Se cumplen cinco años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y es necesario realizar un balance sobre su aplicación y la situación de los medios en el país. Durante el debate de la mal llamada Ley de Medios se abrieron muchos ejes enriquecedores. En primer lugar, se superó la […]
Se cumplen cinco años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y es necesario realizar un balance sobre su aplicación y la situación de los medios en el país.
Durante el debate de la mal llamada Ley de Medios se abrieron muchos ejes enriquecedores. En primer lugar, se superó la Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada por la última y más sangrienta dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina. La propia ley, sancionada por el dictador Videla en 1980, fue reformada por los siguientes gobiernos de la era democrática. Las reformas incluidas facilitaron aún más la concentración de medios privados, nacionales y extranjeros, y se consolidaron los principales grupos multimedios en el país.
Quienes impulsaron desde un primer momento avanzar con una nueva regulación marcaron un horizonte claro: una comunicación democrática, que termine con la concentración, que brinde herramientas para los trabajadores y la producción de contenidos y que garantice la pluralidad de voces. Esos puntos, tan amplios, buscaban derrumbar el gran poder adquirido por los grupos mediáticos y así abrir un camino para otra comunicación.
Los medios alternativos, comunitarios, populares, cooperativos, autogestivos y un amplio abanico de experiencias vieron la apertura de la discusión como un momento en el que empezarían a ser escuchados.
Algo de eso pasó. El gobierno nacional, en su enfrentamiento con el Grupo Clarín utilizó varios de estos ejes para promover la nueva ley. Levantó la bandera de los medios sin fines de lucro, aquel famoso 33 por ciento reservado para todas las experiencias que hasta el momento habían sido marginadas. Sin embargo, cinco años después la realidad es otra. Emergieron nuevos grupos y los anteriores mantienen intocable, en líneas generales, su estructura. Esto es posible ya que la ley no elimina a los grupos de comunicación ni la posibilidad de que se consoliden otros; lo que contiene es apenas una limitación para estas empresas.
Además del distanciamiento en 2008 y la siguiente «pelea», Clarín y el gobierno atravesaron una disputa judicial sobre la aplicación de cuatro artículos de la ley que obligaban al grupo a desinvertir. Una vez superado esto, cuando la Justicia falló a favor de la norma y declaró constitucionales los artículos, hubo pocos cambios. El pasado 8 de octubre, a dos días de cumplirse un nuevo aniversario de la norma, el Afsca anunció la «adecuación de oficio» del Grupo. En pocas palabras, parece una nueva estrategia para dilatar y estirar la situación, ya que el propio multimedios utilizará todos los artilugios legales en su defensa. De esta manera, la adecuación del grupo probablemente no se concretará hasta dentro de algunos años.
¿Y el 33?
En el medio, nuevamente, quedó marginado el espacio reservado para los medios sin fines de lucro. La anterior debacle judicial sirvió como excusa para seguir incumpliendo todo el resto de la ley que no tenía injerencia en el conflicto.
Al cumplirse cuatro años de la sanción, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) elevó una carta al director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella. En el escrito reiteraron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de los artículos de la ley ya no sirven como excusa para la aplicación total de la norma. Respecto al artículo 89, inciso F, que garantiza el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro, exigieron la «urgente» confección del Plan Técnico que permita su efectiva aplicación.
En la carta remarcan lo poco que se ha avanzado en ese punto y exigen al Afsca que realice cuanto antes un registro de radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares y otorgue un reconocimiento a esas emisoras por medio de una efectiva auditoría que compruebe su existencia. También siguen apuntando contra la marginalidad en la que se encuentran dentro de la aplicación de la ley: «Si bien antes éramos ilegales porque no existía marco jurídico, hoy, habiéndose aprobado la LSCA y anulado la medida cautelar que intentaba declararla inconstitucional, continuamos alegales por la no aplicación de la misma».
En un escrito anterior, la RNMA puntualizó las principales y más urgentes exigencias. A las nombradas arriba, le agregaban que «se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33 por ciento destinada a las entidades sin fines de lucro». Por otro lado, denuncian que los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado «no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro» y, además, «no se adecúan a las características particulares de los medios comunitarios, alternativos y populares».
También señalan que en el caso de que los diferentes grupos (en el escrito se refería por entonces a Clarín y el 7D) realicen sus respectivas desinversiones, «las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro». También apuntaban la vigencia del decreto 527/2005 «que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad de espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión».
La ley tiene muchos vacíos. Entre ellos y en relación a ese 33 por ciento, aparece la falta de caracterización y diferenciación entre los medios sin fines de lucro. Para la norma, para ejemplificar, es lo mismo un medio autogestivo dentro de una villa que un medio sin fin de lucro de la Iglesia Católica o de un sindicato. En ese punto aparecen más controversias: quienes pueden acceder a medios y licencias son los que cuentan con más capital.
El estudioso de los medios, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet, Martín Becerra, publicó una serie de artículos a propósito de este nuevo aniversario. Uno de ellos se lo dedica a medios «comunitarios y alternativos». El especialista explica que «frente a este panorama adverso, los propios medios comunitarios y alternativos solicitan ante la autoridad estatal (Afsca), obtener ‘autorizaciones precarias administrativas’ como paliativo que signifique, al menos, un mínimo reconocimiento formal». Después, aclara: «Las autorizaciones provisorias persiguen varios objetivos: por un lado, con ellas las emisoras pueden postularse a los concursos de fondos en el marco del Fomeca destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los Pueblos Originarios, lo que para muchas organizaciones es un círculo vicioso dado que el Estado les retacea la posibilidad de concursar y de obtener autorizaciones precarias pero exige estos papeles a la hora de distribuir fondos que la ley previó como incentivo para actores previamente excluidos de ciudadanía; por otro lado, porque ante la posibilidad de que el cambio de gobierno en 2015 se traduzca en una presidencia que intente restaurar la exigencia del lucro como condición de titularidad de licencias, al menos estas autorizaciones precarias constituirían un antecedente de reconocimiento estatal que los protegería en una apelación en sede judicial».
Para Becerra, el gobierno «ha demorado la atención que la ley asigna a este sector en parte porque su objetivo central ha sido la batalla contra el grupo Clarín y la reorganización de la correlación de fuerzas empresariales entre grandes grupos concentrados y en parte porque tomar la decisión de reorganizar el uso del espectro radioeléctrico en las grandes ciudades argentinas, donde el espectro está saturado por la cantidad de emisoras legales, alegales, paralegales e ilegales en funcionamiento, representaría la gestación de nuevos conflictos con muchos de los operadores». Y sigue: «Esta es una de las razones que explican la ausencia de plan técnico y la consecuente imposibilidad de organizar concursos en las ciudades argentinas (los concursos vigentes, que son un avance, se centran en localidades de baja densidad demográfica y ausencia de conflicto en el uso del espectro radioeléctrico).
En síntesis, a cinco años de los anuncios que contenían a los medios sin fines de lucro como una pata esencial de la ley, la realidad es otra. No hubo avances en la concreción del Plan Técnico y las licencias otorgadas fueron muy pocas. Muchas de ellas, además, presentan otras dificultades: a falta de una planificación y de aportes técnicos, de capacitación y de recursos económicos, muchos medios se hacen inviables o ni llegan a funcionar. Tampoco se avanzó en el reordenamiento del espectro radioeléctrico, a pesar de haber realizado el censo en 2010. Otro punto es que el eje de la LSCA parece estar puesto en un único multimedios y su lucha con el gobierno nacional.
Las exigencias y denuncias de la RNMA, como de otras organizaciones que pelean por la efectiva aplicación de la reserva para los medios sin fines de lucro, siguen vigentes cinco años después. Los medios que cuentan con una larga e histórica lucha en las últimas décadas siguen siendo ninguneados mientras que, por otro lado, se sigue consolidando el poder de viejos y nuevos grupos que crecen baja las alas del Estado.
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