CORREPI presentó informe de situación de Derechos Humanos

INFORME DE SITUACIÓN 2003-2006: LOS DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN KIRCHNER

 

CORREPI presenta todos los años un Archivo con los casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado, que revela la continuidad de la represión posterior a 1983 más allá de algún cambio de formas. Hoy, a tres años del inicio de la actual gestión presidencial, presentamos este documento como un complemento de nuestra denuncia, con un recuento de la represión aplicada por este gobierno a los sectores pobres no organizados de la sociedad y a los sectores organizados de la política nacional desde el 25 de mayo de 2003 hasta el día de hoy.

La estrategia política del gobierno de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos es uno los ejes de su permanente búsqueda de legitimación. Un manejo hábilmente combinado de cooptación de referentes históricos del campo de los DDHH y de propaganda oficial disfrazada de información periodística intenta colocar a quienes denunciamos el carácter represor de este gobierno como peligrosos desestabilizadores provenientes de una izquierda calificada como siniestra.

Por detrás del silencio mediático y el discurso setentista, la represión no ha dejado de aumentar y profundizarse en los pasados tres años. Los casos de gatillo fácil y tortura son cotidianos y su frecuencia es superior a la de cualquier gobierno desde 1983 a la fecha, aunque en los titulares de los diarios sólo trasciendan unos pocos. Son cada vez más frecuentes las represiones en manifestaciones y movilizaciones populares, y las amenazas a militantes o a familiares de pibes asesinados que no abandonan su lucha. Ningún gobierno tuvo, desde 1983, más presos políticos y más militantes sujetos a causas judiciales que el gobierno de Kirchner.

Durante las tensas jornadas de militarización de Plaza de Mayo en el último trimestre de 2005, cuando la represión se sospechaba cercana, el Ministro del Interior Aníbal Fernández hizo alarde de «no tener muertos en represiones». Negaba así, mientras se montaba sobre las denuncias de las masacres cometidas en otros gobiernos, como la del Puente Pueyrredón, el asesinato bajo las balas policiales de Luis Marcelo Cuéllar, militante de la CCC, durante una represión en Jujuy a cinco meses de la asunción presidencial.

A pesar de esta realidad, que se demuestra con hechos y datos, el gobierno no deja de crear consenso a su favor con el inapreciable concurso de los medios que reproducen y amplían el discurso oficial. La prensa adicta, aun la que de vez en cuando critica alguna medida de gobierno que califica de hegemonista o poco democrática, presenta a los militantes y a los pobres como delincuentes actuales o potenciales, justificando la represión en ambos casos en aras del orden y la seguridad.

El presidente Kirchner presenta su gobierno diciendo que el empleo ha aumentado; que las condiciones de vida de la población van encaminadas hacia la mejora; que nos hemos liberado del yugo imperialista pagando la deuda externa. Pero lo cierto es que los sueldos no alcanzan para nada; que la comida, los medicamentos, el gas, todo lo necesario para vivir, cada vez está más caro. Lo cierto es que Kirchner ha logrado lo que Menem no pudo, aprobar las leyes antiterroristas, expresión irrefutable de que este gobierno está incondicionalmente al servicio del imperialismo. Lo cierto es que crecen los hechos represivos en forma inversamente proporcional a su repercusión mediática.

Como una expresión natural de un pueblo que vive en condiciones miserables, se suceden las medidas de fuerza, las tomas de fábricas, los cortes de calle, las huelgas, las manifestaciones. Kirchner y sus aliados provinciales responden con represión, operativos multifuerza, saturación policial, militantes y obreros presos y procesados y tildando de «terroristas» a los trabajadores en huelga. En los barrios, aumenta el gatillo fácil, se acumulan las denuncias de torturas y se multiplican las detenciones arbitrarias. Cada día que pasa alguien muere en una cárcel o comisaría.

Este informe prueba que, en su gestión de gobierno, Kirchner fue empleando diferentes tácticas represivas, a fin de recuperar la legitimidad perdida de las instituciones, la centralización del poder político y los medios de comunicación.

Al comienzo de su gobierno adoptó el discurso de la «no represión», complementado con la cooptación de sectores populares, la censura a los medios de comunicación y la deslegitimación de los movimientos u organizaciones no dispuestos a dejar su lugar de confrontación.

Continuó luego con una intensa campaña de los diferentes sectores del poder a través de voceros y aliados mediáticos que denunciaban la supuesta «inacción» del gobierno frente a la protesta social y exigían una intervención represiva.

La campaña de la inseguridad «Blumberg», a partir de abril de 2004, se tradujo en una profundización de la política represiva tendiente a englobar y desdibujar peligrosamente las fronteras entre el delito y la protesta social.

A partir de agosto de 2004, la Subsecretaría de Seguridad Interior, hasta ese momento dependiente del Ministerio de Justicia, regresó a la órbita del Ministerio del Interior, bajo la conducción de Aníbal Fernández.

Fue creciente el agravamiento de las imputaciones hacia los manifestantes. Si en un principio la mayoría de los jueces recurría a delitos como atentado y resistencia a la autoridad, obstrucción del tránsito, daño o similares, en la actualidad, se imputa a los detenidos delitos gravísimos muchas veces no excarcelables, totalmente desvinculados de las supuestas conductas punibles y sobre la base de elementos probatorios especulativos.

El carácter de clase de la represión queda en evidencia cuando se compara la reacción estatal frente a las movilizaciones o reclamos de los sectores medios con la forma en que se responde a las demandas de los trabajadores y el pueblo. Mientras los muy justificados cortes de los vecinos ambientalistas en Gualeguaychú son calificados de legítimo ejercicio de la libertad de expresión por el gobierno en su presentación en respuesta a la demanda uruguaya, el mismo tipo de protesta, cuando es protagonizado por desocupados, es considerado delictivo.

A continuación, desarrollaremos el panorama de estos tres años en materia de represión de «control social» -gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles y comisarías, detenciones arbitrarias-; y de represión política:

GATILLO FÁCIL, TORTURAS Y MUERTES EN CÁRCELES Y COMISARÍAS

A pesar de los denodados esfuerzos de una buena parte de la clase política argentina, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la pena capital, y como país firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -incorporada a la cúspide de la pirámide jurídica con jerarquía constitucional-, tenemos vedado reimplantarla.

Sin embargo, las fuerzas policiales emplean cotidianamente la pena de muerte en las calles de todo el país. Denominamos «gatillo fácil» a las ejecuciones que configuran la aplicación por parte de la policía de la pena de muerte extra-legal. Se trata de «pseudoenfrentamientos» en los que se pueden distinguir dos etapas sucesivas en la perpetración del delito: el fusilamiento propiamente dicho, y el posterior encubrimiento.

EL FUSILAMIENTO: Prácticamente en todos los casos el hecho es relatado por los policías intervinientes de la misma manera, justificando su «legítimo accionar» en la agresión previa por parte de la víctima, que siempre es referida como «delincuente de frondoso prontuario» y quien, indefectiblemente en los partes policiales, disparó primero. Como se ha señalado en infinidad de relevamientos estadísticos, hay datos objetivos que tornan inverosímil la repetida versión del enfrentamiento. La desproporción numérica entre los muertos civiles y policiales lleva a dos posibles conclusiones: o tenemos la policía con mejor puntería del universo, o ellos son los únicos que disparan. También es llamativo que no exista relación en la cantidad de muertos y heridos no uniformados. La casi inexistencia de sobrevivientes civiles en estos supuestos tiroteos demuestra que la policía tira a matar, sin efectuar disparos disuasivos ni a lugares no vitales del cuerpo, de modo de no tener que cargar con molestos testigos. En gran número de casos, aun los que la propia policía confiesa «accidentes», argumentando armas que se caen al piso, golpean contra paredes, o se disparan en un forcejeo, es notable que las balas impacten en la sien, la nuca o la espalda, volviendo imposible la tesis del enfrentamiento.

EL ENCUBRIMIENTO: Inmediatamente después de cometido el delito, comienza la segunda etapa, destinada a garantizar la impunidad del camarada que «puso» a uno.. Es indudable la existencia de un espíritu de cuerpo que se patentiza en los primeros informes de quienes arriban al lugar del hecho cuando las muertes ya se han consumado. Si el homicida no tiene un arma de más para «plantársela» al muerto, son sus colegas quienes la proveen, como se ha probado en muchos casos. A estas armas plantadas se suman a veces, por aplicación de la tesis de la «culpabilización de la víctima», sobres conteniendo alguna pequeña dosis de drogas, tucas, ganzúas, y hasta efectos robados. Es un clásico que en la instrucción inicial del caso, se consigne de inmediato que no se encontraron testigos del hecho, sin que conste diligencia alguna para hallarlos; así como que quienes espontáneamente se presenten para declarar sean rechazados con un elegante «ya los van a citar».

La medida del encubrimiento da la pauta del carácter institucional de estos hechos, en los que el sumario policial -en particular cuando instruye la policía- en lugar de investigar, propone y da por cierta la tesis del enfrentamiento. De la misma forma que se planta evidencia de lo inexistente, se destruye la que pudiera echar luz sobre el asunto. Así, es frecuente que los cuerpos sean lavados evitando toda posible prueba de deflagración de pólvora en las manos, que se limpien las armas, impidiendo saber si fueron disparadas o si tienen huellas. También hemos verificado casos de espontánea reproducción de la cantidad de proyectiles intactos en las armas policiales en el trayecto hasta la oficina pericial, o la repentina aparición de averías en armas o proyectiles recuperados inexistentes en el momento del hecho. Estos homicidios han crecido enormemente en los últimos tiempos, de la mano de las políticas resumidas en el «hay que meter bala a los delincuentes».

Finalmente, y ya en el marco de las causas penales, la complicidad abierta o la ineficiencia siempre oportuna de peritos y jueces permite la manipulación desembozada de las pruebas, derivando muchas veces la investigación en causas seguidas contra la víctima, cuyos antecedentes se rastrean hasta el infinito.

El gobierno de Kirchner emplea esta herramienta de control social como lo hicieron todos desde 1983. Las cifras que arroja su gestión en cuanto a personas asesinadas por las fuerzas de seguridad hablan solas, y son una demostración de que la represión para el control social sigue vigente y en ascenso.

Desde el 25 de mayo del año 2003 hasta el 28 de julio del 2006 han sido 505 las personas asesinadas por las Fuerzas de Seguridad. En su mayoría jóvenes pobres, los números en cada uno de los años de esta gestión son:

102 asesinados entre el 25/5/03 y el 31/12/03.
159 asesinados en el año 2004.
175 asesinados en el año 2005.
69 asesinados entre el 01/01/06 y el 28/07/06.

Desde la 10ª Presentación del Archivo, tomamos conocimiento de 95 nuevos casos de gatillo fácil o muertes en la tortura, en cárceles y comisarías en 10 provincias, 79 de ellos ocurridos con posterioridad al 10 de diciembre de 2005.

Las provincias de las que hemos recibido datos en relación a los primeros siete meses de 2006 son:

1. BUENOS AIRES, 20 casos.
2. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 9 casos.
3. CORDOBA, 10 casos.
4. CORRIENTES, 5 casos.
5. JUJUY, 1 caso.
6. MENDOZA, 7 casos.
7. NEUQUEN, 1 caso.
8. RIO NEGRO, 1 caso.
9. SALTA, 1 caso.
10. SANTA FE, 5 casos.
11. SANTIAGO DEL ESTERO, 3 casos.
12. TUCUMAN, 6 casos.

Respecto de las modalidades, el 53 % de los hechos registrados entre el 25/05/2003 y fin de julio de 2006 corresponden a fusilamientos por gatillo fácil, y el 45 % a muertes en cárceles y comisarías. De estos últimos, muchos corresponden a casos de tortura seguida de muerte.

Debemos destacar, respecto del relevamiento que presentamos posterior al 10/12/2005, que sólo se trata de los casos que nos fueran informados en forma directa o que se publicaran en la prensa, ya que CORREPI realiza la búsqueda activa para actualizar el Archivo a fin de año, próximo a la fecha de presentación pública.

La muerte de personas en situación de detención es la causa predominante de muertes en manos del Estado
El personal de los distintos centros de detención suele definir las muertes como resultado de suicidios, incendios, peleas entre internos y motines. Los suicidios suelen repetirse como método de encubrimiento de la tortura seguida de muerte. Luego de que en una sesión de tortura que suele involucrar golpes, violaciones, «bolsita» (dificultación mecánica de la respiración, generalmente utilizando una bolsa de polietileno en la cabeza) y picana, si se agotan los mecanismos de defensa frente al dolor y el detenido muere por un reflejo vasovagal o similar, el personal policial suele construir una escena de ahorcamiento. Cuando los partes médicos no son falsificados, en las autopsias se pueden encontrar luego del supuesto ahorcamiento, marcas de suelas de zapatos, golpes y quemaduras en el cuerpo de la víctima. Como en el caso de Cristian Domínguez, muerto en la comisaría 1ª de Berisso, hay casos en los que el personal médico forense remueve en la autopsia las partes del cuerpo que brindan la evidencia de que la muerte que se alega como suicidio no fue tal.

Los incendios se presentan más en casos de protestas, por reclamos, demandas y autodefensa ante la represión dentro de la cárcel. Cuando algún detenido se descompone y la guardia se rehúsa a brindarle atención los compañeros a veces recurren a la quema de un colchón para generar la situación en la que el personal deba abrir la puerta. Se repite en cárceles y comisarías de todo el país la negativa de abrir las celdas, incluso con la permanencia del personal observando el cuadro. Si bien todos los informes lo certifican incendio tras incendio, el gobierno rehúsa cambiar los colchones de poliuretano que con la combustión liberan químicos que matan por intoxicación más internos que el fuego. Las peleas entre internos y los motines pueden ser tanto una forma falsa de caratular en los medios una represión que resulta en varios muertos y heridos, o un enfrentamiento interno promovido por reclusos que tiene acercamiento al personal penitenciario.

Tras los motines, donde se producen gran cantidad de muertes, se suceden los reclamos por aumento de presupuesto para el penal y de sueldo para sus empleados, con el argumento de la falta de seguridad para los mismos. Lo curioso es que en los motines generalmente sólo mueren presos, y cuando ha muerto personal penitenciario, como en el caso de Córdoba (penal San Martín), las balas resultan ser policiales. Las muertes en motines no son muertes «que se podían evitar». Son muertes que se fomentan.

Si los pliegos de reclamos penitenciarios posteriores a los motines se centran en pedidos de garantías para una más eficaz represión, resultan también de los motines los traslados, abriendo nuevos cupos en el penal o celdas de comisaría. Los motines permiten la remoción de un excedente de población carcelaria y juegan un papel importante en la política interna del penal, donde una cúpula directiva suele ser removida tras un hecho de estas características. No hay que olvidar que la población carcelaria es una gran fuente de ingresos para todo el círculo administrativo que la rodea. Se explota el trabajo de los internos dentro y fuera del penal con la comercialización de los productos que elaboran intramuros, con el circuito ilegal de reventa de los insumos oficiales (caso Magdalena) y salidas «laborales» de internos reclutados para robar para sus guardias (como se probó a partir del caso del Restaurant Dolly). La explotación del comercio carcelario está en manos de los guardias y sus autoridades, siendo mercancías el abrigo, la comida, la comunicación, la droga y los medicamentos, lo que agudiza las ya de por sí miserables condiciones de vida intramuros, caracterizadas por el aislamiento, la violencia, la tortura, el hacinamiento.

Esto se lee en los números: Campaña propagandística contra la inseguridad mediante, la población carcelaria aumentó de 30.000 a 63.000 personas en todo el país, lo cual no se condice con el aumento del delito en el mismo período, que fue menor a un tercio. De ese universo de personas, hay 52.000 personas alojadas en cárceles federales y provinciales que tienen capacidad sólo para 32.000, mientras 11.000 están hacinadas en comisarías u otras dependencias de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Lo acontecido en el penal de Magdalena, como en Coronda o Córdoba, por sólo nombrar los casos más recientes de impacto mediático, contiene la impronta del aniquilamiento sistemático como política de Estado.

La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 44 % de las que fue responsable el Estado durante estos 3 años de gobierno. Las muertes en las dependencias policiales en su mayor medida corresponden a casos de tortura seguida de muerte, aunque son mínimas las condenas por este delito. En la reticencia oficial de emplear las figuras penales de tortura y tortura seguida de muerte confluyen la acción del poder legislativo y la del poder judicial. El primero ha previsto en el código penal la existencia de otras figuras legales, excarcelables, cuya diferencia con el tipo de la tortura es únicamente la lenidad de la pena. Delitos menores en términos de sanción, como los apremios ilegales o las vejaciones, son provistos por los legisladores a los jueces, que sólo en circunstancias muy especiales condenan usando la figura real de aplicación de tormentos. Es bien evidente cómo opera este mecanismo, cuyo principal objetivo, además de penar de la forma más leve posible a los guardianes del sistema, es silenciar el término «tortura», que remite ineludiblemente a la responsabilidad institucional. Así es frecuente ver fallos judiciales que califican el tormento de la «bolsita» como apremios porque… sólo se aplicó una vez al detenido. Del mismo modo, los jueces prefieren tipificar como homicidio calificado en concurso con vejaciones, u homicidio preterintencional en concurso con apremios clarísimos casos de tortura seguida de muerte, como en los casos de Diego Gallardo y Jorge González, por tomar dos recientes, siguiendo la tradición inaugurada en el caso Rodríguez Laguens. Así evitan la palabra «tortura», desincriminando al propio estado. La habitualidad de esta política explica que, pese a la enorme cantidad de casos de personas asesinadas en la tortura desde 1983, se cuenten en menos de una docena los fallos que condenaron por el delito específico de aplicación de tormentos seguido de muerte desde esa fecha. (Ver Anexo de casos al final).

Detenciones arbitrarias:
Uno de los permanentes reclamos antirrepresivos es el cese de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Este tipo de arrestos, que afectan a centenares de miles de personas por año en todo el país, es una de las herramientas de control social más efectivas, pues instala y naturaliza en la población más vulnerable -aquella que debe ser disciplinada- la idea de que cualquiera puede ser detenido sin motivo alguno en cualquier momento, por la pura discrecionalidad policial.

Los códigos de faltas y contravenciones y la facultad policial de detener personas «para identificar» o en «averiguación de antecedentes» existen en forma uniforme en todo el territorio nacional, dando a las policías federal y provinciales, y en menor pero creciente medida, a la gendarmería y prefectura, la posibilidad real de realizar detenciones que luego son «blanqueadas» por la vía contravencional o la identificatoria. No es exagerado afirmar que mientras estas facultades subsistan, todos los habitantes de la nación, pero en especial los que integran el segmento de «los sospechosos de siempre», estamos en situación de libertad vigilada.

El sistema contravencional y la «doble A» son absolutamente incompatibles con un estado de derecho ya que atentan contra las mínimas libertades ciudadanas. Así lo afirmó la Corte Interamericana de DDHH en la sentencia del Caso Bulacio el 18 de septiembre de 2003, y por ello ordenó, en el más importante punto dispositivo de la condena al Estado Argentino, la revisión de todo el sistema de detenciones policiales y su adecuación a los principios consagrados en la Convención Americana que nuestro país se ha comprometido a respetar.

El actual gobierno, pese a sus recurrentes afirmaciones de defensa de los DDHH, viene incumpliendo sistemáticamente la sentencia de la Corte IDH, reconocida como órgano jurisdiccional superior, incluso, a nuestra propia Corte Suprema. Primero instruyó a los ministros de la «renovada» Corte Suprema para que, al filo de la aplicación de sanciones por el incumplimiento, en diciembre de 2004, sacaran un fallo lavado e inconsistente, puramente formal, que reconoce -porque la Constitución no les deja resquicio en ese punto- que la sentencia debe ser acatada. En ese pronunciamiento, encabezado por el voto del «progresista» Eugenio Raúl Zaffaroni, se admite que la causa no ha prescripto, pero dejan los ministros -y Zaffaroni en particular- sentado su desacuerdo con el punto esencial del fallo internacional: no admiten que todo crimen policial (o de cualquier fuerza de seguridad) es imprescriptible, porque al ser el estado el autor, es una violación a los derechos humanos. Se niegan a reconocerlo y cometen desobediencia a su superior, la Corte IDH, porque si lo hicieran, todos los delitos policiales y de los demás miembros de agencias represivas del estado deberían ser inmediatamente incluidos en la categoría de imprescriptibles, perdiendo los jueces una de las herramientas habituales para garantizar la impunidad de los sicarios del sistema: la prescripción de las causas penales. En el mismo fallo los cortesanos nacionales se alzaron contra la Corte IDH al no reponer a la familia como querellante, lo que explícitamente ordena la sentencia internacional.

En segundo lugar, el Consejo de la Magistratura recibió hace más de dos años los antecedentes del caso para cumplir otro punto de la sentencia internacional: la sanción a los jueces y camaristas nacionales que la Corte IDH consideró «responsables de esta gravísima situación de impunidad», por haber dilatado 15 años el trámite de la causa penal sin llegar a una sentencia. No sabemos que se haya iniciado un expediente todavía.

Finalmente, en lo que hace al sistema de detenciones arbitrarias, una y otra vez ha instado la Corte IDH a la Argentina a cumplir lo ordenado. Lejos de revisar los mecanismos que permiten a policías y otras fuerzas de seguridad realizar arrestos ilegales, esas facultades se han incrementado a nivel nacional y local. Los códigos de faltas y contravenciones son constantemente reformados para endurecerlos, mientras jueces y legisladores permanentemente amplían el menú de justificaciones para que se detengan personas fuera de las únicas hipótesis contempladas por la Constitución Nacional y la Convención Americana de DDHH, esto es, la flagrancia o la orden judicial preexistente.

Estas facultades, que tienen por objeto aplicar el control social, recaudar para la «caja» policial y simular un nivel de eficiencia en la «guerra contra la inseguridad» totalmente desvinculado de la prevención de hecho delictivo alguno, generan a su vez las condiciones materiales para hechos de muchísima gravedad, pues el detenido en esas circunstancias es la víctima habitual de torturas, que llegan en no pocos casos a producir la muerte.

No hay otra explicación para la deliberada omisión del gobierno de Néstor Kirchner en cumplir con la sentencia del Caso Bulacio que concluir que, como sus antecesores de todas las épocas, NO ESTÁ DISPUESTO A QUE SUS FUERZAS DE SEGURIDAD PIERDAN SU MÁS VALIOSA Y EFICAZ HERRAMIENTA DISCIPLINADORA.

En el curso de los pasados tres años han arreciado los episodios de persecución, hostigamiento y amenazas a militantes, activistas y defensores de derechos humanos protagonizados por el gobierno nacional o sus aliados provinciales. Esta es una enumeración, seguramente incompleta, de los principales acontecimientos represivos de esta índole desde el 25 de mayo de 2003:

AÑO 2003

El 9 de junio de 2003 personal de infantería de la Cria. 8ª que custodiaba los negocios del empresario Brukman, lesionó al periodista Alejandro Goldin. En julio, compañeros del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos fueron amenazados en la localidad de Eduardo Castex por un ex represor de la dictadura. En julio, integrantes de la Asamblea Popular de Villa Crespo sufrieron persecución y amenazas por parte de la Cría. 25ª de la PFA.

En agosto se sucedió una escalada de amenazas y atentados en Rosario. Eduardo Toniolli de HIJOS-Rosario sufrió un atentado en el que arrojaron una granada que no detonó rompiendo la vidriera de su negocio. Aparecieron pintadas contra el profesor Gustavo Brufman, víctima hace unos años de un atentado explosivo junto a Mariana Hernández Larguía, y denunciante en una causa contra un represor. A tres años de estos hechos no se conoce que hayan descubierto ningún responsable.

En octubre de 2003 el abogado peruano Ricardo Guzmán Cevallos sufrió un atentado xenófobo y racista por parte de integrantes de la Policía Federal en el barrio de Abasto. En ese mes, un grupo de derecha capitaneado por la diputada electa por el menemismo bonaerense Mirta Pérez intentó atacar al compañero Daniel A. Stragá a la salida de un programa televisivo donde polemizó con aquella. Por otro lado, una patota del PJ y de transas locales llevó adelante un violento desalojo de un comedor popular del MTD Aníbal Verón en José C. Paz.

AÑO 2004

Éste fue probablemente el año con mayor persecución ideológica de la gestión K. y el año con mayor cantidad de presos políticos desde Alfonsín. También fue el año de la avanzada del «manodurismo» impulsado por el Juan Carlos Blumberg, instrumento de la derecha que se pronunció públicamente acusando a los organismos de derechos humanos de defender delincuentes, con el doble propósito de desprestigiar la lucha contra la violencia institucional y relegitimar a las fuerzas de seguridad. En ambos sentidos, su estrategia fue coincidente con la del gobierno, que hizo propias e impulsó legislativamente las medidas reaccionarias propuestas por el ingeniero.

Comenzó el año con la prédica del secretario general del Sindicato de Peones de Taxis Omar Viviani, que llamó a «matar a todos los piqueteros» en coincidencia con la decisión oficial de coartar aún más el derecho a manifestarse en la vía pública.

En mayo se conocieron los términos de la querella promovida contra el compañero Daniel A. Stragá de CORREPI por la diputada oficialista Mirta Pérez, causa que sigue abierta y camino al juicio oral.

A mediados de ese mismo mes, Juan López, trabajador del frigorífico Tango Meat, recibió un disparo de Ithaka efectuado por personal policial convocado por la patronal en el marco del conflicto gremial de la empresa.

En junio los fiscales platenses Romero y Heredia instruyeron a la policía bonaerense para fotografiar, identificar y detener a todos los piqueteros que cortaran calles utilizando capuchas y palos.

El 9 de julio, la agrupación oficialista Patria Libre y su brazo de desocupados apalearon a manifestantes que intentaban una protesta contra el presidente en la ciudad de Tucumán.

En julio se conocieron denuncias de organizaciones barriales de Moreno por las amenazas y provocaciones sufridas a manos de patotas del intendente Mariano West.

El 26 de agosto se sucedieron varias amenazas contra el movimiento de derechos humanos. Blumberg acusó a los organismos de ser defensores de delincuentes y se manifestó partidario de la pena de muerte.

En el mes de noviembre y en el marco del juicio contra los policías bonaerenses Hugo Alberto Cáceres y Anselmo Puyó, jefe y lugarteniente del Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato, la familia Ríos fue amenazada por otros integrantes de la agencia Tres Ases, empresa de seguridad privada del primero.

En diciembre, mientras CORREPI y otras organizaciones sociales y políticas acampaban en Plaza de Mayo reclamando una «Navidad sin Presos Políticos», varios de los manifestantes sufrieron amenazas de parte de la P.F.A.

AÑO 2005

Próximos a cumplirse 29 años del Golpe Militar, hubo una serie de amenazas y acciones intimidatorias contra militantes populares en la provincia del Neuquén, a las que no fueron ajenos ni el gobierno nacional ni el provincial de Sobich.

La esposa de un ceramista de la fábrica ex Zanón -hoy FaSinPat (Fábrica Sin Patrón)-, primero fue secuestrada en un Falcón verde, le cortaron la cara con un bisturí y en una segunda oportunidad fue golpeada y la quisieron asfixiar. En esos días, el gremio judicial recibió una esquela reivindicando a la dictadura del 76, enviando amenazas de muerte «si no se dejaban de joder con el gobierno neuquino». El 14 de marzo volvieron a recibir amenazas la Defensora de Niños y Adolescentes, Dra. Nara Oses y la defensora adjunta Dra. Edith Galarza, ambas ligadas a la RED POR LA IDENTIDAD PATAGÓNICA (Neuquén-Cipolletti-General Roca-Lagos del Sur-Río Grande).

El sábado 28 de marzo, al abordar un colectivo en Villa Fiorito, Andrés Amado, militante de CORREPI, fue atacado por dos hombres que lo golpearon, le gatillaron en la cabeza y lo amenazaron diciendo que la próxima vez el arma estaría cargada. Otros integrantes de CORREPI sufrieron amenazas telefónicas e incursiones en sus domicilios en esa semana.

En los primeros días del mes de mayo la abogada salteña Mara Puntano fue amenazada por un jefe de la Gendarmería de apellido De la Colina. El 6 de junio el compañero Sergio Smietniansky de CORREPI encontró en la puerta de su estudio jurídico pintadas que decían «Zurdos = Judíos» y la consabida cruz svástica, atribuibles a grupos de neonazis ligados al PNOSP.

En el Barrio La Fe, Leonardo Santillán, hermano de Darío, fue agredido y amenazado por numerarios de la Cría. 6ª de Monte Chingolo.

El 20 de junio, en el acto en Rosario donde hablaría Kirchner, una manifestación que intentaba ir al lugar fue reprimida por la patota de Patria Libre y Barrios de Pie. Un periodista y un militante de la APDH de esa ciudad resultaron heridos.

Durante el mes de julio, Jorge Nicolai, sobreviviente de una de las tantas causas fraguadas por la Policía Federal de Aníbal Fernández, sufrió una serie de amenazas después de su aparición televisiva en el programa «La Liga». Cerca de su casa en Florencio Varela fue interceptado por un automóvil, lo apuntaron y amenazaron de muerte. Para fin de ese mes recibió dos amenazas más. En las tres oportunidades los patoteros se refirieron a su denuncia contra la policía federal.

El 17 de agosto, el médico y colaborador de Liberpueblo Eduardo Marquesoni fue detenido en General Pico en ocasión de marchar contra el juez Julio Fernández. A mediados del mes de septiembre, en un barrio de la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, una patota de empleados municipales encabezados por el senador provincial Traferri y la intendenta Mónica Quintana agredió físicamente a vecinos y militantes de derechos humanos. A mediados de ese mes, la UOCRA filial Chubut amenazó a los miembros de la Asamblea Popular de Esquel.

El 26 de septiembre el intendente marplatense Daniel Katz, en declaraciones radiales amenazó con prisión a todos aquellos que perturbaran la Cumbre de presidentes del mes de noviembre. Prometió mano dura contra los que hicieran pintadas contra Bush.

El 10 de octubre, mientras militantes del SIMECA aguardaban fuera de la comisaría 2ª de la PFA conocer la situación de tres compañeros detenidos en una movilización, algunos de sus referentes recibieron amenazas en sus handies y celulares de trabajo, provenientes de los aparatos que fueron secuestrados a los que estaban detenidos. El 23 del mismo mes, un militante del MTD Aníbal Verón de Morón fue detenido y golpeado por policías de las Crias. 2ª y 6ª de Morón.

El 30 de octubre ciento veinte familias que habían ocupado un predio desocupado en el Barrio San José de Almte. Brown, Pcia. de Buenos Aires fueron apaleados por una patota del municipio.

El 1 de noviembre, luego de una justificable reacción de los usuarios del ferrocarril Sarmiento en la Estación Haedo, el ministro del interior Aníbal Fernández ya encontraba culpables y amenazaba con consecuencias penales a la agrupación Quebracho y al Partido Obrero.

Para el mes de diciembre hubo una escalada intimidatoria en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la Provincia, con ataques a los locales del SERPAJ, el PO y ATE Quilmes.

Por su parte, el Dr. Rodolfo Yanzón de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció las amenazas de muerte a él y su grupo familiar de las que fue objeto apenas comenzado el día internacional de los derechos humanos.

Para finalizar el año deben computarse las amenazas contra militantes de los derechos humanos por parte del intendente Scott de la localidad santafesina de Venado Tuerto. Este personaje afirmó, ante el anuncio de un escrache promovido por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y UADH, que iba a recibir a los manifestantes a los tiros de sus dos nuevas pistolas calibre 9mm.

AÑO 2006

Durante el año en curso se han incrementado las intimidaciones a militantes.

La noche del jueves 2 de febrero la compañera María del Carmen Verdú de CORREPI, en esos días abocada a la defensa del dirigente piquetero Ricardo «Chacho» Berrozpe, detenido en Mar del Plata luego de la movilización en repudio a la presencia de Bush, fue intimidada por varios individuos a bordo de un automóvil. La patente del auto resultó estar registrada en Mar del Plata. Luego de efectuada y ratificada la denuncia penal, aportando el dominio del automóvil, no hubo ninguna novedad judicial.

Pese a la cercanía casi omnipresente de la Sra. Barnes de Carlotto con el gobierno, en marzo de este año otra dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, Antonia de Zegarra, denunció que «ni en plena dictadura» las amenazaron «tanto como lo han hecho ahora», desde que apareció Sebastián, el nieto número 82, en febrero. Zegarra dijo que las amenazas son «constantes» y «anónimas» y se reciben en domicilios y oficinas del organismo. Desde la sede de las Abuelas ubicada en pleno centro de Mar del Plata se informó que los mensajes que se dejan en los contestadores telefónicos reivindican al desconocido Comando 24 de Marzo.

En la misma época, en Córdoba, Sonia Torres de 77 años, titular de la filial local de Abuelas, fue golpeada brutalmente por tres individuos armados, en un hecho al que los dirigentes de la agrupación calificaron como «un acto intimidatorio» que se suma a amenazas recibidas en los últimos días.

En el mismo contexto, en la ciudad de Rosario un mural pintado frente a la Escuela Industrial Superior en el 30 aniversario del golpe de estado, apareció dañado con cruces svásticas y vivas a Videla.

Dentro de este marco, deben destacarse situaciones explícitamente impulsadas por el propio gobierno, como las amenazas sufridas por el compañero Osvaldo Barros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos después del 24 de marzo, que consistió en grabar en el contestador de su teléfono celular una reunión en la que había participado.

No puede olvidarse, en el marco de las presiones impuestas desde el gobierno en torno del 24 de marzo, la calificación de «izquierda siniestra» que pronunció el ministro Aníbal Fernández respecto de quienes no aceptaron compartir el palco oficial. En el mismo sentido, haciendo gala de su obsecuencia, el referente de la organización oficialista Patria Libre se dirigió amenazante a la compañera Adriana Calvo de AEDD para evitar que se leyera un documento crítico hacia el gobierno y, en un programa de radio, calificó a nuestra compañera María del Carmen Verdú como «desestabilizadora».

En abril del año en curso, el Centro Olga Vázquez del Frente Darío Santillán fue atacado e incendiado por una organización abiertamente oficialista. El día 8 de abril, militantes del oficialista Movimiento Evita fueron atacados por policías de la Cría. 30ª en Barracas, dejando un saldo de varios heridos, entre ellos uno de gravedad.
Ese mes, la UOCRA Neuquén atacó a los maestros en lucha y la misma UOCRA, pero en San Luis, agredió violentamente una manifestación contra Rodríguez Saa. Un mes después, los obreros de la construcción reemplazaron a policías que estaban autoacuartelados y patrullaron las calles de San Luis capital y Villa Mercedes.

El 10 de mayo de 2006 el abogado Cristian Hendrickse, que representa a varias víctimas de hechos represivos policiales en Chubut, fue notificado de una denuncia en su contra radicada por un vecino y que databa de casi dos años atrás. La denuncia tenía como propósito intimidar por la manifestación que se impulsaba por el primer aniversario del asesinato bajo custodia de Gumersindo Vergara y otras acciones judiciales contra la policía chubutense patrocinadas por Hendrickse. En el mismo mes de mayo se conoció el hostigamiento judicial sufrido por la abogada de FIDELA María Fernanda Pereyra por su actuación como defensora de los presos de Haedo.

Finalmente, en Neuquén, durante la realización de una actividad político-cultural en Casa Marx en la madrugada del 9 de julio, fue golpeado y detenido el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Leopoldo Denaday mientras hacía ejercicio de su profesión.

 

El actual régimen acude de manera creciente a grupos de choque paraestatales para intervenir en los conflictos que por su magnitud o perseverancia necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota.

A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner se dieron una serie de conflictos en los que sindicatos u otras organizaciones controladas por el Partido Justicialista, llevaron adelante una agresión feroz y abierta contra luchadores populares, sin el más mínimo reparo en cuidar la imagen del gobierno, pues se pretende desvinculada del mismo.

Así fue como, frente a las repetidas movilizaciones de los estudiantes en oposición al intento de la asamblea del Consejo de la Universidad de Buenos Aires de nombrar a Atilio Alterini, represor de la dictadura, como decano de la Universidad, el sindicato de no docentes APUBA atacó a los estudiantes en la Facultad de Medicina, golpeando gravemente a uno de ellos que debió ser hospitalizado.

Del mismo modo en Neuquén, ante la perseverancia de las medidas de lucha llevadas adelante por los docentes, que cortaban la ruta en el acceso a una planta de Repsol-YPF, patotas de la UOCRA los atacaron con piedras y palos hasta desalojarlos. Este hecho en particular fue acompañado por una campaña de propaganda llevada adelante por los Padres Autoconvocados Neuquinos (PAN) que distribuían volantes en la ruta con la inscripción «Queremos escuelas y rutas abiertas.» Este mismo grupo fue el que se encargó de amedrentar a los estudiantes secundarios de la misma localidad cuando llevaron adelante un mes de luchas por mejoras edilicias, viandas y la derogación del decreto 424/06 que permitía a la policía apostarse dentro de las escuelas al solo llamado del Consejo Provincial de Educación.

También se reprimen los conflictos laborales con el aporte de las agencias de seguridad privadas, quienes encarnando el rol policial, llegaron a retener dentro de los edificios a los trabajadores. Los empleados de Telefónica en Barracas se disponían a realizar una asamblea por la falta de pago de los salarios y la seguridad privada contratada por la patronal se encargó de impedir la entrada y salida de los trabajadores. En Crónica, los trabajadores en asamblea por despidos fueron atacados por «patovicas» contratados por la patronal, que hirieron a algunos de los trabajadores e impidieron la salida hacia un hospital y el ingreso de los médicos.

Los grupos paraestatales suelen ser los encargados de liberar las calles de manifestaciones opositoras. Como ocurrió un 9 de julio en Tucumán, en Rosario, durante una vista del presidente con el motivo de Día de la Bandera, organizaciones sociales promovieron una marcha de oposición. Barrios de Pie, organización de desocupados kirchnerista, atacó la movilización para impedir que se acercaran al lugar del acto, lesionando a varios manifestantes y a un periodista que se encontraba cubriendo la noticia.

Más recientemente, el 24 de marzo, las organizaciones oficialistas intentaron sabotear la lectura del documento que denunciaba la continuidad de la miseria, de la represión y el encarcelamiento de compañeros por enfrentar al gobierno.

DESALOJOS VIOLENTOS Y REPRESIÓN EN MANIFESTACIONES

En los 37 meses de gobierno, desde mayo de 2003, hemos contabilizado 43 casos de represiones violentas, 22 de ellas destinadas al desalojo y desarticulación de medidas de lucha llevadas adelante por trabajadores de distintos rubros, y las restantes 21 correspondientes a represiones a movilizaciones de desocupados, violentos desalojos de comunidades originarias con el fin de explotar las tierras que habitan, y razzias a barrios humildes tanto en la capital como en el interior del país.

Si bien los distintos hechos se distribuyen de manera bastante homogénea, la mayor parte de las represiones tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires y en el sur del país, donde se concentra la actividad petrolera con conflictos obreros reiterados y crecientes. La provincia de Santa Cruz, tierra natal del presidente donde se reiteraban las represiones cuando éste era Gobernador, es de las más recurrentes en la lista que conforman los ataques perpetuados por la policía a las organizaciones sociales en lo que va de su mandato presidencial.

AÑO 2003

21/09/03, Salta. Indígenas desalojados de sus tierras entre insultos y golpes. Se simulan fusilamientos. Veinticuatro personas fueron detenidas.
23/09/03, Ciudad de Buenos Aires. Unos 500 piqueteros de varias organizaciones son desalojados del Subte. Las fuerzas de seguridad los atacaron con golpes de bastones. 10 detenidos.
23/09/03, La Plata, Buenos Aires. La Corriente de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón fue reprimida con gases y balas de goma cuando exigían que se atendieran sus reclamos frente a edificios de la Provincia.
24/09/03, Neuquén. Los maestros que exigían mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo fueron desalojados por la represión.
Ese mismo día en la ciudad de Rosario, la policía santafesina reprimió una manifestación piquetera.
09/10/03, Jujuy. Libertador San Martín. 5.000 personas se movilizaron a la comisaría local, en la que cinco días antes había muerto en la tortura el joven militante de la Corriente Clasista y Combativa Cristian Ibáñez, de 20 años. Con refuerzos de la policía de San Salvador se desató la represión frente a la cual la gente respondió incendiando la comisaría. Los efectivos dispararon con balas de plomo. Fueron detenidos 30 manifestantes y se libraron 15 órdenes de captura, entre ellas la del dirigente de la CCC Enrique Mosquera. Un agente de civil disparó a quemarropa sobre Luis Marcelo Cuellar, militante de la misma corriente, primer muerto en una manifestación del gobierno de Néstor Kirchner.

29/10/03, Salta. La comunidad indígena Ava Guaraní fue desalojada de sus tierras. Fueron detenidos prácticamente todos los presentes, incluidos niños, ancianos y mujeres embarazadas, todos sometidos a golpes y palazos.

25/11/03, Neuquén. La Policía local reprimió una manifestación de desocupados que repudiaba la medida del gobierno Provincial de suplantar el dinero de los planes sociales por bonos a ser canjeados sólo en ciertos negocios. La policía atacó con palos y gases. Luego comenzó a disparar con balas de plomo, apuntando a militantes populares. Pedro Alveal, joven del MTD de 20 años de edad que trabajaba hacía un año en la Cerámica Zanon, recibió 64 impactos de bala de goma y perdió el ojo izquierdo.

13/12/03, Santiago del Estero. La policía reprimió a dirigentes del MOCASE.

AÑO 2004

02/04/04, San Martín de Los Andes, Neuquén. La policía provincial procedió a desalojar brutalmente a una familia. Se generó un enfrentamiento en todo el barrio. Las fuerzas golpearon a los niños que llegaban del colegio.
05/04/04, San Miguel de Tucumán. Represión con gases lacrimógenos y balas de goma a los desocupados del MTR-CUBa.
26/05/04, Tucumán. El gobierno ordenó la represión sobre un grupo de desocupados que reclamaba bolsones de comida para los comedores de la zona.
29/05/04, San Luis. La policía desalojó a los maestros que habían tomado el edificio de la legislatura provincial. La caballería perseguía a padres y alumnos a golpes de machete y palos
30/08/04, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de la Farmacia Franco Inglesa que ocupaban el local en defensa de su fuente de trabajo fueron desalojados brutalmente por la Policía Federal.
14/08/04, Pigüé. Trabajadores de la Fábrica Gatic fueron desalojados por la policía bonaerense en plena asamblea.
18/10/04, Ciudad de Buenos Aires, Plaza de Mayo. 300 obreros del frigorífico Yaguané fueron reprimidos por la Guardia de Infantería de la policía federal. Hubo siete heridos.
22/11/04, Tucumán, Banda de Río Salí. Obreros de FOTIA fueron reprimidos en el corte del puente Lucas Córdoba por la policía de Tucumán.
28/11/04, Catamarca, Tafí Viejo. Organizaciones barriales y de desocupados cortaban la ruta provincial 33 en reclamo de trabajo genuino, planes sociales y la construcción de dos guarderías. Por orden de la fiscal de instrucción III, Patricia Olmi, la Guardia de Infantería reprimió la manifestación. Hubo diez dirigentes detenidos y veinte heridos con balas de goma.
28/11/04, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de la Unión Ferroviaria seccional Gran Buenos Aires Oeste en huelga fueron reprimidos con intervención de la seguridad privada y Policía Federal. Hubo doce detenidos.
05/12/04, Santa Cruz, Las Heras. Setenta trabajadores ingresaron al área de tanques de la firma Oil (subsidiaria de Repsol-YFP) de la localidad de Las Heras en reclamo de puestos de trabajo. La jueza Graciela Ruata de Leone ordenó el desalojo y mandó a la policía provincial desde Caleta Olivia. Hubo veinticinco detenidos. La trabajadora Karina Sauco perdió su embarazo debido a los golpes recibidos entre las piernas y en el vientre en una sesión de tortura aplicada por el Oficial Borquez en la comisaría de Las Heras, al grito de : «Qué bueno, llegó la represión a Las Heras, los vamos a matar a todos estos hijos de puta».

AÑO 2005

03/01/05, Ciudad de Buenos Aires. Movilización tras la Masacre de Cromañón reprimida por la policía, hubo ocho detenidos, luego imputados con causas penales.
6/01/05, Ciudad de Buenos Aires. Una nueva movilización por la Masacre de Cromañón culminó con 35 detenidos, luego imputados con causas penales.
10/02/05, La Rioja. Trabajadores del ex Policlínico ADOS fueron desalojados violentamente por la policía provincial. En el acto en repudio al accionar del gobierno local la policía volvió a reprimir dejando varios heridos.
14/02/05, Ciudad de Buenos Aires. Desalojo violento a los artesanos de Plaza Francia, con dos detenidos.
28/02/05, Trelew, Chubut. Brigadas del GEOP irrumpieron en una barriada de la ciudad golpeando y amenazando a los vecinos. La portada de los periódicos locales mostró cómo un miembro de las fuerzas represivas apuntaba con su fusil a la cabeza de un niño de cinco años.
2/04/05, Salta Capital. Docentes instalaron una carpa en la Plaza 9 de Julio en forma de protesta contra el gobierno. Fueron reprimidos con gases, palos y balas de goma quedando como saldo decenas de docentes golpeados y dos diputados del Partido Obrero presos.
24/04/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de LAFSA que se oponían a la privatización tomaron el Aeroparque Jorge Newbery y bloquearon las boleterías. Fueron desalojados por la policía con balas de goma y palazos. Hubo varios trabajadores encarcelados.
31/05/05, Neuquén Capital. La policía reprimió a los trabajadores de la educación que acampaban frente a la casa de gobierno. Hubo varios heridos por las balas de goma y afectados por los gases lacrimógenos.
02/07/05, Santa Cruz. Delegados de ATE fueron detenidos con la acusación de coacción y trasladados a los extremos territoriales de la provincia. Al mismo tiempo, delegados de ATE de la Ciudad de Buenos Aires arrojaron panfletos en el interior de la Casa Rosada y dos sindicalistas fueron detenidos por desobediencia.
20/07/05, Santa Cruz, Cañadón Seco. Gendarmería y Policía Provincial desalojaron violentamente a trabajadores que ocuparon una planta petrolera. Hubo más de cincuenta detenidos. 500 agentes iniciaron la represión con gases lacrimógenos, palos y balas de goma. La represión continuó contra los familiares y amigos de los detenidos que reclamaban por su libertad. Frente a la comisaría 3ª de Caleta Olivia, el GEOP llegado especialmente desde Río Gallegos, apaleó a la gente.
18/08/05, Pico Truncado, Santa Cruz. Medio centenar de desocupados venían reclamando frente a las instalaciones de Repsol-YPF desde hacía 9 días capacitación y trabajo. La jueza Ruata de Leone ordenó la represión. Se encarceló a 19 trabajadores desocupados, desatándose una cacería sobre familiares y manifestantes en diferentes lugares del poblado, que fueron perseguidos durante casi 6 horas.
25/08/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores desocupados y organizaciones populares ingresaron a La Rural a presentar un petitorio. Cuando salían, escucharon al comisario gritar «Vamos a trabajar» y de inmediato los efectivos a su cargo realizaron una pinza, los encerraron, y se descargaron palos, culatazos de itaka y gases lacrimógenos, en una típica formación de «puentecito chino», que se vio por TV. Hubo 20 heridos, entre ellos mujeres, algunas embarazadas y niños, en ciertos casos con lesiones graves y 15 detenidos, tres menores de edad, todos imputados por atentado y resistencia a la autoridad, daño, lesiones y violación de domicilio.
26/08/05, Ciudad de Buenos Aires. A tres años y tres meses de la masacre del Puente Pueyrredón, un operativo multifuerza descomunal cortó el tránsito desde la mañana.. Las organizaciones sociales trasladaron el acto a Plaza de Mayo. El operativo se desplazó y no permitió el ingreso a la Plaza. Fue el primero de tres viernes consecutivos en que las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso a la Plaza de Mayo. Las barreras policiales estaban compuestas por un millar de efectivos, 3 hidrantes, 4 autobombas, 16 carros de asalto, 3 traslados de detenidos, 1 camioneta patrullera, 9 patrulleros, 5 móviles no identificables, 3 colectivos, 1 ómnibus, 1 cuatriciclo, 12 motos del C.P.T., 4 motos de combate (es decir, más de 60 vehículos confirmados y muchos más probables).
14/09/05, Pacheco, Provincia de Buenos Aires. Un grupo de 15 matones aproximadamente, comandados por los gerentes de la empresa y la Policía de General Pacheco, atacó violentamente (con palos, piedras, ladrillos, agua) a 10 trabajadores del Frigorífico Tango Meat. Cuando los matones se retiraban de la planta, un móvil de la Comisaría de General Pacheco (camioneta 10222, chapa EMB 229) intentó atropellar a varios trabajadores que estaban en la vereda.
14/09/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de FOETRA intentaron realizar una asamblea en la Avenida de Mayo por un conflicto sindical. La Policía Federal los desalojó a los golpes. Un telefónico recibió palazos en la cabeza y una pierna, debiendo ser internado en el Hospital Ramos Mejía.
14/09/05, Salta, General Mosconi. Trabajadores se habían concentrado frente a las oficinas de Contreras Hnos. La policía reprimió con palos, gases y hasta disparos de armas de fuego, con postas de plomo. Un herido ingresó al Hospital de Tartagal con diagnóstico de convulsión cerebral, víctima de los palazos. Hubo ocho detenidos.
01/10/05, Tierra del Fuego. La policía ingresó en la Subsecretaría de Trabajo de Río Grande arrojando gases lacrimógenos. Varios dirigentes del SUTEF (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguinos) fueron detenidos. Como consecuencia de la acción represiva, cinco docentes resultaron heridos.
02/10/05, Ciudad de Buenos Aires. Represión a los trabajadores motoqueros y cadetes, agrupados en el sindicato SIMECA. Tres trabajadores fueron detenidos y golpeados por personal de la Comisaría 2ª. Los tres detenidos terminaron con sus cabezas suturadas e imputados en una causa penal.
20/10/05, Ciudad de Buenos Aires. Represión a la huelga de los trabajadores del Subte. 200 miembros de la Policía Federal ejecutaron la represión. El operativo incluía 8 carros de asalto, colectivos oficiales y no identificables para traslado de detenidos, 8 patrulleros de diferentes comisarías, varios motociclistas, una autobomba.
26/11/05, Río Negro, Bariloche. Grupos de choque de la policía local, en conjunto con otras fuerzas de seguridad como Gendarmería, recorrieron las barriadas realizando razzias, irrumpiendo en las casas, golpeando especialmente a los jóvenes, revisando a los alumnos a la entrada de las escuelas.

AÑO 2006

09/01/06 Chaco, Resistencia. Doscientas familias humildes fueron desalojadas de un plan de viviendas sociales nunca adjudicadas. La policía reprimió junto a efectivos de Infantería, Caballería y Comando de Operaciones Especiales. Hubo 40 detenidos y decenas de heridos, entre mujeres, ancianos, niños y periodistas. Germán Pomar, fotógrafo del diario Norte, de Resistencia, y colaborador de TELAM, recibió 12 impactos de perdigones en una pierna.
29/01/06, Neuquén. La Confederación Mapuche Neuquina fue desalojada del Consejo Deliberante por un dispositivo de policías con escudos y escopetas impactándolos con balines a quemarropa y regando gas lacrimógeno en el lugar.
01/02/06, Chascomús, Buenos Aires. Trabajadores de la ex Gándara, hoy Parmalat, cortaron la Ruta Nacional 2 que conduce a Mar del Plata. Menos de tres horas después eran violentamente reprimidos por personal policial bonaerense, con gases y disparos de postas de goma.
26/05/06, Tucumán. Diferentes organizaciones sociales y de desocupados se congregaron en la Plaza de la Independencia de la capital. Fueron atacados por la policía con palos y gases. Una mujer de 70 años, Rosario Elsa Rodríguez, fue arrojada al suelo, donde la patearon y apuntaron con armas. Hubo 5 detenidos, entre ellos una niña, Daniela Díaz, de 13 años.
28/05/06, Mendoza. Sesenta estudiantes secundarios fueron detenidos frente a la Casa de Gobierno en el marco de una represión que consistió también en una especie de cacería por parte de policías de civil. Todos menores de edad, fueron llevados a la Comisaría del Menor y fueron entregados a sus padres durante la tarde. Cinco de ellos estaban lesionados.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y CONFLICTOS SOCIALES

AÑO 2003

Una de las primeras declaraciones públicas del presidente fue su compromiso reiterado de no reprimir los conflictos sociales. Sin embargo, a poco del inicio de su gestión el dirigente Adolfo «Fito» Molodezky del MTL del Chaco fue condenado por el delito de daño a un patrullero provincial.

Las marchas, cortes de ruta y puentes pidiendo justicia por los asesinatos y exigiendo trabajo genuino eran moneda corriente en ese tiempo. Poniendo a prueba el discurso de que no se criminalizaría la protesta social, CORREPI, junto a otras 40 organizaciones, presentó un proyecto de ley de amnistía a los luchadores sociales que fue cajoneado después que el Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde anunciara la creación de una comisión de notables juristas para estudiar el tema y elevar un proyecto.

Mientras repetía la misma consigna, el gobierno, por medio del ministro de interior Aníbal Fernández, empezó a advertir que ellos no reprimirían, pero actuarían con «el Código penal en la mano». Al mismo tiempo que se anunció la creación de una «brigada anti-piquetera».
Para los primeros días de agosto se reactivaron diversas causas entre las que se puede destacar una por entorpecimiento del tránsito en el Polo Petroquímico de Dock Sud de febrero de 2002, otra contra Rubén Sobrero de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y una tercera contra el ceramista Raúl Godoy.

El 23 de octubre de 2003 se realizó una manifestación en la puerta del ministerio de trabajo donde los manifestantes pedían la revisión de los planes sociales caídos. El piquete se dilató hasta las 4 de la mañana por la sucesión de reuniones de funcionarios menores con los referentes sociales. Al día siguiente el ministro Tomada denunció a los manifestantes de «privación ilegitima de la libertad».

Se realizaron marchas multitudinarias contra la criminalización de la protesta. El gobierno tuvo que retroceder momentáneamente, y decidió convocar a grupos piqueteros afines a formar parte de su gabinete, con el objetivo de demostrar a la opinión pública una política de «entendimiento y pluralismo». El mismo Aníbal Fernández desmintió el anuncio de creación de las «brigadas anti-piqueteras», que poco después veríamos en acción denominadas «paleros» (DOUCAD).

A mediados de noviembre se realizaron en la plaza Congreso varias manifestaciones exigiendo la amnistía de los luchadores populares procesados, estimados en 4000 compañeros. El Ministro del Interior intentó desacreditar las manifestaciones alegando que tenían «contenido ideológico».

El 25 de noviembre, en Neuquén, se realizó una manifestación piquetera contra la modificación del sistema de planes sociales y su pago con tarjeta de debito, la que fue reprimida ferozmente, dejando como saldo nueve heridos con balas de plomo, de los cuales siete eran dirigentes reconocidos. El gobierno habló por boca de Aníbal Fernández «…no vamos a reprimirlos, pero tienen que desaparecer». También hizo declaraciones Eduardo Duhalde: «Ante cierto tipo de delitos, el Estado tiene que poner en marcha la actitud represiva». Ese mismo mes la justicia penal procesó a cuatro asambleístas de Villa Crespo.

El 2 de diciembre, en Mosconi, Salta, hubo una protesta contra la detención del referente de la UTD, Pepino Fernández. Apenas la policía concretó la orden judicial, la protesta logró su liberación luego de una jornada violenta. A la madrugada detuvieron a 10 miembros de la UTD, acusados de robo, incendio, amenazas e instigación a cometer delitos. La denuncia fue presentada por el abogado de la empresa Tecpetrol, Antonio Restom, quien es el actual representante de la gobernación en Tartagal. Los detenidos fueron Oscar Ruiz, Rubén Sedan, Carlos Cabral, Hugo Carabajal, Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Víctor Chananpa, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia.

AÑO 2004

El Presidente Kirchner inició el año declarando «No vamos a criminalizar, pero hay que poner límites a la protesta». Sin embargo, siguieron reactivándose causas antiguas, como ocurrió en abril cuando la sala III de la Cámara de Casación retomó una causa de diciembre de 2001 iniciada cuando nueve maquinistas hicieron un piquete en las vías del tren durante 40 minutos. Habían sido detenidos y llevados a juicio, la cámara de apelaciones de San Martín los sobreseyó, pero casi 2 años y medio después la Cámara de Casación anuló ese fallo.

En junio el Fiscal de la Plata Marcelo Romero instruyó a la policía bonaerense para que identificara a los desocupados que marcharan con la cara tapada o con palos, y que promovieran denuncias por intimidación pública. Argumentó que en su jurisdicción no se cometerían «delitos disfrazados de conflicto social».

A comienzos de julio el abogado defensor del torturador ex comisario Etchecolatz hizo una presentación judicial en la que reprochaba al gobierno, a la policía y a los jueces la tolerancia en el accionar de los grupos de «encapuchados y armados con palos» que tiempo atrás habían hecho un escrache en su casa, culpando al gobierno de «abandono consciente y deliberado de no cumplir con las tareas de prevención» Los Fiscales Comparatore y Evers tomaron una serie de medidas que incluían pedidos al juez Urso para que acumulara «toda la legislación vigente que obligue a los funcionarios del Poder Ejecutivo a tomar medidas preventivas de control del orden público relacionadas con la actividad habitual que desarrollan» los grupos piqueteros, pidiendo aparte datos sobre «cuáles son los grupos denominados ‘piqueteros’ que habitualmente realizan actividades en la ciudad de Buenos Aires, detallando su denominación, si se encuentran organizados mediante un estatuto, cuáles son sus responsables y si reciben algún tipo de subsidio social por parte del gobierno nacional».

El gobierno mandó a sus «empleados» a preparar el terreno. En un reportaje el funcionario ex piquetero D’Elía dijo: «Rechazamos los métodos violentos y la obstaculización del tránsito y el corte de ruta como forma sistemática de impulsar los justos reclamos populares.»

El 9 de julio el presidente iba a participar de un acto en Tucumán junto al gobernador Alperovich. Cerca del palco había grupos piqueteros opositores a Kirchner a los que la organización oficialista Barrios de Pie apedreó y apaleó. El acto fue suspendido.

El 16 de julio, frente a la Legislatura porteña donde se votaba la reforma al código contravencional, se realizó una protesta que fue fuertemente reprimida. Dos integrantes de Ammar Capital y 13 vendedores ambulantes fueron presos, acusados de graves delitos. Fueron excarcelados el 8 de septiembre de 2005. Procesados como autores de los delitos de coacción agravada, privación ilegítima de la libertad y daños, en octubre de 2006 se celebrará el juicio contra Marcela Sanagua, Margarita Meira, María del Carmen Infrán, Antonio Medina, Eduardo Ruiz, Jorge Nieva, Eduardo Suriano, Fabián Scaramella, Carlos Santamaría, Horacio Ojeda, Jesús Calderón, Adolfo Sánchez, Pablo Amitrano, Héctor Gómez y César Gerez.

El 4 de agosto se realizó una multitudinaria marcha para pedir por la libertad de los 15 detenidos por los hechos de la legislatura. El gobierno dispuso 1500 efectivos para vigilar de cerca la manifestación.

El 25 de Agosto detuvieron a Raúl Castells acusándolo de extorsionar al Casino de Resistencia, Chaco.

El 31 de agosto, en el marco de la visita del titular del FMI Rodrigo Rato, varias organizaciones realizaron un escrache frente al ministerio de economía. El accionar policial desató una brutal represión dejando un saldo de 102 personas apresadas. Noventa y cuatro de ellos fueron liberados esa misma noche sin imputación alguna, demostrando lo arbitrario de la detención. Los ocho detenidos fueron procesados por graves delitos y trasladados a los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Todos eran militantes de la CTD Anibal Verón, el MTR CUBa y la FTC Nacional. El juez usó como elemento de prueba informes de «inteligencia» aportados por la policía federal. El 3 de septiembre se reactivó una vieja causa contra Gustavo Franquet por un corte de ruta del año 2003, por «interrupción de transito» y Fernando Esteche fue imputado por la manifestación de Rato por «incitación a la violencia organizada». El 2 de diciembre de 2004 los detenidos recuperaron su libertad pero continúan procesados.

El 4 de octubre trabajadores desocupados volvieron a cortar la ruta 3 y a ocupar las instalaciones de Termap en Caleta Olivia, Santa Cruz, pidiendo trabajo genuino. La justicia ordenó a gendarmería reprimir, dejando un saldo de 36 detenidos que denunciaron torturas. Treinta de ellos recuperaron su libertad relativamente rápido. Marcela Constancio, Elsa Orozco, Selva Sánchez, Jorge Mansilla, Mauricio Perancho y Hugo Iglesias permanecieron detenidos varios meses por los cargos de usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la explotación económica.

El 8 de octubre la justicia de Bahía Blanca reactivó un proceso contra 52 manifestantes que en 2002 bloquearon la entrada de una petrolera pidiendo trabajo genuino.

El viernes 15 de octubre detuvieron a cinco integrantes del SIMECA (Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes) en el marco de un reclamo gremial, imputándoles amenazas coactivas y violación de domicilio.

AÑO 2005

Ante una protesta piquetera realizada en mayo frente a la sede central de Repsol YPF donde se pedía la rebaja del valor de la garrafa y se encendieron gomas en la puerta del edificio, el Fiscal Stornelli y el Juez Galeano pidieron a la Policía Federal que llevara a cabo tareas de inteligencia sobre grupos piqueteros y ordenaron la captura de tres integrantes del MTR solicitando investigar la inacción de los policías.

El 20 de julio fue reprimida una manifestación en Cañadón Seco, Santa Cruz, donde más de 200 trabajadores reclamaban puestos de trabajo en la planta Deshidratadora de Petróleo, perteneciente a Repsol YPF. Fueron violentamente desalojados, dejando 60 detenidos. Todavía permanece preso Cristian Ruiz.

El 25 de agosto, un total de 16 piqueteros resultaron detenidos, acusados de «daños, lesiones, violación de domicilio y resistencia a la autoridad», durante una protesta que realizaban frente a la Sociedad Rural en reclamo de «trabajo y salarios». De esta protesta participaron integrantes del Frente Unido de Trabajadores Ocupados y Desocupados (FUTRADEyO), de la unión de changarines, trabajadores y desocupados UTDOCH, del Movimiento 26 de junio, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Quilmes y de los grupos La Llama y El Mortero del gremio de Comercio.

El 1 de noviembre se produjo una pueblada en la estación de trenes de Haedo de la línea Sarmiento, originada en las inhumanas condiciones del servicio de TBA, que venían siendo motivo de protesta en reiteradas ocasiones. La represión policial dejó cientos de detenidos de los cuales 84 fueron imputados del delito de incendio intencional y robo a mano armada, dictándose la prisión preventiva a siete personas de entre 19 y 30 años. Luego de varios meses presos, fueron excarcelados todos, menos Roberto Cantero.

En los primeros días de noviembre detuvieron a tres hombres y una mujer, todos ellos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), mientras que otras once órdenes de captura habían sido libradas por el juez Oscar Juárez..

El 4 de noviembre, en el marco de la Cumbre de las Américas, distintas organizaciones sociales y políticas se manifestaron contra la presencia del genocida presidente norteamericano George W. Bush en nuestro país. El gobierno pro-imperialista de Kirchner desató una feroz persecución a los manifestantes dejando una decena de detenidos en la ciudad de Buenos Aires y casi un centenar en Mar del Plata. Todos fueron liberados en las horas siguientes, y los de la ciudad de Buenos Aires siguen procesados. El 14 de diciembre, en la causa de Mar del Plata, fue detenido el dirigente del MTR-CUBa Ricardo «Chacho» Berrozpe, acusado de incitación a la violencia colectiva y participación en la fabricación de artefactos explosivos peligrosos para la seguridad común. Luego de siete meses con prisión domiciliaria, el 10 de julio recuperó la libertad al ser excarcelado por la Cámara Nacional de Casación Penal, que tuvo que admitir que para detenerlo el juez federal de Mar del Plata Alejandro Castellanos fraguó una falsa situación de profugación.

AÑO 2006

El 6 de febrero, en la ciudad de Las Heras (Santa Cruz), tras el reclamo de trabajadores petroleros por el encuadramiento sindical, aumento de salarios y reducción del impuesto a las ganancias a los trabajadores, fue detenido el referente del sindicato mientras estaba en una estación de radio local. La comunidad reaccionó con una pueblada frente a la comisaría, que logró la libertad del dirigente detenido. A raíz de la muerte de un policía durante la protesta, comenzó una cacería ordenada por la jueza kirchnerista Ruata de Leone al personal de gendarmería. Más de veinte detenidos en ilegales y violentos allanamientos denunciaron haber sido torturados, entre ellos un menor de 14 años. En la actualidad ocho trabajadores continúan presos y la ciudad de Las Heras sigue militarizada.

A mediados de marzo, en la localidad de San Vicente, Misiones, tres mil pequeños productores agropecuarios reclamaban el pago atrasado de un subsidio. Como consecuencia de la pueblada se dispuso la detención de cinco de los manifestantes acusados de coacción agravada.

Estos son algunos de los casos de los miles de luchadores populares presos y procesados que ha tenido el gobierno de Kirchner, superando el record de presos políticos de todos los gobiernos «democráticos» desde 1983, además del agravamiento en las calificaciones a la hora de los procesamientos.

LAS HERAS, ESPEJO DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL RÉGIMEN KIRCHNERISTA

Cuarenta y dos trabajadores de la empresa INDUS fueron despedidos por ejercer el derecho de huelga. Las medidas de lucha llevadas adelante concluyeron con la detención de un referente sindical, lo que levantó la pueblada que fue a reclamar su libertad a la comisaría. Allí fueron recibidos con un operativo policial que inició la represión generando un enfrentamiento en el que resultó muerto el policía Sayago. El fundamento de la UOCRA para dejarlos aislados fue «haber participado en la rebelión».

El 24 de febrero de este año, con el aporte de servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional, hubo un nuevo paso de los gobiernos provincial y nacional en la persecución contra el pueblo y sus sectores en lucha. El mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas, se allanaron casas, golpeando y torturando vecinos y trabajadores. En pocos días se detuvo a más de 20 personas acusadas de haber participado en la pueblada de la noche del 6 de febrero.

Apoyado en la campaña cómplice de los medios de comunicación, cuyo estandarte fue el periodista Van Der Koy del grupo Clarín clamando por escarmiento, el gobierno kirchnerista, siempre defendiendo los intereses empresarios, impulsó una parodia de «investigación judicial» cuyo único fin es condenar la lucha obrera y popular. Paradójicamente, esto ocurrió a días de la escandalosa reforma del consejo de la magistratura que puso en evidencia ante toda la sociedad el sometimiento del poder judicial al poder político de turno. Las medidas dispuestas por la jueza Graciela Ruata de Leone carecen de toda credibilidad y responden a la orden feudal del gobierno de Kirchner que requiere culpables para disciplinar a los trabajadores y al pueblo. La justicia santacruceña, que en nada se diferencia de las tan cuestionadas santiagueña, riojana o salteña, supervisó personalmente a través de la mencionada jueza los operativos, dirigidos por el jefe de la policía provincial, a la vez representante de la SIDE en la provincia presidencial. Es la misma jueza que ordenó la represión en noviembre de 2004, y toleró las torturas a las que fueron sometidos los detenidos en la comisaría de Las Heras, cuyo saldo más dramático fue la pérdida del embarazo de la trabajadora Karina Sauco.

El gobierno nacional, además de responder a las demandas populares con el envío de las tropas de Gendarmería, destacó a operadores políticos que reportan directamente a Aníbal Fernández y Néstor Kirchner como Héctor Masquelet (responsable del Consejo de Seguridad Interior), al secretario de Seguridad Luis Tibiletti y a su segundo, Ricardo Colombo.

En su momento junto a un conjunto de organizaciones a través del comité de apoyo, dijimos que en el marco de «esta campaña de persecución, la militarización con 300 gendarmes, brigada de investigaciones y policía de distinto tipo, que actúan bajo la supervisión política del gobierno de Acevedo y Kirchner, han dado un salto en la represión, encarcelando a gente del pueblo».

Fueron parte de la metodología represiva las detenciones ilegales, torturas, allanamientos ilegales, rechazos a presentaciones judiciales, ilegalidad en la investigación, etc.

Pese al silencio de los medios de comunicación, se supo de todas maneras que para detener a Darío Catrihuala levantaron primero a su padre, a su cuñado y a su hermano, es decir, a todos los hombres de la familia. En especial su hermano sufrió una descomunal paliza. Se supo que otro de los detenidos, Ramón Cortés, había denunciado días antes ante la propia jueza Ruata haber sido secuestrado y torturado para que «cantara» quiénes participaron de la pueblada del 7 de febrero. Al niño de 14 años, detenido aunque fuera inimputable, lo tuvieron que liberar después que los vecinos, acompañando a la familia, hicieran varias marchas e irrumpieran en el consejo deliberante local. Hasta la viuda del policía Sayago, que por otra parte expresa los reclamos habituales de la familia policial, admitió que hubo «abusos» de parte de la policía al proceder a las detenciones.

Los presos fueron distribuidos en lugares alejados, impidiendo todo contacto con sus compañeros, familiares, o abogados. A pesar del secreto absoluto en que se manejó semejante «recta administración de justicia», se supo en su momento de la imputación de «homicidio calificado», en concurso con otros graves delitos, como lo común a todos los detenidos. Esa calificación masificada habla por sí misma de la discrecionalidad con que actuó la jueza que en su juventud compartiera el aula con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Como denunciaron familiares de los detenidos, trabajadores y ciudadanos: Las Heras militarizada, teléfonos celulares sin señal y cortado el servicio de Internet.

La Corte Suprema de la Nación rechazó el Habeas Corpus que varias organizaciones, entre ellas CORREPI, presentaron en beneficio de las personas arbitrariamente detenidas en Las Heras por la jueza Graciela Ruata de Leone. Se insistió con una nueva presentación, exigiendo poner fin a la «gravísima situación de indefensión en que se encuentran tanto las personas detenidas como el conjunto de la población de Las Heras, dado que la jueza (…) está actuando al margen de toda legalidad, transgrediendo todas las garantías procesales imaginables, y manteniendo privadas de su libertad con afectación de su integridad física a veinte personas, además de haber generado en la zona una situación de verdadera suspensión de facto de todas las garantías y derechos constitucionales».

El escrito, firmado por representantes de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional); APEL (Asociación Profesionales en Lucha); CEPRODH (Centro de Profesionales por los DDHH), LIBERPUEBLO, LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y MTL (Movimiento Territorial Liberación), denunció que las personas detenidas, arbitrariamente seleccionadas entre el casi millar de manifestantes que la noche del 6 al 7 de febrero pasado reclamaron la liberación de un referente sindical detenido en la alcaidía policial de Las Heras, estaban siendo indagadas con una descripción de los hechos genérica e imprecisa, sin indicar la conducta específica que se imputaba a cada una. Textualmente, se reprochaba a cada compareciente que «habría estado presente en el lugar», lo que impide materialmente ejercer el derecho de defensa en juicio.

Hubo personas citadas en carácter de «testigos» a los que luego ubicaron en una ronda de reconocimiento, para que alguien los señale y los incrimine. Hubo detenciones producidas por una comisión policial de operaciones especiales, irrumpiendo violentamente en una asamblea que estaban llevando a cabo los trabajadores de la petrolera Indus. El operativo fue encabezado por el titular de la Cría. 1ª, sin exhibir ninguna orden de detención, como tampoco su identificación.

Tan manifiesta es la ilegalidad de la investigación, y tan comprobadas las denuncias de torturas, que hasta el presidente Kirchner tuvo que admitirlas como verdaderas, aunque como los militares en su momento, haya calificado lo actuado por su jueza, su policía y su gendarmería de «excesos», y respecto de las ilegales detenciones de los represaliados de Las Heras sólo se habló de «abusos». El propio K, que mandó a Hebe de Bonafini como emisaria para mediar entre las petroleras y el gobierno santacruceño por un lado y el pueblo por el otro, recogió el guante de los llamados «excesos», y la jueza, a partir de allí, dándole la razón, procesó a 12 policías por haber «apremiado ilegalmente» durante las detenciones de los trabajadores patagónicos. Otra vez la utilización de una figura penal que encubre la tortura y garantiza penas menores, excarcelables, evitando aplicar el tipo de tormento, que implica coacción institucional, es decir aplicar suplicios con el fin de que los torturados «canten», es decir, se auto incriminen o acusen a otros.

Sobre el elemental principio del «fruto del árbol envenenado» la causa contra los trabajadores deviene totalmente nula, ya que es evidente, por el propio procesamiento de los policías, que obtuvieron pruebas supuestamente incriminatorias a través de la tortura, y la que estaba al frente del proceso era la magistrada, empleada del poder kirchnerista.

Esos procesamientos se inscriben en el intento de disimular ese carácter, porque aun disfrazada de «apremios» tuvieron que admitir que la tortura fue el método usado para implementar el terror frente a la rebelión popular. El 9 de junio, la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, con voto del juez Miguel Ángel Meyer, liberó a dos detenidos y rectificó el procesamiento con prisión preventiva a los otros seis imputados; Darío Catrihuala, Alexis Pérez, Ramón Cortez, Juan Pablo Bilbao, Juan Domingo Bilbao y José Enrique Rosales.

Un montaje sobre una investigación ilegal, que no hace más que mostrar una vez más que el presidente Kirchner se propone responder con represión a los levantamientos populares que son resultado de este sistema de hambre y represión.