En el marco del segundo mes de inflación de dos dígitos paro de trabajadores del INDEC, de prensa escrita de CABA, jornada nacional en defensa de la salud pública, acampe de la Unidad Piquetera, paros en varias líneas de colectivos y un largo etc.
La inflación fue del 12,7% en septiembre
El jueves 12 el Indec confirmó que la inflación de septiembre fue de 12,7 %. En los últimos doce meses alcanzó el 138,3%, mientras en el año acumula una suba de 103,2%. Este salto en los precios anota un segundo mes consecutivo con variación de dos dígitos; en agosto había sido de 12,4 %, un récord en tres décadas. Esta aceleración que podría indicar la entrada en un régimen de alta inflación fue impulsada por la devaluación del 22% aplicada por el ministro candidato a pedido del FMI.
Los datos oficiales se dan a conocer a pocos días de las generales y en el medio de corridas cambiarias. La semana pasada el dólar blue superó los $1.000, disparando la volatilidad cambiaria. La gran incertidumbre política y económica, sumada a maniobras especulativas recalentaron con bastante antelación las cotizaciones paralelas, y desde ya no se puede descartar su traslado a precios.
El informe del Indec mostró que en septiembre la división de mayor aumento fue Prendas de vestir y calzado con 15,7%, impulsada por el cambio de temporada. En segundo lugar, se ubicó la división Recreación y cultura con 15,1%, impulsada por los tarifazos en los servicios de cable y TV. Los Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 14,3%, y fueron el rubro con mayor incidencia en todas las regiones del país. Las mayores subas se dieron en: Carnes y derivados, Pan y cereales y Frutas. En los primeros 9 meses del año acumulan un alza de 117,5%.
Con una pobreza superior al 40 %, el golpe inflacionario castiga a los sectores populares que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de estos bienes básicos. Las medidas de Massa, como la devaluación pos-PASO, dispararon la inflación, empobreciendo más al pueblo trabajador. En plena corrida cambiaria, los dichos de Milei y Melconian son incendiarios, ellos defienden los intereses del poder económico concentrado.
Las consecuencias de la inflación recaen sobre la clase trabajadora, cuyo poder adquisitivo se desplomó y perdieron más del 23% en relación al 2015. Ante el avance de la crisis económica y social, cada vez son más los trabajadores pobres, quienes trabajan horas extras o tienen múltiples empleos para intentar llegar a fin de mes. Los trabajadores informales fueron y son los más afectados, al no contar con paritarias pierden por goleada. La devaluación de Massa para cumplir con el FMI reventó los salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, disparando los precios.
Sin embargo, la inflación impacta de manera distinta entre las clases sociales, aumentando la desigualdad. No todos pierden, las grandes empresas vienen ganando millones en este país.
Este es el caso de las alimenticias. La gran concentración le permite a mega grupos como Arcor y Molinos Río de la Plata, contar con poder de “mercado” para elevar precios buscando no sólo cubrirse ante la inflación, sino aumentar ganancias. Entre 2022 y la actualidad su margen de ganancia estuvo en torno al 10-15 %, sostiene un informe de Centro Cifra.
Los candidatos de los partidos patronales prometen seguir atados a las exigencias del FMI que sólo profundizará la decadencia nacional. Ante la catástrofe que amenaza, es necesario luchar urgentemente por otra salida. La defensa del salario es de primer orden. Se necesitan medidas de emergencia como un aumento para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta básica, en la actualidad en $ 284.687, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que los trabajadores del Indec calcularon en $ 436.602.
Paro en el INDEC
En una concurrida asamblea, convocada por la Junta interna de ATE, con la participación de afiliados y no afiliados, se votó parar por 24 horas en respuesta a la quita del teletrabajo.
La repentina decisión de la dirección del Instituto a cargo de Marcos Lavagna, de quitar el día de teletrabajo -complicando horarios y el ahorro en viáticos y comida que se tiene por trabajar un día desde el hogar- destapó el malestar y la bronca acumulada por el empobrecimiento de los ingresos y la vulneración de derechos laborales. La asamblea votó, por unanimidad, un cese de actividades por 24 horas y estado de alerta para continuar con un plan de lucha.
A pesar de las amenazas de descuentos en los magros salarios y otras prepoteadas al derecho a huelga, la adhesión al paro fue contundente. Y se realizó una radio abierta en las puertas de la sede ubicado en Avenida Roca.
Por su parte, la conducción de UPCN, ajena al reclamo que se expresó en la asamblea, respondió con un comunicado en defensa del «ministro de Economía y candidato de unidad, el compañero Sergio Tomás Massa».
Dos tercios de los trabajadores y trabajadores del INDEC están precarizados: con contratos por períodos, o como monotributistas sin derechos laborales. A estos últimos, ni siquiera se les abonó la suma fija dada tras la devaluación que el ministro Sergio Massa aplicó a pedido del FMI. A esto se le suma la incertidumbre por la continuidad laboral.
Solo un tercio de los trabajadores y trabajadoras se encuentra en planta permanente, incluso luego de décadas de trabajar en el Instituto. A pesar de que el Gobierno del Frente de Todos se comprometió a pasar alrededor de 30.000 empleados y empleadas estatales. A este incumplimiento por parte del Gobierno, que administra políticas inflacionarias y devaluatorias, en el marco del acuerdo con el FMI; se le suma el ataque por parte del candidato Javier Milei que amenazó con una medida cautelar contra este derecho laboral elemental.
Al momento de la asamblea, las autoridades del INDEC habían informado que ni siquiera los pase a planta ya confirmados, eran seguros. A la par de que tienen estancados otros procesos administrativos que implican mejoras en las condiciones o ingresos para los trabajadores. Una provocación abierta, a días de las elecciones presidenciales.
En cuanto a ingresos, el 25% de los trabajadores del Instituto cobra menos de $235.000. Un ingreso que está por debajo de la línea de pobreza, es decir, que no llega a cubrir la canasta básica total que calcula el INDEC. Por otro lado, el costo más cercano a las necesidades básicas de una familia con dos adultos y dos menores, que incluye el alquiler, se valúa en $436.602: ningún trabajador alcanza esta cifra.
La peor parte se la llevan un grupo cuyos salarios apenas superan la canasta alimentaria, es decir, que están al borde la indigencia. Entre estos, se encuentran les trabajadores y trabajadoras travestis, tras y no binaries, que ingresaron por Cupo laboral, que en el INDEC apenas se llega a respetar en este último año de mandato del Gobierno. Cabe aclarar que tienen las mismas tareas y jornada, que los demás empleados. La diversidad, además de ser discriminada con el peor pago, es especialmente atacado por los discursos de odio de los libertarios.
Así las cosas, está planteada la necesidad de luchar por el pase a planta de todos los trabajadores, un salario que al menos cubra la canasta de ingresos mínimos y la inclusión de una cláusula de actualización automática por inflación, entre otras demandas.
La división de hecho que impone la patronal estatal, entre distintas formas de contratación, derechos e ingresos de los trabajadores y trabajadoras, tiene su correlato en una división entre trabajadores agremiados y no agremiados, tanto a ATE como a UPCN.
Para lograr estas conquistas y tirar abajo el actual ajuste del Gobierno y el FMI, y enfrentar el avance de la derecha, es fundamental construir una solidaridad activa, una unidad en organización y acción de los trabajadores y trabajadoras del Instituto. Como así también, impulsar la exigencia a la CGT y a las centrales sindicales, de que convoquen un paro nacional para dar respuesta a la situación que de conjunto afronta el pueblo trabajador y pobre en la Argentina, desatando su enorme fuerza social para impulsar un plan de lucha.
Cese de tareas y movilización de tranajadorxs de prensa escrita
En su plenario de delegades, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires resolvió la realización de estas medidas para el jueves 12. De 12:00 a 16:30 se realizó un cese de tareas en todas las redacciones, mientras que a las 13:00 hubo una concentración frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, en su sede de la Avenida Callao 114 de la CABA, donde se llevó a cabo una nueva audiencia paritaria de prensa escrita.
“Las Cámaras de prensa escrita de la Ciudad pretenden sostener el acuerdo vergonzoso e ilegítimo que firmaron con la Utpba de 36%. Necesitamos romper la lógica de los últimos años en la que con pactos burocráticos nos impusieron recomposiciones a la baja que deterioraron el salario”, expresó sobre la situación del sector «Paco» Rabini, secretario gremial del Sipreba y delegado de Clarín.
“Durante las negociaciones en curso conseguimos se elimine la cláusula firmada por la Utpba que absorbía la suma de 60.000 pesos decretada por el gobierno a pagar en dos meses y también que la misma se pague a les compañeres que trabajan como colaboradores permanentes”, agregó.
“Sin embargo, las empresas buscan licuar nuestros sueldos y ganar tiempo. Se siguen negando a discutir una propuesta seria de recomposición salarial acorde a la inflación y que nos permita comenzar a recuperar lo perdido en todos estos años”, finalizó.
Jornada Nacional de lucha en defensa de la salud pública
Lo hizo la Multisectorial por el derecho a la salud, que nuclea a más de 30 organizaciones, el miércoles 11 de octubre. Hubo acciones de sensibilización e información sobre las posibles consecuencias de la privatización del sistema sanitario, como volanteadas, radios abiertas, charlas en establecimientos de salud, plazas, barrios e intervenciones en redes sociales en todo el territorio nacional.
La jornada fue convocada en el marco de una campaña federal, previa a las elecciones del 22 de octubre. Las organizaciones gremiales, sociales, políticas, académicas y universitarias que conforman la “Multisectorial 15 puntos por el Derecho a la Salud en Argentina” convocaron a la realización de una “Jornada Nacional en Defensa de la Salud Pública” para el miércoles 11 de octubre, ante una nueva avanzada para eliminar el Ministerio de Salud, desmantelar y privatizar el Sistema Público de Salud con vouchers.
“Desde una amplia convergencia multisectorial, que incluye un amplio abanico de representaciones partidarias, sindicales, académicas, sociales y pluriculturales, alertamos sobre esta situación y volvemos a proponer una plataforma de acuerdos y compromisos mínimos para mejorar la actual situación del Sistema de Salud, consolidando un rumbo en la recuperación de derechos en el plano social y sanitario”, indican las organizaciones que integran la Multisectorial.
“Buscamos evitar la mercantilización del Sistema que sólo aparejará más enfermedad y más gasto por parte de los y las pacientes. La disyuntiva sigue siendo Salud Universal como Derecho versus Salud como Mercancía (…). Además, las narrativas de algunos candidatos presuponen la anulación de muchas conquistas en materia de derechos, como la Ley de Salud Mental, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con cobertura integral y gratuita, la Ley de Producción Pública de Medicamentos, las actuales coberturas de Obras Sociales solidarias, como el PAMI y otras. A su vez, se propone un panorama de ajuste presupuestario y otras reformas regresivas (laboral, previsional, educativa, etc.) en los marcos del acuerdo con el FMI”, agregan.
Respecto a las consecuencias de estas posibles medidas, manifiestan: “No sólo influirá en la calidad y el acceso a prestaciones y servicios de los sectores populares y la clase trabajadora, sino que generará más precarización laboral, achicamiento de planteles de salud, más gasto directo por parte de los pacientes, más listas de espera; en definitiva, un brusco deterioro de las condiciones de salud de la población”.
“La experiencia de la Pandemia corroboró en la Argentina la importancia de la acción estatal en el cuidado y la atención de la Salud colectiva. Un ejemplo fue establecer que nuestra aerolínea de bandera se ponga a disposición de las necesidades de insumos sanitarios. Estas decisiones políticas fueron la conjunción de la acción estatal, la actitud heroica de los equipos de salud y de todxs lxs trabajadorxs (docentes, transportistas, gráficos, cooperativistas, trabajadores informales, etc.) que siguieron sus actividades y nos pusieron a salvo de una mega tragedia sanitaria”, finalizan.
La Multisectorial de 15 puntos por el Derecho a la Salud en Argentina surgió como respuesta a la Cobertura Universal de Salud -CUS- que el gobierno de Cambiemos quiso imponer durante su mandato, y está compuesta por: ALAMES, ALAPA (pacientes), APSS Trabajadores Sociales CABA, ATE Argentina, ATE Capital, Corriente Nuestra Patria, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, CICOP, Espacio Intersindical Salud y Trabajo, FESPROSA, FESINTRAS, Frente Transversal, Instituto Patria, IOMA, Libres del Sur, Movimiento Evita, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, SIPRUS, La Cámpora Salud, OSPLAD, MOSAPRO, Fundación Soberanía Sanitaria, Foro Salud Vecinos Zona Norte, Partido Comunista, Unidad Popular, Unión Por la Patria, UTEP, Obra Social Universidad Nacional de Luján, Misión Irma Carrica, SITRE, Agrupación René Favaloro Trabajadores Salud, Corriente Popular Eva Perón, Nuestramérica MP/Federación Rural, Movimiento Mayo y Movimiento por un Sistema Integral de Salud – MOSIS Córdoba.
Choferes
Los choferes de las líneas 22 y 148 iniciaron el viernes pasado un nuevo paro de colectivos con afección directa en los servicios que unen la zona sur del Conurbano bonaerense con el barrio porteño de Constitución.
La medida de fuerza se da en reclamo a la falta de acreditación de los haberes devengados de septiembre 2023.
«Medida gremial. Los conductores de Línea 148 no prestarán servicio desde las 00:00», informó la firma Nuevo Halcón S.A. en redes sociales.
Según especificó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) un mes atrás ante el registro del mismo panorama en la compañía, el conflicto deviene del atraso en la transferencia de los fondos de compensación por parte del Gobierno nacional.
«Las empresas sino tienen recursos no pueden pagar salarios ni comprar gasoil (que por otra parte aumenta todos los meses)», advirtió el 7 de septiembre.
Además, los choferes de las líneas 283 y 523 de la Compañía Andrade S.R.L. que unen Lanús con Puente La Noria y la estación Remedios de Escalada, respectivamente, también anunciaron el cese de actividades.
También choferes de la Línea 41 que une la localidad bonaerense de Munro con el barrio porteño de Once iniciaron el jueves 12 un paro de colectivos por tiempo indeterminado para repudiar el despido de un trabajador. Así lo confirmaron desde la compañía Azul S.A.T.A.
La Unidad Piquetera anunció un acampe esta semana
En conferencia de prensa frente al ministerio de Desarrollo Social la Unidad Piquetera advirtió al gobierno de que, si no cumple lo acordado en cuanto a entrega de alimentos y convenios, el próximo miércoles 18 iniciarán un acampe por tiempo indefinido, Tanto los representantes de Libres del Sur, del Polo Obrero como de la Coordinadora por el Cambio Social denunciaron la gravedad de la situación por la que pasa el sector.
Crece el dólar, los alimentos son inalcanzables para millones de personas y el Ministerio sigue sin asistir a los comedores populares y además no entrega las herramientas para les trabajadores que se autogestionan su propio trabajo en los barrios populares.
La situación es insostenible en nuestros barrios, no solo les desocupades estamos atravesando una situación dramática, también los y las jubilades que cobran menos que la canasta de indigencia, les precarizados con salarios de miseria, que acuden a nuestros comedores y ven el cartel “NO HAY COMIDA”.
Que tampoco se asistan, como prometió Tolosa Paz, con herramientas y materiales a jóvenes que buscan salir de la situación de miseria y de acoso del narco, deja en total abandono al sector más castigado de la sociedad que son las y los jóvenes pobres.
Vamos a darle continuidad a nuestro plan de lucha, ante un nuevo e insostenible incumplimiento de la asistencia alimentaria, que es UNA OBLIGACION, indelegable del Gobierno.
Comunicado de trabajadores del Programa provincial Envión
En el día de hoy 3/10 nos encontramos nuevamente frente a Desarrollo Social de Lanús para seguir exigiendo respuestas de parte de la Subsecretaría Noelia Quindimil, respuestas que no llegan, mucho menos soluciones.
Si bien, en la última semana llegaron a las sedes producto de la lucha algunos pocos materiales y meriendas, aún estamos
lejos de obtener una solución a nuestros reclamos.
Consideramos necesario y URGENTE que nos reciban.
Exigimos el cobro del bono de $60.000, que seamos reconocidos como trabajadores municipales, mejora en la infraestructura de las sedes, calidad en las meriendas, materiales para realización de los talleres y actividades diarias. Finalmente, exigimos un bono incentivo mensual ya que nuestro mísero salario está absolutamente devorado por la inflación.
Nuestra hora de trabajo vale un Kilo de Pan.
Trabajadores del Envión de Lanús en Lucha.
Alerta y movilización por el freno en la refinería de Campo Durán
La Federación Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles declaró el estado de alerta en todas las refinerías del país, en defensa de los trabajadores del Sindicato del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, por la crítica situación que atraviesa hoy la refinería de Campo Durán (ubicada en el departamento San Martín), que frenó sus actividades por 45 días por faltante de materia prima.
La situación generó aún mayor preocupación cuando llegó a manos de los trabajadores la comunicación oficial de la empresa Refinor, que decidió licenciarlos hasta que agoten sus días de vacaciones. En tanto que la falta de materia prima en la refinería tiene que ver, según el comunicado de la Federación, con la falta de pago a los proveedores de gas y crudo.
Siete empresas son proveedoras de crudo: cinco están radicadas en Salta, una en Jujuy y otra, en Formosa. Mientras que el gas para el gas licuado de petróleo (GLP) proviene de Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos (YPFB).
En la refinería de Campo Durán se cuentan más de 500 puestos de trabajo, pero hay otros 100 en “pequeños regimientos” de trabajadores que entregan su producción a la empresa. Por lo cual se estima que están en riesgo 600 puestos de trabajo.
“No hay garantía de entrega de materia prima después del 16 de noviembre”, dijo en declaraciones a Radio Nacional el secretario general del Sindicato de Gas y Petróleo de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios. Añadió que entre las causas de la falta de pago a los proveedores se encontraría una interna en el directorio que conforma YPF con el grupo Vila Manzano.
Al ser consultado sobre la alternativa que genera la extensión y puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, inyectando gas desde Vaca Muerta, el sindicalista afirmó que esta posibilidad les “deja en una situación más vulnerable porque vendría con gas pobre y no tendríamos posibilidad de procesar”. De todas maneras, indicó que están haciendo gestiones para “que el gas venga más enriquecido para procesarlo”, y que este gas enriquecido quede solamente en el centro del país.
Intervención provincial y nacional
En la carta firmada por la Federación y el Sindicato, se solicitó de manera urgente la intervención del gobierno nacional, la Secretaría de Energía y la administración provincial a los fines de garantizar la fuente laboral. Ayer desde la provincia se indicó solamente que están realizando gestiones. Para el lunes está prevista una audiencia de conciliación simple en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires.
“La situación de la refinería es de extrema complejidad. Los trabajadores hemos realizado esfuerzos firmando un acuerdo de diferimiento en el pago de aportes y contribuciones, pero la contraparte -está a la vista- no ha estado a la altura”, explicaron los gremialistas en un comunicado. “Necesitamos el compromiso de las autoridades de Refinor para poner en valor la refinería, que tiene un valor estratégico para el desarrollo hidrocarburífero de Salta y la región. Los trabajadores tuvimos y tendremos siempre voluntad de diálogo y entendimiento, pero el límite es el trabajador”, destacaron.
Los referentes sindicales alertaron que la destilería tiene una capacidad de procesamiento de 20,3 millones de metros cúbicos/día de gas para obtener los subproductos propano, butano y GLP; pero al faltar materia prima que justifique la estructura, el futuro de su funcionamiento es incierto.
Detallaron que el lunes último Refinor paró las plantas de destilación atmosférica (Topping), de reformado catalítico de naftas (Reforming) y el único sistema de turboexpansión de gas (Turbex 2) que se mantenía en funcionamiento en el complejo del norte salteño, luego de que “las operadoras de los yacimientos de la Cuenca del NOA le cortaran las entregas por incumplimientos de los plazos de pago”.
Dólar petróleo
Por otro lado, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, consideró que con la vigencia desde el lunes y hasta el 20 de octubre de un tipo de cambio diferencial para todas las cuencas y productos del sector hidrocarburífero se estimulará la inversión y se garantiza la estabilidad macroeconómica.
La funcionaria afirmó que la medida se inscribió dentro de las políticas que la cartera del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, lleva adelante para contribuir a la solidez macroeconómica del país. “Se trata del mismo esquema que se aplicó al dólar soja, pero para el sector petrolero y con alcance para todas las cuencas del país”, definió Royón.
Massa había anticipado que el objetivo de la mejora en el tipo de cambio iba a permitir estimular más inversiones en la producción y, además, garantizar estabilidad financiera. En este mismo sentido, Royón dijo que tomaron “la medida considerando que hoy el sector de los hidrocarburos tiene un precio para el mercado interno muy por debajo de los precios internacionales, que han tenido una fuerte suba. Por eso buscamos preservar las inversiones y el desarrollo que venimos teniendo en el gas y el petróleo nacionales”.
Sobre la captación de nuevas divisas que propicia la medida consideró: “Esperamos un ingreso de divisas del orden de los 1.200 millones de dólares por parte del sector energético. Tienen que liquidarse en el sistema antes del 20 de octubre”.
Explicó, además, que este beneficio tiene como complemento la virtud de “permitir robustecer las reservas del Banco Central en el contexto de un panorama electoral donde suelen aparecer ciertos sectores que quieren especular con movimientos financieros”.
A través de la resolución 808/23 se habilitó la incorporación de todas las cuencas y productos exportables del sector de los hidrocarburos al esquema cambiario ya utilizado para la liquidación de la soja (decreto 576/2022).
De esta forma, para el plazo que corre entre el 2 y el 20 de octubre, las compañías operantes estarán en condiciones de liquidar el 25 % de sus exportaciones al valor del tipo de cambio denominado Contado con liquidación (CCL). A su vez, las empresas conservan el acceso al mercado oficial (Mercado Único y Libre de Cambios, MULC) para el 75 % restante de su producción exportable.
En cuanto a la recepción del incentivo por parte de la industria, la secretaria de Energía afirmó: “El sector lo ha recibido muy bien, porque es un nuevo aliciente a la producción. Ya estamos trabajando con las empresas para que puedan adelantar exportaciones antes del plazo límite”.
Trabajadores rechazan la flexibilización y la extorsión de Mondelez
Las trabajadoras y trabajadores de la multinacional alimenticia Mondelez, denuncian que la empresa quiere continuar avanzando sobre derechos laborales achicando horarios de descanso a cambio de un bono a pagar en 4 cuotas, recategorizaciones y pase a planta de contratos. Convocadxs en asambleas votaron rechazar la propuesta y quedar en estado de alerta con posibles medidas frente a este avance.
El lunes 2 de octubre se realizó una audiencia en el ministerio de Trabajo entre el sindicato y la patronal, en la que no se pudo avanzar, pasando a cuarto intermedio, exhortando el mismo a la parte gremial y empresarial a reunirse por fuera del Ministerio y llegar a una propuesta en común hacia la próxima audiencia llamada para el 12 de octubre.
Las empresas alimenticias lejos de perder con la crisis, mientras se extiende el hambre entre los sectores más humildes de la población, mantienen ganancias millonarias y hasta las aumentan. En un contexto de elevada inflación los grandes empresarios aprovechan para remarcar precios y para especular contra las condiciones de vida de las mayorías. Recordemos que tres de cada cuatro productos que se venden en las góndolas pertenece a un puñado de 20 empresas entre las que se encuentra Mondelez, empresa que produce de “lunes a lunes”, continúa abriendo nuevas líneas de productos y exporta galletitas como Oreo, y Pepitos.
Los trabajadores han denunciado la situación de avance sobre derechos conquistados en reiteradas oportunidades durante el año, cuando la empresa y el sindicato votaron distintas actas que habilitan la flexibilización de las condiciones laborales. Conformaron, votando en asambleas, la “Comisión de trabajadores contra los despidos y la flexibilización laboral de Mondelez”, desde la que han impulsado y realizado acciones para visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores dentro de la fábrica.
También se han pronunciado en estas instancias contra los despidos encubiertos bajo la contratación de trabajadores referidos cada seis meses por considerarlo fraude laboral, ya que la empresa despide y vuelve a contratar personal para el mismo puesto de trabajo.
En el comunicado emitido denuncian el accionar “extorsivo” de la empresa, al ofrecer, a cambio de achicar los horarios de descanso, un bono a pagar en 4 partes, recategorías, y efectivizaciones de personal contratado. En asambleas de los tres turnos, votaron rechazar la propuesta junto a posibles medidas que llevarán adelante en caso de que la patronal decida avanzar en la reducción de descansos.
A propósito del debate sobre la reducción de la jornada laboral
Eduardo Lucita*
En medio de la crisis económico-social que agobia al país el oficialismo habilitó el tratamiento de los Proyectos de reducción de la jornada cajoneados dese hace tiempo en la Comisión de Legislación Laboral. Se trata de 7 proyectos (cinco del Frente de Todos, uno del bloque socialista y otro del Frente de Izquierda y los Trabajadores-U) que tienden a modificar las leyes que hacen al régimen de la jornada laboral. Es una buena noticia.
En la Comisión las intervenciones, de diputados de extracción gremial y políticos, de especialistas en derecho laboral y economistas, dejaron en claro que se trataba de “Modernizar la legislación laboral frente a los avances tecnológicos, el cambio en las relaciones laborales y la inclusión de la robótica”, de “Mejorar la calidad de vida y la salud” y de “Humanizar las relaciones del trabajo”. Que “Reduciendo las horas en las 12.000 grandes empresas y repartiendo las horas que quedan liberadas se podrían crear más de 1.000.000 de puestos de trabajo”. Los argumentos en contra de esta reforma por parte del representante de la UIA han sido tan pobres y disparatados que no merecen mencionarse en esta breve nota.
La reducción del tiempo de trabajo, reivindicación histórica del movimiento obrero mundial desde que se constituyera como clase en la sociedad, se entiende como reparto del trabajo existente, distribución de rentas y fuente de bienestar social. Con ella los trabajadores/as se benefician también del progreso técnico y la mayor productividad alcanzada -disponen de tiempo libre para su recomposición física y psíquica, para sus actividades culturales y recreativas- y paralelamente se crean nuevos puestos de trabajo. Pero también, y particularmente en este tiempo, el criterio a seguir es que no se trata de buscar subsidios al desocupado -esta es solo una salida de emergencia- sino de que todas las personas tengan cabida en la sociedad, distribuyendo las horas de trabajo conforme a la oferta de trabajo, sosteniendo el salario.
Los 7 proyectos presentados parten reducir la actual jornada, establecida por la ley 11544 de 1929, de 8 horas. diarias y 48 semanales, a 8 y 40 la mínima reducción y a 6 y 30 la máxima. Todos coinciden en que la acotación del tiempo de trabajo no podrá significar reducción de las remuneraciones, en tanto que uno de los proyectos propone que las horas liberadas en las grandes empresas deben distribuirse entre nuevos trabajadores/as en cada empresa.
No se dice explícitamente, pero queda implícito, que la desocupación y la exclusión social no son producto de la naturaleza ni obra de fatalidad alguna. Es que, más allá de la excepcionalidad de nuestra actual coyuntura, se trata de la tendencia histórica del capital de reemplazar trabajo vivo (humano) por trabajo muerto (máquinas). Dicho de otra manera, se trata de la doble y contradictoria tendencia del capital de apoderarse de la mayor cantidad de trabajo vivo para convertir un porcentaje cada vez mayor en excedente a los fines de la acumulación.
Lo que muestran los indicadores del sector en el país es que la elasticidad empleo/producto, es decir cuánto crece el empleo por unidad de producto, no tiene ya la vitalidad de otras épocas y hay coincidencias entre los especialistas en que aún con crecimiento económico la recuperación del mercado de trabajo -empleo y salarios- será lenta y con cambios en los tipos de empleo. Es que el desempleo estructural de larga duración convive con la sobreocupación horaria. Esta coincidencia es producto de la lógica de acumulación y reproducción del capital en este período histórico: a la par que mantiene fuerza de trabajo fuera del mercado tiende a sobreexplotar a los que permanecen en él, con extenuantes jornadas de 10, 12 y hasta 14 horas.
Es evidente, aunque se lo oculta, que el capital no puede resolver su crisis y crear empleo al mismo tiempo. Por el contrario, en su lógica toda salida de la crisis conlleva fuertes incrementos de productividad del trabajo y es así porque el tiempo de trabajo sigue siendo socialmente la medida de la riqueza creada y, aún en esta época de redes, de robotizaciones y computadoras cada vez más inteligentes, sigue jugando un papel central en la acumulación de capitales.
La ministra de Trabajo, al intervenir en la comisión a la que fue especialmente invitada, afirmó que su ministerio apoyaba la iniciativa y aportó un estudio oficial que muestra que de 1966 a 2022 la productividad en el país creció más del 50% y agregó: “Si optáramos por la reducción de horas trabajadas en la semana -sin reducción salarial- estaríamos también impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada por el conjunto económico”.
Y es así. La iniciativa de poner a debate estas cuestiones en medio de la crisis económica, del juicio Burford Capital y de los chisporroteos y fuegos de artificio del último tramo de la campaña electoral, sin descartar alguna especulación electoral, es una muy buena iniciativa que escapa a la encerrona de la coyuntura.
El tratamiento en comisión y el debate recién comienza y continuará todos los miércoles. El conjunto del movimiento obrero, los movimientos sociales, debieran apoyar este debate e intervenir en él, generando conciencia que poner en discusión la reducción de la jornada laboral no solo aporta a sostener la organización y a generar nuevos empleos, sino que le disputa al capital -ese propietario insaciable del tiempo ajeno- la reapropiación del tiempo de vida expropiado.
*Integrante del colectivo EDI–Economistas de Izquierda.
30.09.2023
La CGT repudió la propuesta de Bullrich de derogar las leyes de indemnización laboral
Por Alejandro Di Biasi
“Vamos a derogar todas las leyes que han quedado como leyes de multas sobre la indemnización”, afirmó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y aseguró que no necesita del Congreso porque “hago un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y las derogo en dos minutos”.
Las declaraciones de la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri despertaron las iras de la Confederación General del Trabajo (CGT) que “rechazó y repudió enérgicamente” los proyectos y apuntó que “dejan en evidencia el claro propósito de ese espacio político de eliminar los derechos laborales y la protección de los trabajadores contra el despido arbitrario, piedra fundamental sobre la que se asienta el ejercicio de los demás derechos, y la legislación vigente para evitar y sancionar el trabajo sin registrar”.
Remarcó que “para el cumplimiento efectivo de su plan de gobierno -que pareciera es promover el trabajo sin registrar al eliminar las leyes que pretenden erradicarlo- propone derogar en “dos minutos” las leyes mediante un DNU”.
Denuncian que “pretende operar sobre el Fuero Nacional del Trabajo”
La central obrera indicó que Bullrich, al no poder “operar” sobre la independencia del Fuero Nacional del Trabajo, “repite la propuesta efectuada durante el Gobierno de Macri de traspasar la justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires con el claro objeto de eliminar definitivamente los derechos de los y las trabajadoras”
La dirigencia gremial ve en la figura de la ex ministra de Trabajo de Fernando De la Rúa a una “enemiga” por “cero capacidad de diálogo”, con un proyecto que “no solo busca derogar las leyes laborales como dice explícitamente, sino que va a meter preso al sindicalista que haga una protesta y le va a quitar la personería a los gremios bajo cualquier excusa”, manifestó un referente de una organización industrial.
En un comunicado que firma el consejo directivo, encabezado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, la CGT destacó que “ni hay industria del juicio ni la Justicia Nacional del Trabajo es de los gremios”.
“Quien sea Presidente debe respetar la Constitución Nacional”
Explicó que “hay trabajadores que reclaman sus derechos y abogados laboralistas que defienden los derechos laborales y los principios protectorios que refuerzan los conceptos de justicia social y la función del trabajo en la construcción democrática y económica de nuestro país”.
En el documento se planteó que “toda persona que pretenda gobernar este país, debe respetar la Constitución Nacional y entender que un Estado presente debe garantizar los derechos elementales del trabajo consagrados para la protección de los y las trabajadoras de nuestra nación, fuente natural generadora de riqueza y producción en nuestro país, absteniéndose de intervenir en las decisiones judiciales y la competencia del fuero laboral que deben basarse en los principios protectorios, la no regresividad y la progresividad de los derechos”.
Por último, la CGT sostuvo que “el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y debe ser garantizado plenamente por nuestro país y por todo aquel o aquella que pretenda gobernarnos” y subrayó que “no hay democracia sin justicia social y no hay justicia social sin derecho del trabajo”.
Los distintos espacios gremiales coinciden que en las últimas semanas Bullrich potenció su enfrentamiento con los sindicatos. La fuente consultada: “Lo vemos en las propagandas de Juntos, con fotos de Baradel (Roberto, dirigente docente de SUTEBA y CTERA) y lo repitió en el debate presidencial, donde dijo que no tolerará una medida de fuerza de los maestros, a los que considerará actividad esencial”.
Bullrich: “Derogo las leyes laborales en dos minutos”
En recientes manifestaciones, la candidata de Cambiemos proyectó: “Vamos a derogar todas las leyes que han quedado como leyes de multas sobre la indemnización”, en referencia a normas fueron establecidas durante el menemismo y las calificó como “ridículas”.
Consultada sobre cómo lograría su cometido en caso de llegar a la presidencia, ya que debería pasar por el Congreso, explicó que “hago un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y las derogo en dos minutos” y aseguró: “Voy a salvar a las PyMES y no voy a dejar que las maten”.
Bullrich amplió: “Voy a pasar la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires” e indicó que “el Estado nacional no tiene por qué tener una Justicia laboral. Si es una Justicia laboral que está absolutamente contaminada y dominada por los gremios. Nunca un empresario gana un juicio, siempre le rompen la cabeza”.
Para justificar sus ideas, la ex funcionaria se refirió a las quejas que recibió por parte de empresarios en diferentes provincias, y por los que “deciden quedarse con su familia y no tomar a nadie porque le hacen un juicio y se quedan con su empresa”.
La Policía del Trabajo clausura los vestuarios de la línea D
Siguen las denuncias por la presencia del contaminante y cancerígeno asbesto en el subte de Buenos Aires. Ante una nueva denuncia de los trabajadores de la línea D y con la intervención de la Policía del Trabajo, el pasado 10 de octubre, se clausuraron los baños y vestuarios de la estación Congreso de Tucumán.
Una vez más son los trabajadores los que deben estar alertas ante el peligro del asbesto cancerígeno y una vez más tienen que darles la razón. A pesar de la campaña de la empresa Emova y del Gobierno porteño contra los trabajadores el asbesto existe, es contaminante y deben dar respuesta al histórico reclamo de los trabajadores.
Los trabajadores denunciaron: «Fuimos a ver las instalaciones del cuarto de descanso y vestuarios de guardas y conductores en Congreso de Tucumán y ahí encontramos que habían roto unos depósitos de agua que tienen un fibrocemento que contiene asbesto. Eso estaba etiquetado y estaba prohibido que se intervenga».
La falta de señalización y un plan integral para desasbetizar el subte es lo que deja librados a la suerte a los trabajadores que se encuentran realizando remodelación sin ninguna seguridad de parte de la empresa concesionaria. Deben ser los trabajadores y su sindicato AGTSyP los que tienen que aplicar los controles y la investigación sobre la aparición del asbesto. En esta oportunidad no solo afecta a los trabajadores que se encuentran remodelando las instalaciones, sino también a todo el personal que utiliza, en este caso, los baños y vestuarios de esta estación.
Recordemos que los trabajadores vienen reclamando la desasbestización total del subte desde hace cinco años y a partir de marzo comenzaron con medidas de fuerza ante la desidia de la Emova y el Gobierno porteño. Recordemos que desde que comenzaron las denuncias ya fallecieron 3 trabajadores y hay más de 80 afectados por este material cancerígeno.
A partir de las 13:00 del martes 3 de octubre se movilizaron desde el Obelisco hacia la Secretaría de Trabajo de la Ciudad por sus demandas nunca resueltas. Luego se movilizaron al ministerio de Trabajo nacional exigiendo que se les reconozca la personería gremial.
De esta manera se retoma la pelea luego de que el pasado viernes 22 de setiembre realizaran un paro de 5 horas, de 19:00 a 24:00, para protestar contra el ninguneo que Emova y la Ciudad de Buenos Aires hicieron contra los representantes de los trabajadores del subte con la firma de la última corrección salarial unilateralmente con la UTA y a la baja.
Así lo relataba Claudio Dellecarbonara miembro del secretariado de la AGTSyP:
Emova y el Gobierno de la Ciudad desconocen a la organización gremial mayoritaria del subte que es la AGTSyP, como así también las demandas que llevan meses sin resolución. Por su parte la empresa y el gobierno porteño firmaron un acta con un magro aumento salarial con la burocracia de la UTA, sindicato minoritario, desconociendo el reclamo mayoritario que vienen exigiendo hace 5 años. Al mismo tiempo exigen que se destrabe el trámite en el ministerio de Trabajo nacional y que de una vez le otorgue la personería gremial a su sindicato la AGTSyP.
Acompañando la movilización se hicieron presentes los legisladores porteños del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry y Gabriel Solano. Como así también los candidatos del FIT, Patricio del Corro candidato a diputado nacional por la Ciudad, Vanina Biasi candidata a Jefa de Gobierno y Cele Fierro candidata a legisladora. Junto a ellos delegaciones de trabajadores aeronáuticos, telefónicos y estatales del MAC (Movimiento de Agrupaciones Clasistas) y jóvenes trabajadores de la RED de precarizadxs.
Además, el miércoles 4 de octubre, los trabajadores del subte comenzaron a las 16:00 una apertura de molinetes que duró las 18:30. La medida de fuerza fue contra la empresa Emova que violando el Convenio Colectivo de Trabajo pone a personal externo a realizar tareas que son propios de los trabajadores del subte.
Las aperturas fueron en las estaciones San Pedrito, Plaza Miserere y Plaza de Mayo de la línea A; en la línea B Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini y Carlos Gardel; Retiro de la C; Congreso de Tucumán y Facultad de Medicina de la D; Plaza de los Virreyes en la línea E y la estación Santa Fe de la H.
Eligen delegada clasista en Agtsyp
El miércoles 11 se realizaron las elecciones internas de Agtsyp a delegadas y delegados de la línea D de tráfico. Agustina Chaves de la Agrupación Bordó y militante del PTS será la única mujer que conforme el nuevo Cuerpo de delegados integrado por cuatro miembros luego del próximo 25 de octubre.
Agustina expresó este mensaje a sus compañeros en una carta: “Quiero ser delegada para pelear por asambleas donde podamos intercambiar, debatir y votar de forma realmente democrática, haciendo valer la participación de cada uno. Hay que recuperar las tradiciones que nos hicieron fuertes, hay que recuperar la organización desde abajo y el ´Tocan a uno, tocan a todos’. Necesitamos que la línea D se fortalezca con la mayor participación y unidad de todos los compañeros y compañeras y que no se ataque a quien opina distinto. Para poder hacer frente a la situación del país donde el salario cada vez vale menos y las condiciones de trabajo son cada vez peores, y en una Ciudad que va a seguir beneficiando a Emova en detrimento de nuestras conquistas”.
Los días 24, 25 y 26 de octubre se realizarán las elecciones de delegados de base para representar a las y los trabajadores en el sindicato Agtsyp en todas las líneas del Subte de la Ciudad de Buenos Aires.
Patota agrede a la oposición en el Belgrano Sur
Este 18 de octubre se han convocado a elecciones de Cuerpo de delegados en todos los ferrocarriles. En el Belgrano Sur mientras un grupo de ferroviarios de la Agrupación Marrón intentaba ingresar al predio ferroviario de Gorriti para conversar con sus compañeros acerca de las elecciones de delegados, fueron agredidos por una patota de la Lista Verde oficialista.
Este hecho no es aislado, ya desde otras líneas de ferrocarril como en el Mitre y el Belgrano Norte las listas opositoras vienen denunciado distintas maniobras fraudulentas buscando evitar que no haya listas opositoras.
El repudio de las distintas agrupaciones opositoras ayudó a visibilizar este hecho que vuelve a mostrar los métodos que utiliza esta burocracia, la misma que defendió a Pedraza luego del asesinato de Mariano Ferreyra.
Llamamos a todos a repudiar estos hechos que atentan gravemente contra la democracia sindical.
Reproducimos a continuación los comunicados en solidaridad con los ferroviarios agredidos:
Toda
nuestra solidaridad con lxs compañerxs de la Lista 7 del Belgrano Sur,
agredidxs por una patota de la Lista Verde, en medio de una recorrida
por las elecciones.
¡Repudiamos estos métodos antidemocráticos mientras en el Mitre
maniobran para no oficializar nuestra Lista 3!
Buscan por todos los medios evitar que surja una oposición que plantea:
¡Basta de patotas!
¡No a la lista única!
¡Queremos democracia sindical!
¡Oficialización de las listas opositoras del Mitre y Belgrano Norte!
¡Asambleas para organizarnos y decidir cómo vamos a enfrentar el ajuste y a la derecha!
¡Mariano Ferreyra Presente!
Gran triunfo en Uatre Ledesma
Luego de dos meses de persistente pelea los y las rurales de la Uatre Ledesma, derrotaron el fraude y lograron mantener la importante seccional recuperada. La Uatre nacional y la empresa hicieron todo lo que estuvo a su alcance para sacar a esta conducción y no pudieron. El sábado 7 a las 9:00 se abrió la votación con dos listas oficializadas. Solo dos días antes la Lista Celeste que encabeza Benjamín Ramírez fue oficializada por la Junta Electoral Nacional. Siguieron sin ser oficializadas decenas de listas en todo el país, por eso siguen exigiendo elecciones limpias y libres en esos lugares donde se impuso la lista única.
Fue un día de mucha tensión. Si bien dos días antes se había conquistado la oficialización de la lista encabezada por Benjamín Ramírez, secretario general de la seccional recuperada hace unos años. Había que controlar minuto a minuto lo que pasaba en la elección, y lograr una importante concurrencia de trabajadores y trabajadoras.
Así fue como decenas de activistas estuvieron apostados durante todo el día en el Sindicato porque las maniobras fraudulentas no iban a parar hasta que se contara el último voto y se firmara el acta.
Con el correr de las horas, iban llegando cada vez más compañeros y compañeras a votar. Desde Perico los compañeros de la finca Maíz Negro, que en estos meses de lucha fueron un gran ejemplo, recorrieron 70 kilómetros para bancar a la Celeste. También una gran cantidad de compañeros que están sin ir a trabajar se hicieron presentes. Otros lo hicieron al finalizar su agotadora jornada laboral.
La Verde contó con todas las herramientas posibles. Dos meses de campaña contra dos días. El apoyo de la empresa que facilitó los despidos. Dinero y útiles de la Uatre nacional para hacer clientelismo. Control de la Junta electoral de la seccional pese a haber perdido la asamblea por paliza. Sin embargo, no pudieron lograr su objetivo.
La fuerza organizada de trabajadores y trabajadoras junto a una importante campaña en defensa de sus derechos que conquistó una importante solidaridad logró torcerle el brazo a la Uatre y a la empresa.
La Uatre nacional había determinado la no oficialización de la Celeste en Ledesma sin ningún argumento válido. Luego dijo que había dos compañeras que no cumplían con dos años seguidos de afiliación. Obvio que no, son trabajadoras temporarias, pero una de ellas está afiliada y paga su cuota sindical desde 1997. Para que accedan a la oficialización, más de 500 trabajadores firmaron un petitorio exigiendo que se les permita participar.
Se hizo una movilización de más de 1.000 personas en Ledesma acompañados por las organizaciones sociales de la zona con gran presencia de los y las compañeras de La Torre. También una votación de delegados de sector, donde se vio el apoyo a los candidatos proscritos.
Se hicieron volanteadas en la Ciudad apoyados por La Torre y el Polo Obrero. Recorrieron las facultades en San Salvador de Jujuy, en Buenos Aires y también estuvieron en el terciario de Ledesma recaudando fondos para la campaña.
Los trabajadores de Madygraf imprimieron solidariamente más de 3.000 afiches a color que se usaron para que todo el pueblo de Ledesma supiera de su lucha. Los sindicatos de Jujuy como el Cedems y el Seom dieron su apoyo con una declaración que se difundió ampliamente.
En Buenos Aires fueron recibidos por dirigentes de Foetra, del Subte, de ATE y de la CTA que se sumaron a apoyar la lucha. La Junta Interna de Economía, los municipales de Vicente López, la oposición de telefónicos y Ademys aportaron dinero para el fondo de lucha. Este sindicato independiente de la docencia de Caba también realizó una importante donación de útiles para los hijos y las hijas de los rurales.
Alejandro Vilca, diputado nacional del PTS/FITU, llevó la voz de los y las rurales al Congreso de la Nación: denunciando los ataques que venían sufriendo por parte de la patronal y Uatre nacional y también llevando un pedido de declaración que fue firmado por los 4 integrantes del bloque del Frente de Izquierda.
Benjamín Ramírez, secretario general de Uatre Ledesma, fue parte de la movilización del resto de las seccionales que fueron proscritas.
Y finalmente una delegación de trabajadores y trabajadoras viajó a Buenos Aires, participaron de la marcha del 28 de septiembre por los derechos de las mujeres, allí contaron de su lucha repartiendo a todes les presentes un volante y denunciaron la especial discriminación que reciben las trabajadoras rurales. Ledesma despidió 4 obreras, destituyó a la presidenta de la Junta electoral y para tratar de bajar la lista impugnó a dos trabajadoras. Decenas de referentes del movimiento de mujeres sacaron una declaración en su apoyo.
Son 1.000.000 de trabajadorxs en todo el país. La Uatre Ledesma logró en estos cuatro años que haya delegados. Es la única seccional del país que logró esa herramienta para defenderse de los abusos patronales en los lugares de trabajo. Lograron mejores paritarias y un sindicato siempre dispuesto a ponerse al frente de cada reclamo y de cada problema pese a la asfixia financiera, ya que Uatre no les pasa ni los fondos legalmente estipulados en el estatuto. Enfrente de ellos y ellas también está la empresa Ledesma que se involucró en este intento de fraude.
Festram anunció un paro municipal de 48 horas en Santa Fe
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) anunció que realizó un paro de 48 horas en Santa Fe. La organización activó el plan de lucha salarial en busca de paliar el efecto de la inflación.
La decisión surgió del plenario de secretarios generales de los gremios de ciudades y comunas. El objetivo principal es la reapertura de la mesa paritaria para discutir un aumento de haberes antes de fin de año.
La Festram programó el paro para el miércoles 11 de octubre y el jueves 12.
Si bien se trata de un plan de lucha provincial, Rosario no adhiere al cese de actividades. Mientras tanto, los demás sindicatos esperan la convocatoria a una discusión salarial, ya que la inflación de los últimos meses superó la recomposición acordada.
Además, Festram impulsó acciones en la calle para visibilizar el reclamo a intendentes y presidentes comunales.
Finalmente, la Federación denunció una “incesante hostilidad hacia el movimiento obrero” entre dirigentes políticos nacionales y provinciales. En particular, sus integrantes repudiaron la agresión a la secretaria adjunta Andrea Paz en Los Laureles.
Acuerdo ferroviario
Los cuatro gremios ferroviarios y las empresas Metrovías y Ferrovías acordaron un aumento salarial del 18% sobre los sueldos de septiembre. También se pactó una suma fija no remunerativa equivalente al 12,4% del salario bruto vigente al mes de agosto de 2023, a percibir con los haberes de octubre.
El acuerdo fue firmado el miércoles pasado por la Unión Ferroviaria (UF), La Fraternidad, Señaleros y Personal de Dirección (APDFA), que lideran Sergio Sasia, Omar Maturano, Enrique Maigua y José Silva. Las partes involucradas se comprometieron a celebrar una nueva reunión una vez publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) «para definir los parámetros de actualización de los meses restantes de la paritaria 2023-2024».
Por ahora, los trabajadores del sector cobrarán un aumento del 16% sobre las grillas del mes de julio 2023, a partir de septiembre y otro incremento del 18% sobre las grillas de septiembre de 2023 que comenzarán a aplicarse este mes.
Trabajadorxs de casas particulares
Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordaron un incremento salarial para ese personal del 34% en 3 cuotas para el trimestre octubre-diciembre, informó el ministerio de Trabajo.
Los trabajadores percibirán la mejora de la siguiente manera: 12% este mes, 12 en noviembre y 10% en diciembre próximo, por lo que las partes clausuraron hoy la negociación convencional correspondiente a 2023.
Así, el salario mínimo de las trabajadoras y los trabajadores pasará de $ 145.230 o $ 161.493 (con o sin retiro) en el décimo mes del año. Mientras que el monto base por hora aumentará de $ 1.057 a $ 1.184.
El 58 % de niñas y niños no tienen obra social ni prepaga
Por Celeste Vázquez
El porcentaje de menores de edad (entre 3 y 17 años) sin cobertura de salud aumentó de manera sostenida desde el año 2010 a esta parte. Las guardias pediátricas de varios hospitales de Ciudad y provincia de Buenos Aires colapsaron durante el invierno. Así lo denunciaron pacientes, familias y el personal de salud.
Camillas con niñas y niños en los pasillos, madres haciendo horas de cola para tener un turno (incluso durante la madrugada), suspensión de cirugías, problemas edilicios, personal de salud teniendo que llevar pacientes en brazos porque no anda el ascensor. La lista podría seguir.
“Cobramos $1.100 la hora de trabajo”, cuenta Sandra Verta, pediatra del Hospital San Justo. “Hace más de cinco años que estamos denunciando el vaciamiento que se vive en el hospital fruto de la precarización laboral y los sueldos de miserias que estamos cobrando”.
Sin dudas, la precarización de la que habla Sandra es una de las razones del colapso del sistema, responsabilidad absoluta de los gobiernos municipales, provinciales (en este caso en manos de Larreta y Kicillof) y nacional, que no tienen ningún tipo de problema en ajustar en los presupuestos de salud (Massa hasta se animó a recortar el presupuesto en discapacidad), con tal de cumplir las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Acá en La Matanza, el ajuste es brutal porque plata hay, pero la subejecutan en lugar de invertirla en salud. Es una clara decisión política de ajustar, como ya lo hicieron en el Hospital Teresa Germani de Laferrere que desde hace más de dos años que tienen cerrada la guardia pediátrica”, explica otro trabajador, Miguel Miranda. Por si fuera poco, los trabajadores denuncian que Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, ni siquiera los recibe.
Pero, cuando se trata de ajuste no hay grieta. De hecho tanto El Frente de Todos como Juntos por el Cambio votaron el último presupuesto de salud donde hubo un ajuste del 35% en lo que va del 2021 a 2023.
Hay otra razón de este colapso, que está emparentada profundamente a la crisis social que estamos viviendo: la cantidad de niñas, niños y adolescentes que no tienen ni obra social ni prepaga que recurren a la salud pública. Según un documento elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, “el 58 % de la población de NNyA (niñas, niños y adolescentes) carece de una cobertura de obra social, mutual o prepaga“. Este porcentaje se ha “incrementado de modo sostenido entre 2010 y 2022”, llegando a su pico (60%) durante la pandemia del Covid 19.
Este dato fue publicado en el mismo informe en el que se indicaba que más de 4 millones de niñas y niños pasan hambre. En ese momento, ese dato sanitario tuvo poca relevancia, porque lo que impactó fue la cantidad de menores de edad con hambre en un país donde solo tres grandes alimenticias (Arcor, Molinos Río de la Plata y Ledesma) embolsaron, en apenas unos meses, más de $ 20.000 millones.
Detrás de ese 58 % hay madres sin trabajo, jefas de hogar que llevan adelante la tarea del cuidado de sus hijos solas y padres con changas o trabajos informales, sin derecho a tener una obra social y sin posibilidades de pagar una prepaga. Familias enteras obligadas a elegir entre comer, y ni siquiera con la calidad y cantidad necesaria, o pagar la cuota de una cobertura de salud.
No va más, nuestras niñas y niños no pueden vivir en estas condiciones. Seguir el rumbo marcado por el FMI, como lo está haciendo el Gobierno nacional, no hizo más que aumentar el deterioro en las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras y populares.
Advertimos desde un inicio que era incompatible seguir las órdenes del Fondo y satisfacer las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Hoy vemos las consecuencias. Es necesario pelear por medidas urgentes, como el aumento de emergencia de salarios, jubilaciones e ingresos por planes sociales, pero también de debatir cómo reorganizar el país en favor de las grandes mayorías.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, InfoGremiales, Red Eco Alternativo, iProfesional, Página 12
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