Frente al conflicto suscitado por un derrame de cianuro en la cuenca del Río Jáchal en la Provincia de San Juan el pasado domingo 13 de septiembre, y a un día de que el Juez de esa localidad, Pablo Oritja, dispusiera el cese de la medida cautelar por medio de la cual se suspendían las […]
Frente al conflicto suscitado por un derrame de cianuro en la cuenca del Río Jáchal en la Provincia de San Juan el pasado domingo 13 de septiembre, y a un día de que el Juez de esa localidad, Pablo Oritja, dispusiera el cese de la medida cautelar por medio de la cual se suspendían las actividades que emplearen cianuro en la mina Veladero, la CTA Autónoma realizó una petición formal al Congreso Nacional para que tome cartas en el asunto.
La nota solicita se dicte una ley que «declare la emergencia sanitaria, hídrica y ambiental de las regiones donde existan, en cualquiera de sus etapas, procesos mineros metalíferos que utilicen sustancias químicas hidro-tóxicas o a cielo abierto», y que disponga a su vez el «cierre de todos los proyectos actualmente en ejecución y se prohíba la actividad minera a cielo abierto con uso de sustancias químicas hidro-tóxicas en todo el territorio nacional.»
A su vez, el documento firmado por el secretario General de la CTA-A Pablo Micheli y por los secretarios Adjuntos Ricardo Peidro y José Rigane, propone y subraya que todas estas medidas sean realizadas dentro de un programa de preservación de los puestos de trabajo y reconversión de los emprendimiento mineros hidro-tóxicos en proyectos no contaminantes.
En este marco, requiere que se prevea también la reparación integral de los daños causados por esta actividad a los ciudadanos, poblaciones y ambientes afectados. Desde la Central señalaron: «Se está poniendo en juego la salud de la población y, de acuerdo a la legislación vigente, las únicas beneficiadas son las empresas mineras».
Por otro lado, el petitorio solicita la urgente necesidad de que se investiguen y determinen las responsabilidades penales, civiles y/o administrativas que pudieren corresponder, por los delitos y daños causados por este tipo de actividades, al igual de que se realice una consulta a la población en general para la elaboración de nuevas leyes que rijan la materia y contemplen la participación de los trabajadores en las ganancias de dicha actividad.
Las medidas solicitadas por la CTA Autónoma alcanzarían a la totalidad de las minas a cielo abierto que, según estudios y denuncias realizadas por distintas instituciones, afectarían negativamente la salud de la población aledaña a los emprendimientos, los ríos y reservas de agua y al ambiente en general.