El discurso de la presidenta al inaugurar el año legislativo graficó dos visiones del país. La del oficialismo: el vaso está casi lleno. Y la de la oposición: ese vaso está roto en mil pedazos. La realidad parece más cerca de la primera visión, pero sin sus exageraciones. Cristina Fernández inauguró el 131º período de […]
El discurso de la presidenta al inaugurar el año legislativo graficó dos visiones del país. La del oficialismo: el vaso está casi lleno. Y la de la oposición: ese vaso está roto en mil pedazos. La realidad parece más cerca de la primera visión, pero sin sus exageraciones.
Cristina Fernández inauguró el 131º período de sesiones ordinarias del Congreso, con un discurso de 3 horas y 40 minutos. No fue una oratoria tan espontánea como en otras ocasiones sino basada en un escrito al que echó mano. No era para menos porque en estas rendiciones de cuentas hay muchos números y porcentajes, y es imposible citarlos de memoria, aún para una muy buena oradora.
Ella estuvo políticamente a la ofensiva, a despecho de sondeos de opinión meneados por la oposición conservadora, Clarín y «La Nación», según los cuales su imagen positiva habría caído varios puntos. La marcha de la economía, con una aceptable performance, más la reciente aprobación del Memorándum con Irán, le dieron a CFK una base firme para dirigirse a la Asamblea Legislativa.
Además de esos dos elementos, en esta ocasión le aportó más sustancia un factor adverso: la justicia colonizada por los lobbies empresarios. Este fenómeno estaba advertido por la mayoría de los argentinos, que desde tiempos del Martín Fierro saben el consejo de hacerse amigo del juez y no darle de qué quejarse. Tan alevoso es ese cuadro tribunalicio, incluida la Corte Suprema de Justicia, que al interior del Poder Judicial venía madurando una reacción positiva, plasmada en el encuentro de «Justicia Legítima» del 27 y 28/2 en la Biblioteca Nacional. Más de mil jueces, fiscales, asesores y secretarios debatieron sobre la democratización de ese poder.
La presidenta hizo propias esas demandas el 1 de marzo, apenas concluida aquella asamblea judicial. Así anunció el envío de ocho proyectos, comenzando por la elección popular de todos los miembros del Consejo de la Magistratura y el sistema de concursos para ingresar a trabajar, dejando de lado «el dedo» de la «Familia Judicial». El acceso del público al estado patrimonial de los miembros de los tres poderes, incluido el judicial, tuvieron un inicial visto bueno de la oposición, aunque habrá que aguardar su opinión definitiva una vez que Clarín les «baje línea».
En esa avanzada por la democratización del poder más conservador y permeable a las corporaciones económicas, la presidenta se puso dos límites políticos. Uno, abandonó la idea de que los jueces fueran electos por el voto popular, lo que desacomodó al ala más radicalizada (Diana Conti y Carlos Kunkel). «Sería un disparate», dijo la oradora, en línea con el supremo Eugenio Zaffaroni.
El otro freno fue a una ley para que los jueces paguen impuesto a las ganancias, un reclamo popular del que se habían hecho eco legisladores oficialistas como los recién nombrados y Agustín Rossi, entre otros. Esos proyectos serán cajoneados, pues la jefa optó por tirar la pelota a la Corte Suprema, quien en 1996 dispuso la exención en beneficio propio. CFK pidió que el tribunal decida si mantiene esa odiosa resolución o si cambia tal como lo demanda la sociedad. Como forma de presionar en este sentido, criticó a Carmen Arbigay, que en las audiencias previas a ser designada se mostró de acuerdo con pagar y, ya en la Corte, firmó un dictamen contrario en un caso.
Casualidad o no, en la Biblioteca Nacional, los juristas democráticos tampoco se pronunciaron por pagar impuesto a las ganancias. Estuvieron más limitados aún que CFK, quien al menos puso en un aprieto a Ricardo Lorenzetti, poco fotogénico en las imágenes de la Asamblea Legislativa, mientras hablaba la presidenta. Cualquiera diría que le molestaban sus conceptos de la democratización y la crítica a las cautelares casi eternas de Clarín.
Buenas noticias para Scioli
Otra reforma judicial importante será la creación de Cámaras de Casación en lo Civil y Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, siguiendo el ejemplo de Casación Penal. Según la fundamentación presidencial, será para sacarle trabajo a la Corte Suprema. Según los mal pensados de la oposición, para impedir que ese tribunal siga haciendo la plancha en casos donde se juegan intereses importantes para el Estado, que esos críticos bifurcan de los del país.
Si bien profundizó en estos asuntos judiciales, la oradora aseguró que no habrá reforma de la Constitución. La definición no sólo desairó a su entorno que veía con buenos ojos tal posibilidad (como Julio de Vido) porque abría el debate a la habilitación de un tercer período presidencial. También es una noticia negativa para los sectores de dentro y fuera del gobierno que, entusiasmados por la nacionalización de YPF, pensaban que una reforma constitucional podía -a diferencia de la parida por el Pacto de Olivos en 1994- cambiar conceptos en materia de propiedad. Por caso, volver al artículo 40 de la Constitución de 1949: «Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación».
Una mirada a los procesos de cambios en Latinoamérica arroja la conclusión de que hubo reformas y nuevas Constituciones, para favorecer el curso popular y antimonopólico. Eso surge de los ejemplos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que no fueron nada tranquilos porque las clases dominantes y los partidos que las expresan, también a nivel de Fuerzas Armadas, dieron una batalla que aún no ha terminado, para intentar salvar el régimen neoliberal.
La promesa cristinista de que no habrá reforma constitucional es una buena noticia para los núcleos del establishment en Argentina, que de todas maneras continuarán con una virulenta prédica en su contra, como si el suyo fuera un «presidencialismo imperial». Así la descalificaron en medio de la polémica por el Memorándum.
Esa renuncia a modificar la letra de la Constitución también equivale a decir, que no habrá «Cristina 2015», una aspiración nunca confesada por la interesada, pero sí pensada por buena parte de los dirigentes del oficialismo. Ellos creen que la presidenta en funciones y como candidata, ganarían caminando. Si ella no puede competir tienen un grave problema porque no hay sucesor a la vista, lo que no quiere decir que no pueda haberlo y crecer en estos dos años y meses faltan para las internas de 2015.
Debe ser por eso que Daniel Scioli fue tan amable con la presidenta, con la que aseguró estar alineado, según su mensaje en La Plata. El ex motonauta ya dijo que estaba anotado si aquella no podía ser de la partida. ¿Cómo le dirán ahora los K que pare con su campaña, cuando Cristina proclamó que no habrá reforma de la Carta Magna? Vuelve a empezar una interna del FPV, que puede ser dulce y feroz alternativamente.
Piedra libre por Beraja
Era inevitable que la presidenta dedicara algunos párrafos al Memorándum, promulgado como ley nº 26.843. Dijeron tantas barbaridades en su contra -lo mínimo fue que se había vendido a Irán por un barril de petróleo-, que en comparación con tanta provocación lo suyo fue propio de una «lady».
Ella ratificó que su objetivo era buscar la justicia en la causa AMIA. «Si Teherán no cumple el acuerdo pagará los costos políticos de su decisión y, en el peor de los casos, estaríamos en el mismo lugar», razonó. Luego contragolpeó contra lo que el cronista llama bloque sionista local, al plantear: «quiero encontrar la verdad, no solamente con los de afuera sino también con los de adentro: quiero saber quiénes fueron los que encubrieron y escondieron las pruebas. Se lo merecen la víctimas y sus familiares».
La oradora no le puso nombres ni siglas a sus señalamientos. Sonó como que estaba diciendo: «piedra libre por Rubén Beraja y la dirección de la DAIA, que están escondidos detrás de culpabilizar a Irán».
Este gobierno debería admitir que durante años estuvo aliado con las cúpulas de la AMIA y DAIA, con las campañas antiiraníes de Washington y Tel Aviv y dando crédito al contaminado expediente de Galeano primero y Nisman después. Más aún, en el debate en el plenario de comisiones de Diputados, Héctor Timerman, estaba siendo duramente acusado por los legisladores radicales y del PRO, y no tuvo mejor idea que defenderse diciendo que él había sido quien había entregado a Nisman los principales elementos de prueba contra Irán. En buena hora que ahora se separen las aguas.
Por cierto que la presidenta no se iba a privar de hacer propaganda de los logros económicos de su gestión y la anterior de Néstor Kirchner. Por caso, reivindicó que se crearon 500 mil puestos laborales por año, que se llegó al 6,9 de desocupación en el último trimestre de 2012 y que en la década el salario mínimo creció 1.038 por ciento.
Esas referencias y otras sobre la Asignación Universal, los aumentos a jubilados y la creación de 200.000 empresas son ciertas. Pero al omitir el 34 por ciento de trabajo informal, la inflación anual del 22 por ciento o más y las privatizaciones ferroviarias que llevaron a catástrofes, pintó un cuadro monocolor, rosa ingenuo. Haberle negado a los maestros un salario inicial de 3.650 pesos no debería ocurrir en un país tan maravilloso como el que Cristina describió. Y sin embargo ese No a los docentes es un dato duro de la realidad, linda pero no tanto.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/