Los candidatos presidenciales se pasean por los medios de comunicación amigos alimentando el discurso de la mano dura: todos los problemas se reducen a más control y autoridad. Sin embargo, las fuerzas que se señalan como salvadoras, como poder paralelo, heredaron las funciones represivas del aparato dictatorial. Espionaje interno y política imperial, una nueva instancia […]
Los candidatos presidenciales se pasean por los medios de comunicación amigos alimentando el discurso de la mano dura: todos los problemas se reducen a más control y autoridad. Sin embargo, las fuerzas que se señalan como salvadoras, como poder paralelo, heredaron las funciones represivas del aparato dictatorial. Espionaje interno y política imperial, una nueva instancia del colonialismo.
«Hay que cerrar la etapa de los derechos humanos», declaró Sergio Massa, uno de los postulantes estrella de las grandes corporaciones mediáticas y de los sectores de derecha que se opusieron desde el primer minuto a los juicios por delitos de lesa humanidad de la última dictadura. La sentencia llega justo cuando se debate la creación de una comisión parlamentaria para la investigación de la complicidad de los actores civiles y el tratamiento de sus casos en la justicia. La mayoría de los grupos económicos que están involucrados en esa trama macabra que desarticuló al estado e impuso una estructura económica privatizada y transnacional a fuerza de una gran matanza, respaldan su candidatura. Los otros, coquetean con Mauricio Macri, que habló de los derechos humanos como un «curro». La impunidad debe ser asegurada, y los representantes políticos corren a alinearse en esas necesidades.
A fines de marzo de 2014, Massa realizó una gira por los Estados Unidos: se reunió con la secretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, con quien dialogó sobre el avance del narcotráfico en la Argentina. También asistió a una cena auspiciada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en la que estuvo presente la exsecretaria de Estado, Madeleine Albright.
No es casual: los agentes del Departamento de Estado, del Fbi y de la Dea son los encargados de la formación de los funcionarios y oficiales de distintas provincias para el combate al narcotráfico, un modelo de guerra importado que se aplica rigurosamente sobre las bases de la Doctrina de Seguridad Ciudadana, una etapa superior del imperialismo, como la denomina el periodista Carlos Del Frade.
Esa guerra necesita de estrategias definidas y de actores preparados para llevarla a cabo. Massa cuenta en su equipo con un asesor estrella: Santiago Cantón, director del centro Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos.
En noviembre de 2013, Cantón realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) donde habló acerca del desarrollo de drones en Latinoamérica. «Expuso varios problemas: la peligrosidad de la utilización de drones en países con escaso control civil de las fuerzas armadas y donde los ministerios de defensa son agencias precarias, el lugar central de la inteligencia militar para seleccionar los objetivos de los drones (lo cual empodera a las fuerzas armadas), el peligro de que sectores ajenos al Estado utilicen este tipo de armas, la falta de regulaciones nacionales e internacionales para el comercio de drones», dice Heber Ostroviesky en revista Crisis (http://www.revistacrisis.com.
Brasil es el país que más números de drones tiene, tanto de producción nacional como extranjera. Bolivia también compró sus equipos, al igual que Colombia, que realizó operaciones conjuntas con los Estados Unidos en contra de las Farc. Chile se sumó a la lista adquiriendo sus vehículos de control a distancia a Israel y en México fueron empleados para llevar adelante operaciones en conjunto con los Estados Unidos en el marco de la «guerra al narco».
Un modelo que parece ganar terreno en la Argentina, como si no bastaran los saldos negativos dejados por el Plan Colombia, el Plan Mérida y las experiencias brasileñas. Un formato de guerra traído desde los Estados Unidos para la selección cuidadosa de los enemigos internos y su paulatino exterminio, todo con la cubierta argumental del combate al narcotráfico, en el que las mismas fuerzas que se disponen para combatir se ven seriamente implicadas.
Cantón además señaló que existen empresas públicas y privadas que producen drones en América Latina y que no hay ninguna regulación que permita controlar y disminuir su uso en el marco de los derechos humanos.
En la Argentina se desarrollan estos prototipos desde el 2011 por medio de un Consorcio Nacional de Fabricación de Auv – Sara (Servicio Aéreo Robótico Argentino) que combina empresas privadas, estatales y universidades, coordinado por el Ministerio de Defensa, que cuenta con una flamante casa de estudios, y el Ministerio de Seguridad y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presupuesto 2014 le asignaba una partida de 208 millones de pesos, pero la ley terminó excluyéndolo.
La falta de datos impidió responder algunos interrogantes: ¿por qué no se prohíben el uso de drones armados? ¿qué es y cómo funciona un drone? Preguntas para las que bastaría repasar los usos dados por las Fuerzas Armadas estadounidenses para ser contestados: «las cifras son difíciles de establecer pero, para ese país, las estimaciones varían entre 2640 y 3474 asesinatos entre 2004 y 2012. Estados Unidos forma hoy más operadores de drones que pilotos de aviones de combate y bombarderos juntos. Mientras el presupuesto de defensa bajó en 2013, los recursos otorgados a los sistemas de armas no tripuladas aumentaron el 30 por ciento», cuenta Ostroviesky.
Guerra interna: la matriz del imperio
Se trata de la nueva modalidad de guerra que los Estados Unidos lanzaron a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Una guerra sin peligros, para matar sin correr riesgos. «La guerra en Afganistán nos enseñó más sobre el futuro de nuestras fuerzas que una década de coloquios y think tanks juntos (…) todavía no tenemos suficientes vehículos sin piloto», declaró el entonces presidente George Bush solo unas semanas después de los ataques. Esa estrategia fue profundizada por la gestión Obama, que hizo un culto del recurso de matar para evitar acumular prisioneros.
El negocio de los drones civiles y militares mueve alrededor de 89 mil millones de dólares, según la consultora Teal Group. Estados Unidos cuenta con 60 bases de drones armados en todo el mundo. Esas son las tendencias bélicas que viene a reemplazar las grandes invasiones: «un programa organizado en base a seis puntos claves: operaciones especiales, drones, espionaje, relaciones con agencias civiles, ciberguerra y ejércitos tercerizados. Para reforzar esta estrategia, se destinan más recursos financieros a la militarización del espionaje y a los servicios de inteligencia, a la utilización cada vez más frecuente de drones, y se promueve una colaboración más estrecha entre el Pentágono y las diferentes agencias gubernamentales», detalla la nota de Ostroviesky.
Los políticos argentinos que pretenden alcanzar el poder del estado tienen en claro los lineamientos a seguir en relación a las políticas de seguridad, un proceso que ya comenzó a ponerse en marcha y tiene en Tigre uno de los campos de experimentación preferenciales: el municipio importó cuadricópteros para el monitoreo y la grabación de acciones delictivas. «Resulta llamativo que los diferentes modos de funcionamiento de los drones, sus virtudes para la ‘lucha contra la inseguridad’ y las razones por las cuales sería o no sería conveniente prohibirlos, por lo menos en sus usos militares y policiales, no hayan sido presentados con mayor rigurosidad por el propio Cantón quien, a fines de septiembre de 2013, había sido presentado en Tigre como el asesor estrella de Sergio Massa en materia de derechos humanos. Las discusiones en torno a la incorporación de nuevas tecnologías para luchar contra el delito y proteger las fronteras, son algunas de las obsesiones del ex intendente de Tigre, el primer municipio argentino que utilizó drones para ‘combatir la inseguridad'», agrega el periodista. En todos los distritos donde se padece el «flagelo de la inseguridad» se siguieron esas mismas consignas políticas: aumento de agentes en las calles e instalación de cámaras de seguridad y otros artefactos para el control del delito.
El cerebro del Ejército
Al mando del Ejército se encuentra Cesar Milani, un militar especializado en inteligencia que prestó servicios durante la dictadura en el Batallón de Construcciones de Ingenieros 141, uno de los centros clandestinos desde donde se digitaba el terrorismo de estado. En ese lugar debían presentarse la información que solicitaban los avisos que emitía el Ejército pidiendo a la población que denunciara a los subversivos.
También participaba del traslado de detenidos que habían sido torturados, en lo que el propio Milani definió como una «función administrativa», reoxigenando la teoría de base de la Obediencia Debida. En ese contexto desapareció el soldado Agapito Ledo, que había sido su asistente y que viajó a Tucumán, donde fue desaparecido.
En el libro «Nunca Más», redactado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Ramón Alfredo Olivera señala a Milani como uno de los militares que allanó su domicilio y detuvo a su padre. El mismo Olivera fue detenido y Milani se encargó de trasladarlo al juzgado federal: cuenta que lo amenazó en el viaje y durante el interrogatorio, le decía que pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp) y que le habían truncado la carrera. Olivera debió firmar la confesión de delitos que no cometió y lo condenaron a cuatro años y medio de prisión. En 1981 recuperó la libertad y en 1984 contó lo que había pasado.
Plutarco Shaller es otro de los que fue secuestrado y torturado hasta enviarlo al hospital. Mientras permanecía internado, un grupo de militares realizó un simulacro de disparos, como si alguien atacara el lugar, y luego ingresó Milani y comprobó que el detenido todavía permanecía en el lugar. Querían simular que alguien intentaba rescatarlo. El indicado era su hijo, Oscar, de 18 años, que luego fue secuestrado.
Atención, estamos espiando…
La estructura de inteligencia del Ejército cuenta con 1.200 efectivos distribuidos en 36 unidades en todo el país. Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo jefe del Ejército fue la inauguración de dos nuevas secciones de Inteligencia, en Tartagal y en Esquel. De esa forma, su influencia de expande por San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Salta, La Rioja, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Todo el territorio nacional seguido de cerca.
Para el 2014 la cartera tuvo una partida destinada a la inteligencia de más de 431 millones de pesos, 98 millones más que los asignados el año anterior y aproximadamente el 75% de lo que recibió el Ministerio de Defensa para las mismas tareas. Para el 2015, el presupuesto incrementa el porcentaje en un 31,8%, destinando 568,5 millones para el área de inteligencia, bastante más que el 22% promedio que se le aplica a las demás áreas de inteligencia del Estado.
La tensión con la Side, el viejo departamento de inteligencia que recibirá una suba del 16%, fue inmediato: las funciones de control y seguimiento de las acciones de los actores sociales pasó a corresponder a otro orden. «Hay que sacar a la inteligencia militar de un estado de adormecimiento y prescindencia, para darle el rol activo y protagónico que desempeña actualmente», arengó Milani a sus tropas en Campo de Mayo durante noviembre de 2013. Nuevas prioridades, nuevos funcionarios, nuevas departiciones, parte de un reacomodamiento estratégico de la Argentina.
Un proceso fundamentado en una nueva lógica de defensa social que toma como herramienta principal las medidas de seguridad dirigidas a proteger a la sociedad de los peligros potenciales que la amenazan. El enemigo está adentro y si se toma como referencia los primeros efectos del funcionamiento de esta disciplina, tienen unas características bien definida: los que mueren y van presos son fundamentalmente jóvenes y pobres.
«La inteligencia militar tiene un rol protagónico de apoyo a las fuerzas de tarea y equipos de combate desplegados en el terreno, proporcionándoles la información necesaria para que puedan planificar y ejecutar eficazmente sus patrullas», dijo el jefe del Ejército aquel día. El baño de sangre que inunda Rosario, a pesar del desembarco de gendarmes y prefectos en los barrios a principios de año, es el ejemplo fiel de esas consecuencias (http://www.alrededoresweb.
Las fuerzas productivas
El caso de los petroleros de Las Heras sienta un precedente: el Proyecto X, un andamiaje estatal para el espionaje de militantes y activistas, puesto al servicio de la fabricación de causas para inculpar y encarcelar a quienes se rebelan. Esa matriz de vigilancia se replica en diversos órdenes, siempre atando un vínculo entre ciertas capas del estado, las fuerzas policiales e intereses privados.
No son pocas las empresas que utilizan servicios de seguridad privada y espionaje para el seguimiento de las actividades de sus empleados. La reciente adquisición del ejército mercenario Blackwater por parte de Monsanto sintetiza un proceso de endurecimiento del control y la asfixia de aquellos que reclaman y se movilizan, inescindible de las propuestas para criminalizar la protesta social y para prohibir la realización de piquetes. Un pacto social logrado con palos y balas.
«La mayoría de las grandes empresas poseen áreas internas dedicadas full time a la seguridad. Sus integrantes suelen ser ex miembros de cuerpos policiales, pero últimamente han ido ganando terreno los oficiales retirados provenientes de las Fuerzas Armadas. El objetivo es obtener información privilegiada, buena parte de claro corte ilegal, para proteger los activos o detectar oportunidades de negocios. El actual security advisor de Chevron es un ex comandante de la Armada. Un oficial de Inteligencia retirado del Ejército figura a cargo de la Seguridad Patrimonial de Axion Energy. El superintendente security de la Barrick Gold fue capitán de la misma Fuerza. Otro ex capitán del Ejército aparece como security manager en Syngenta Agro S.A. Y el gerente de Seguridad de la División Sur de Arcos Dorados, más conocido como McDonald’s, también proviene de la oficialidad castrense», contaba la revista Crisis en junio de 2014.
Ante semejante maquinaria de control y acecho pasan inadvertidos los casos de accidentes laborales por negligencias empresariales, el desamparo de los obreros e, incluso, los casos de desaparición de trabajadores donde se une la complicidad institucional con la arbitrariedad de las empresas que mandan matar.
De milico a milico
¿Qué responsabilidad le cabe a un pibe que nace pobre? Lo fortuito de la miseria no puede serle imputado, pero no lo salva de la inocencia. La condena social lo dicta de antemano: nace pobre, no inocente. Así lo registran las continuidades de la muerte: de las más de 230 muertes acumuladas en Rosario durante el 2014, la mayoría se llevaron vidas jóvenes y pobres. Esa constante es el equivalente material (y trágico) del imaginario que sostiene la idea del «ajuste de cuentas».
El estado se desentiende de un sector de la población, al que luego vuelve, convertido en tropa de cacería. La autonomía ganada por la policía le permitió salir indemne de las reformas realizadas en el periodo democrático y conservar la estructura legal de las dictaduras. El poder político que avaló ese crecimiento de un poder paralelo, hoy no se debate como contener esa banda cada vez más descontrolada, sino que actúa concediéndole mayores atribuciones.
La mayoría de los presos condenados en la Argentina tuvieron su infancia en hogares violentos, se fueron de sus casas antes de los 15 años, son padres y tuvieron trabajos de baja calificación, según un estudio del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad de Tres de Febrero. Tres cuartos de ellos creció en entornos delictivos y la mayoría tiene familiares, amigos o allegados que incurrieron en la actividad delictiva media o alta.
Las cárceles argentinas son campos de concentración clandestinos donde funcionan las mismas técnicas de torturas y hacinamiento que conmovieron a la opinión pública con la difusión de los métodos implementados en Guantánamo. Toda la hostilidad descargada sobre los cuerpos, de los que se exige la aceptación mansa y la resignación. Cualquier respuesta que no sea la subordinación en tareas en condiciones degradantes, es vista como el germen del delito.
La Procuración Penitenciaria en asociación con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos realizaron ante el plenario de la 25° sesión del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el 11 de marzo, una exposición oral sobre la situación de tortura en las cárceles federales. Ahí quedaron expuestos datos sobre la práctica sistemática de la tortura como herramienta de gestión carcelaria y la falta de implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. También se informó sobre el retraso del estado en remitir el informe periódico que debía presentarse al comité hace seis años.
Hasta el 1 de mayo, la Procuración Penitenciaria registraba 216 casos de torturas y malos tratos en las cárceles federales en 2014. El año anterior, el número relevado alcanzó los 724 casos. A esos se suman las muertes y suicidios dudosos que ocurren cotidianamente. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudió recientemente a través de un comunicado las prácticas llevas a cabo por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que produjeron la muerte de un joven de 17 años sometido a un régimen de aislamiento en el subsuelo del Instituto Cerrado Luis Agote, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El joven falleció a causa de un incendio, sufriendo quemaduras en el 80% de su cuerpo. Una semana antes, la Sala II de la Cámara Federal de Casación revocó una decisión previa e impidió que la Procuración Penitenciaria Nacional ingresara a los institutos de menores para realizar monitoreos preventivos.
Sin embargo, esas atrocidades no logran emocionar a la opinión pública porque no consiguen filtrarse entre las noticias y lugares comunes que configuran el imaginario social que pide más mano dura como respuesta a todos los males y se alarma con los «subsidios» a los presos.
Según el defensor general, Gabriel Ganón, ocurrieron en 2014 once casos de víctimas de balas policiales que pueden enmarcarse en casos de «gatillo fácil». «La Policía de Santa Fe está involucrada en la comisión de delitos, en la tortura y en las ejecuciones sumarias -dijo-. Se puede ver claramente en el informe que hay una característica que ya ha sido denunciada en la ciudad de La Plata por el entonces Defensor juvenil Julián Axat que reveló una modalidad usada por la Policía de Buenos Aires que aparentemente habría sido copiada por la Policía de Santa Fe. Se trata de efectivos fuera de servicio que simulan el intento de robo de su ciclomotor, durante el cual ejecutan a una persona que tenía algunos antecedentes penales. En el caso de Santa Fe hay cuatro casos que reúnen las mismas características de la denuncia de Axat».
De esa forma, funciona el mecanismo social que pone el eje en las acciones de seguridad para perseguir a los enemigos internos que amenazan la paz y el orden. Una guerra que se da al paralelo de los recintos judiciales: la función de los milicos sigue siendo la persecución de las amenazas. Cambian los nombres y las presentaciones, pero la dinámica sigue siendo la misma: hostigar desde el estado para controlar el orden.
La vida de los pobres no tiene idéntico valor a las otras vidas, es por eso que resulta más sencillo la aplicación de esa mecánica de la muerte, que funciona fluidamente resguardada al amparo de la justicia, que acompaña utilizando las mismas asimetrías a la hora del enjuiciamiento. Una metodología que desciende desde las oficinas norteamericanas para la gestión del continente y tiene sus objetivos definidos y sus técnicas consolidadas: un andamiaje dispuesto para la «limpieza social».
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