En el debate sobre narcotráfico y los riesgos que conlleva para la salud de la población, así como para la democracia misma, conviene separar la paja del trigo. El drama es real y bienvenida la discusión, que debe darse en la base de la sociedad y sus niveles políticos, judiciales, culturales, parlamentarios, mediáticos. Este sería […]
En el debate sobre narcotráfico y los riesgos que conlleva para la salud de la población, así como para la democracia misma, conviene separar la paja del trigo. El drama es real y bienvenida la discusión, que debe darse en la base de la sociedad y sus niveles políticos, judiciales, culturales, parlamentarios, mediáticos. Este sería «el trigo».
A la vez hay que tener cuidado con las propuestas demagógicas, que se limitan a recordar que el problema existe y es grave, sin aportar soluciones. Y el mayor riesgo proviene de políticos conservadores que han ganado casi cuatro millones de votos en Buenos Aires, como Sergio Massa, y quieren aumentar la cosecha con propuestas de derribos de aviones, idea que comparte Daniel Scioli. Para los juristas democráticos, esa sería una pena de muerte extrajudicial sin derecho a la defensa, donde no existe legalmente la pena capital (en la práctica son muchos los muertos por el «gatillo fácil» y el sistema carcelario).
La «ley de derribo» es lo que el cronista considera parte de «la paja» a separar del buen grano.
Iglesia, ocúpate de tus púlpitos
El viernes pasado la Conferencia Episcopal emitió el documento «El drama de la droga y el narcotráfico», donde se afirmaba que Argentina corría el riesgo de ir a una situación similar a la México y Colombia.
En este asunto conviene ser precisos y los obispos no lo son. Habría que poner en contexto el grave problema de nuestro país, que califica para la segunda división, en tanto los dos citados son campeones latinoamericanos, una dura calificación no empleada por el cardenal José María Arancedo. ¿Será para no pelearse demasiado con dos gobiernos alineados tan ortodoxamente con Estados Unidos como los de Enrique Peña Nieto y Juan M. Santos?
Si se van a poner malas notas a países por el narcotráfico, los obispos deberían fulminar la responsabilidad de las autoridades de EE UU, sus empresas, bancos, policías, jueces, carteles de la droga y parte de la población. Esa es la madre del borrego: el imperio. Es el principal mercado consumidor de la cocaína y donde miles de millones de dólares se blanquean en negocios dentro y fuera del país. Por eso el de narcóticos junto al de armamentos son reputados como dos de los negocios más rentables del mundo.
Y de eso monseñor Arancedo ni dijo ni mu. El Papa Francisco tampoco, que se sepa, apuntando con nombre y apellido al sistema político y financiero con sede en Washington.
La Iglesia se limitó con ese documento a tirar la piedra y mostrar la mano. Sería bueno que elaborara propuestas que fueran más allá de una jornada de oraciones para el 7 de diciembre. Aquí y en el mundo puede haber muchos narcos que oren ese día, incluso hagan algún aporte dinerario a la Iglesia y luego, con el espíritu retemplado, prosigan con sus sucios negocios el 8 de diciembre.
Corte contradictoria
El interés de la Corte Suprema, en cambio, fue mejor canalizado y además se trata de la cabeza de un poder como el Judicial, que tiene que ver con el problema. El avance del narcotráfico y la lucha para contrarrestarlo por parte de las autoridades nacionales, ha generado un amplio plus de trabajo en los juzgados federales, sobre todo los de la frontera del Noroeste y el Noreste.
El 18 de setiembre pasado hubo una reunión en Tribunales, convocada por Ricardo Lorenzetti con representantes del Poder Judicial de esas zonas y el secretario de Seguridad, Sergio Berni.
Luego la Corte envió documentos al ministerio de Arturo Puricelli y el de Justicia, de Julio Alak, pidiendo la adopción de medidas de mayor control. Dejando correr pocos días, supuestamente porque no había recibido las respuestas esperadas, el tribunal emitió un nuevo documento dirigido a esos dos ministerios y también al Consejo de la Magistratura, con requerimientos de más efectivos de seguridad, obras edilicias (cárceles, comisarías y juzgados), adquisiciones de scanners para puestos fronterizos, radarización aérea, etc. Y en el caso de Justicia y el Consejo de la Magistratura, urgió por designaciones de jueces y funcionarios.
Esto último parece lógico pues la justicia federal de Salta, comprendiendo la de Jujuy, informó que las causas por delitos vinculados con el narcotráfico aumentaron 84 por ciento entre 2005 y 2012. Los registros de Tucumán fueron en la misma dirección.
Aunque no agoten el problema ni sean la solución ideal, contar con más personal de la justicia y efectivos de seguridad en esas zonas conflictivas, y más medios técnicos, será un factor favorable a poder contener el tráfico ilegal.
Allí aparece un problema político: mal puede la Corte Suprema apurar al Consejo de la Magistratura con las designaciones de personal idóneo si ese tribunal volteó por «inconstitucional» gran parte de la reforma judicial auspiciada por Cristina Fernández de Kirchner. Una de las 6 leyes proponía la elección popular para parte de los representantes en ese Consejo, encargado de elegir jueces y llegado el caso destituirlos. Por diferencias políticas, ese Consejo estaba parado. Y siguió en esa parálisis, más aún luego del fallo de la CSJN largamente festejado por la corporación judicial, la oposición política y Clarín.
La lucha contra el narcotráfico requiere de más y mejores jueces; Lorenzetti y los suyos, con la excepción de Raúl Zaffaroni, voltearon la democratización judicial.
El narco-escándalo cordobés
Frente a semejante drama lo peor que se puede hacer desde un gobierno es permitir que policías y funcionarios sean permeados por los carteles de narcos. Es lo que aconteció con la administración De la Sota, que vio caer al ministro de Seguridad, Alejo Paredes y al jefe de Policía, Ramón Frías, luego que los principales jefes de la «Peligrosa División Drogas» (el juego de palabras es del humor cordobés) cayeran presos por una investigación del fiscal federal Enrique Senestrari, anticipada por ADN, el programa de TV de Tomás Méndez.
En este momento hay ocho jefes policiales detenidos y según Senestrari ha acumulado pruebas como para ampliarles la lista de delitos cometidos. En vez de admitir que algo muy grave existía bajo sus narices, el gobierno defendió todo cuanto pudo a los narcopolicías.
Esa defensa continúa hasta hoy. El domingo 10/11, la sucesora de Paredes en Seguridad, licenciada Alejandra Monteoliva, dio un extenso reportaje a La Voz del Interior, donde negó entidad al problema: «estamos a años luz de tener un narcoescándalo». Salió casi en defensa de los ocho detenidos, al decir que «cuando se compruebe lo que realmente sucedió, no sé con qué cara vamos a mirar a los que hemos culpado con tanta severidad, a los que hoy están detenidos y hemos tildado de narcopolicías».
Para la funcionaria, que trabajó como asesora del gobierno de Colombia en Seguridad, no hay narcoescándalo sino una mera operación mediática y opositora. En esto estuvo bien el intendente radical Ramón Mestre, al declarar que esa negativa era tan ridícula como si él negara la existencia de baches en las calles. Es cierto. En Córdoba hay narcoescándalo, baches, negociados del intendente con empresas privadas del transporte y la basura, etc.
Tres derribadores
Uno de los operadores de De la Sota, el electo diputado Juan Schiaretti, expresó que su primer proyecto será una ley de derribo de aviones para luchar contra el narcotráfico. Si su intención fuera real debería comenzar por atacar los carteles de la droga enquistados en su Policía y otros ámbitos oficiales…
Ese ex gobernador llegó tarde a la fiesta de la derecha derribadora de aviones. El 15 de octubre pasado Massa prometió una ley igual en diálogo con Infobae TV. Se preguntó: «¿cuánto tiempo más vamos aceptar que la droga inunde las calles de nuestro país y no hagamos nada? Es clave que la Argentina tenga una ley de derribo para voltear a los aviones de los narcos que entran al país».
Otra pinza de derecha, la que responde a Scioli, no se quedó atrás. José Pampuro, ex K y operador del gobernador, publicó una columna en Clarín (11/11), titulada «Ley de Derribo, una herramienta disuasiva». Su fundamento remite a los generalmente aportados por el Comando Sur del Ejército norteamericano: «Argentina necesita darse instrumentos de este tipo por motivos de defensa nacional frente a las nuevas amenazas como el crimen organizado y el terrorismo internacional».
Los tres derribadores (Massa, Schiaretti y Pampuro) fueron refutados por el fiscal Félix Pablo Crous, quien deploró la iniciativa porque «sería instituir una pena de muerte extrajudicial».
Aníbal Fernández había replicado en octubre que lo de Massa era la mayor brutalidad que escuchó en su vida. Planteó que en 1987 el gobierno de Alfonsín sancionó una ley que adhería a los protocolos de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). «No se pueden utilizar armas de fuego», recordó. El procedimiento es aproximarse a un avión no identificado y escoltarlo fuera del país: «hay que conducirlo para que se vaya, no derribarlo».
Sin derribar a los derribadores la discusión no llegará a buen aeropuerto.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/