaron a Pettovello la pulseada por la entrega de alimentos 

Por Irina Hauser

Tras meses de maniobras, campaña sucia y dilaciones, la ministra debió acatar la medida cautelar solicitada por la UTEP y el CELS. El juez Lavié Pico la había intimado con la advertencia de iniciarle una causa penal.

Acorralado, después de intentar durante nueve meses eludir la entrega de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad social y económica, el Ministerio de Capital Humano tuvo que cumplir con una intimación del juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico e incorporar a 66 comedores y merenderos de la Asociación El Amanecer de Los Cartoneros al Programa Alimentar Comunidad. La ministra Sandra Pettovello y sus funcionarios se la pasaron todo este tiempo hablando de comedores fantasma, supuestas auditorías y denostaron a las organizaciones sociales en su carácter de intermediarias para hacer llegar la comida a los barrios, pero al final se quedaron sin argumentos. Las entidades que impulsan este amparo colectivo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), celebraron este desenlace como un triunfo, aunque aclararon que son muchos más los espacios comunitarios que aún no tienen garantizado el derecho a la alimentación, por lo que seguirán sus reclamos judiciales. 

El miércoles de la semana pasada a las 13:33 (27/11/2024) el juez Lavié Pico intimó a Capital Humano para que incluyera a este grupo de comedores y merenderos en uno de los programas alimentarios, que el propio gobierno dice respetar. Le advirtió que el derecho a la alimentación está en juego y que no admitiría “dilaciones innecesarias”. Se convirtió en el primer magistrado en advertirle en forma directa que si no cumplía dispondría “sanciones conminatorias”, por ejemplo, multas (que incluso pueden ser personales) o alguna denuncia penal por no acatar una orden judicial. El plazo se agotaba este lunes (1/12/2024). 

La resolución fue en respuesta a un escrito presentado por las organizaciones que impulsan el amparo, donde marcaban los mecanismos que utiliza el ministerio como excusa para no entregar alimentos o fondos: desde septiembre la cartera admitía que tenía un dictamen que reconocía la existencia de estos comedores y su rendición de cuentas, pero acotaba que tenían que verificar documentación. Al Amanecer de los Cartoneros no le respondía los correos electrónicos; dos veces el ministerio insistió ante el juzgado con que tenía que verificar todavía cierta documentación y pese a que tenían la rendición de cuentas y ya habían visitado los establecimientos desde mayo en adelante, dijeron que volverían a ir a chequear otra vez.  Era el colmo. 

“Una gota en el mar de la crueldad”

“Una pequeña victoria, una gota de justicia en un mar de crueldad”, celebró Juan Grabois (Argentina Humana) la disposición de Capital Humano de cumplir con la última decisión judicial. Grabois fue quien denunció desde un primer momento que el gobierno había cortado la entrega de alimentos a los comedores comunitarios. “Un año para cumplir con esto. Hasta que la amenazaron con desobediencia y multa, Pettovello incumplió sus deberes de funcionaria. Ya que nada es gratis, esto no le va a salir gratis”, escribió el dirigente social en su cuenta en la red “X”. El abogado de la UTEP, Nicolás Rechanik dijo: “Obviamente que hay muchos más comedores sin recibir alimento, pero nos pone contentos que empiecen a cumplir. Vamos a invitar al resto de asociaciones y comedores a que hagan el mismo camino que se hizo aquí para que al menos los incluyan en el Alimentar Comunidad”. Este programa contempla una transferencia monetaria para que sean los comedores los que adquieran alimentos y luego hagan su rendición de cuentas. 

Este expediente colectivo comenzó en febrero. La medida cautelar que exige garantizar el derecho a la alimentación rige desde el 14 de julio, cuando la firmó otro juez (que subrogaba el juzgado), Walter Lara Correa. Pettovello hizo oídos sordos. Aquel magistrado condenó finalmente al Estado nacional el 31 de octubre y recordó que no puede tomar medidas regresivas, que empeoren la vida de las personas, ya que así está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con rango constitucional. Indicó que debe entregar informes mensuales que den cuenta, en base a los programas sociales en funcionamiento, de cómo asegura el derecho a la alimentación, “la cantidad de personas alcanzadas por las políticas públicas, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica”.

Lavié Pico se ocupó de la ejecución de la sentencia. Aunque Capital Humano la apeló, la medida cautelar seguía vigente, de ahí la exigencia de cumplimiento de la semana pasada. En la apelación la cartera había tildado la condena de arbitraria, decía que se metía con políticas del Poder Ejecutivo y se oponía a pagar las costas del juicio. Ahora tuvo que reconocer que por lo menos 66 comedores están en condiciones regulares y no hay ninguna razón para excluirlos de programas en los que estaban abarcados antes de la llegada del actual gobierno. Allí van a comer unas 10.000 personas. 

En todo el país son muchísimas más las que buscan hacer, aunque sea una comida diaria en estos espacios de las organizaciones sociales. Grabois había calculado más de 2 millones. El dirigente es también quien hizo la denuncia penal, en febrero mismo, contra Pettovello por su política de hambre dirigida contra las organizaciones comunitarias. En el contexto de esa investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello, se conoció que el gobierno acopiaba más de 5.000 toneladas de alimentos, algunos a punto de vencer, en dos galpones. 

Dice la resolución de Capital Humano a raíz de la resolución judicial: “Que la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia propicia dar cumplimiento a la manda judicial, indicando los comedores a incorporar al Programa Alimentar Comunidad”. Luego acotan que igual “se llevarán a cabo las acciones tendientes al cumplimiento de los requisitos legales…”. Lo firma el nuevo secretario del área, Juan Manuel Ordóñez. 

Diego Morales, director de Litigio del CELS, señaló lo trabajoso que fue llegar a este punto frente al discurso estigmatizante del gobierno y las afirmaciones falsas. “Acusaron a las organizaciones de no rendir cuentas ni pasar auditorías, pero rindieron cuentas y pasaron las auditorías. En febrero dijeron que había que depurar Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM), bueno, no lo hicieron; en mayo dijeron que había que auditar, pero resulta que los comedores están funcionando, quizá haya cerrado alguno que otro que eran de la época de la pandemia. El problema es que nos llevan a tener que probar cada cosa. Pudimos mostrarlo con El Amanecer de los Cartoneros. La sentencia de fondo (de Lara Correa) fue a favor de todos los comedores, pero tuvimos que ir caso por caso”, dijo Morales. “Hay mucha gente que ha dejado de comer por la decisión del gobierno, que tuvo una subejecución presupuestaria del 82 %”, agregó. “El acatamiento de la orden de incluir a 66 comedores en el programa Alimentar es un logro, ahora habrá que lograr la misma respuesta para otras organizaciones”, subrayó.  

Aluvión de fallos adversos

Hasta acá el ministerio de Pettovello ha recibido un récord de resoluciones judiciales adversas prácticamente todas las semanas. En el fuero federal penal siete jueces les dieron la razón a los comedores de organizaciones sociales en su reclamo de alimentos: Casanello, la sala I Cámara Federal (Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico), y la sala II de la Cámara de Casación (Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar). En el fuero contencioso administrativo, tres jueces tomaron medidas para exigir a Capital Humano que garantice el derecho a la alimentación: Lara Correa, Martín Cormick (durante la feria judicial de invierno, ante el incumplimiento de la cautelar) y ahora Lavié Pico.

En Corrientes ya hubo cuatro sentencias de la Cámara Federal local que afirma que Capital Humano usó datos falsos para suspenderles el ex Potenciar Trabajo a numerosos beneficiarios. De esa provincia hay 500 personas que reclamaron, los camaristas van resolviendo por tandas. Ordenan devolver el programa, bajo las actuales modalidades (Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) y los meses no abonados más intereses.

Daniel Rafecas refutó con estudios la teoría de Capital Humano de que la yerba comprada por el gobierno anterior no era apta para consumo humano y que su adjudicación fue direccionada y archivó la causa. Ariel Lijo cerró por inexistencia de delito la acusación por supuestos desvíos de fondos para centros de primera infancia después que el fiscal Franco Picardi demostrara que la denuncia de Pettovello era trucha. 

El resultado de la intimación de Lavié Pico tiene un efecto simbólico relevante: la validación de la tarea social de las organizaciones comunitarias a las que el gobierno ha defenestrado e intentado equiparar con delincuentes, con el argumento de que no quiere intermediarios (aunque puso los propios). 

Informe sobre las más de 100 políticas alimentarias que desmanteló Milei

Se presentó el informe Rascar la Olla, que aborda el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias en el primer año de gobierno de Javier Milei. Participaron de la presentación el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Campesino de Córdoba, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, junto a organizaciones sociales, sindicales y productores de alimentos.

El informe evidencia el vaciamiento de las políticas, los organismos y las leyes ligadas a la agroecología, que impactaron sobre la producción y el consumo de alimentos. La actividad tuvo lugar en Radio Pueblo de Deán Funes, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

Federico Orchani, investigador del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del Centro de Estudios Legales y Sociales, expuso que son 111 medidas del gobierno nacional que comprometen el derecho a la alimentación. “Medimos o tomamos tres dimensiones el acceso, el consumo y la distribución de alimentos. En todos estos campos hay medidas regresivas en la mayoría”.

“Solo tres medidas fueron reforzadas, que son medidas de transferencia de ingresos como la tarjeta Alimentar, la Asignación por hijo, pero que, comparado a la brusca devaluación de la moneda, estamos hablando hasta agosto un 148% de devaluación de la moneda, un sacudón muy fuerte de la inflación en los primeros meses, un 19% de caída del salario. Este conjunto de medidas más macro, digamos, que da un efecto de una caída muy fuerte del consumo de alimentos”, agregó.

Jornada Nacional por una Navidad sin Hambre

Con una gran adhesión de distintas organizaciones sociales se realizó en más de 500 puntos del país una jornada bajo la consigna “por una Navidad sin Hambre”.

Convocada por la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y diversos movimientos populares se hizo un llamado a unir fuerzas y reunirse frente a hipermercados, industrias alimenticias, distribuidoras y cadenas que forman los precios para visibilizar la grave situación de miles de familias que no podrán garantizar ni siquiera un pan dulce para estas fiestas.

La CCC destacó que “esto es resultado directo de las políticas de ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei, que niega la ayuda alimentaria a quienes más lo necesitan” y añadió que “también repudiamos contundentemente el reciente decreto del gobierno que pone fin a la emergencia territorial indígena y que afecta a nuestras comunidades originarias”.

Cabe destacar que este decreto no solo deja sin protección a las tierras tradicionalmente ocupadas por nuestros pueblos, sino que también permite el desalojo de las mismas, bajo la excusa de la “inseguridad jurídica”.

En la Jornada Nacional por una Navidad sin Hambre se reclamó para que a ninguna familia le falte lo mínimo para poder pasar estas fiestas, por un bono de Fin de Año que ayude a las y los trabajadores de la Economía Popular que tienen congelados en $78.000 su ingreso desde el año pasado y en solidaridad con la lucha de los pueblos originarios.

La CCC destacó que “es necesario seguir en las calles para torcerle el brazo a este gobierno que sigue atentando contra los derechos de los más vulnerables, congelando los programas sociales, quitando los remedios a los jubilados, recortando los servicios públicos esenciales como la salud y la educación, despidiendo a miles de trabajadores del Estado y ahora atentando contra el legítimo derecho de los pueblos sobre sus tierras. Es responsabilidad de este gobierno garantizar la paz social”.

La masiva movilización se realizó en más de 500 puntos en todo el país y tuvo una actividad central en la Ciudad de Buenos Aires frente al Hotel Sheraton. También hubo concentraciones frente a comercios e hipermercados en Tigre, Tres de Febrero, Almirante Brown, La Plata, Quilmes, Florencio Varela, Moreno, General Rodríguez, Mar del Plata, Córdoba y Rosario, entre otras ciudades.

En La Plata, en la zona donde se concentran los grandes supermercados, hipermercados y mayoristas platenses, centenares de personas se manifestaron para pedir alimentos en vísperas de las Fiestas de Fin de Año.

El coordinador de la regional La Plata de la CCC, Ramiro “Vasco” Berdesegar, precisó que “es necesario seguir en las calles para torcerle el brazo a este gobierno”.

Política que atenta contra los derechos de los más vulnerables, congelando los programas sociales, quitando los remedios a los jubilados, recortando los servicios públicos esenciales como la salud y la educación.

“Siguen los despidos de miles de trabajadores del estado y ahora atentando contra el legítimo derecho de los pueblos sobre sus tierras”, remarcó.

En Rosario, la jornada tuvo como protagonistas a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa, Territorios en Lucha y Frente de Lucha Piquetero.

Vanina Otero, delegada de la CCC, desde la movilización en avenida Pellegrini y Vera Mujica, frente al supermercado Carrefour, describió el cuadro de gravedad que atraviesan las familias de los barrios marginados de Rosario.

Otero explicó que el objetivo es “entregar un petitorio a las sucursales de los grandes supermercados para solicitar ayuda alimentaria compuesta por artículos no perecederos y así poder pasar una Navidad, un poquito menos golpeada”.

La Multisectorial de Quilmes llevó adelante la jornada de protesta en las calles del centro de esa ciudad y se acercaron hasta las sedes de Metrogas y Edesur, donde prendieron fuego boletas de servicios de las empresas.

También llegaron hasta la puerta del Hipermercado Coto, donde entregaron una carta pidiendo alimentos para los comedores, con el fin de asistir, en estas fiestas de fin de año, a las familias más vulnerables.

La Multisectorial destacó que “diciembre llegó con aumentos en alimentos y una nueva actualización en las tarifas de los servicios. Un año de gobierno libertario con Javier Milei a la cabeza y sin ninguna a favor para la clase trabajadora”.

La motosierra hizo estragos en los barrios populares

A doce meses desde la asunción de Javier Milei, el “ajuste más grande la historia de la humanidad” está empezando a notarse en los barrios cada vez con mayor crudeza. Aquella promesa de que “la única billetera abierta” sería la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quedó muy atrás en el tiempo y los números duros ya demuestran que sólo fue un eslogan de campaña. De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los programas sociales en su conjunto -desde la AUH al Potenciar Trabajo, pasando por la Tarjeta Alimentar- se redujeron en un 45,6 % en términos reales respecto de noviembre del año pasado, es decir, desde el último mes de gestión plena del gobierno anterior.

La poda no tuvo piedad con los más pobres, que fueron, junto a los jubilados, estatales y docentes, los más sacrificados por el “plan motosierra” en nombre del mentado “déficit cero”, que el presidente ya advirtió que “no se negocia” de cara al corriente año. 

Esa reducción abrupta en los ingresos de las familias que más necesitan de la ayuda del Estado se nota y mucho: cada vez hay más trueque en los barrios, las changas rinden menos porque no hay plata para pagarlas y tampoco los comedores, también ajustados por el Gobierno, dan abasto para contener a todos. “Se está produciendo lo que yo llamo un proceso de descapitalización de los pobres”, dijo Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. “Como nadie tiene un mango, empieza a vender cosas, casi todo lo que tiene: una buena pilcha, una herramienta, hasta bicicletas, todo para poder comer”, describió.

Ese proceso de “descapitalización”, agregó Belliboni, también está redundando en un mayor endeudamiento familiar con los prestamistas informales, que prestan a tazas de más del 100 %. A diferencia de lo que vende públicamente el Gobierno sobre la paz social frente al ajuste, “todo en los barrios está desmejorado y poco a poco la bronca se acumula”, describió el dirigente piquetero, que viene de recorrer barriadas en provincias del norte y el litoral donde, dijo, “la gente está muy enojada con el Gobierno, a contramano de lo que reflejan que las encuestas, que mienten para vender una realidad ficticia”. 

De acuerdo al informe de la OPC, el rubro «Políticas alimentarias» (fundamentalmente la Tarjeta Alimentar) retrocedió en un 18,1 % en términos reales. Su poder de compra «presenta una caída real de 14,3 en el acumulado de 11 meses de 2024 respecto a igual periodo de 2023», dice. En tanto, los programas Volver al trabajo y Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo), congelados desde enero en 78.000 pesos, sufrieron una caída del 59,3 %, «explicado principalmente por la pérdida del poder de compra de las prestaciones». Otros programas, como las Becas Progresar cayeron hasta un 64,2 %.

Silvia es vendedora ambulante, vive en Pilar y milita en la rama de Espacios Públicos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Lo que está viendo en los pasillos de los barrios, dice, no lo veía desde el 2001. «Hay gente que está durmiendo literalmente en la calle. Pero no en capital, como es lógico, sino debajo de un comercio de la barriada, donde hay un techito», cuenta. «Me da bronca que mis hijos y mis nietos tengan que ver lo mismo que viví yo a fines de los 90. El retroceso con este gobierno es total», agrega. 

Ella cuenta por dónde empieza el ajuste de las familias cuando falta el mango. «Lo primero que dejás de comprar es vestimenta: el calzado, el abrigo. Después los lácteos, la carne, lo básico para tener dignidad. Si estabas mejorando tu vivienda, ya no se puede construir, porque no hay plata, como dice el presidente. Todo el progreso familiar en general, retrocede. El que alquilaba, ya no puede. Pide prestado hasta que no puede endeudarse más y queda en la calle. El que changuea, pasa sin pagar en el tren, o pide a alguien que lo lleve hasta donde va. Los más viejos son los que se llevan la peor parte: dejan de comprar medicamentos, se dejan morir», describe con crudeza. 

La Tarjeta Alimentar, que antes era de uso exclusivo familiar, ahora se «socializó»: entre los más militantes, se usa para parar la olla de forma colectiva. «El carnicero dona las sobras, los pibes que salen a vender verduras ponen algo, otros van a comprar con la tarjeta, así muchos pueden llegar a comer. A comer al menos una vez al día, porque a fin de mes, todos recortan comidas», dice Silvia, que pone su propia garrafa, cada tanto, para armar un comedor en la estación de tren de Pilar. 

Un abrazo colectivo para que nadie pase solo la Navidad

Por Eva Rey

Movimientos sociales organizaron por octavo año consecutivo la cena de Navidad en Congreso, pero quienes se acercaron se llevaron mucho más que un plato de comida.

Una marea humana transformó en pocas horas la Plaza Congreso en el patio de una familia enorme. Adentro del Palacio Legislativo, el eco de las leyes que en el primer año de Javier Milei como presidente golpearon duramente a las clases trabajadoras. Afuera, una fiesta callejera reunió a miles para compartir la Nochebuena. Desde la tarde del martes 24 de diciembre, voluntarios, personas en situación de calle, o que simplemente no querían pasar solas la Navidad, protagonizaron un abrazo colectivo que significó mucho más que una cena.

La Navidad Solidaria en Congreso se celebra desde hace ocho años, a pesar del calor, el frío o la lluvia. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nuestra América, Proyecto 7 y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) organizaron el convite de este año, para que ninguna persona pase sola una fecha tan movilizante. Esta Navidad, más de 2.500 vecinos de la Ciudad y el Conurbano respondieron el llamado y se sentaron a la mesa.

La difusión del evento solidario más grande del año buscó, principalmente, juntar donaciones para costear los gastos operativos, juguetes para los más chicos, y sumar voluntades para servir las mesas, porque los vecinos sin techo ya sabían del encuentro con mucha anticipación y no necesitaron un flyer de invitación. “No le vamos a resolver la vida a nadie, pero esperamos que sea una noche distinta”, dijo Sergio Sánchez, dirigente del MTE, durante una de las capacitaciones para voluntarios que se hizo en el patio del comedor que la organización tiene en Constitución, en la previa a la gran noche.

En primera fila

El martes había amanecido lluvioso, pero el viento fresco de un atípico diciembre en Buenos Aires barrió con los nubarrones y para la tarde el sol le dio la bienvenida a los primeros voluntarios que llegaron a la plaza. Desde las 4 de la tarde, frente al Congreso, empezaron las actividades para chicos, los cortes de pelo y las clases de primeros auxilios a cargo de la Cruz Roja.

Daria y Natalia, dos amigas que participaron por primera vez, se interesaron en la propuesta por motivos bien diferentes. “A mí me gusta que sea apolítico, que es simplemente ayudar al otro sin una consigna política partidaria”, comentó Daria, que se enteró de la búsqueda de voluntarios por una amiga que compartió la convocatoria en redes sociales. 

Por el contrario, a Natalia la atrajo, justamente, “la consigna política”. “No me gusta lo que hace el gobierno, obviamente, y quiero hacer cualquier cosa que manifieste que no estoy de acuerdo”, expresó. Las dos, además, son de la comunidad rusa y no suelen festejar la Navidad, a menos que compartan la celebración con familias argentinas.

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Navidad compartida

Como la cantidad de asistentes superó los números que las organizaciones habían calculado, sobre la marcha se armaron 50 mesas extra. Las filas en los puntos donde los voluntarios retiraban los platos empezaron a multiplicarse. El movimiento fuerte había empezado y todavía estaba por delante el desafío de llevar entrada, plato principal y mesa dulce a cada uno de los comensales.

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“Es un ambiente solidario y bueno, para la gente que vive en la calle, la gente que vive sola, para disfrutar”, dijo desde la cabecera de la mesa 156 unos instantes antes de la llegada del pollo con ensalada. A las personas que este año pasaron solas la Navidad, les recomendó que se acerquen “para disfrutar”, no solamente la comida, sino de un ambiente “fabuloso” en el que efectivamente se puede conocer gente y entablar una amistad.

Silvina compartió la mesa con 11 personas más, todos hombres. Algunos también habían ido por primera vez, otros repetían la experiencia y llegaban con amigos que se hicieron en alguno de los paradores que tiene la Ciudad. La noche estaba cerca de alcanzar su punto más álgido. La comida seguía llegando a las mesas, pero cada plato representaba a un fenómeno más amplio y alarmante: la cara más cruda de la crisis habitacional.

Según el Observatorio de Desarrollo Humano –dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño– la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires creció un 35% en el último año, con 4.416 personas viviendo a la intemperie en noviembre 2024. Sin embargo, las organizaciones sociales apuntan que la cifra podría ser sensiblemente mayor, con más de 12.000 personas en situación de calle.

Donde hay amor, ahí es Navidad

Unos minutos antes de la medianoche, los voluntarios se armaron en fila por última vez, para llevar el pan dulce y la sidra a la mesa. Desde el escenario, un cartel les recordaba: “Donde hay amor, ahí es Navidad”. Finalmente, las copas se levantaron a las 00:00, los cientos de regalos llegaron a manos de los chicos y la avenida Entre Ríos fue pista de baile. 

Antes de terminar la noche, Juan Grabois, dirigente de Patria Grande, destacó el masivo acompañamiento que tuvo la cena solidaria, reivindicó valores como el compañerismo, el amor por la humanidad y pidió porque “la solidaridad se convierta en un grito de los esclavos, de los excluidos y de los de abajo”.

En tiempos donde gobierna la crueldad, eventos como la Navidad Solidaria rompen la lógica del individualismo y ponen sobre la mesa la importancia de reconstruir los lazos sociales. Ahí donde no existen políticas públicas, aun entre los escombros que dejó el primer año del experimento ultraderechista.

“Jorge Macri no nos envió ni un paquete de fideos”

Por Martín Suárez

Son los sectores más relegados del distrito porteño. Ignorados por Milei y abandonados por la Ciudad. “Este año tampoco nos alcanzaron las donaciones”, denuncian.

Desde hace unos meses, en los barrios profundos de la Ciudad de Buenos Aires desconocen la existencia del Estado. Las organizaciones que tratan de llenar ese vacío y que tienen a cargo comedores y merenderos populares denuncian que la ausencia de políticas alimentarias para el sector es total. Son alrededor de cien espacios que alimentan a diario a más de 12.500 vecinos y vecinas de la Ciudad que carecen de ingresos y no pueden acceder a la canasta básica de alimentos.

Estos sectores son ignorados por el Gobierno Nacional y abandonados por el Ejecutivo porteño. Sufren el escarnio ocasionado por las políticas nacionales y el Gobierno local, un doble ajuste que impacta directamente en miles de niños, niñas, personas de mediana edad y adultos mayores que este año no tendrán un plato de comida en Nochebuena.

“El gobierno porteño de Jorge Macri no nos dio ni un paquete de fideos para esta Navidad. Vamos a pasar una Nochebuena sin nada. Está más complicado el tema de los comedores y merenderos. La gente pasa por esta situación tan crítica en esta ciudad tan rica, es increíble”, señaló Silvia Aquino, coordinadora de la organización Liberación Popular de CABA que maneja comedores y merenderos en los barrios de Soldati, Piletones, Bajo flores, y en la Villa 21-24; entre otros.

El hambre en los sectores populares ya no se puede esconder. Los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires se niegan a permanecer quietos y en silencio, mientras continúan negociaciones eternas en busca de alimentos por parte del Ejecutivo porteño. En estos últimos meses se movilizaron a la sede de gobierno, realizaron radios abiertas y entregaron petitorios con el objetivo de ser escuchados.

 “Más allá de todas las acciones que realizamos la Ciudad siempre nos ignoró. Esta Navidad, no vamos a poder dar nada porque no tenemos nada. Hemos tratado de ver qué se puede hacer, aunque sea estamos queriendo realizar algunas meriendas, para dar algo a los vecinos o hacer alguna cosa para poder colaborar este día, pero realmente ya no podemos”, cierra Aquino.

La mayoría de los espacios que fueron abandonados por la intendencia porteña, se encuentran dentro del Frente Popular Papa Francisco. Un espacio conformado por estos comedores que reclaman incansablemente la asistencia del Ejecutivo para poder alimentar a miles de vecinos que no pueden hacerlo por medios propios.

“Hasta último momento estamos juntando donaciones, aunque sea para poder colaborar con algo para la Nochebuena. Lo que se hace generalmente en estas fechas es cocinar temprano pollo con ensalada rusa a la parrilla, el pollo o al horno que es lo más barato. Comprábamos una bolsa de papas y de zanahoria y se hacen ensaladas rusas, y eso se reparte como viandas”, contó a Tiempo Nahuel Sierra, referente social de las comunas 8 y 15 que tiene a cargo ocho merenderos y comedores en la Ciudad de Buenos Aires.

Estas viandas solidarias generalmente se entregan cada 24 de diciembre al mediodía, para que las familias puedan contar con un aporte más en la mesa de la cena navideña. Pero este año la situación está muy difícil.
“Es todo muy a pulmón, todo se hace con donaciones. En esto no hay ningún tipo de asistencia ni del gobierno nacional, y mucho menos del gobierno porteño. Esto depende solamente de la solidaridad de los compañeros y compañeras que se organizan en estos espacios para las familias humildes y para la gente en situación de calle”, termina.

Ignorados por Milei y abandonados por Macri

El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) realizó una auditoría entre el 7 de febrero y el 26 de abril de este año. Según cifras oficiales de Nación, se relevaron 2.646 establecimientos en todo el país. De ese total, 1.247 (el 52,3%) no fueron validados como comedores o merenderos y el resto continúa en observación. Los criterios de ese relevamiento se desconocen.

Mientras el Gobierno de Javier Milei suspendió la entrega de alimentos a comedores y merenderos desde el pasado 10 de diciembre, la Ciudad se niega a reconocer a varios que se encuentran en el distrito porteño, y estos espacios se las arreglan como pueden. En algunos casos, las raciones en los merenderos y comedores populares de la CABA no sólo tuvieron que achicarse, en muchos de ellos redujeron la frecuencia. De estar presentes cinco o seis días de la semana algunos ofrecen una copa de leche una vez cada siete días.

Carta abierta de la Cooperativa de Trabajo Unidos

La Cooperativa de Trabajo Unidos, ubicada en Resistencia, Chaco, que nació tras la quiebra del ex Frigorífico Resistencia en 2002, difundió una carta abierta en la que dan cuenta de una creciente sensación de persecución en su contra, como constantes inspecciones de diferentes organismos gubernamentales, motivadas por denuncias anónimas. A esto se suma la actual situación económica, que ha puesto a prueba su capacidad financiera, que ha llegado a un límite crítico. Es por esto por lo que hacen un llamado a organizaciones, instituciones y a la comunidad para que los apoyen en este momento: “Necesitamos acceder a recursos y créditos que nos permitan adecuarnos a las exigencias sin sacrificar el bienestar de nuestros asociados. Nuestro objetivo es seguir demostrando que la autogestión obrera es viable y que podemos generar empleo y producción de calidad al servicio de la comunidad”.

Reproducimos la carta abierta de la Cooperativa de Trabajo Unidos:
¡Queremos Seguir Trabajando y Generando Puestos de Trabajo!

Contexto Histórico
La Cooperativa de Trabajo Unidos, ubicada en Resistencia, Chaco, nació tras la quiebra del ex Frigorífico Resistencia en 2002. La mala gestión privada llevó a la empresa a un concurso de quiebra, tras no poder saldar una deuda de 200,000 dólares. En 2004, los obreros comenzaron a organizarse en asambleas para crear una cooperativa que les permitiera salir adelante.
En 2006, 26 trabajadores lograron obtener la matrícula nacional y, tras un año de luchas, la planta fue expropiada en octubre de 2008. Desde entonces, la autogestión ha sido nuestra bandera. En los años siguientes, la cooperativa se consolidó, abriendo nuevas carnicerías sociales y generando empleo genuino, aumentando el número de asociados a 147 en la actualidad.

Producción y Comercialización Social
A lo largo de estos años, hemos realizado un esfuerzo continuo para generar puestos de trabajo y apoyar a la comunidad. Desde el inicio, la creación de empleo ha sido nuestra prioridad. Hemos recuperado sectores de la planta y activado nuevas áreas, logrando una mayor rentabilidad que beneficia a las familias de los trabajadores. La producción de más de 700 toneladas de carne mensuales nos ha consolidado como el frigorífico más importante de la provincia, promoviendo la comercialización social y solidaria a través de nuestras tres carnicerías, con proyección a inaugurar una cuarta, y también en ferias de la economía popular.

Nuestro compromiso social también se refleja en el apoyo a más de 25 comedores y merenderos, donde hemos podido ofrecer carne de calidad a precios justos, garantizando así el acceso a alimentos para quienes más lo necesitan.

Desafíos Actuales
A pesar de los logros, nos enfrentamos a un contexto crítico. La situación económica del país es alarmante y hemos sentido una creciente sensación de persecución que amenaza nuestra actividad. Desde hace meses, hemos recibido inspecciones constantes de diferentes organismos gubernamentales, motivadas por denuncias anónimas que creemos provienen de la peor muestra de competencia desleal del sector privado. Estos intentos de desestabilización buscan abrir por tercera vez un frigorífico que ellos mismos llevaron al cierre, lo que incluso podría inducir una baja en nuestra producción y, potencialmente, el cierre de nuestra cooperativa.
La historia reciente de otros frigoríficos en la región muestra cómo los administradores se han beneficiado a costa del Estado y de los trabajadores. Los frigoríficos Toba y Mocoví son ejemplos de cómo el vaciamiento y el saqueo han dejado a muchas familias en la calle.

Propuestas y Necesidades
Ante estas circunstancias, es fundamental que podamos mantener la producción y los puestos de trabajo que hemos generado. Estamos comprometidos a seguir trabajando y viviendo del fruto de nuestros esfuerzos, pero necesitamos hacerlo sin presiones externas. La situación económica ha puesto a prueba nuestra capacidad financiera y ha llegado a un límite crítico.

Mensaje a la Comunidad
Hacemos un llamado a las organizaciones, instituciones y a la comunidad para que nos apoyen en este momento decisivo. Necesitamos acceder a recursos y créditos que nos permitan adecuarnos a las exigencias sin sacrificar el bienestar de nuestros asociados. Nuestro objetivo es seguir demostrando que la autogestión obrera es viable y que podemos generar empleo y producción de calidad al servicio de la comunidad.

Queremos seguir adelante, consolidando nuestra posición como el frigorífico que más alimento cárnico produce en Chaco, y que, a la vez, promueve la solidaridad y el apoyo a quienes más lo necesitan. Nuestra historia es un testimonio de la capacidad de los trabajadores para superar adversidades y construir un futuro mejor, y estamos decididos a seguir este camino.

COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS LTDA.
PROVINCIA DEL CHACO

Burla a la agricultura familiar

Por Nahuel Lag

Los diez años de la sanción de la Ley de Agricultura Familiar coincidieron con el primer año de gobierno de Javier Milei, quien destruyó toda política pública para el sector. Organizaciones rurales se movilizaron al Congreso y elevaron un pedido de informe sobre la intervención del Inafci. El arraigo, la soberanía alimentaria y las acciones para recuperar derechos

“¡Milei, cumplí la ley!”. A diez años de la sanción de la Ley de Agricultura Familiar (27.118), casi una veintena de organizaciones campesinas, entre ellas varias que integran la UTEP-Rama Agraria, emitieron un duro pronunciamiento como Consejo de Agricultura Familiar, Campesino, Indígena sobre el balance del año de gobierno de La Libertad Avanza. Afirman que se arrasó con las políticas destinadas al sector y, por ese motivo, se presentaron en el Congreso de la Nación. Tres voceros de las organizaciones repasaron las estrategias de acción y el impacto de las políticas de Javier Milei. Denuncian que se profundizó el desarraigo en el campo y se atacaron las políticas de soberanía alimentaria.

La movilización tuvo como objetivo exigir que, mediante el Poder Legislativo, se intime al Ministerio de Economía a presentar el adeudado informe de intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci), a cargo de Inés Liendo. La funcionaria debía informar el estado de situación del Inafci, pero solo se limitó al despido de 900 trabajadores y el vaciamiento de las oficinas del organismo en todo el país. El premio que recibió Liendo fue un nuevo nombramiento, ahora como parte de la «Unidad consultora para la modernización institucional» del INTA, con el objetivo de aplicar el plan de desguace del organismo que anunció el Gobierno a fines de noviembre.

La administración de Milei ni siquiera había abierto al diálogo con las organizaciones campesinas, cuando —pasados tres meses de gestión— el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Inafci y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar (figura creada por la Ley 27.118 para coordinar las políticas del sector). Las organizaciones campesinas respondieron esta semana con un mensaje como Consejo de Agricultura Familiar, Campesino, Indígena; cuerpo consultivo reconocido en la norma y que las organizaciones mantuvieron activo.

“Las decisiones del Consejo las tomamos las organizaciones, somos independientes. Está establecido por ley. Llegamos fuertes a Buenos Aires porque los consejos territoriales durante el año nos fortalecieron”, reivindicó José Luis Castillo, productor e integrante de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (Acina). El objetivo de plantarse en el Congreso, a diez años de la sanción de la ley, fue levantar esa voz que el Gobierno decidió ignorar: “Vamos a seguir mostrándole a quienes tienen roles en el Estado que tienen que dar respuestas al sector, que a pesar de este Gobierno que viene quitándonos derechos conquistados en años, seguimos peleando por acceso a la tierra y vivienda para potenciar la producción de alimentos”, sostuvo Romina Padilla, productora y vocera del MTE-Rural.

Cuando Adorni anunció el cierre del Inafci y el despido de sus técnicos —que asistían a 250.000 productores de la agricultura campesina e indígena en todo el país— habló de “fiesta del gasto público” e “ineficiencia del organismo”. Poco después, con el decreto 285/2024, se designó a Liendo, abogada y militante del PRO, para intervenir el organismo y presentar un informe de aquellas denuncias. Hasta el momento, las organizaciones no tienen información al respecto.

“¿Qué políticas públicas tiene planificado implementar para atender a la agricultura familiar, campesina e indígena?”. “¿Qué programas y proyectos de financiamiento nacional y externo se encuentran vigentes destinados a cooperativas y organizaciones de la agricultura familiar?”. Exigieron las organizaciones en el pedido de informe al Poder Ejecutivo presentado en la Cámara de Diputados con el acompañamiento del titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros diputados de ese sector, como el diputado Luis Basterra, secretario de la Comisión de Agricultura; por la que debería avanzar el pedido de respuesta.

La solicitud fue acompañada con la propuesta del Plan de Acción elaborado por el Inafci durante la gestión del Frente de Todos, en la que estuvo a cargo del organismo Miguel Gómez —integrante de la UTEP por el Frente Agrario Evita—, y que no llegó a ponerse en marcha. “Mientras el Gobierno siga eliminando las políticas que protegen nuestro modelo productivo, que respaldan a la agricultura familiar, vamos a seguir movilizándonos para reclamar, para seguir organizándonos, para frenar este panorama oscuro”, asegura Florencia Abregú, integrante de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo.

“La intervención de Liendo significó parar todo: recorrer las oficinas, no renovar los alquileres, llevarse las computadoras, los vehículos, echar a la gente. ¿Si vos parás todo, qué vas a encontrar que funcione? Este primer año de Milei fue una burla hacia la agricultura familiar, una venganza”, sintetiza Castillo.

El impacto de la motosierra de Milei en los territorios campesinos

La avanzada del Gobierno no se quedó solo en la destrucción del Inafci, continuó con el desfinanciamiento y cierre de los programas Prohuerta y Cambio Rural. En las últimas semanas, siguió con el anuncio del desguace del INTA —que el mismo Adorni intentó justificar diciendo que el organismo “se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género; los falsos mapuches y la agricultura familiar”.

En esa reforma del INTA, el Gobierno impuso —con el aval del voto del Consejo Directivo de tienen representación las entidades del agronegocio, pero no las de la agricultura familiar— como “asesora” del Consejo Directivo a Liendo. La flamante integrante de la «Unidad consultora para la modernización institucional» tendrá cargo equivalente al de un director nacional, con un salario de entre 3 y 4 millones de pesos. El broche del año fue la eliminación por decreto de la Ley de Emergencia Territorial Indígena.

“El bajón en el territorio se notó de forma automática. Impactó en los productores que no estaban fortalecidos, que necesitaban el acompañamiento de un profesional para la sanidad de la producción, para el seguimiento de los cultivos y los animales. También afectó en la administración de cooperativas, la comercialización, el mantenimiento de las salas de empaque o frío. Los pescadores también sufrieron mucho”, explica el integrante de Acina, que reúne a productores hortícolas, ganadores y pescadores artesanales.

Entre los productores de la agricultura familiar aún se mantiene la desorientación y el desamparo estatal, sin encontrar mayores respuestas a los gobiernos provinciales y municipales. Castillo, oriundo de Villa Ocampo (Santa Fe), señala que la migración del campo a la ciudad ya comenzó a verse por las políticas aplicadas por Milei: “Habíamos tenido la experiencia de jóvenes que alquilaban tierra para hacer hortalizas o producción de gallinas, pero cuando se encareció el alquiler y la boleta de luz y agua, para el tercer mes de esta gestión ya habían abandonado el campo”.

Desde el MTE-Rural y la Federación Rural explican que un proceso similar está ocurriendo en el cordón hortícola de La Plata, uno de los más importantes del país, y que abastece de alimentos al Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. “La irregularidad en las que quedaron los precios de los alquileres de los campos, la quita de subsidios para los servicios, los insumos y las semillas, dolarizados y encarecidos; y el avance del sector inmobiliario plantean una situación muy difícil”, advierte Padilla. Abregú completa marcando que lo que observan en el cordón hortícola es el desplazamiento de las familias—en su mayoría de la comunidad boliviana—, la vuelta a su país o la decisión de dejar el campo para buscar otras formas de ingreso.

La derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena también marca una alerta para las organizaciones que denuncian cómo rápidamente llegó el mensaje del Gobierno a los empresarios en los territorios. “Hay comunidades que ya están siendo avasalladas, las persiguen, les incendian sus hogares, la destruyen la producción y el ganado menor. Y eso es para que la tierra la exploten los empresarios”, asegura la referenta del MTE-Rural, que ya había denunciado un caso de esta magnitud en Misiones.

“Tenemos compañeros en Santiago del Estero que ya están con problemas de desalojo, ya sean por las topadoras empresarias o por conflictos legales con las tierras. Los empresarios comenzaron a amedrentar, a incendiar los campos alrededor de las casas de los campesinos para empujarlos a que se vayan o frenaron instancias de acuerdos judiciales. Esto genera el debate en las familias campesinas e indígenas, los jóvenes diciéndole a sus padres: ‘Vámonos porque acá ya no hay futuro’”, grafica Castillo.

La inflación, un argumento para atacar a la producción de la agricultura familiar
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Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Economía planteó una solución para la baja de los precios de los alimentos: abrir las importaciones sin siquiera dialogar con los sectores de la agricultura familiar, que producen el 60 % de los alimentos frescos que llegan a la mesa de los argentinos, según estudios de la FAO. Esa lógica encuentra errores en la ejecución, como en el caso de la cebolla: uno de los productos con los que Argentina compite con Brasil, relación que históricamente pone en juego los precios y la oferta local. Según el informe de CEPA, hasta noviembre, la cebolla incrementó su precio un 161 % interanual, al mismo ritmo que la inflación general.

“Como el Gobierno abrió las importaciones, está ingresando cebolla de Brasil o tomate de Paraguay. Esto ha generado un impacto fuerte como tener galpones acopiados de cebollas sin poder sacarlos a la venta, porque los intermediarios terminan sacando beneficio ante el juego de precios. Lo que queda en el camino es el trabajo de meses de cuidado de la producción y la inversión. El resultado es que no alcanza ni para pagar los servicios de agua, luz, los insumos y el alquiler “, describe Padilla, con conocimiento de la producción de la cebolla en el sur bonaerense.

La situación de los productores se agrava no solo por los costos desregulados de los alquileres, los precios dolarizados de los insumos y la quita de subsidios, sino también porque esos precios más altos (de las cosechas) no llegan a sus bolsillos. Según el último informe de CAME, en noviembre, el consumidor pagó 3,6 veces más en la góndola que lo que recibió el productor de alimentos. Las mayores brechas la registraron el sector frutihortícola, con la cebolla a la cabeza (7,7 veces).

“Es una locura abrir importaciones en un país donde se produce alimentos en diferentes provincias, como la cebolla, la papa, el ajo. A este Gobierno no le importa potenciar lo que tenemos si no negociar con las grandes empresas”, sentencia la productora del MTE-Rural. “Desde que abrieron las importaciones lo dijimos: atenta, directamente, contra la producción local que puede alimentar a todo nuestro pueblo. Es una política que va a destruir la soberanía alimentaria”, sentencia Abregú.

De precios justos y estrategias colectivas de producción

Ante el incremento de los costos de producción, las organizaciones señalan que la respuesta es colectiva, desde las compras de insumos —sean semillas, biopreparados o nylon para los invernaderos— y fortalecer los canales de comercialización para sostener la producción. “Los costos se triplicaron y tenemos que reinventar estrategias de venta, de organización, básicamente para seguir existiendo”, señala Abregú.

“La venta de cercanía es lo que estamos explotando al máximo —resalta Castillo—. Montamos la feria en la plaza ofreciendo alimentos de calidad a precios justos. En esas ferias estamos vendiendo mucho, en el caso de Acina tenemos una producción mixta: ofrecemos verduras agroecológicas y pescados frescos elaborados”, valora.

Castillo pone dos ejemplos de cómo la producción local y la comercialización de cercanía puede traccionar para el acceso al alimento: el pescado de río lo ofrecen a 8.000 pesos el kilo, cuando en las pescaderías se venden el pescado de mar a 11.000 o 13.000 pesos. El zapallo se ofrece el kilo a 900 pesos, cuando en el mercado está 1.400 pesos. “Hablamos de mercados de cercanía, sin recorrido, de la chacra a la mesa o del río a la mesa”, valora.

Con la realidad del territorio, las organizaciones volvieron a plantar sus reclamos en el Congreso de la Nación, “que los diputados puedan llevar el problema y trabajarlo”, se esperanza Padilla. Aunque la respuesta, en principio, haya sido solo de Unión por la Patria, bloque con el que las organizaciones mantienen sintonía política. En la conferencia estuvo también el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, donde las políticas para el sector se mantienen activas, con recursos más escasos.

Los voceros de la UTEP reconocen, que el punto crítico para la sostenibilidad del sector es la posesión de la tierra y el acceso, un punto clave de la Ley de Agricultura Familiar que no fue cumplido en las gestiones anteriores. “Tenemos que seguir con el protagonismo de las organizaciones campesinas: la ley la escribimos nosotros, la promulgamos nosotros, la reglamentamos nosotros. Necesitamos de funcionarios que tomen las decisiones políticas y económicas, que entiendan un poco más la importancia de la agricultura familiar”, reflexiona el integrante de Acina.

Lo que quedó planteado de cara a 2025 es el reclamo por una ley vigente hace diez años: “¡Milei, cumplí la ley!». “La consigna tuvo que ver con salir de la trampa discursiva con la que la ultraderecha opera, ellos dicen ‘dentro de la ley todo fuera de la ley nada’. Bueno, es momento que hagan cumplir la ley que protege y permite a las familias productoras sostener un modelo productivo nacional, cuando intentan ser desplazadas por negocios inmobiliarios, por el extractivismo”, apuntó Abregú.

El gobierno eliminó el fondo de apoyo a la agricultura familiar

El gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 6/2025, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, disolvió los fondos del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para Vivienda Social.

Esta decisión se enmarca en la Ley Bases, que otorga al Gobierno la facultad de modificar, transformar o disolver fondos fiduciarios públicos. Según el comunicado oficial, los tres fondos “registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”.

El titular de la cartera de Economía y uno de los responsables del préstamo que Argentina le pidió al FMI en 2018 celebró la avanzada de seguir “ajustando gastos”. Con estos tres, ya son 18 el total de fondos fiduciarios que se cierran desde que llegó La Libertad Avanza al gobierno.

“Está claro que el Gobierno Nacional tiene la intención de desfinanciar todo tipo de política social y productiva que esté relacionado con el bienestar del pueblo argentino”, aseguró Aníbal Duarte, representante de Productores Bonaerenses de Alimentos e integrante de la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias.

El PRODAF comenzó a funcionar en 2013, con financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de la Nación y las provincias. Explicó que se trataba de un fondo que “fomentaba un sector poco capitalizado» a través de “la adopción de mejoras tecnológicas, facilitando el acceso al crédito, también fortaleciendo el asociativismo de productoras, productores, que se traduce en mejoramiento de la producción y en la comercialización, permitiendo que lo producido llegue a mejor precio a los consumidores”.

“Fomentaba el uso de nuevas tecnologías, que tengan un mejor uso de los recursos naturales, teniendo en cuenta el cambio climático con la participación activa de jóvenes y de la mujer”, agregó.

La eliminación de este fondo se suma a otros que perjudican la pequeña y mediana producción campesina, como el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familia, Campesina e Indígena, la baja del programa ProHuerta que fomentaba las huertas urbanas, también el cierre del programa de cambio rural que fomentaba el asociativismo, el mejoramiento productivo, el arraigo y despido de personal y ventas de edificios y tierras del INTA. “Dar de baja al PRODAF está claramente orientado a concentrar la producción de alimento en pocas manos”, advirtió Duarte.

Por último, señaló que estas decisiones del gobierno nacional tienen como objetivo la destrucción de la agricultura familiar. “Todo ese combo repercute en un desmejoramiento de lo que es nuestra producción, dejando a cientos de trabajadores y trabajadoras en la calle. Digo, estas son las políticas que lleva adelante hoy el gobierno nacional, que tiene en su mira la destrucción de la agricultura familiar”.

El Estado anula la Ley 26160 y deja a las comunidades indígenas sin protección

El martes 9 de diciembre, el Gobierno nacional decretó el fin de la emergencia territorial indígena, derogando la Ley 26160 y sus prórrogas. Esta medida, formalizada a través del Decreto 1083/2024, pone en jaque la protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por las Comunidades Indígenas de Argentina y da luz verde a los desalojos, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios.

Esta decisión representa un retroceso histórico en la lucha por el reconocimiento y la defensa de los territorios ancestrales. La Ley 26160, sancionada en 2006, surgió como respuesta a décadas de despojo, marginación y violencia hacia las Comunidades Indígenas. Su objetivo era suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial para garantizar la seguridad jurídica de los territorios. Sin embargo, el Estado nunca cumplió con esta obligación de manera integral, dejando a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente.

El Gobierno justificó la derogación de la ley argumentando que generaba “inseguridad jurídica” y afectaba los derechos de “legítimos propietarios”. En los considerandos del decreto, se calificó a las comunidades como “fragmentadas”, acusándolas de hacer un “uso abusivo” de la normativa. Estas afirmaciones no solo deslegitiman los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, sino que perpetúan narrativas racistas que criminalizan la lucha por la tierra.

Además, se subrayó un supuesto aumento en los conflictos territoriales, atribuyendo la responsabilidad a las comunidades indígenas sin mencionar el papel del extractivismo, las políticas neoliberales y la violencia estructural que han intensificado estos enfrentamientos. El discurso gubernamental invisibiliza las décadas de resistencia pacífica y organización de las comunidades frente a un sistema que prioriza los intereses empresariales y el saqueo de los recursos naturales.

Con la derogación de la Ley 26160, se habilitan desalojos masivos que afectan no solo a las comunidades indígenas, sino también a sus modos de vida, cosmovisiones y la preservación del territorio como espacio de vida colectiva. Estos desalojos son, en esencia, una forma de violencia estatal que responde a los intereses del capital inmobiliario, la minería y el agronegocio.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos han señalado que esta medida incrementará los conflictos sociales y profundizará la desigualdad estructural que afecta a los Pueblos Originarios. El derecho a la tierra no es solo una cuestión legal, sino una lucha por la autodeterminación y la supervivencia cultural en un contexto de colonización que persiste.

La derogación de la Ley 26160 no silenciará las voces de las comunidades indígenas, que han enfrentado despojos, criminalización y genocidio desde la llegada de los colonizadores. Hoy más que nunca, se reafirma la necesidad de continuar luchando por el reconocimiento pleno de los territorios ancestrales, exigir al Estado el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, y denunciar las políticas que perpetúan la exclusión y el racismo estructural.

Desde los territorios, las comunidades resisten: porque la tierra no es solo un recurso, es vida, memoria y futuro.

Comunidades mapuches y asambleas unieron sus voces contra los desalojos y los proyectos extractivos

Comunidades mapuches y asambleas socioambientales llevaron a cabo acciones simultáneas en varias localidades de la Patagonia y la costa atlántica del sur de Argentina. Su principal demanda fue el rechazo a los desalojos y la oposición a los proyectos extractivos, en particular la instalación de petroleras en el Mar Argentino. En el centro de estas protestas se encuentra la comunidad mapuche Pailako, que había recibido una orden de desalojo para el jueves 9 de enero.

Desde la Multisectorial Golfo San Matías de Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este expresaron su rechazo a la construcción de un puerto petrolero en Punta Colorada y la instalación de un buque de GNL (gas natural licuado) frente al Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas. Aseguran que estos proyectos traerán consecuencias negativas para el medio ambiente y las economías locales, que dependen de la pesca, el turismo y la recolección.

Los reclamos también se visibilizaron a través de una transmisión especial organizada por medios comunitarios de la Red Enfoques, como FM Alas y Radio La Negra, de El Bolsón; FM El Orejano, de Villa La Angostura; Radio Libre, de Santa Teresita; Radio Petü Mogeleiñ, de El Maitén; Radio La Korneta, de Las Grutas; y Radio Encuentro de Viedma. En este espacio, se dieron a conocer las voces de los afectados, quienes advirtieron sobre los perjuicios que los proyectos podrían generar, especialmente en la biodiversidad marina y en las actividades económicas locales.

Una de las integrantes de un grupo ambiental explicó durante el programa que el proyecto de instalar un buque de GNL afectaría de manera irreversible la pesca, la recolección y el turismo en la región. “No va a generar nada más que trabajos temporales que no durarán ni siquiera dos años”, enfatizó. Además, advirtió sobre la probable extinción de especies marinas como ballenas y delfines y cuestionó la promesa de progreso que acompaña este tipo de proyectos. “Dicen que es para nuestro beneficio como comunidad, pero cuando no podamos bañarnos en el mar por la contaminación, cuando se acaben las ballenas y la pesca, cuando veamos pasar buque tras buque sin que quede un solo peso en las localidades ¿Quién se va a hacer cargo?”, planteó.

En paralelo, Maru, una representante de la comunidad mapuche Pailako, relató que les informaron sobre el desalojo inminente, con la amenaza de que se llevarían “todo lo que encuentren con vida o sin vida”. Según ella, la Administración de Parques Nacionales está utilizando un enfoque administrativo para avanzar sobre los territorios mapuches, sin respetar la decisión de la Justicia Federal.

La Lof Quenquentreu, otra comunidad mapuche de la región, también se muestra preocupada por el avance de los desalojos. Romina Jones expresó que, si se lleva a cabo el desalojo de Pailako, lo más probable es que ellos sean los siguientes.

Emergencia institucional

COMUNICADO

EMERGENCIA INSTITUCIONAL EN ARGENTINA
Los Pueblos y Naciones indígenas preexistentes declaramos la Emergencia institucional y territorial en Argentina

Frente a la reciente Resolución del INAI que deroga el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) en un claro atropello a nuestros legítimos derechos constitucionales y convencionales. Tomando una decisión de enorme trascendencia para los Pueblos Indígenas, sin dar cumplimiento al Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y poniendo en situación de riesgo y vulnerabilidad a las comunidades indígenas de toda Argentina.

Por ello, los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes nos aunamos y denunciamos el accionar del Poder Ejecutivo Nacional al disponer una medida inconstitucional e inconsulta, sin reconocernos como sujetos políticos y jurídicos con voz y participación.

Lxs indígenas no somos enemigos ni terroristas. Somos parte del Pueblo Argentino, estamos presentes en cada lugar que sueña con un futuro que incluya el Sumaj Kawsay, Sumaq Qamaña, Küme Mongen, Sikna Kaa, Nache’eetec, Qara’maxa, Allin Kawsay, Buen Vivir para los pueblos. El único camino que trae la estigmatización es el de vivir en una sociedad menos diversa social e históricamente. Si la estigmatización se produce desde el Estado es violencia institucional.

Y recuerden: el reconocimiento y el registro no hacen a un pueblo. ¡Aunque nos nieguen, seguimos existiendo y resistiendo por nuestra autodeterminación con más fuerza que nunca!

Territorio Ancestral Argentino.
Primavera 2024.

Formulario de adhesión al comunicado plurinacional: https://forms.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página 12, Radio La Ranchada / Agencia FARCO, Tiempo Argentino, El Ciudadano, Agencia Tierra Viva, Radio Estación Sur / Agencia FARCO, TeleSISA

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