José Luis Franco fue detenido la noche del 24 de diciembre de 1983 por el Comando Radioeléctrico y trasladado a la comisaría 11ª de la ciudad de Rosario. Un habeas corpustuvo resultado negativo horas más tarde. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven de 23 años resultó «muerto en un enfrentamiento con la […]
José Luis Franco fue detenido la noche del 24 de diciembre de 1983 por el Comando Radioeléctrico y trasladado a la comisaría 11ª de la ciudad de Rosario. Un habeas corpustuvo resultado negativo horas más tarde. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven de 23 años resultó «muerto en un enfrentamiento con la policía». Es el primer caso del que se tiene registro en el inicio de la era democrática post dictadura. Habían pasado apenas dos semanas de la asunción de Raúl Alfonsín y en la ciudad ya había un desaparecido, que luego fue hallado sin vida. Todo un símbolo de lo que vendría: desde aquella nochemala, los muertos a manos de miembros de distintas fuerzas de seguridad del Estado superan los 4700.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) elabora desde hace dos décadas el Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Hasta su última actualización publicada en noviembre de 2015, la lista acumula la infausta cifra de 4644 muertes en las que los victimarios son miembros de alguna de las agencias represivas del Estado (Policía Federal, policías provinciales y comunales, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario, Fuerzas Armadas, entre otras). La principal modalidad de estos asesinatos corresponde a casos de gatillo fácil: el 46 por ciento del total. Le siguen las personas que estaban privadas de su libertad al momento de su muerte (39 por ciento), la mayoría luego de detenciones arbitrarias; intrafuerza o intrafamiliares (8); desapariciones forzadas (4); asesinatos en movilizaciones o protestas (2); causa fraguada o consecuencia de otros delitos (1). La mayoría de las víctimas no superaba los 35 años (el 76 por ciento, de los cuales el 49 corresponde a un segmento que va de los 15 a los 25 años).
A partir de las estadísticas y los resultados del Archivo -que no pretenden ser frías ni asépticas- se puede evidenciar quiénes padecen y hacia quiénes está dirigida la represión de las fuerzas de seguridad del Estado: jóvenes pobres de barrios populares y villas.
La provincia de Buenos Aires acumula la mayor cantidad de casos a lo largo de todo el país (el 45 por ciento), seguida por Santa Fe (11,82). Pero, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, la segunda supera ampliamente al resto: Santa Fe es la provincia con el índice más alto (171,86 por millón, mientras que Buenos Aires registra 135). La represión es inherente a la provincia con forma de bota.