Al mediodía del domingo el intendente Mestre realizó una conferencia de prensa en la cual anunció un Plan de Emergencia del Servicio de Transporte con unidades custodiadas por Gendarmería, Policía Federal y Policía de Córdoba. Sostuvo además que llamaría a una consulta popular para que el transporte se declare «servicio esencial». Pasada la conferencia, se […]
Al mediodía del domingo el intendente Mestre realizó una conferencia de prensa en la cual anunció un Plan de Emergencia del Servicio de Transporte con unidades custodiadas por Gendarmería, Policía Federal y Policía de Córdoba. Sostuvo además que llamaría a una consulta popular para que el transporte se declare «servicio esencial».
Pasada la conferencia, se publicaron, vías redes sociales, videos y fotos de la llegada de Gendarmería, Policía provincial y Federal a las cabeceras de línea de los colectivos y el posterior traslado de las unidades a los predios de la Escuela de Aviación militar.
«Usan los predios militares, ayer campos de concentración, como garaje de las patronales», afirmó la legisladora provincial Laura Vilches del FIT.
Llenando las calles de fuerzas represivas y acusando de alteradores del orden a quienes luchan por salarios y condiciones laborales, Ramón Javier Mestre continúa los pasos seguidos por su padre, Ramón Bautista Mestre, quien asumió la intervención en Corrientes entre diciembre de 1999 y principios de 2001 con las manos manchadas de sangre, luego de las dos muertes producidas por la represión que desalojó el puente General Belgrano que era ocupado por empleados públicos, docentes y movimientos sociales que reclamaban el pago de sueldos. Y se despidió de la administración de Fernando de la Rúa como Ministro del Interior durante las jornadas de diciembre del 2001, donde hubo decenas de muertos.
Rebelión en «La Docta»
La ciudad de Córdoba, bastión macrista, hace 7 días que está totalmente paralizada, sin escuelas ni comercios funcionando. Es por una huelga que iniciaron choferes y delegados de la UTA contra la paritaria nacional aprobada por el gremio hace una semana. Todo comenzó el viernes 2 de junio pasado, cuando la UTA nacional, a cargo de Roberto Fernández, de estrecha sintonía con el macrismo, cerró un acuerdo con el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para las paritarias nacionales de los choferes de corta distancia.
Los choferes cordobeses denuncian que para este año, solo les corresponde un aumento del 8%, sin retroactivo. El paro provocó dos denuncias penales, 88 despidos y dos detenidos. Exigen que el pago del 21% escalonado que se acordó con el gobierno para el 2017-18 sea en un pago y sobre el sueldo bruto del convenio de Córdoba. Hay una diferencia de 11,5% ya que en años anteriores venían aplicando estos aumentos salariales sobre el salario bruto de Córdoba, no sobre el básico del convenio . Antes, esta diferencia era abonada por la Municipalidad local. Ahora Mestre decidió no pagarlo, aduciendo falta de fondos.
Por esta razón, el mismo viernes 2, luego de una serie de asambleas, los choferes se rebelaron y rechazaron de plano el acuerdo firmado por la UTA nacional. Primero solicitaron, ante el intendente Mestre, una mesa de diálogo que el mandatario nunca abrió. Tras cartón, proclamaron un paro por tiempo indeterminado, a partir del lunes 5, que ya lleva 7 días ininterrumpidos.
A pesar que al unísono, funcionarios, empresarios y medios, se esfuerzan por demostrar que el paro de los choferes y de los delegados de la UTA es «político», sus pedidos son únicamente salariales. Así lo manifestó, ante las cámaras de televisión de Canal 8, Erika Oliva, delegada de la empresa Tamse y una de las referentes del conflicto: «UTA nacional nos provoca con un 8% de aumento para nuestro sueldo para todo el año, es por eso que estamos acá manifestando, y nosotros no desconocemos ni rechazamos el 21% que viene de Buenos Aires. Lo único que pedimos es que sea aplicado como corresponde, en su porcentual de cifra nominal al básico de Córdoba y de una sola vez. No que sea en tres tramos. De una sola vez retroactivo a enero» .
Crónica día por día
El lunes 5, durante el primer día de paro, el Ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, Omar Sereno, abogado laboralista y peronista, asesor de sindicatos, que responde al gobernador Juan Schiaretti, intentó frenarlo, dictando una conciliación obligatoria por 15 días.
La medida fue acatada y defendida por el interventor de la UTA, Arcando, bajo el argumento que si no la aceptaban, el paro sería decretado ilegal. Sin embargo, los choferes la rechazaron.
Al otro día, el martes 6, a primera hora, como lo anticipó el interventor de la UTA, el paro fue declarado ilegal y algunas unidades intentaron circular con custodia policial.
Las empresas Aucor, Coniferal y Ersa comenzaron a mandar intimaciones a los choferes para que abandonen el paro, bajo la amenaza de ser despedidos si no se reincorporaban.
A estas intimidaciones se plegó el intendente de Cambiemos, quien les recomendó a los choferes que « cuiden sus fuentes de trabajo». También, el interventor de la UTA, quien justificando futuros despidos anticipó: « hoy los empresarios están en todo su derecho de pedir que el Ministerio declare la ilegalidad de la medida «.
Aun así, ni las intimaciones del gobierno y empresarios, ni las amenazas del intendente, ni la defección del interventor, amilanaron a los choferes cordobeses, quienes decidieron continuar con la huelga, en rechazo de la paritaria nacional.
Como respuesta, los empresarios de la FETAP comenzaron a mandar telegramas de despido, llegando a totalizar unos 80.
El miércoles, la ciudad de Córdoba amaneció con piquetes de los choferes, en las cabeceras de línea, que impidieron que los colectivos salgan a la calle.
A la par, Mestre pretendió implementar un «Plan de contingencia» que consistía en que aquellos usuarios de colectivos afectados por el paro, puedan tomarse taxis y remises por un valor de 15 pesos en unas 16 rutas que llevan al centro de Córdoba. A cambio de eso, el municipio los eximiría de un arancel de unos 900 pesos.
El «Plan de Contingencia« de Mestre nunca pudo funcionar. Lo frenaron los propios sindicatos de taxis y remises de Córdoba que se negaron a implementarlo. «De ninguna manera nos vamos a meter dentro de un conflicto que no es nuestro«, dijo Miguel Arias, titular del sindicato de Peones de Taxi de Córdoba.
El jueves 8 el conflicto siguió creciendo en intensidad. A la mañana, como hacía mucho tiempo que no se veía, los principales gremios de Córdoba, encabezados por Luz y Fuerza, Surbac (recolección de basura) y peones de Taxi, marcharon por las calles de la ciudad hasta la sede de la intervenida UTA, en apoyo a los choferes y delegados. De la movilización participó Rubén «Pollo» Sobrero de los ferroviarios del Sarmiento. Volvieron a escucharse las palabras «Cordobazo» y «Atilio López», mítico dirigente gremial de la UTA, que llegó a ser vicegobernador de Córdoba en los 70, durante el tercer gobierno de Perón, y vilmente asesinado por las Tres A.
Por la tarde, el gobierno de la provincia a cargo de Juan Schiaretti, aliado de Macri, denunció penalmente ante el fiscal Guillermo González, a los trabajadores y delegados de la UTA, por amenazar la paz social.
Retomando las intimidaciones, el viernes 9, la UTA Nacional, emitió un comunicado instando a los choferes de la delegación local a acatar la conciliación obligatoria. « A los compañeros trabajadores les decimos, que sólo nuestro sindicato podrá garantizar la reincorporación de los despedidos, el cese de las intimaciones y la recuperación de los días perdidos, en tanto y en cuanto, se respete la autoridad y la ley «, expresaba el documento.
Por su parte, el intendente Mestre y el vicegobernador Martín Llaryora (primer candidato a diputado nacional por el peronismo) sacaron otro documento conjunto solicitando «una intervención eficaz del Ministerio de Trabajo de la Nación y el gremio nacional de la UTA, ya que quedó claro que el conflicto en Córdoba es por la paritaria y la renovación de las autoridades del gremio en Córdoba«.
Mientras tanto, algunas unidades de la empresa Coniferal y Ersa intentaban salir a la calle con custodia policial. Esto motivó que dos choferes se arrojaran al piso para evitar su salida, por lo cual fueron detenidos e imputados por entorpecimiento por el fiscal Alfredo Villegas.
Por la tarde, Roberto Fernández, titular de UTA Nacional, ofreció a los choferes para que levanten el paro, el adelanto de un bono de 5.800 pesos que debía cobrarse el 21 de junio, a acreditarse en 24 horas. «Estoy angustiado con esto, a la ley hay que respetarla, yo entiendo que los compañeros no estén de acuerdo con el 21%, pero la paritaria la hace el Consejo Directivo Nacional, se habló de un 8%, en octubre se discute si se sube arriba del 8% y se recupera, y en enero hay una cláusula gatillo que es del 6%. Y se adelanta un bono de 5.800 pesos«, explicó Fernández.
Sin embargo, su angustia se debe a otra cosa. El viernes, imitando a Córdoba, la UTA de Rosario acaba de lanzar una amenaza de paro para esta semana en reclamo de un plus salarial. «Vamos a tratar de mejorar esa cifra, queremos llevar el piso a por lo menos el 25 %. Ya tuvimos algunas reuniones y seguimos dialogando, pero el plazo máximo para acordar es la semana que viene», amenazó el líder de la UTA de Rosario, Manuel Cornejo, para angustia de Fernández. «La paritaria que se suscribió la semana pasada en Buenos Aires no cayó bien entre los compañeros acá en Rosario. Es un porcentaje bajo que además es desdoblado. Tanto que este año el aumento será de sólo un 8%«, agregó.
Si ganan los choferes de la UTA cordobesa, gana toda la clase obrera
Los mismos que garantizan el boleto más caro del país y el servicio más desastroso, para engordar los bolsillos de los propietarios de las empresas concesionarias, ahora se acuerdan de los «pobres usuarios», para usarlos como carne de cañón contra otros trabajadores. Esta maniobra tiene que ser desbaratada con la movilización conjunta de trabajadores y usuarios contra los dueños del negocio.
Al respecto, Sonia Beas, referente de las trabajadoras de trolebuses de la empresa TAMSE, remarcaba que lo que sucedía era «algo excepcional, la unión de todos los trabajadores de Córdoba». Ante la pregunta de la legalidad de la lucha, la delegada afirmó que «los que están ilegales son los empresarios, los que están siempre transgrediendo las normas son ellos. No cumplen con los pliegos de licitación, reciben miles de millones de pesos en subsidios. El año pasado, en el 2016, las empresas privadas recibieron más de 7.000 millones de pesos, claramente no están trasladadas a lo que son las condiciones de trabajo, mucho menos a mejorar el servicio para los usuarios. Los usuarios hoy esperan entre veinte, treinta minutos un colectivo, mucho más de lo que esperaban cuando la TAMSE Buses era estatal. Está claro que acá se prioriza siempre los negocios de los empresarios ante las necesidades de los usuarios y el salario de los trabajadores».
El conflicto que desarrollan los trabajadores del transporte es durísimo porque patronales, burocracias sindicales, gobiernos y empresarios de medios los quieren derrotar.
El libreto es calcado para todos los casos: si los docentes hacen huelga, tienen de «rehenes a los alumnos y sus familias» y «no les importa la educación pública».
Cuando el tarifazo de luz golpea sobre los bolsillos de una Córdoba con 40 % de pobreza, la «responsabilidad» es de los trabajadores de EPEC, cuyos salarios rondan o superan los 23.000 pesos básicos de la canasta familiar, un monto que cualquier trabajador o trabajadora debería cobrar.
Frente al salario y las condiciones de trabajo logradas por los empleados municipales, el intendente decide publicar sus sueldos y hasta DNI y dirección de la planta municipal.
Ocurre lo mismo en el caso de la lucha de los choferes por su paritaria. Desde el gobierno y los grandes medios se los acusa de tener «sueldos de privilegio» y de perjudicar a otros trabajadores, los usuarios, con su reclamo.
Ellos quieren garantizar que sea la clase trabajadora la que pague el ajuste, con bajas salariales y pérdida de derechos y conquistas. Por eso, si ganan los trabajadores y trabajadoras de la UTA, gana toda la clase obrera cordobesa.
La rebelión de los choferes y delegados de Córdoba, fruto de las bajas paritarias con cláusula gatillo que impuso el gobierno nacional, lejos de desaparecer pueden expandirse a otras ciudades. Lo cual le traería en un marco preelectoral, un dolor de cabeza a Cambiemos, que hasta ahora ha podido imponer su techo del 21% en casi todos los acuerdos salariales de los gremios más numerosos. «Quebrando el espinazo» de los gremios que se opusieron ello, según se jactaron los empresarios de la UIA que recientemente realizaron un homenaje a la gobernador María Eugenia Vidal, mediante los descuentos por ausentismo que concretó contra los docentes, y que ahora amenazan que será cuantioso contra los choferes cordobeses.
Para este l unes 12/6 la Mesa de Enlace de los gremios de Córdoba convocó una movilización de apoyo a la lucha de los choferes a las 14:00 en Colón y Gral . Paz , desde allí marchar án a la sede de la UTA donde a las 16 :00 se hará un gran acto de todo el movimiento obrero cordobés. Paralelamente, a las 15:00 habrá un a cto en la Casa de la Provincia de Cór doba, Callao 332 , en la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque estas dos medidas son muy importantes, para que la lucha triunfe y todos los trabajadores atacados por el ajuste se vean fortalecidos para luchar por sus demandas, se hace urgente la necesidad de convocar a un paro provincial de parte de la CGT y CTA.
Fuentes: La Izquierda Diario, Indymedia Argentina, Resumen Latinoamericano, Anred, Zumba la Turba, Mucho Palo Noticias, Enredando las mañanas, latinta.com.ar, www.rnma.org.ar, www.pagina12.com.ar, Agencia Télam.
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