La embajada norteamericana impuso en la Argentina las llamadas «leyes antiterroristas» que Kirchner envió al Congreso y la última de las cuales (Ley 26.268) fue votada en junio del año pasado. Esta Ley afirma que es un «terrorista» aquel que forme parte de una organización que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que […]
La embajada norteamericana impuso en la Argentina las llamadas «leyes antiterroristas» que Kirchner envió al Congreso y la última de las cuales (Ley 26.268) fue votada en junio del año pasado. Esta Ley afirma que es un «terrorista» aquel que forme parte de una organización que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que «intente mediante la comisión de delitos» (por ejemplo cortar una calle u ocupar el lugar de trabajo) «obligar a un gobierno u organismo internacional (…) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». Es decir que un juez podría culpar de esta «asociación ilícita terrorista» a los organizadores de huelgas o manifestaciones que impidieran, por ejemplo, una ley como la reforma laboral de la Banelco, que obligara a un banco a devolver en dólares los ahorros que fueron depositados en dólares, o que impusiera la renuncia de un gobierno que haya asesinado a un docente.
Cuando Cristina Kirchner y los demás presidentes latinoamericanos estrecharon la mano de Alvaro Uribe y firmaron la declaración de la Cumbre de Río, sellaron un pacto de convivencia con el Terrorismo de Estado. En los últimos años el Estado colombiano hizo desaparecer a 15 mil personas y asesinó a más de 2.500 dirigentes del movimiento sindical. Desde que asumió Uribe el Ejército cometió más de 950 ejecuciones, tan sólo en enero de este año: 16 ejecuciones extrajudiciales. La reciente masacre contra 20 miembros de las FARC, en territorio de Ecuador, es parte de un plan sistemático financiado y monitoreado por EE.UU., el Plan Colombia. Uribe la justificó apelando a la doctrina que Bush utilizó para invadir Irak o Afganistán: «ataques preventivos» para «combatir al terrorismo» más allá de las fronteras si se trata de una cuestión de «seguridad nacional». El «gobierno de los derechos humanos» acordó con Uribe una declaración en la Cumbre de Río donde no se condena la masacre ni se hace mención al terrorismo de Estado en Colombia.
En cuanto al Terrorismo de Estado que se aplicó en Argentina, Cristina abogó semanas atrás por «la finalización del juzgamiento» a los genocidas de la dictadura, pero afirmó que se trata sólo de «992» militares. Dado que se conoce la existencia de 651 centros clandestinos de detención, para la presidenta hubo nada más que 1 ó 2 milicos por centro donde desaparecieron 30 mil personas.
Después de 32 años del golpe, siguen en la impunidad el 95% de los militares «terroristas de Estado» implicados en el genocidio, que no fueron juzgados ni lo serán bajo el gobierno de los Kirchner. Solo en la policía Bonaerense hay más de 9.000 efectivos que revestían en la policía de Camps y Echecolatz. Julio López desapareció a manos de esas bandas. Ni los Kirchner ni ningún gobierno burgués puede terminar con la impunidad de este aparato represivo dado que sería socavar el pilar fundamental de su propio Estado y la clase capitalista no se suicida. Por el contrario, este aparato armado es la reserva fundamental que tienen los capitalistas para imponer sumisión ante la superexplotación de los trabajadores, la pauperización de sectores de las clases medias y garantizar las ganancias de los empresarios. El nuevo «punto final» que quiere imponer Cristina Kirchner intenta, además, que los juicios no se extiendan a los cómplices civiles de la dictadura, desde intendentes y políticos colaboracionistas hasta la propia cúpula empresaria instigadora principal del golpe de Videla.
Recientemente salió a la luz que represores de la dictadura como Miguel Ángel Egea o el entonces agente de la SIDE Héctor Cruz, están ahora entrelazados con las mafias capitalistas del juego como la de Cristóbal López, el empresario amigo del gobierno que viene de despedir cientos de trabajadores en el Casino Flotante. Por esta continuidad esencial en el gobierno de la clase dominante es que las multinacionales automotrices que hace 32 años hicieron desaparecer obreros en Ford o Mercedes Benz, ahora son los empresarios mimados del «modelo industrial» de los Kirchner. Para completar, en el neoperonismo que Kirchner arma desde Puerto Madero, el mismísimo Antonio Cafiero, ministro de economía en el gabinete de Isabel Perón cuando la Triple A alentada desde el gobierno le abría paso al golpe, recibe todos los honores dirigiendo el Congreso del «nuevo» PJ.
En este nuevo aniversario del golpe militar es significativa la lucha de los obreros de la textil Mafissa en La Plata contra la intransigencia de la familia Curi. Es una dura lucha que lleva más de 100 días por la reincorporación de 100 despedidos. La cúpula de la Asociación Obrera Textil está jugando en contra. Los Curi son una patronal emblemática por su colaboracionismo con la dictadura: tienen en su haber la desaparición de 15 trabajadores de esta misma planta en Olmos donde funcionaba entonces Petroquímica Sudamericana. Por esos años Don Jorge Curi fue también autor del libro «Arriba Argentina» donde deja orgullosa constancia de su devoción por los militares videlistas. Hoy Jorge Curi Junior lanzó un lock out patronal porque quiere «ganar competitividad» y dice que necesita menos obreros, y como esto es incompatible con la actual comisión interna elegida por la base trabajadora, persigue y despide a los luchadores. Así lo han denunciado todos los organismos de derechos humanos que luchan contra la impunidad. Llamamos a redoblar esfuerzos para que triunfe esta valiente lucha.