Hoy tuve la oportunidad de escuchar por el canal C5N a la presidenta Cristina Fernandez en su disertación frente a los empresarios aglutinados en la Unión Industrial Argentina (UIA), un conglomerado de empresas transnacionales y nacionales de gran porte, bancos, concesionarias de servicios públicos y demás empresas que hacen vida en la Argentina. En esta […]
Hoy tuve la oportunidad de escuchar por el canal C5N a la presidenta Cristina Fernandez en su disertación frente a los empresarios aglutinados en la Unión Industrial Argentina (UIA), un conglomerado de empresas transnacionales y nacionales de gran porte, bancos, concesionarias de servicios públicos y demás empresas que hacen vida en la Argentina.
En esta especie de coloquio anual que se realiza entre empresarios y funcionarios cada bando lanza una sucesión continuada de argumentos para respaldar y defender sus posiciones en relación a la actual situación del país, de la que ambos dos son partícipes necesarios del descalabro existente.
La elevada tasa de inflación, según el gobierno 24% y según las mediciones serias un 40 %, son el fiel reflejo de las disputas capitalistas entre los empresarios voraces y un gobierno que defiende el sistema tal cual viene siendo formateado desde los años 70 y 90s. Ambas partes rehuyen a sus responsabilidades y culpan al otro sector de los males existentes en la economía, sin considerar al principal actor de esa actividad de la que ellos son permanentes ganadores: el pueblo argentino.
Para los empresarios, los seres humanos se clasifican en trabajadores de sus empresas y en o consumidores de sus productos (sus trabajadores también lo son) y para el gobierno las personas (la gente) son cifras susceptibles de ser expuestas en powerpoint con barras, curvas y porcentajes, para justificar el espectacular gobierno iniciado en 2003 con crecimiento y desarrollo de acuerdo al relato realizado por la presidenta ante su auditorio de empresarios ricos a partir del consumo de la población, que ve mermado su salario gracias a los permanentes aumentos de precios realizados desde las casas matrices y sus gerencias.
Como bien demuestra la praxis capitalista, los dueños de los medios de producción y prestaciones de servicios esenciales, confiscan el salario de los trabajadores-consumidores que es transferido como ganancias de las empresas a través de la venta de los bienes y servicios ofrecidos al Mercado argentino.
Buena parte de las ganancias generadas en el país son remisadas legalmente o fugadas ilegalmente mediante maniobras de subfacturación y sobrefacturación entre las casas matrices y sus filiales, quienes recurren a diversas operatorias legales e ilegales para fugar los capitales en moneda extranjera y así expoliar, como lo hacen en cada uno de los países que colonizan, la riqueza de los argentinos, sin que el Estado se haya resistido de forma alguna en estos 10 años, de fugas, pago de la deuda externa, juicios del CIADI, REPSOL, pagos al FMI, BM y Club de Paris por alrededor de 400.000 millones.
Este descomunal desfalco al pueblo argentino es ahora denunciado, tarde y mal, responsabilizando, a quien siempre han sido socios y responsables de la debacle económica argentina, una tragedia de décadas de gobiernos capitalistas saqueadores de las clases medias y bajas. Estos gobiernos han sido partícipes necesarios de la gran expoliación sufrida por la población y que ha dejado miles de muertos por enfermedades, pobreza, quiebras, miseria, falta de educación, justicia y seguridad.
Mientras tanto el gobierno relata una historia de mejoras relativas de una «década ganada» por los empresarios de la UIA y la cúpula del gobierno que va a dejar a un sucesor para evitar una retirada desordenada en términos políticos que pueda darle continuidad al proyecto nacional y popular pergeñado por el presidente Néstor Kirchner desde la provincia de Santa Cruz.
Hoy la pobreza por ingresos, formación y cultura deja a un país diezmado y anestesiado que enfrentará a un próximo presidente que nos deparará muchas incertidumbre y desgracias económicas, sociales y políticas con zozobra y desestabilización, que serán nuevamente aprovechad por las empresas de la UIA, los verdaderos dueños del país apoyados en los tres poderes del Estado y su Carta Magna liberal de 1853.