Santiago Pedraz es un nombre que, desde ahora, los periodistas de todo el mundo deberán recordar. Por ser el de un juez español que ha tenido el coraje de lanzar, el pasado 16 de enero, una orden de detencion internacional contra tres militares usamericanos – Thomas Gibson, Philip Wolford y Philip De Camp – que el 8 de abril de 2003 mataron en Bagdad de un disparo de tanque al camarógrafo gallego José Couso, quien se encontraba, junto con decenas de corresponsales extranjeros, en el hotel Palestina cubriendo la toma de la capital iraquí por las fuerzas usamericanas.
La admirable familia de Couso no ha cesado de reclamar justicia. Despues de constatar que los hechos no eran perseguidos ni en Iraq ni en USA, y que hasta organizaciones como Reporteros sin Fronteras aceptaban como «consecuencia normal de una guerra» la muerte de José Couso, los familiares presentaron una querella ante la Audiencia Nacional. La cual decidió archivar el caso. Sin descorazonarse, la familia acudió entonces al Tribunal Supremo. Éste le acaba de dar la razón y ha resuelto que la Audiencia es competente para investigar los hechos.
El Supremo fundamentó su decisión en una sentencia dictada en octubre de 2005 por el Tribunal Constitucional de Madrid, que declaró que la Justicia española tiene competencia para investigar crímenes de lesa humanidad, y que el principio de juridicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.
En ese marco, el juez instructor Santiago Pedraz ha lanzado una orden internacional de detención y ha solicitado la colaboración de las autoridades usamericanas para tomar declaración a los tres presuntos asesinos. Pero el ministerio de Justicia de USA se ha negado a prestar esa colaboración bajo el pretexto que el Comando Central del ejército usamericano ya investigó los hechos y concluyó que el comportamiento de los tanquistas había sido una «respuesta justificada y proporcionada» según las reglas de la guerra.
Insatisfecho con semejante respuesta, el magistrado Santiago Pedraz reclama la extradición de los acusados para que sean juzgados en España.
No es la primera vez que militares usamericanos matan a un periodista español. Lo hicieron ya, con mayor alevosía si cabe, en diciembre de 1989 cuando en el marco de una intervención militar tambien ilegal, no autorizada por la ONU, en Panamá, con el propósito de derrocar al presidente Manuel Noriega, quien, como Sadam Husein, había sido largo tiempo aliado de Washington, abatieron al fotografo de El País, Juan Antonio Rodríguez.
También en esa ocasión pretextaron que se trataba de una «consecuencia normal de la guerra», cuando sabemos que la consigna de los militares usamericanos era que no hubiese testigos no controlados, para poder así presentar al mundo una versión muy aseptizada y muy parcial de un intervención militar que causó varios miles de muertos civiles panameños.
Existen pruebas fehacientes de ataques directos contra órganos de prensa y periodistas por parte de las fuerzas armadas usamericanas. Por ejemplo, en noviembre de 2001, aviones usamericanos lanzaron bombas de precisión sobre los estudios de Al-Jazeera en Kabul, reduciéndolos a escombros. Y lo volvieron a hacer en abril de 2003 en Bagdad causando, en este caso, la muerte del periodista Tarik Ayyub.
En Iraq, desde el comienzo de la guerra, el 20 de marzo de 2003, han muerto ya 93 periodistas y 37 asistentes (traductores, chóferes, guías). Varios profesionales, además de José Couso, han sido abatidos por militares usamericanos. La agencia Reuters, por ejemplo, acusa al Pentágono de ser culpable de la muerte de por lo menos tres de sus periodistas. La guerra no debe ser un pretexto para silenciar la prensa. Por eso la causa de José Couso es la de todos los periodistas.
