«Sin democratización de la comunicación, no hay democracia» fue una proclama, un grito, que se extendió por Latinoamérica a inicios de los ’80, particularmente en aquellos países del Sur que transitaban de las tinieblas dictatoriales a fórmulas constitucionales. La premisa era simple, pero contundente, por ser universalmente aceptada: la vitalidad de la democracia depende de […]
Para entonces, en un sentido general, estaba presente el hecho de que gran parte de los medios establecidos o fueron puntales para el establecimiento de tales dictaduras o se acomodaron a ellas, sea por la censura o autocensura, para medrar de un entendimiento tácito que permitió que se levanten monopolios a cambio de favores efectivos pero nunca dichos, como el silenciar las voces de las fuerzas políticas de oposición y de los movimientos sociales.
Pero en tal proclama también estuvo presente la voz y anhelo de un sinnúmero de esfuerzos y experiencias alternativas, que con un sentido popular, comunitario, de base, etc., buscaban desde anteponer contrapuntos a segmentos del manejo mediático, hasta formular respuestas globales, en un sentido anti-hegemónico, pasando por un conjunto híbrido, pero con un común denominador: la filiación a lo que fue el movimiento en torno a las «políticas nacionales de comunicación» que dio sustento a la demanda por un Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación (NOMIC).
Aunque no faltaron los respaldos y simpatía de las fuerzas sociales organizadas con esta causa, el hecho es que no dieron el paso para apropiarse de ella, para hacerla suya; fue como si se tratara de un asunto circunscrito a quienes están directamente vinculados al campo comunicacional, cuando en realidad es ante todo un asunto de ciudadanía. A la postre, ello redundó en que pase a ser una de las asignaturas pendientes de las luchas sociales, aunque en ella han perseverado un contingente de colectivos para mantenerla vigente y, de a poco, con un trabajo de hormiga, ir pugnando para que la lucha por la democratización de la comunicación pase a ocupar el sitial que se merece en las luchas sociales contemporáneas.
En el plano de la gestación y proyección de respuestas en el terreno, el acumulado que la comunicación alternativa, popular, dialogal, horizontal, etc. había logrado entre finales de los ’70 e inicios de los ’80, prácticamente se desparramó ante el impacto brutal de las políticas neoliberales, en la medida que afectaron el sentido mismo de organización social con la premisa individualista del «sálvese quien pueda». Fueron, sin duda, momentos difíciles, pero la llama permaneció encendida.
¿Dónde queda la sociedad?
Con los acelerados avances de las tecnologías de información y comunicación registrados en los últimos tiempos, no solo se ha establecido un nuevo escenario en este campo, sino que éstas han repercutido en las diversas esferas del convivir social de manera profunda. En este contexto, el poder que han venido acumulando los medios de difusión les ha llevado a una virtual ocupación del espacio público, que les permite actuar con una agenda política y económica propia, estableciendo lo que tiene o no pertinencia social. Al punto que, en los tiempos que corren, ante el descalabro de los partidos políticos del establecimiento, prácticamente han pasado a cumplir el rol de articuladores de tales sectores, incluso como cuasi partidos. Todo esto, en medio de la febril competencia mercantil que desdibuja seriamente el carácter de servicio público de los medios de comunicación y la responsabilidad social que tienen, lo cual va acompañado de intentos por desbaratar cualquier norma legal que pudiera restringir el control corporativo del sector.
Es por ello que va cobrando fuerza la demanda de un amplio debate público sobre el rol de los medios en las sociedades democráticas contemporáneas, el sistema de propiedad, el carácter de los medios públicos, la libertad de expresión, etc. que precisamente ha sido una de las banderas de quienes impulsan el reconocimiento del Derecho a la Comunicación y la democratización de los medios.
Sean O’Siochrú, de la Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS) (1), al referirse a los diferentes pasos del proceso de comunicación en la sociedad -creación y propiedad del conocimiento, procesos y medios para la difusión y la comunicación, su uso para alcanzar metas políticas, económicas y sociales-, y quienes ejercen el control sobre ellos, señala que: «El peligro inminente es que cada momento del ciclo se está atando a las necesidades del capital y del mercado. El peligro en última instancia es que el ciclo del proceso de la comunicación en la sociedad sea interrumpido, que el proceso de aprendizaje social se haga cada vez más débil, y que al final el proceso de la creatividad sea transformado y reducido a la generación de ganancia a corto plazo, en forma insostenible, para una pequeña minoría». El evoca el concepto y la práctica de los «derechos de la comunicación», que pueden ayudar a «evaluar críticamente y entender estos peligros, pero también para ayudarnos a organizar soluciones integrales para abordarlas».
Sería oportuno retomar el concepto de la comunicación como derecho humano, indispensable para el ejercicio de ciudadanía, para reencaminar el debate que se ha abierto en los últimos meses en América Latina en torno a la libertad de expresión -particularmente a raíz de la decisión del gobierno venezolano de soberana y legalmente no renovar la concesión de frecuencias de RCTV-, puesto que la tendencia ha sido polarizar el debate entre medios comerciales y gobierno, como si fueran los únicos actores.
Con la conquista del espacio público, de manera sistemática los medios pretenden erigirse en representantes de la sociedad. Pero no queda claro que las grandes mayorías se sientan representadas por ellos, siendo que, por lo general, solo hacen referencia a los sectores populares como víctimas de desastres o protagonistas de la violencia social y la criminalidad. ¿Qué hay de la libertad de expresión de estos sectores y su derecho de hacer oír sus propuestas, demandas y críticas? ¿Qué mecanismos existen para defender el derecho a la información de la ciudadanía, frente al control dominante y crecientemente monopólico de los sectores de poder económico en el ámbito de la comunicación?
La reemergencia en el continente de expresiones organizadas que pugnan por democratizar la comunicación está contribuyendo a este replanteamiento del debate. Dos de sus recientes logros incluyen la aprobación de una ley de radiodifusión comunitaria en Uruguay, y en México la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional partes de la llamada «Ley Televisa», que consagraba el monopolio privado en la televisión. Estas expresiones, incluyen desde las redes y campañas que impulsan el reconocimiento e implementación de derechos y marcos legales, hasta los medios alternativos y comunitarios que apuntan a desbloquear la expresión de la ciudadanía, además del análisis de investigadores que acompañan estas causas. Son iniciativas como éstas y las articulaciones que se van tejiendo entre ellas y otros movimientos que luchan por la justicia social, las que están sentando las bases para que la democratización de la comunicación se haga realidad.
Nota
(1) O’Siochrú, Sean, «Los Derechos de la Comunicación y la Campaña CRIS», América Latina en Movimiento, ALAI, No 399-400, Quito, Sept. 12 2005.
– Este artículo forma parte de la revista de ALAI América Latina en Movimiento Nº 421, que versa sobre el tema «Comunicación: democratización, ciudadanía, medios comunitarios», que ya está en circulación.