Durante décadas, Estados Unidos e Israel se han mantenido fielmente en sus respectivos roles en el guión de Oriente Próximo: el papel del policía bueno y del policía malo.
La farsa ha continuado a pesar de la participación activa de Washington en la masacre israelí de 25 meses contra el pueblo de Gaza —y de la creciente conciencia entre sectores cada vez mayores de la población occidental de que han sido engañados.
Aquí va mi primera predicción para 2026: este juego de rol policial continuará incluso después del secuestro escandalosamente ilegal del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de la administración Trump el 3 de enero de 2026, y la admisión de Trump de que dicho ataque estadounidense tiene como objetivo apropiarse del petróleo del país.
El camino hacia Caracas —y potencialmente junto a México, Colombia, Cuba, Groenlandia y Canadá, otros objetivos de la codicia de Donald Trump— se allanó en Gaza.
Vale la pena tomar un paso atrás, cuando un año termina y otro comienza, para reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí y qué futuro nos depara.
La idea central de la narrativa del policía bueno y el policía malo, es que tanto Estados Unidos como Israel son quienes hacen cumplir la ley y luchan contra los criminales.
A diferencia de la versión de Hollywood, ninguno de estos policías reales es bueno en absoluto. Pero hay una diferencia más: el espectáculo no está pensado para quienes lo sufren; al fin y al cabo, los palestinos lo saben muy bien que llevan décadas sufriendo bajo la bota de una empresa criminal conjunta y sin ley de Estados Unidos e Israel.
No, el público objetivo son los espectadores: los públicos occidentales.
Prohibición de los grupos de ayuda
El mito estadounidense del «agente honesto» debería haber desaparecido hace mucho. Pero de alguna manera persiste, a pesar de que la evidencia lo desacredita sin cesar. Y eso se debe a que los poderes y los medios occidentales siguen sosteniendo el mito, exponiendo una descripción razonada de hechos que simplemente no se pueden explicar.
Nada ha interrumpido la historia oficial de la «actuación policial» en Gaza, supuestamente contra la «infracción de la ley» de Hamás.
Ahora se refleja en la extravagante afirmación de Trump que proclama que se apropiará del petróleo venezolano para llevar a Maduro ante la justicia por un supuesto tráfico de drogas —o «narcoterrorismo», como prefiere llamarlo la administración.
¿Por qué Gaza ha desaparecido de las portadas? Solo porque el «policía bueno» declara que ha puesto fin a las hostilidades del «policía malo».
La semana pasada, Trump aplaudió públicamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, por mantenerse fiel al llamado «plan de paz» del presidente. «Israel ha cumplido con el plan, al cien por cien«, declaró Trump.
La realidad, sin embargo, es que Israel violó el «alto el fuego» casi 1.000 veces en los dos primeros meses, desde mediados de octubre cuando se suponía que entraba en vigor. Israel sigue matando y dejando morir de hambre al pueblo de Gaza, aunque a un ritmo más lento.
La semana pasada Israel anunció que prohibía la entrada a 37 organizaciones humanitarias en Gaza, incluyendo Médicos Sin Fronteras, que alberga una de cada cinco camas de hospitales de urgencias en la franja. El grupo señaló que Israel estaba «cortando la asistencia médica que salva vidas a cientos de miles de personas».
El alto el fuego es solo la última trama de una obra teatral de dos años.
Sueños horribles
Mientras los gobiernos occidentales y los medios de comunicación se aferran obstinadamente a la narrativa del policía bueno y el policía malo, el pueblo occidental ha empezado a despertar de ella, como si fuera de una pesadilla.
Las manifestaciones masivas de hace dos años puede que vayan disminuyendo gradualmente en número, pero solo después de que políticos y medios occidentales libraran una guerra agresiva de desgaste y una campaña de satanización contra ellos. Hay cansancio público.
La causa de la incredulidad y la rabia que impulsaron a millones a salir a las calles y a los campus sigue sin abordarse. Los poderes occidentales siguen teniendo una enorme complicidad en los crímenes de Israel. La indignación inicial del público se va convirtiendo en un ardiente resentimiento y desprecio hacia sus propios políticos y sus medios de comunicación. Ese ánimo se intensifica cada vez que los representantes occidentales, incapaces de ganar la discusión, recurren a la fuerza.
Gran Bretaña ilustra especialmente de forma contundente las tendencias autoritarias y represivas visibles en Occidente. Allí, las protestas contra el genocidio han sido nominadas como «marchas de odio». Los lemas en solidaridad con los palestinos son ahora motivo de arresto por antisemitismo. Periodistas críticos con el gobierno son arrestados o sus casas son registradas. El apoyo a acciones directas para detener el genocidio, atacando las fábricas de armas que suministran drones asesinos, se considera ahora terrorismo.
El gobierno está mostrando su indiferencia —de nuevo respaldada por los medios— mientras activistas antigenocidio arriesgan sus vidas por protestar contra la prohibición de Palestine Action y el trato abusivo recibido por parte de las autoridades penitenciarias, en la mayor huelga de hambre del Reino Unido desde la del IRA hace ya casi medio siglo.
Sin ningún efecto, un grupo de expertos legales de las Naciones Unidas —llamados relatores especiales— expresaron su grave preocupación el mes pasado por el incumplimiento del derecho internacional por parte del Reino Unido en su trato a los detenidos en huelga de hambre, que enfrentan detención prolongada en prisión preventiva en violación de la propia ley británica.
Justo antes de Navidad, la activista medioambiental más famosa del mundo, Greta Thunberg, fue arrestada en Londres por la Policía Metropolitana por exponer un cartel que llamaba la atención sobre la difícil situación de estas personas detenidas.
Esto ha sido un proceso de escalada, de aumento de la apuesta. En primer lugar, la oposición al régimen de apartheid israelí sobre los palestinos se confundió con el antisemitismo. Ahora la oposición al genocidio israelí de los palestinos se confunde con terrorismo.
Jurados desmantelados
La tarea de los estamentos occidentales —y sus medios de comunicación— ha sido apuntalar una narrativa claramente engañosa para justificar su complicidad en el genocidio de Gaza: cuanto más «rotunda» sea la crítica a Israel, más «evidente» es el antisemitismo.
La implicación es clara. La respuesta correcta a este genocidio es el silencio.
En última instancia, los tribunales nacionales en el Reino Unido —dirigidos por un poder judicial altamente poco representativo de la sociedad británica en general— probablemente no resistirán este ataque total a la ley, la moralidad y la lógica básica. La prueba será una resolución del Tribunal Supremo, que se espera pronto, sobre la legalidad de la decisión del gobierno británico de prohibir la asociacion Palestine Action como organización terrorista; es la primera vez en la historia británica que un grupo de acción directa es prohibido.
Preocupantemente, el juez que atendía el caso al aprobar la revisión judicial mostró cierto escepticismo respecto a la proscripción: fue apartado de la vista en el último momento y sin explicación. En su lugar, nombraron un nuevo panel de tres jueces con un historial de mayor deferencia hacia el Estado británico.
La laguna en esta creciente arquitectura doméstica autoritaria es el derecho a juicio con un jurado. No es de extrañar que los jurados tiendan a adoptar una visión mucho más crítica del comportamiento del establishment británico que el propio establishment. Durante siglos, los jurados han sido un componente central de juicios justos y se consideran fundamentales para un sistema judicial capaz de limitar el poder estatal y los abusos gubernamentales. Ahora, el gobierno del primer ministro Keir Starmer ha anunciado planes para eliminar muchos juicios con un jurado, citando la necesidad de abordar un retraso histórico de casos, un retraso que no logra abordar financiando adecuadamente el sistema judicial.
Una vez que se inicia esta supresión, seguramente es solo cuestión de tiempo que todos los juicios con jurado sean eliminados.
Cuentas bancarias congeladas
Ya, bajo la dirección del gobierno, los jueces en juicios políticos —especialmente en casos de protestas climáticas— han negado a los acusados la oportunidad de explicar sus motivaciones y razonamientos ante los jurados.
Esto se debe a que, con demasiada frecuencia, cuando se les presenta información que los medios les han ocultado, esos jurados les absuelven.
El gobierno de Starmer entiende que para aplastar el movimiento de solidaridad palestina y los discursos críticos con la complicidad del Reino Unido en el genocidio, los esfuerzos deben centrarse en conseguir condenas. Para ello los jurados son un obstáculo.
Aun así, el gobierno puede usar otros castigos que tiene bajo la manga —fuera del alcance del escrutinio judicial— para criminalizar el activismo pro-palestino, tanto sea para detener el genocidio israelí o simplemente para aliviar el sufrimiento de sus víctimas.
El mes pasado se supo que la Agencia Nacional contra el Crimen, un organismo responsable ante ministros del gobierno, probablemente estaba detrás de los esfuerzos para intimidar económicamente y demonizar el amplio movimiento de solidaridad con Palestina.
Las cuentas bancarias de grupos solidarios en Manchester y Escocia fueron congeladas, como parte de investigaciones sobre Palestine Action, a pesar de que ninguno de los grupos tiene afiliación con el grupo de acción directa.
Estas acciones extrajudiciales y poco estrictas del gobierno dificultan los esfuerzos para recaudar o donar dinero a organizaciones benéficas que ayudan a alimentar a los palestinos en Gaza, atender a los heridos y alojar a quienes no tienen refugio en invierno.
Es difícil asimilar la perversidad de estas decisiones.
La declaración de no-persona
Esto está lejos de ser solo un problema británico. Otros estados occidentales siguen el ejemplo no solo por rehabilitar el estado genocida de Israel, sino para borrar cualquier percepción de su participación en los crímenes.
Y la regla se está implementando no solo a nivel nacional, sino también internacional.
Mientras los estados occidentales acosan y persiguen a sus ciudadanos para que permanezcan en silencio sobre Gaza, las instituciones humanitarias internacionales han hecho todo lo posible por mantenerse en pie y continuar.
Los relatores especiales de las Naciones Unidas —expertos legales independientes— han publicado una serie de informes demoledores sobre el genocidio de Israel y la complicidad occidental. La respuesta de Estados Unidos la semana pasada fue recortar 15.000 millones de dólares de su financiación a las agencias humanitarias de la ONU.
La más visible entre los relatores ha sido la experta de la ONU en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. La respuesta de Washington hacia ella ha sido esclarecedora. En julio su nombre fue incluido en la «lista de sanciones del Tesoro estadounidense», lista normalmente reservada para acusados de terrorismo, tráfico de drogas o blanqueo de capitales. Su inclusión en la lista se produjo pocos días después de publicar su informe sobre la complicidad de las corporaciones occidentales en el genocidio de Israel. Las sanciones estadounidenses violan la inmunidad diplomática que disfruta como funcionaria de la ONU y le impiden asistir a reuniones en la sede de la ONU en Nueva York.
Con Estados Unidos ejerciendo efectivamente un control férreo sobre el sistema financiero internacional, las sanciones también significan que ningún banco ni tarjeta de crédito le permitirá utilizar sus servicios. No puede recibir un salario de los empleadores. No puede reservar un vuelo ni un hotel.
Las universidades, instituciones de derechos humanos y organizaciones benéficas la han dejado a la deriva por miedo a sufrir represalias si continúan teniendo tratos con ella.
Sus bienes en Estados Unidos han sido congelados, incluyendo su cuenta bancaria y un apartamento. Es poco probable que su nuevo libro sobre Palestina pueda distribuirse en Estados Unidos.
En efecto, Albanese ha sido convertida en una no-persona, con el consentimiento silencioso de políticos y medios occidentales.
La Corte Penal Internacional sancionada
El Departamento de Estado de los EE.UU. justificó las sanciones a Albanese alegando que había recomendado que la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant.
De hecho, los jueces de la CPI aprobaron las órdenes de arresto en noviembre de 2024 después de que los fiscales del tribunal reunieran pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos por Netanyahu y Gallant, principalmente por la imposición de un bloqueo de ayuda para matar de hambre a la población de Gaza.
No es una sorpresa, por tanto, saber que la administración Trump ha impuesto sanciones similares contra ocho jueces de la Corte Penal Internacional, ya sea por aprobar esas órdenes de arresto o por autorizar una investigación sobre crímenes cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán.
En una orden ejecutiva de febrero, Trump comunicó las sanciones y declaró una «emergencia nacional», afirmando que la Corte representaba una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos«.
Uno podría imaginar que esta acción ilegal contra algunos de los juristas más renombrados del mundo habría provocado una considerable resistencia en Europa. Pues estás equivocado. El ataque total a uno de los pilares principales del derecho internacional apenas fue mencionado.
Le Monde rompió filas al entrevistar al juez francés Nicolas Guillou en noviembre. Detalló el impacto que tuvo en su vida ser sancionado en agosto: «Todas mis cuentas con empresas estadounidenses, como Amazon, Airbnb, PayPal y otras, han sido cerradas… Estar bajo sanciones es como ser enviado de vuelta a los años 90.«
Los bancos europeos, temerosos del Tesoro de EE.UU., también le cerraron sus cuentas, y las empresas europeas se niegan a prestarle servicios.
Concluyó: «Poner a alguien bajo sanciones crea un estado permanente de ansiedad e impotencia, con la intención de desalentar.»
Washington también ha sancionado al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, y a dos de sus abogados adjuntos. De hecho, Khan, un abogado británico, se ha visto envuelto en una prolongada lucha legal y reputacional desde que presentó las órdenes de arresto en mayo de 2024.
Eso incluyó amenazas del entonces secretario de Asuntos Exteriores británico David Cameron, de que Reino Unido recortaría la financiación a la Corte Internacional y que se retiraría del Estatuto de Roma que fundó la CPI si Khan no retrocedía. Amenazas publicadas por Middle East Eye.
La política ‘el poder impone su ley‘
Está claro que Israel y Estados Unidos están ansiosos por intimidar al tribunal y están dispuestos a destruirlo antes que ser juzgados según los estándares del derecho internacional y rendir cuentas por sus crímenes.
Pero las sanciones tienen una audiencia adicional: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a veces denominada la Corte Internacional. Su panel de 15 jueces ha emitido una serie de resoluciones en los últimos dos años contra Israel.
De forma más explosiva, la CIJ dictaminó en enero de 2024 que se había presentado un caso «plausible» de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Como resultado, la CIJ está investigando actualmente a Israel sobre el crimen supremo.
Las ruedas de la justicia giran lentamente en el Tribunal Internacional. Pero sus jueces sin duda observan con alarma el trato a Albanese y a la CPI.
Los gobiernos gánsteres, Israel y Estados Unidos, están enviando un mensaje muy directo a cada uno de los jueces del CIJ: vosotros también seréis castigados, si os atrevéis a declararnos culpables.
El juez de la CPI Nicholas Gillou señala que Europa podría mostrar solidaridad con las víctimas de estas sanciones invocando lo que se conoce como «ley de bloqueo» – un mecanismo que protege a los ciudadanos y empresas de la UE de los efectos de las sanciones impuestas por terceros países. Pero tener la esperanza de que Europa rompa filas con Estados Unidos e Israel por este ataque descarado a los dos principales tribunales que defienden el derecho internacional —baluartes contra un retorno a la política «El poder impone su ley»- es completamente iluso. El mes pasado, siguiendo el manual de Trump, la Unión Europea impuso sanciones económicas a una docena de sus propios críticos.
Importante descatar a Jacques Baud, un antiguo coronel del ejército suizo, que fue sancionado. Su distinguida carrera militar le ha permitido liderar misiones de mantenimiento de la paz para la ONU, incluyendo Ruanda y Sudán, y servir como analista estratégico senior en la OTAN.
Asesinato reputacional
Baud no fue acusado de ningún delito. Su ofensa es ser profundamente crítico con los líderes europeos y mostrar coherencia estratégica en su apoyo a la guerra en Ucrania. Dada su experiencia militar, sus análisis son embarazosos para los estamentos europeos.
Las sanciones draconianas impuestas hacen que Baud esté efectivamente encarcelado en Bélgica, donde vive. No puede marcharse para regresar a Suiza. Sus bienes están congelados. No puede usar una cuenta bancaria ni mantener ningún tipo de relación económica con otros ciudadanos de la UE. Baud no puede apelar la decisión ni someterla a revisión judicial. Como Albanese, ha sido convertido en una no-persona.
Así, se ha establecido un precedente que significa que cualquiera que desafíe a líderes occidentales —ya sean jueces, periodistas, abogados o grupos de derechos humanos— podría acabar igualmente en la miseria.
Lo que Estados Unidos y la UE están implementando son asesinatos extrajudiciales de reputación y encarcelamientos económicos, como forma de silenciar a críticos y vigilantes, que no pueden ser apelados.
Este es un modelo que Israel y sus lobbistas en Occidente han estado probando durante años.
El sitio web estadounidense de doxing Canary Mission, por ejemplo, busca destruir las carreras y medios de vida de estudiantes y académicos críticos con Israel.
Mientras tanto, el grupo Lawyers for Israel de Reino Unido está siendo investigado por amenazar a individuos y grupos con demandas judiciales y acciones muy molestas, como método de presión para que dejen de tener solidaridad con los palestinos.
Criminales al mando
Washington —el jefe – gánster que se hace pasar por policía global— se niega a aceptar cualquier limitación a sus acciones. Si las autoridades legales, ya sean nacionales o internacionales, intentan interponerse en su camino, son castigadas o apartadas.
En este mundo patas arriba, el descarado ejercicio de violencia colonial de Trump se celebra como una construcción de la paz. Mientras concentraba sus tropas frente a la costa venezolana el mes pasado, la FIFA, la federación internacional de fútbol, le otorgó su primer premio de la paz, un honor creado específicamente para alimentar su ego.
Aunque el Comité Nobel no pudo entregar el premio de la paz directamente a Trump, sus jueces hicieron la siguiente mejor jugada; se lo otorgaron a María Corina Machado, la líder opositora venezolana que ha pedido públicamente a Estados Unidos que invada su país y se apodere de sus recursos.
El abandono total de salvaguardas legales internacionales de larga data pone en peligro a todos, especialmente cuando los avances tecnológicos permiten que los Estados tengan un control casi absoluto sobre la vida de sus ciudadanos, y las superpotencias pueden usar armas cada vez más sofisticadas para destrozar países de manera barata y sin consecuencias.
Pero, paradójicamente, el propio acto de desmantelar el sistema global de derecho internacional es disfrazado con «el uniforme de las fuerzas del orden». Se supone que el genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza es necesario para derrotar el régimen «ilegítimo» de Hamás. El secuestro de Maduro en Caracas se vende como la aplicación de las leyes contra el narcotráfico.
La respuesta de los líderes europeos al crimen de agresión de Trump contra Venezuela indica hacia dónde se dirigen las cosas a continuación. Starmer, británico, dio la bienvenida efectivamente a la operación criminal de cambio de régimen de Washington y a la amenaza de ocupar Venezuela para controlar su petróleo. Dijo que «no derramó lágrimas» por Maduro. De manera similar, Kaja Kallas, jefe de política exterior europea, enfatizó la supuesta falta de «legitimidad» de Maduro.
México, Colombia, Cuba, Dinamarca, Groenlandia, Canadá —todos en la mira de Washington— deberían temer que se encuentren pretextos «legales» similares para justificar ataques a su propia soberanía.
La frase favorita de Trump es que puede hacer negocios globales «por las buenas o por las malas».
Ahora, tras destrozar la ley internacional, el «policía bueno» parece preparado para desechar un disfraz anticuado y revelar el verdadero villano de película que hay debajo.
Fuente: https://jonathancook.substack.com/p/from-gaza-to-venezuela-the-us-has
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