Una carta de Haroldo Conti y documentos del exilio argentino avalan la tesis
Desaparecidos: «30.000» fue la cifra proyectada por los autores del golpe de 1976
En una carta fechada el 2 de enero de 1976 y dirigida al escritor cubano Roberto Fernández Retamar, el narrador argentino Haroldo Conti, referente del Frente Antimperialista y por el Socialismo (FAS), vinculado con el PRT-ERP, hace una alhelante predicción: «Me acaba de informar muy confidencialmente mi cuñado, que es militar, que se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de Inteligencia calculan una cuota de 30 mil muertos». Consultado Retamar sobre la autenticidad del documento, respondió a quien esto escribe: «La carta que me envió el compañero Haroldo el 2 de enero de 1976 se encuentra en el archivo de la Casa de las Américas».
«También publiqué dicha carta -agregó Retamar- en mi libro ‘Fervor de la Argentina’, que apareció en Buenos Aires en 1993 y tuvo reedición cubana». A cuatro décadas de ser escrita, esa carta de Haroldo, lo mismo que el contexto histórico, merecen una reconstrucción.
No fue aquella la primera vez en que Haroldo Conti dio a entender que disponía de información de Inteligencia, por contactos propios –no sólo familiares- en las fuerzas armadas y de seguridad. En otra misiva, también dirigida a Retamar y fechada el 15 de octubre de 1973, dice: «Acabo de enterarme por una persona de mi amistad, que corrió el riesgo para informarme, que en una orden que se distribuye entre los comandos de asalto hay una lista de unas 30 personas a liquidar. Yo figuro entre las primeras. Otro es Rodolfo Mattarollo, director de ‘Nuevo Hombre’, abogado de presos políticos, entrañable amigo de quien les hablé más de una vez» (el abogado Rodolfo Mattarollo, autor de un temprano ensayo sobre la obra de Haroldo Conti, participó en aquel tiempo de la revista Nuevo Hombre y de la última época del diario El Mundo, ambos medios vinculados con el PRT-ERP).
Ahora, veamos lo que escribió desde las antípodas, en su autobiografía «Yo fui Vargas», el capitán del Ejército y criminal dos veces condenado Héctor Vergez, quien después de haber actuado en la represión ilegal en el área del III Cuerpo de Ejército y después de haber sido denunciado en Córdoba por apropiación y venta de bienes de desaparecidos, pasó a actuar como agente encubierto del Batallón 601 de Inteligencia, en Buenos Aires:
«Cabe advertir al lector no informado o a menudo desinformado -dice Vergez- que la lucha con la delincuencia subversiva fue una lucha de Inteligencia y que los medios y apoyos del terrorismo sobrepasaron muchísimas veces los del Estado argentino», agregando en otro pasaje y aludiendo específicamente al aparato de inteligencia del PRT-ERP: «La reunión informativa se realizaba, lógicamente, a través de infiltrados en los diversos ‘frentes’ o ámbitos sociales, empresariales y políticos».
Podemos descontar que si Haroldo Conti y Rodolfo Mattarollo ya figuraban en las listas de «objetivos» de los organismos de Inteligencia en octubre de 1973, también lo estaban el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de Estado que inició la dictadura del Proceso. No pasó mucho, desde el día del golpe, hasta que fue secuestrado Haroldo Conti, la madrugada del 5 de mayo de 1976, en su domicilio de Fitz Roy 1205, Villa Crespo, Buenos Aires.
El GT1 del Primer Cuerpo de Ejército reforzado con PCI (personal Civil de Inteligencia) que, según documentos disponibles, realizó el operativo, también se llevó a un presunto compañero de militancia de Haroldo llamado Héctor Fabiani, que pernoctaba en la casa y que había quedado al cuidado de los niños, aunque el grupo de tareas optó por dejar allí (presumiblemente, porque prefirieron llevar en sus automóviles el producto del saqueo) a Marta Scavac, pareja del escritor, lo mismo que a su hijo Ernesto, de apenas tres meses, y a la niña Miriam Acuña (de 7 años, hija de Marta).
Con fecha 6 de mayo fue presentado por Lidia Olga Conti, hermana de Haroldo (y esposa del militar aludido en la carta de enero) el primer hábeas corpus pidiendo la aparición de Haroldo. El recurso, como los que siguieron después, no tuvo resultado.
Haroldo Conti había sido detenido ilegalmente y elementos del Batallón 601 de Inteligencia y del Cuerpo I de Ejército se ocuparon de interrogarlo bajo tortura, destruyéndolo psíquica y físicamente, al punto de que cuando el cura Leonardo Castellani, tras solicitarlo personalmente a Videla, pudo verlo en el ya desaparecido CCD «Coordinación Federal» -a una cuadra del Departamento Central de Policía-, sólo alcanzó a darle la extremaunción. Castellani reveló eso, bajo secreto, a dos periodistas de la revista Crisis y a Marta Scavac, poco antes de que ésta partiera -con protección de la Marina, por un pedido personal que hiciera Omar Torrijos a Emilio Eduardo Massera- al exilio, junto a sus dos hijos más pequeños.
Dos de los abogados que integraban la flamante CADHU (Comisión Argentina de Derechos Humanos) -Mario Hernández y Roberto Sinigaglia- que estaban coordinando acciones para denunciar atentados y secuestros en Córdoba y Buenos Aires, fueron secuestrados ellos mismos el 11 de mayo de 1976 y permanecen desaparecidos.
La orden de batalla del Proceso (cuyos documentos no terminan de salir a la luz) se estaba ejecutando en aquellos días de otoño con rapidez y ferocidad, lo que obligó a la mayoría de los integrantes de la CADHU, ex adherentes de la muy raleada Gremial de Abogados, a tomar la decisión de poner a salvo a sus familias primero y de abandonar el país poco después, para continuar con la denuncia de los crímenes de la dictadura y con el apoyo a las víctimas desde lugares o países más seguros.
Gustavo Roca y Lucio Garzón Maceda, defensores de gremialistas y presos políticos de Córdoba que sufrían el feroz hostigamiento de las patotas del Comando Libertadores de América y el III Cuerpo de Ejército, fueron a España y a Francia primero, y allí tuvieron oportunidad, por gestión de dos integrantes de la CADHU residentes en Washington, de obtener un «hearing» ante una Subcomisión de Diputados del Congreso de los Estados Unidos dedicada a los Asuntos Externos y presidida por el diputado demócrata Donald Fraser (aquella invitación no era ingenua: los dos miembros de CADHU anfitriones -el ingeniero Gino Lofredo y la ex detenida Olga Talamante, ambos con ciudadanía norteamericana- sabían que la llegada al gobierno de Jimmy Carter significaría un reimpulso de los derechos humanos, tanto en política interior como en política exterior).
Las exposiciones de Gustavo Roca y de Lucio Garzón Maceda el 28 y 29 de septiembre de 1976, inscriptas en una serie que incluía otras denuncias por las violaciones a los DDHH en Chile y el Uruguay, llevaban el pedido concreto de que cesara la ayuda militar estadounidense a aquellas tres dictaduras del Cono Sur, objetivo que fue alcanzado en todos los casos.
Sin embargo, en el caso argentino, el haber hecho aquella solicitud les costó a Roca y a Garzón Maceda una causa judicial por «traición a la patria», que los tuvo en vilo hasta el regreso de la democracia argentina, cuando obtuvieron el sobreseimiento definitivo.
Ya se había iniciado en los Estado Unidos, a fines de 1976, la investigación que generaría dos visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la última de las cuales fue en 1979. Y el cálculo aproximado de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desapariciones, era el mismo que habían hecho los servicios de Inteligencia argentinos meses antes del golpe de Estado, y sobre el que había alertado Haroldo Conti en su carta a Fernández Retamar. A fines de 1976 se hablaba, tanto en Europa como en América del Norte, de «30.000».
En enero del año siguiente, 1977, al prologar el libro de denuncia de la CADHU titulado «Argentina. Proceso al Genocidio», el abogado Eduardo Luis Duhalde, quien se había trasladado a Madrid con el propósito de crear sedes y bases en Europa para denunciar la situación argentina, escribió: «Más de 2.300 personas fueron muertas oficialmente por las fuerzas militares y policiales entre marzo y diciembre de 1976. Sacerdotes, abogados, parlamentarios, profesores, científicos, artistas, asilados políticos latinoamericanos, dirigentes sindicales y de organizaciones populares se cuentan entre las víctimas. 20.000 han sido secuestradas y han desaparecido, y más de 10.000 están prisioneros en cárceles y campos de concentración militares» (como se advierte, las víctimas de la represión ilegal seguían siendo, en ese documento, 30.000).
Dos meses después, al intervenir como miembro de la CADHU y en representación de Pax Romana ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Rodolfo Mattarollo -el amigo y compañero de Haroldo Conti que mencionamos al comienzo- expresó lo siguiente: «Según varias organizaciones humanitarias, éste es el trágico saldo del año 1976 en Argentina: 2.300 muertos, 10.000 presos políticos y de 20 a 30 mil desaparecidos. Grupos armados que innegablemente forman parte de las Fuerzas Armadas y la Policía han secuestrado y continúan secuestrando a alrededor de 2.500 personas por mes. Las víctimas son argentinos de toda clase y condición social y latinoamericanos refugiados en territorio argentino».
Las cifras que difundían la CADHU, el TYSAE (Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio) y otras organizaciones de resistencia y denuncia que actuaban en el exterior, no diferían mucho de las que el mismo Departamento de Estado norteamericano, que recibía cotidianamente los partes de sus propios servicios de Inteligencia y de su propia diplomacia, manejaba.
Uno de los documentos desclasificados que tiene la organización Archivo de Seguridad Nacional en la Georgetown University, perteneciente al denominado Plan Cóndor, es un mensaje del agente de la DINA chilena Enrique Arancibia Clavel, dirigido con seudónimo a sus superiores en Santiago, en julio de 1978.
«Adjunto -dice Arancibia Clavel- la lista de todos los muertos en el año 1975. La lista va clasificada por mes. Es decir, en estas líneas van tanto los muertos ‘oficialistas’ (sic) como los ‘no oficialistas’ (sic). Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, sito en Callao y Viamonte, de esta capital, que depende de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, del Comando General del Ejército y del Estado Mayor General del Ejército. (…) Las listas corresponden al anexo 74.888.75/A1.E.A. y al anexo 74.889.75/id. Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar. Casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados ‘por izquierda’, por las fuerzas de seguridad. (…) Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. En próximos envíos seguiré ampliando las listas. Atentos saludos. Luis Felipe Alemparte Díaz».
Los casos verificados de asesinatos, secuestros y desapariciones se hacían constar, con detalle, en los escasos medios de difusión disponibles (entre ellos, dos periódicos del exilio en España, titulados «Presencia Argentina» y «Correo Argentino»). Ya en diciembre de 1977, Correo Argentino publicó la primera «Lista de prisioneros reconocidos por la Junta Militar», con nombres y apellidos de los detenidos en Villa Devoto, La Plata, Coronda, Sierra Chica, Resistencia, Córdoba y otras cárceles argentinas, así como los casos en que se había concedido libertad, salida del país o libertad vigilada. El resto, lo que no se había podido verificar pero que sin duda estaba ocurriendo en los más de 500 centros clandestinos de detención habilitados por la dictadura en el territorio nacional, seguía perteneciendo a esa terrorífica nebulosa de los «30.000», aquel cálculo proyectivo que habían hecho los mismos autores del golpe de Estado y ejecutores del plan genocida.
Llegado por fin a la Argentina, el ciclo de la democracia y recuperación de las instituciones, ciertos referentes de la dictadura como el sanguinario general Ramón Camps -quien murió antes de ser alcanzado definitivamente por la justicia- escribían columnas de opinión en medios «amigos» como el diario La Prensa y, además de jactarse de sus crímenes, se permitían aconsejar a los dirigentes y a la ciudadanía de nuestra débil democracia recuperada.
Fue justamente en aquel clima de alivio y a la vez de temor que reinaba a la salida de la dictadura cuando Jorge Luis Borges, entrevistado por periodistas del diario francés Le Monde, en un reportaje que se publicaría a doble página el domingo 6 de mayo de 1984, dijo lo siguiente: «Aquí se usa ese eufemismo de desaparecidos, pero la realidad es mucho más terrible: esas personas no desaparecieron, fueron secuestradas, quizás torturadas y seguramente asesinadas. El general (Ramón) Camps da la cifra de treinta mil. Lo más terrible es que -al parecer- aumentaron, redondearon la cifra para vanagloriarse» (extracto del artículo, reproducido por el vespertino La Razón de Buenos Aires, diario dirigido por Félix Laiño, un hombre que respondía al Ejército Argentino, que era el verdadero propietario del medio, el lunes 7 de mayo de 1984).
En el principio y el final de este relato, donde hemos dejado que hablen los documentos, son los mismos verdugos de la Argentina y de los argentinos quienes lanzaron la cifra de 30.000, cifra que luego fue recogida por la CADHU y las primeras organizaciones que denunciaron a la dictadura cívico militar, con el deseo de parar la matanza y de recuperar vivas a la mayor cantidad de víctimas posibles.
Nuestros 30.000, lo mismo que los seis millones de judíos de la Shoá, lo mismo que el millón del genocidio armenio, los de la posguerra civil en España, los comunistas asesinados en la Indonesia de Suharto o, viniendo más cerca, las víctimas sin nombre y sin tumba de dictaduras genocidas en Asia, África y América latina, son una cuenta abierta, que cada día puede ser incrementada por un nuevo hallazgo o una nueva denuncia. Y son también una herida abierta que sólo una política sostenida de memoria, verdad y justicia (proeza argentina, que aún no hemos sido capaces de dimensionar ni valorar) puede cerrar.
El dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003), minimizando la demanda por los caídos en aquella guerra de Malvinas que él mismo había desatado, dijo en un reportaje que todos los años «muere más gente en accidentes de tránsito». Pareja frivolidad y desprecio por la vida humana ostentan aquellos que piden hoy un cálculo «exacto» y «cerrado» de las víctimas de la peor dictadura que sufrimos los argentinos.