El INDEC dio a conocer esta semana los principales indicadores de Mercado de Trabajo del segundo trimestre de este año. El aumento de la desocupación, la disminución de la tasa de actividad y empleo junto a la caída del salario real, explican que la conflictividad laboral se haya incrementado en casi un 40 por ciento […]
El INDEC dio a conocer esta semana los principales indicadores de Mercado de Trabajo del segundo trimestre de este año. El aumento de la desocupación, la disminución de la tasa de actividad y empleo junto a la caída del salario real, explican que la conflictividad laboral se haya incrementado en casi un 40 por ciento de un año a otro.
Más allá de los datos puntuales de este período es interesante analizar la tendencia y desglosar esos índices generales en las particularidades en cada zona y provincia del país. Confrontarlos con la evolución de los salarios reales (los de bolsillo), con la informalidad y con la evolución de la conflictividad puede servir para tener un panorama más general de la situación de los trabajadores.
Los índices surgen de datos recolectados por la Encuesta Permanente de Hogares para un universo de 31 aglomerados urbanos que reúne a 26 millones 552 mil habitantes. De este total, un 44,8 por ciento es la llamada población económicamente activa (11 millones 884 mil personas), un 41,4 está ocupado (10 millones 994), un 7,5 desocupado (890 mil), y un 9,4 subocupado (1 millón 114 mil).
Para comprender mejor quiénes son los incluidos en cada uno de estos porcentajes hay que remitirse a la explicación que el mismo INDEC define para cada categoría.
La población económicamente activa -PEA- («Tasa de Actividad») reúne a quienes tienen una ocupación o sin tenerla, buscan activamente trabajo. Este concepto reúne, por lo tanto, a ocupados y desocupados.
Los ocupados («Tasa de Empleo») son aquellos que tienen por lo menos una ocupación. Según explica el INDEC es el «conjunto de personas que en la semana de referencia han trabajado como mínimo una hora en una actividad económica (…). Incluye las ocupaciones que son también informales y/o de baja intensidad». Estarían incluidos en este concepto los ocupados y subocupados.
Los subocupados («Tasa de Subocupación») son quienes trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. Dentro de este concepto se incluyen a quienes buscan activamente otra ocupación y a quienes no.
La población desocupada («Tasa de Desocupación») reúne a quienes no tienen trabajo pero lo están buscando activamente y están disponibles para comenzar a trabajar.
Para las estadísticas oficiales quienes tienen planes subsidiados por el Estado, como Argentina Trabaja, son considerados ocupados o, dicho de otra manera, hay todo un conjunto de personas que no es considerada dentro del universo de la desocupación a pesar de que cobran alrededor de 2.000 pesos mensuales. También son ocupados quienes trabajan menos horas que las que desean (subocupados).
En uno de los últimos estudios realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), coordinado por el diputado nacional Claudio Lozano, se calcula que la subutilización laboral asciende al 16,9% si se tiene en cuenta a aquellos ocupados que trabajan menos horas de las que desean (subocupados) y asciende a más del 22% si no se tienen en cuenta los planes sociales que el INDEC considera como personas ocupada.
Volvamos a las últimas estadísticas sobre el mercado de trabajo. Haciendo una comparación tanto interanual (2doTrimestre 2013 – 2do Trimestres 2014) como con relación al primer trimestre de este año se observa que las Tasas de Actividad y de Empleo se han reducido. Esto significa que hay menos personas que están ocupadas o que sin estarlo buscan trabajo.
Respecto a la desocupación, si bien se había disminuido en los dos últimos trimestres de 2013 viene en aumento desde principios de este año y en este último trimestre se ha colocado casi al mismo nivel que hace un año atrás.
Mirando un poco el mapa del país en su conjunto vemos que los mayores niveles de desocupación están en la Región Pampeana: Gran Córdoba (10,7 %), Bahía Blanca-Cerri (9,7%), Río Cuarto (9,6%), Gran Rosario (9,4%), Gran Santa Fe (8,8%), Mar del Plata-Batán (8,4%) y Gran La Plata (8,1%).
Superan también el promedio nacional, el Gran Buenos Aires (8,2%), Gran Catamarca (8,6%), Salta (8,5%), Ushuaia-Río Grande (9 5) y Neuquén-Plottier (7,7%).
La desocupación es la misma que a fines de 2007 y la subocupación también ha alcanzado un nivel similar al de ese año. La tasa de Empleo es la más baja desde la informada en el primer trimestre de 2006 y la de Actividad es la más baja desde la serie que empieza en 2003.
Por otra parte, si las personas que dejaron de buscar trabajo (eso es lo que refleja la baja en la tasa de Actividad) lo siguieran haciendo, la tasa de desocupación rondaría el 9%.
El último Informe de Coyuntura del Observatorio del Derecho Social (CTA) da cuenta de un aumento en la tasa de sobreocupación horaria (más de 45 horas semanales) y del mayor impacto que sobre las mujeres y los jóvenes tiene el desempleo y la subocupación.
Además, muestra que se ha reducido durante el 1er trimestre de este año, la cantidad de empleo registrado (según la información oficial del SIPA) en 65.220 respecto al último trimestre de 2013 donde ya se habían perdido 107.200 puestos.
Otro componente a tener en cuenta es el de la informalidad laboral que incluye el trabajo no registrado, que se ha incrementado en casi un punto porcentual entre 2012 y 2013 (32,8 % del total de asalariados). El llamado trabajo en negro permanece en ese nivel luego de la última caída en 2007 (36,3%).
Existen además otras formas de informalidad y precarización laboral que encubren una relación laboral: la tercerización, los falsos autónomos o monotributistas y formas cooperativas. No es casual que la baja de la condición de asalariados sea acompañada por un aumento similar de los «cuentapropistas».
El mismo informe del Observatorio da cuenta de una caída en salario real (que mide la capacidad de compra de bienes y servicios, más allá del valor nominal) del 1er semestre de este año, respecto al mismo período de 2013, de un 5% para el sector privado. También muestra una caída el salario real de los trabajadores del sector público que, por otra parte, han sido los más afectados en cuanto a la pérdida de su poder adquisitivo, desde 2001 a la fecha con una caída del 40%, según el informe.
Sin embargo, para el ministro de Trabajo de la Nación el «poder adquisitivo del salario se mantiene». Para sustentar esta afirmación, Carlos Tomada – al frente de la cartera desde 2003 – se refiere a las negociaciones paritarias que arrojaron un promedio de aumentos salariales de casi un 30%. Sin embargo, la mayoría ha sido pautada en cuotas escalonadas durante el año, cuyo primer tramo desembolsó alrededor de un 16%. Según la inflación acumulada hasta julio que se tome como parámetro para comparar (16,7 % según datos oficiales, entre 20 y 26% según datos privados) serán las conclusiones que se saquen. Por otra parte, hay que recordar que las paritarias intentan recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que ya fueron afectados por la inflación durante 2013 y no cubren los aumentos de precios que se han dado en lo que va del año. Pero además no vuelven a abrirse hasta el 2015.
En este contexto resulta lógico que, tal como lo refleja el informe del Observatorio, se haya incrementado la conflictividad laboral respecto a un año atrás. El aumento ha sido de un 37% con un total de 317 conflictos, casi todos (310) entre los trabajadores formales.
En el sector privado se ha producido el pico más alto de los últimos cuatro años. Los conflictos se han planteado a nivel empresas y se concentraron en el Transporte y la Industria Manufacturera (metalúrgica, automotriz y de la alimentación). Las razones fundamentales han sido las suspensiones, los despidos, las deudas salariales, quiebras y en menor medida reclamos por mejoras salariales. La región de mayor conflictividad laboral es la el AMBA (Ciudad y Gran Buenos Aires) con 25% del total de conflictos. Le siguen la Pampeana (24%) y la Patagónica (20%).
En el sector público los motivos han sido el pedido de aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. A nivel nacional los docentes universitarios y organismos autárquicos (ANSeS, PAMI, AFIP) son los sectores que se destacan. En las provincias, los docentes (13 provincias en conflicto), los trabajadores de la administración pública y de la salud. La región más conflictiva ha sido la Patagonia (42%), seguida por el NEA (14%), la Pampeana (11%) y Cuyo (11%).
A su vez, el informe muestra quiénes son los sujetos que lideran los conflictos.
En el sector público ha venido incrementándose la participación de los sindicatos de bases y seccionales sindicales en los conflictos de las provincias y municipalidades. En menor medida, se destaca también el papel de instancias multisectoriales e inter-sindicales que agrupan a trabajadores de diferentes sectores pero con las mismas demandas.
En el sector privado también ha crecido el liderazgo de sindicatos de base y seccionales. También ha aumentado el rol de las federaciones y uniones sindicales. Se observa además una caída importante de conflictos llevados adelante por trabajadores sin representación manifiesta.
Los trabajadores, tanto del sector privado como del público, recurren a diferentes acciones colectivas que pasan por las comunicacionales, los paros, los cortes, y las movilizaciones y marchas.
El informe del Observatorio muestra la comparación entre los segundos trimestres de 2011, 2012, 2013 y 2014 y se observa que han crecido las acciones comunicacionales en cada año. La comparación interanual muestra el aumento de todas las acciones excepto la de los cortes.
En el sector público son los paros y las movilizaciones las metodologías más utilizadas. En el privado ocupan el primer lugar las acciones comunicacionales que han ido en aumento.
Desde la cartera laboral se reconocen el «menor nivel de actividad en varios rubros» y las dificultades que plantea la demora en el repunte económico de Brasil, principal comprador de automotores e influencia directa en las terminales, autopartistas y otros sectores.
La baja en la actividad económica en general, y de la industrial en particular, acompañada con el aumento constante de la inflación no son señales alentadoras de que la situación descripta en esta nota se revierta.
La conflictividad laboral será la respuesta desde los trabajadores y la judicialización de la protesta lo será desde el Estado. La ley antiterrorista – con un intento fallido de ser aplicada contra la multinacional Donnelley, por un «error» de la presidenta – está vigente y tiene al menos dos antecedentes: intentaron aplicársela a nueve asambleístas detenidos durante una protesta contra un proyecto minero en la localidad catamarqueña de Santa María, tras cortar una ruta; y al periodista Juan Pablo Suárez en Santiago de Estero, quien cubrió el arresto de un policía que participó del levantamiento de la fuerza pro reclamos salariales.
En el libro que publicó Red Eco en noviembre de 2007 (Leyes del Terror), apenas sancionada esta ley, decíamos: «A partir de su sanción, el Estado está habilitado para perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organización política o social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobres sus organismos. La norma, disfrazada de ´ley antiterrorista´, es un instrumento estratégico para el control de la protesta social».
Fuente original: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=14031&Itemid=130