El diputado provincial santafesino Carlos del Frade (del Frente Social y Popular) denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a quien acusa -junto a otros funcionarios del Gobierno Nacional- de haber excluido al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) de las funciones de control de derivados […]
El diputado provincial santafesino Carlos del Frade (del Frente Social y Popular) denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a quien acusa -junto a otros funcionarios del Gobierno Nacional- de haber excluido al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) de las funciones de control de derivados de granos en los puertos exportadores.
En su presentación penar, el legislador aseguró que las autoridades modificaron las normas para «privatizar» los servicios del Senasa. Según Del Frade, además de poner en riesgo la seguridad zoofitosanitaria, el cambio implicará una transferencia de 1.100 millones de pesos para las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincial.
Según la norma, todos los embarques de productos de granos para exportación deben ser sometidos al control fitosanitario y de calidad del Senasa. Pero a partir de la resolución 37/2017, publicada en el boletín oficial el pasado 30 de enero, se modificó el artículo 1º de la resolución 260 para exceptuar del control a los aceites, harinas, pellets, expellers y tortas de cereales y oleaginosas, cuando no sea requerido por el país de destino. Para Del Frade, la reforma constituye «un potencial riesgo para la soberanía alimentaria de la población y una preocupación concreta sobre animales que entran y salen de los puertos radicados en Santa Fe».
El legislador agregó que «la no realización de la inspección de bodegas por parte del Senasa podría multiplicar los riesgos sobre la soberanía del patrimonio zoofitosanitario santafesino», y puso como ejemplo la introducción del llamado «mejillón dorado», que causó serios perjuicios en la fauna ictícola de la provincia.
Las modificaciones, según la denuncia, también impactará sobre las arcas estatales y el empleo. «El presidente Macri está desprotegiendo la salud y la integridad del pueblo argentino a partir de la resolución donde corre al Estado del control de las exportaciones. Esto significa que las ocho empresas que alquilan los puertos de Santa Fe se van a controlar a sí mismas» apuntó Del Frade. Y agregó: «Esas empresas ya están facturando 234 mil millones de pesos. Con la resolución del Presidente les regalamos 1.500 millones más, y además están subfacturando, según denunció el gobierno de China, dos mil millones de dólares», explicó el legislador luego de su paso por tribunales.
Los gremios estatales advirtieron además que están en riesgo unos 450 empleos en el organismo de control. Esos trabajadores operan en las zonas portuarias desde Villa Constitución a Puerto General San Martín, y, según Del Frade, «ya comenzaron a percibir la presencia de controles privados de empresas multinacionales como SGS, COTECNA, Schutter y Control Uncon, a los que se suman empresas nacionales como Operagro».
Según Del Frade, la derogación del decreto 260 «le significará un gran ahorro a las exportadoras pero un pésimo negocio a los estados, ya sean el nacional como los provinciales». El pronóstico está en línea con los datos duros. Un informe emitido en marzo por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que la derogación de la normativa 260/14 «implica una transferencia de ingresos estimada en 120 millones de dólares».
Por esa razón, los autores del trabajo evaluaron que la eliminación de controles y tasas del Senasa operó como «una quita adicional de retenciones» al sector agroexportador, el más beneficiado por el macrismo.