Vuelvo en el avión desde Venezuela tras asistir al referéndum sobre la enmienda constitucional que elimina el límite de mandatos para los cargos de presidente, gobernador o legislador. En Caracas visité cuatro colegios electorales y comprobé una normalizada jornada democrática donde los defensores de cada una de las dos opciones estaban representada en todas las […]
Vuelvo en el avión desde Venezuela tras asistir al referéndum sobre la enmienda constitucional que elimina el límite de mandatos para los cargos de presidente, gobernador o legislador. En Caracas visité cuatro colegios electorales y comprobé una normalizada jornada democrática donde los defensores de cada una de las dos opciones estaban representada en todas las mesas electorales, respetaron las normas y reconocieron los resultados al ser difundidos por las autoridades electorales. El método de votación incluía la existencia de censos normalizados, miembros de mesa elegidos al azar entre la población que identificaban a los electores mediante registro en papel y en soporte informático, identificación mediante huella dactilar y tinción con tinta indeleble del dedo meñique para evitar que se pudiese votar más de una vez. Al menos cinco grupos de observadores electorales internacionales se pronunciaron sobre el desarrollo de la jornada, todos aplaudieron su limpieza y transparencia y felicitaron a las autoridades y al pueblo venezolano. Hasta aquí la realidad que yo conocí en los cuatro días que pasé en el país. En el avión encuentro el diario español El Mundo y comienza mi viaje al mundo de la patraña y el engaño.
Soy de los que piensan que valores como la imparcialidad, neutralidad o la objetividad no existen ni pueden existir en los medios de comunicación, bastaría con que encontráramos pluralidad, veracidad, honestidad y diferenciación entre opinión e información. Nada de ello había en este diario. La cobertura de ese día, 17 de febrero, consiste en un editorial, una crónica (La jornada electoral) y dos artículos de opinión (Los análisis). Hasta aquí, bastante razonable aparentando una lógica periodística neutral. En el editorial observamos su clara posición crítica con solo leer el título (Chávez se atornilla a la Presidencia de Venezuela) y antetítulo (Una mascarada de referéndum). En apenas diecisiete líneas a una columna califica a Venezuela de «dictadura», de «mascarada» a un proceso electoral cuya legitimidad es aceptada por observadores y oposición, y termina afirmando que la «alternancia en el poder desaparece» porque, al igual que en España, el actual presidente se podrá presentar de nuevo como candidato a una tercera legislatura. Llegamos a la crónica, donde encontramos comentarios como el siguiente, que son claras opiniones que no deberían tener cabida en el reportaje o al crónica: «La victoria del domingo (por menos de un millón de votos) pone en evidencia que casi la mitad del país no está de acuerdo con su proyecto socialista y vive atemorizada por un discurso agresivo, una inseguridad desbocada y una galopante inflación». ¿Todo eso decían los electores cuando votaban en contra de eliminar el límite de mandatos? Impresionante la clarividencia del periodista.
En la siguiente página encontramos los dos análisis. Uno de ellos, firmado por Rafael del Naranco, afirma que el referéndum es parte del «anhelo del teniente coronel de implantar en el continente con sus alumnos vividores del erario público venezolano, el estrafalario socialismo del siglo XXI», para terminar señalando que «Venezuela está dividida de forma peligrosa. Chávez, a estas alturas debería ser un estadista, no un demagogo». Y «para equilibrar», el otro análisis es de Gustavo de Arístegui, el portavoz de Exteriores del Partido Popular. El argumento que muestra que la votación ha sido una farsa es que «la elección del 15 de febrero como fecha de referendo ha sido un subterfugio electoralista que tenía la clara intención de fomentar la abstención de los partidarios del no». La razón es que se trataba del «día de carnaval, fecha especialmente lúdica en América Latina». Lo curioso es que no hayan caído en el detalle los gobiernos de la región y no se les haya ocurrido a todos ellos convocar elecciones siempre ese día que, según Arístegui, al ser carnaval, los opositores no votan y sólo lo hacen los partidarios del gobierno. Por cierto, el carnaval, como todo el mundo sabe, es el lunes 23 y el martes 24, no el 15. El portavoz del PP también se permite aportar algunos datos: «el oficialismo tiene cinco millones de votos y ya ha sido derrotado en dos ocasiones, en el referendo del 2 de diciembre de 2007 y en las elecciones municipales y regionales, en las que la oposición ganó por casi 10 puntos en voto popular». La realidad es que los votos a favor de Chávez han sido ahora 6.003.594 y 7.309.080 con los que salió elegido en diciembre de 2006, no son por tanto cinco millones. Parece que para el Partido Popular democracia es sólo cuando se le quitan uno o dos millones de votos al candidato que no les gusta. En cuanto a la victoria de la oposición en las elecciones regionales, los candidatos avalados por el presidente en aquella convocatoria recibieron el apoyo de aproximadamente 5’4 millones de personas, mientras que los postulados por la oposición fueron respaldados por 4’4 millones, un millón menos.
El siguiente argumento del alto cargo del PP y analista de Venezuela se refiere al hecho de que, tras el referéndum para la reforma constitucional en diciembre de 2008 se convocase otro ahora para una enmienda: «La Constitución establece una prohibición expresa de que se convoquen dos referendos sobre una misma cuestión en el mismo mandato presidencial». Eso no es verdad, no aparece ninguno prohibición referente a «dos referendos sobre una misma cuestión» en ningún momento en la Constitución, sino a una misma «iniciativa de reforma constitucional». Lo que se votó el 15 de febrero es un referéndum para la aprobación de una enmienda (artículo 340 «la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental») y, en 2007, en base a otro artículo, y sin incompatibilidad alguna, se convocó a un referéndum para un «reforma constitucional» que «tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución» (art. 342). Aunque lo que recomiendo al lector es que no nos haga caso ni al cargo del PP ni a mi y lo compruebe por si mismo aquí.
Observamos por tanto, un nuevo ejemplo de medio de comunicación que no respeta ninguno de los principios periodísticos comentados al principio:
– No hay pluralidad porque los tres artículos de opinión son críticos con el gobierno venezolano.
– No hay veracidad, tal y como hemos comprobado sobre los datos falsos de Gustavo de Arístegui. El que se trate de un artículo de opinión no justifica que se mienta.
– No hay diferencia entre opinión en información, como se ha podido ver en el reportaje o crónica del diario
La cuestión ahora es plantearse donde está el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz y plural, al parecer no garantizada por los poderes públicos, ajenos a toda presencia e intervención en la prensa escrita. Se argumenta que bastaría con descartar el medio donde no la encuentre y buscar otro, pero no existe ninguna garantía de que exista el que sí considere la adecuada información. Y de que sea rentable económicamente puesto que si no lo es no tendrá lugar en el mercado editorial. Estamos por tanto ante la absoluta indefensión del ciudadano, a merced de las mentiras y parcialidades de los grandes medios. La paradoja es que quien intenta corregirlo es acusado de atacar a la libertad de expresión.