En la asamblea provincial realizada el 1° de octubre en Permanencia Purmamarca, las comunidades indígenas que integran el Tercer Malón de la Paz de Jujuy acordaron «por unanimidad que los hermanos del Malón que están en Buenos Aires retornen a territorio, focalizando en su integridad física y psicológica», se informó en un comunicado.

Varios de los integrantes del Malón se habían encadenado a las rejas del Congreso de la Nación e iniciado una huelga de hambre en reclamo a que la Cámara de Diputados otorgue una audiencia y convoque a una sesión por la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy.

En la reunión asamblearia también se acordó que se realizará un «acto y/o conferencia de prensa a la llegada del Malón en cada lugar clave».

Además, se informó de la visita de la Comisión investigadora que tendrá una «comitiva de 18 personas integrada con referentes territoriales y personas de renombre de Derechos Humanos que realizará el relevamiento e informe de los hechos ocurridos en los diferentes focos de conflicto desde el día 17 de junio» pasado, durante la represión en Jujuy por la sanción de la reforma de la Constitución provincial.

Se precisó que «todas las personas que fueron imputadas, contravencionadas, hostigadas, perseguidas, amenazadas» tanto por «funcionarios del Gobierno provincial o municipal como así también por fuerzas de seguridad», podrán realizar su denuncia.

Respecto a la imputación por homicidio culposo que pesa sobre comuneros jujeños, se informó que la asamblea «analizó profundamente los cargos y visualizó que no es más que otra actitud para ‘meter miedo’, como último manotazo de ahogado» del gobernador de la provincia del norte, Gerardo Morales, «de cara a las próximas elecciones».

En cuanto a las elecciones de octubre, se indicó que «se decidió en su mayoría, posterior a un debate extenso donde se expresaron posturas, pensamientos e ideologías, que el candidato óptimo para el futuro del país es (Sergio) Massa».

«Si bien es cierto no es santo de la devoción de muchos, se considera que es mejor que (Javier) Milei, ya que este último tiene propuestas genocidas y extractivistas que van en contra de las comunidades», se expresó.

El Malón salió el 25 de julio desde La Quiaca y otras localidades de Jujuy provenientes de la Puna, de la Quebrada, de las Yungas, de los Valles, con destino a Buenos Aires.

En el camino recorrió más de 1800 kilómetros, a micro y a pie, y otras seis provincias: Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.

Desde entonces, un grupo permanecía en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales que alberga a la Corte Suprema de Justicia, en «permanencia pacífica» para reclamar que los magistrados se expidan sobre la «inconstitucionalidad» de la reforma de la Carta Magna provincial que impulsó Morales el 16 de junio último. Otro grupo estaba frente al Congreso.

Desde el 1° de agosto, fecha en que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires, los indígenas le solicitan al Congreso la intervención de Jujuy y que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, así como el cese de represión, hostigamiento, persecución, detenciones e imputaciones a dirigentes y autoridades indígenas en Jujuy.

El accionar del Gobierno jujeño contra población civil tipificado como «delitos de lesa humanidad»

La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, presentó su informe final sobre la actuación represiva desplegada en junio pasado por las autoridades de la provincia de Jujuy contra la población civil que se manifestó en contra de la Reforma constitucional, y tipificó la «vulneración sistemática y generalizada» de los derechos de los manifestantes como «delitos de lesa humanidad».

Los integrantes de la Misión afirmaron en la presentación que «en Jujuy no hay democracia» y advirtieron que «no es un fenómeno solamente jujeño, porque esto puede extenderse hasta Tierra del Fuego», en referencia a la amenaza de un eventual triunfo de la derecha en las próximas elecciones presidenciales.

En la actividad estuvieron presentes el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, del Serpaj, y el constitucionalista Eduardo Barcesat, entre otros referentes de Derechos Humanos.

El diputado nacional Juan Marino informó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja aprobó este miércoles un dictamen para declarar de interés el Tercer Malón de la Paz, que desde el 1° de agosto sostiene una permanencia en la Ciudad de Buenos Aires reclamando que la Corte se expida sobre el pedido de inconstitucionalidad de la nueva Constitución provincial y que el Congreso apruebe la intervención federal de Jujuy. «La lucha del Malón es de interés del pueblo argentino en su conjunto», afirmó el legislador.

El relevamiento

El espacio multidisciplinario estuvo desde el 16 al 26 de junio en Jujuy, como lo hizo previamente en otros países, ante las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del Gobierno jujeño.

«El Estado Argentino es responsable por la grave violación de Derechos Humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio de 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño», sostiene la Misión en las conclusiones del informe de 75 carillas presentado este miércoles.

«Gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemático y/o generalizado y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DD HH», agrega.

También observa que el Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron «gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales».

La Misión plantea que las autoridades jujeñas no solo «no garantizaron derechos» de los ciudadanos, sino que además llevaron adelante «una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil».

El colectivo interdisciplinario advierte que «las autoridades de la provincia de Jujuy utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH», y sin observar los «criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo estado de derecho democrático».

En este despliegue, los miembros de la Misión observaron y constataron la «comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales».

Los integrantes del colectivo consideran que las autoridades de la provincia de Jujuy deben ser investigadas por «tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares» y atento a que «las graves violaciones a los derechos humanos constatadas configuran delitos de lesa humanidad».

En otro de los apartados del informe se da cuenta de manera detallada el hostigamiento a trabajadoras de prensa en todo el ámbito de la provincia pero, en particular, antes y después de la represión de 20 de junio en las inmediaciones de la Legislatura y en las puertas de la Casa de Gobierno jujeño.

Entre los múltiples casos verificados, mencionaron las detenciones de los periodistas Camilo Kay Haro Galli, del diario digital El Submarino Jujuy, y Lucho Aguilar, de La Izquierda Diario, así como los mensajes y llamados telefónicos intimidatorios a trabajadores de prensa integrantes de la PUAJ.

El 20 de junio en la esquina de la Legislatura personal policial uniformado y de civil arrojó piedras de gran tamaño a fotógrafos, camarógrafos y cronistas.

Marcos Pérez del SiPreBA realizaba una cobertura para Radio Gráfica y Radio Panamericana, cuando fue agredido con un proyectil arrojado con gomera por personal policial uniformado mientras que el cronista de TN, Santiago Martella, fue herido en su pómulo derecho.

«El camarógrafo Daniel Bello, de la agencia Télam fue alcanzado por tres postas de goma en distintas situaciones. Una de las postas lo hiere en su rostro, muy cerca del ojo izquierdo mientras realizaba cobertura frente a la Legislatura jujeña. Otro de los impactos le da en su mano cuando intenta cubrirse tras un murallón y el tercer impacto da en una de sus piernas», detalló el documento.

El informe fue presentado esta tarde en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires ubicado en Uruguay 485 de esta capital.

La delegación que realizó el informe estuvo integrada por organismos de derechos humanos como la Coordinadora Contra la Represión Institucional (Correpi); la Asociación Liberpueblo; la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH); Asociación Xumek; organizaciones políticas y sociales como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y organizaciones gremiales como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), ATE y la CTA Autónoma.

El documento fue firmado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el diputado nacional, Juan Marino; Mariana Katz de Serpaj; Gonzalo Armua y Alicia Montoya del Frente Patria Grande; Lorena de la Cruz y Emanuel Zuccolo de Correpi y por la directora de Derechos de Los Pueblos ATE y de DDHH de la CTA A Nacional, María José Cano, entre otros.

 

Huelga de hambre en las puertas del Congreso

El Tercer Malón de la Paz cumple una huelga de hambre en las puertas del Congreso Nacional reclamando que se convoque a una sesión para tratar la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy.

Sin embargo, todavía no hay respuestas tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores. A días de las elecciones generales del 22 de octubre, la organización indígena que llegó el 1° de agosto a la capital del país para difundir su reclamo en contra de la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

“Necesitamos que nos apoyen, hoy que ya estamos a días de la elección a nivel nacional en Argentina”, expresó una de las mujeres originarias en un mensaje difundido por la Prensa Originaria Llankaj MAKI – Red Chaski.

Por otro lado, aseguró que la reforma no incluyó “los derechos de los pueblos originarios, que se reconoce en el artículo 75, inciso 17 y 22, de la Constitución Nacional, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la ley 24.071”.

“También se viola el derecho al ambiente sano, que está en el artículo 94 y 95, que concibe a la tierra, al agua, desde la mirada productiva, sin la explotación y el saqueo extractivista, sobre todo del exterior”, añadió.

Por otro lado, señaló que en el texto constitucional se establece la “criminalización a la protesta” y que en estos momentos en la provincia se llevan adelante juicios con multas hasta $2.500.000 pesos.

“Esta criminalización de la protesta está en el artículo 32, que limita la representatividad y la participación ciudadana. Le otorga a los jueces la capacidad de fiscalizar, sancionar las protestas y reuniones mediante la categoría de sedición”, remarcó.

El Tercer Malón de la Paz denuncia que el gobierno de Gerardo Morales avanza con desalojos

El Tercer Malón de la Paz y la Multisectorial contra la Reforma de Jujuy brindaron una conferencia de prensa el viernes 22 de setiembre para denunciar al gobierno de Gerardo Morales por los avances sobre los derechos de las comunidades originarias de esa provincia.

“Estamos muy preocupados y denunciamos este accionar del gobernador de la provincia porque no consultó, porque le mintió al pueblo, nos sigue mintiendo a nosotros, es un atropello nuevamente, un perjuicio, no se puede porque sos el gobernador de la provincia decidir la situación particular de cada persona que necesita realizar su trámite de mensura y la titularización”, expresó uno de los presentes en el encuentro con los medios de comunicación.

“Este gobierno no respeta la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), donde dice la entrega de la propiedad de las tierras comunitarias a todas las comunidades originarias”, agregó. Por eso remarcó que se están violando los derechos consagrados en el texto constitucional. “Yo les quiero decir al gobierno y a los legisladores y a todos los jujeños que estas tierras que ellos llaman tierras fiscales, como dice así en su reforma, no son fiscales porque son tierras que tienen la posesión y la propiedad de esas tierras, las están ocupando el 100% nuestros hermanos originarios en distintos puntos de la provincia”.

Además, informaron que entre el 26 y 29 de septiembre llegará a la provincia una comitiva de Amnistía Internacional.

También denunciaron al gobierno de Morales porque prometió no desalojar a las comunidades originarias pero otra vez incumplió. “Repudiamos también el accionar del gobierno porque salió en televisión diciendo que no iban a desalojar a nadie. Los constituyentes apoyaron esto y dijeron también en televisión que no había ningún peligro de desalojo”.

En esa línea, comentaron que en “Los Matos, en Palmazola, la familia Flores se está haciendo desalojada”. “En Caimancito también hay desalojos. Ayer hubo desalojos en La Quiaca Vieja. Cuatro familias de La Quiaca Vieja están siendo brutalmente desalojadas y los medios de comunicación no están haciendo nada, como siempre”, añadió.

Por último, aseguró que “están aplicando ya la reforma, están aplicando estos decretos, y justamente estos decretos están haciéndolo para crear más impunidad y seguir actuando sobre las tierras de las comunidades”.

 

Esperan la llegada de Amnistía Internacional

Mientras siguen con su reclamo en paralelo, tanto en la provincia como en Buenos Aires, los referentes de pueblos originarios dieron una conferencia de prensa para exponer los alcances del encuentro que mantuvieron en la Legislatura con Carlos Haquim, gobernador electo. Además, anunciaron la llegada de Amnistía Internacional las próximas semanas y siguen pronunciándose en contra del avasallamiento de derechos.

Desde que se conformó el denominado 3er Malón de la Paz, luego de la sanción de la Reforma constitucional, fueron incontables las expresiones de reclamo del sector.

Las mismas se acrecentaron esta semana con una protesta en paralelo:

·         En la Legislatura de la provincia decidieron acampar para exigirle a los diputados que no debatan ningún proyecto vinculado a la Carta Magna;

·         Mientras que en Buenos Aires se encadenaron al Palacio de Justicia exigiendo que tomen intervención con lo que pasa en territorio jujeño.

El viernes 22 de setiembre, referentes de los pueblos indígenas brindaron una conferencia de prensa en la sede del CEDEMS para exponer los alcances del encuentro que mantuvieron con el presidente del cuerpo legislativo, Carlos Haquim, su pronunciamiento en contra del avasallamiento de derechos y anticipando la llegada de Amnistía Internacional en las próximas semanas.

Fabián Zumbaino, integrante de una comunidad de Rinconada, expuso al respecto: “Estuvimos en esta conferencia de prensa con hermanos de distintos puntos de la provincia, integrantes del tercer malón para manifestar e invitar a la población de Jujuy a raíz de los hechos que nos tienen consternados y convulsionados a la provincia después de aquel 17 de junio con una agenda acá en Jujuy lo mismo están haciendo nuestros hermanos en Buenos Aires”.

Queremos invitar a toda la población y los gremios quienes sufrieron la violencia institucional consumada por este gobierno que usó todos los recursos del Estado para perseguir amedrentar y lo sigue haciendo hasta hoy. Nos solidarizarnos y estamos con preocupación lo que sucede en este momento.

El comunero relató que “el martes se consiguió que el vicegobernador Carlos Haquim nos reciba y podamos manifestarle nuestra preocupación y decirle que se abstengan de seguir tratando leyes inconstitucionales por la reforma que hicieron. Nos manifestó que solamente ingresó una sola ley que era del Ministerio Público de la Acusación y que el resto de las leyes no serán tratadas o no hay acuerdo también hubo una reunión con los distintos bloques, pero al ver esto igual nos sigue preocupando”.

Nosotros estaremos informando en su momento porque eso que se está terminando es importante que en las próximas semanas estará llegando Amnistía, pero estaremos informando los lugares y las fechas para que la población, toda la gente de Jujuy que recibió violencia institucional pueda realizar sus denuncias.

“Nosotros estos días anteayer tuvimos una reunión con la Intergremial y la idea es que tanto la fuerza de los gremios organizaciones sociales y maloneros armemos una mesa de diálogo y una agenda en común donde podamos manifestarnos en contra de todo lo que va sucediendo día a día en Jujuy”, finalizó Zumbaino.

 

«En el Congreso no quieren involucrarse con lo que pasa en Jujuy»

El 20 de junio pasado, el gobernador Gerardo Morales ―con el aval del Partido Justicialista provincial y en medio de un fuerte operativo represivo― sancionó de manera inconsulta una reforma de la Constitución jujeña que contradice la Constitución Nacional y acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, de protección de los derechos indígenas. Tres meses después, la lucha continúa en el norte del país y en la Ciudad de Buenos Aires. Este martes se realizó una movilización a la Legislatura de Jujuy y los pueblos originarios organizados en el Tercer Malón de la Paz iniciaron una huelga de hambre frente al Congreso de la Nación. «Estamos soportando el frío, el viento y la lluvia, pero con dignidad, de pie, y vamos a continuar hasta que caiga la reforma y Morales vaya preso», afirma José Cuenca Cruz, del Pueblo Kolla.

El Congreso de la Nación volvió a sesionar esta semana, con la quita del impuesto a las ganancias como tema principal. Sin embargo, y pese a las múltiples notas presentadas ante las dos Cámaras por parte del Tercer Malón de la Paz, las principales demandas vinculadas a la situación de los pueblos originarios y a la defensa de los territorios jujeños ante el avance del extractivismo, no están en el temario. En concreto, se reclama la intervención federal de esa provincia y la sanción de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que reconozca el derecho a la tierra para las comunidades.

La huelga de hambre en las puertas del Congreso comenzó ayer y, diez horas después de iniciada, sólo tres diputados (Juan Marino y Lía Caliva, del Frente de Todos y Alejandro Vilca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad) se habían acercado al lugar de la protesta para dialogar con las comunidades.

Aide Gutiérrez, de la comunidad de Rodero, de Humahuaca, e integrante del Tercer Malón, señala: «Cuando llegamos a Buenos Aires, el 1° de agosto, pensamos que aquí íbamos a conseguir Justicia, pero no. Las puertas están muy cerradas, tanto de la Justicia, como del Poder Legislativo y Ejecutivo”. Hasta el momento, el Tercer Malón de la Paz no fue recibido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni tampoco por el Congreso, a excepción de los diputados Marino y Vilca.

María Eugenia Talavera, integrante del Tercer Malón, se refiere a la necesidad de ser recibidos por todos aquellos legisladores que manifiestan su apoyo a Jujuy. «Nosotros siempre hemos trabajado mirándonos a los ojos. Entonces deseábamos verlos a cada uno de ellos, mandarle a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, las fotos con ellos. No con uno o con dos, sino tener una foto que muestre quiénes están con nosotros. Pero no surgió eso». Ante esta situación, advierte: «Ellos sabrán lo que el pueblo les puede responder el día de mañana, cuando vayan a nuestra provincia a pedir el voto».

Para Cuenca Cruz, la lucha jujeña dejó a la vista que «el sistema republicano no atiende a las demandas de la gente». Argumenta que «esta forma de poder vertical no funciona porque el Congreso Nacional no nos está dando respuestas». Y demanda: «El Congreso tiene que cumplir sus funciones, porque para eso fue elegido. Si no van a ser útiles a sus representados, que se dediquen a hacer negocios, porque la política es para hacer servicios, no negocios».

Ante la situación de un Congreso poco receptivo a los reclamos, Gutiérrez expresa: «Les pedimos que tengan un poco de humanidad, de solidaridad y de empatía. En el Congreso saben lo que está pasando en Jujuy, pero no quieren involucrarse. Y si no lo hacen, serán cómplices de lo que pueda ocurrir con el pueblo jujeño. Les pido que sesionen e intervengan la provincia para que podamos vivir en paz».

«Vivir en paz» implica que en Jujuy protestar no sea sinónimo de ser perseguido o penalizado y que los bienes comunes sean para las comunidades y no para las empresas multinacionales de extracción del litio. A tres meses de la reforma, la represión continúa. «Morales mandó a reprimir a todos los que estaban manifestándose en las rutas, especialmente en la zona de Purmamarca. Apostó a toda la policía provincial sobre las rutas 9 y 52 para que no podamos reclamar por nuestros derechos, cuando él violó la Constitución Nacional y el Convenio 169», relata Gutiérrez.

Hasta el momento, el reclamo del Tercer Malón de la Paz consiguió que el Gobierno nacional creara por decreto 435/223 la «Comisión de investigación, de análisis y recepción de datos sobre la violencia institucional en la provincia de Jujuy». El objetivo de la comisión es que la información relevada sea enviada a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso. Sin embargo, la Comisión está aún en proceso administrativo de conformación. Sus integrantes serán especialistas en derechos humanos y pueblos indígenas, como Diana Lenton, Eduardo Barcesat y Adolfo Pérez Esquivel. Mientras tanto, el diálogo con el Ejecutivo continúa a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

Mientras tanto, el malón mantiene reuniones con las víctimas del terrorismo de Estado de Bolivia, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez y con víctimas de la represión del gobierno peruano de Dina Boluarte.

Desde que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires e iniciaron la vigilia frente a la Corte Suprema, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta impidió que el Tercer Malón coloque baños químicos o carpas para guarecerse de las lluvias o del calor. En medio de esa situación de precariedad impuesta, la falta de respuestas se acentúa. “Si en Jujuy no tenemos justicia, acá tampoco la tenemos. Iremos por las vías internacionales para que haya justicia para nuestra provincia”, dice Gutiérrez. Y añade: «Ahora pude ver con mis propios ojos y vivir en carne propia cómo es la Justicia. Estar todos los días acá me da mucha fuerza para luchar con todos mis hermanos. Jujuy resiste y queremos que caiga esta reforma y que se respeten los derechos».

María Eugenia cuenta cómo se organizaron en diferentes comisiones (articulación, comunicación, cultura, salud, jóvenes, mujeres y legales) para continuar la lucha. “Estamos aportando ideas, pensando entre todos cómo llegarle a este Congreso, que el pueblo eligió, pero lamentablemente no tienen ánimos para recibirnos como jujeños”, comenta.

«Es un desafío para nosotros estar en la Capital, pero sabemos que aquí es donde vamos a encontrar la solución porque en Jujuy no tenemos ninguna protección. Hoy en Jujuy hay un Estado no democrático y si volvemos, no sabemos si vamos a llegar a nuestras casas. Lo que sí tenemos muy claro y lo decimos en las asambleas de cada mañana, es que de acá no nos vamos sin una respuesta para nuestro pueblo», subraya.

La malonera señala: “Nos reconocemos como defensores de la naturaleza y de la soberanía argentina”. Apunta que los ejes de esta lucha son la solidaridad, el vínculo con la tierra y la reconstrucción de las raíces familiares. “La paz del Tercer Malón es una paz de reestructuración de nuestras familias y hacerle ver a la sociedad argentina que hay distintas formas de llevar la vida, sin dañarla, sin dañar la naturaleza”, explica.

“Todos los días recordamos, en cada canción, en cada encuentro, aún en cada desacuerdo, que el Malón es una escuela para nosotros, porque es lo que hicieron nuestros abuelos. El primer malón reclamó tierras para todos, no sólo para Jujuy. Al Tercer Malón le toca enfrentarse a la minería”, afirma.

Cuenca Cruz califica lo que se vive en Jujuy como una dictadura: «Es una continuidad del poder colonial». Y explica: «Lo que estamos haciendo con nuestras demandas es interpelar a la representación política republicana. Pero está quedando al descubierto que no está al servicio del pueblo, que es una autoridad egocéntrica». Ante la pregunta sobre la propuesta del Malón al respecto, responde: «Nosotros compartimos asambleas todas las mañanas para tomar decisiones políticas. Todas las personas que son meloneras participan de la reflexión, el debate y el consenso. Es un modo de administración del poder que llamo poder comunitario. Es una alternativa que puede tomar la sociedad en su conjunto».

El Tercer Malón de la Paz llegó a Mendoza

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue sede del encuentro con representantes del Tercer Malón de la Paz, el viernes 29 de septiembre en el Aula Magna, Mauricio López, de esta casa de estudios. Compartimos el cronograma de actividades.

Desde el Área de DD HH se sostiene el compromiso de mantener en agenda la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Este encuentro con el Tercer Malón se enmarca en una serie de iniciativas que han sido promovidas desde la Facultad en articulación con otras y otros actores fundamentales, como el Primer Foro de Pueblos Indígenas, la proyección del documental “Gigantes como el Aconcagua, mujeres líderes indígenas en Mendoza” y la planificación de un Segundo Foro para el mes de octubre.

En esta ocasión la actividad ha sido organizada y convocada por diversas organizaciones e instituciones locales, muchas de ellas representantes de comunidades indígenas de nuestra tierra, asambleas socioambientales, agrupaciones estudiantiles, sindicatos y partidos. Comprendiendo que es necesario construir un amplio marco de articulación para visibilizar en nuestra provincia la resistencia que vienen gestando los pueblos originarios de Jujuy, que llegaron con su reclamo al Congreso de la Nación el 1° de agosto, y continúan su marcha recorriendo distintos puntos de nuestro territorio.

Esta resistencia, por supuesto, es histórica. El primer “Malón de la Paz” ocurrió en mayo de 1946, durante el primer gobierno peronista, cuando un centenar de indígenas del norte argentino marchó a pie desde Jujuy hasta Plaza de Mayo en reclamo de territorios. Sesenta años después, en agosto de 2006, 120 comunidades indígenas de Jujuy realizaron el “Segundo Malón de la Paz”. Caminaron un día y medio desde los distintos departamentos de la provincia hacia Purmamarca y exigieron que el Gobernador acate un fallo judicial que lo obligaba a entregar 1,5 millón de hectáreas a los pueblos Kolla y Guaraní.

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy está conformado por las comunidades de los Pueblos Kolla, Atacama y Quechua en la Puna; Omaguaca, Kolla, Tilián, Toara y Fiscara en la Quebrada; Guaraní y Kolla en las Yungas y Kolla, Ocloya y Toba en los Valles. Se han movilizado más de 1800 km para reclamar contra la reforma constitucional que impuso el gobernador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy en junio de este año. Las comunidades reclaman que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de dicha reforma y que el Congreso Nacional intervenga frente a la violencia institucional, la represión y la detención de quienes se manifestaban en defensa de sus derechos.

Cronograma de actividades

JUEVES 28/09

·         12.30 h Radio Abierta Comedor Universitario con Estudiantes y Docentes.

·         18 h Marcha Multisectorial “La libertad es nuestra. Contra la derecha, el ajuste y el FMI. En defensa de los derechos humanos”.

·         21 h Conversación virtual con Instituto Ecopedagogía.

VIERNES 29/09

·         17.30 h Conversatorio en Ciencias Políticas y Sociales.

·         20.30 h Peña en FADIUNC

SÁBADO 30/09

·         10 h Encuentro con comunidades en la Biblioteca Popular La Pega, Lavalle

·         14.30 h Encuentro con comunidades en la Plaza de Pareditas, San Carlos

DOMINGO 01/10

·         10 h Asamblea con Comunidad QUEYUNP

 

Vilca llevó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el debate por el rechazo a la reforma de Morales

Durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, que preside el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky, el referente del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, criticó duramente la falta de funcionamiento de la Comisión a cargo del referente oficialista.

“Es la primera reunión del año, y no es porque no hayan ocurrido hechos de gravedad. Hay una presa mapuche, hay desalojos a familias sin vivienda, hay manifestantes como Facundo Molares en la Ciudad de Buenos Aires que fue asesinado y, en mi provincia, Jujuy, este año se hubo brutales represiones, privaciones de la libertad, criminalización de la protesta, y todo eso para aprobar una reforma inconstitucional, que pisotea derechos elementales”, explicó a la prensa.

Respecto a la situación en Jujuy, Vilca contó que junto a los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, actual fórmula presidencial del FITU, “venimos acompañando esta lucha, participando de las movilizaciones en Jujuy y de las diversas reuniones convocadas en Buenos Aires por el Tercer Malón de la Paz. Lamentablemente, a esas reuniones sólo asistió un puñado de diputados, literalmente contados con los dedos de una mano, y ninguno de Jujuy, salvo quien les habla”, dijo consultado por la prensa.

Asimismo, el referente del FITU jujeño destacó que “nos parece totalmente insuficiente la propuesta de la diputada Carolina Moisés, de declarar de ‘interés del Congreso’ la presencia del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires. Se necesitan hechos concretos, no declaraciones simbólicas”, sostuvo.

“Es un desprecio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no les dejen poner ni una carpa, y es necesario más que una declaración de interés para acompañar esta lucha», manifestó Vilca, y contó que «por eso planteamos que los diputados y diputadas de la Comisión se acerquen, escuchen al Tercer Malón y se manifiesten respecto a la situación en Jujuy, comenzando por el rechazo a la reforma». «Hoy mismo hay hermanos encadenados y en huelga de hambre porque no reciben respuesta por parte del Congreso. Vinieron con reclamos muy claros, y con un planteo principal: ‘arriba los derechos, arriba las whipalas y abajo la reforma’”, enfatizó.

Vilca también reclamó a la Comisión de Derechos Humanos que se exprese en rechazo a la reforma del gobernador Morales, que se aprobó con los votos de los constituyentes del PJ. En este sentido, recordó a los diputados y diputadas oficialistas, que justifican y reivindican la actuación del gobierno nacional en la provincia de Jujuy, que «Gerardo Morales llegó a la gobernación gracias al apoyo de Sergio Massa», que aportó a la fórmula de la UCR-PRO un vice-gobernador, el referente del Frente Renovador jujeño Carlos Haquim. «Tampoco es casual que mientras se realizan reuniones como estas, ministros como Aníbal Fernández viajen a Jujuy a reunirse con Morales. Es un doble discurso”, enfatizó, y propuso que esa Comisión reciba al Tercer Malón de la Paz, que exija la nulidad de todas las causas persecutorias, que rechacen la reforma y reclamen el cese de la criminalización de la protesta.

Finalmente, Vilca propuso que se giren a la Comisión los proyectos presentados por el Frente de Izquierda sobre la situación en Jujuy. Se trata de los expedientes 2857-D-2023, ingresado el 5 de julio, que propone al Congreso rechazar la represión y la reforma parcial de la Constitución de la provincia; el Expediente 2975-D-2023, ingresado el 13 de julio pasado, que propone el “repudio por la detención del docente en la UNJu y precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Iván Blacutt», así como «el cese inmediato de toda acción represiva y de amedrentamiento por parte del Gobierno Provincial”; y el Expediente 2985-D-2023, ingresado el 14 de julio, en repudio a nuevas represiones ocurridas ese día; y el Expediente 3210-D-2023, en rechazo a la represión, las detenciones, el desalojo y el violento operativo policial que se desarrolló en la madrugada del 14 de agosto en Purmamarca y en rutas de San Roque, Abra Pampa y otras localidades de Jujuy”.

Desde el Frente de Izquierda, remarcó el candidato a senador nacional por la provincia de Jujuy, «asumimos como propios los reclamos de las comunidades indígenas en defensa de sus derechos territoriales y democráticos, promovemos la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y la defensa y reconocimiento de derechos territoriales, y denunciamos el saqueo del litio y el negocio inmobiliario y turístico, que permiten los desalojos y el despojo de las familias indígenas. Nuestra lucha es la defensa del agua, de los bienes comunes y los humedales, como son los salares», subrayó.

Sergio Massa elogió en un acto público en Salta a su “gran amigo”, Gerardo Morales

En un acto donde juntó gobernadores opositores y habló de que si gana “habrá gobierno de unidad nacional” brindó elogios a algunos impresentables, entre ellos el represor gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. A pesar de lo cual las comunidades indígenas y el Malón de la Paz decidieron apoyarlo.

El candidato también le dedicó loas al represor de los docentes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

“El hombre no se privó de nada”, dijo un cronista salteño.

Gremiales

El sindicato de municipales SEOM Jujuy anunció que el Gobierno de Gerardo Morales decidió “unilateralmente no liquidarles ningún aumento salarial a los municipales de menores ingresos, durante octubre y noviembre”. Esto les afecta especialmente porque tienen gran parte de sus salarios “en negro”.

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) consideró que “en un acto de discriminación y humillación deplorable, el gobierno de Jujuy determinó unilateralmente no aumentar los salarios a los municipales de menores ingresos, durante octubre y noviembre”.

En un comunicado, el gremio afirma que cobran una mayor proporción de sus sueldos “en negro”, es decir, aquellos municipales que tienen el sueldo más precarizado. Según explicaron, esto afecta a 11.170 municipales en toda la provincia, más del 47 % de toda la planta de trabajadores municipales de Jujuy.

Más adelante, en el documento, el Seom señala que “ni bien se conoció la propuesta paritaria tanto el S.E.O.M. Jujuy como los sindicatos agrupados en la Intergremial, la consideraron la peor oferta paritaria desde que asumió Gerardo Morales en el año 2015. Esa propuesta consistía en otorgarle $ 10.000 No Remunerativos y No Bonificables (en negro) durante octubre y noviembre, a los que cobraran un Sueldo neto o de bolsillo de $ 145.000 y una suma fija de $ 7.000 y de $ 10.000, respectivamente, durante los meses mencionados, para los que cobraran entre 145.000 y 300.000. Propuesta que fue enérgicamente rechazada, dado que representa entre un 6 y un 3 % mensual de incremento frente a una inflación de 13 % mensual”.

“Durante agosto del 2023 se encuentran declarados 23731 municipales en toda la provincia, de los cuales 11.170 cobran el concepto Mínimo Salarial por encima de los $ 20.000, es decir no van a cobrar ningún aumento salarial, eso representa más de un 47 % de la planta total de trabajadores municipales de la provincia de Jujuy (son 5340 Jornalizados, 4890 Planta Permanente (categorías 1 a la 15) y 940 Contratados) que no van a recibir ningún aumento salarial durante octubre y noviembre del 2023″.

Para concluir, advirtieron: “Frente a este nuevo atropello y la falta de respeto hacia el conjunto de los trabajadores y trabajadoras municipales, dado que ni siquiera el Gobierno respeta las propuestas que anuncia, nuestro sindicato declara el Alerta y Movilización General y va a trasladar esta información a las bases, para anunciar en los próximos días, medidas de fuerza provinciales”.

El 28 de setiembre se realizó una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo, para tratar la proscripción de la Lista Celeste e intervención de la seccional 877 U.A.T.R.E, participando la trabajadora rural impugnada. La Junta Electoral Nacional se mantuvo en silencio y el ministerio de Trabajo decidió fijar un plazo de 24 horas para luego expedirse. Las elecciones son el próximo 7 de octubre.

Las autoridades ministeriales habían fijado un cuarto intermedio, de una semana entera, para que el sindicato nacional plantee un cambio en su punto de vista. Sin embargo, no lo hizo y mantuvo su postura interventora.

Frente al planteo que hizo una de las trabajadoras rurales a la cual no le permiten ser candidata, la cual manifestó que tiene más de 30 años de antigüedad en Ledesma y es afiliada desde hace más de 25 años a la UATRE, que acreditó con la documentación respaldatoria, la respuesta fue el silencio.

El ministerio de Trabajo no permitió discutir la intervención que realizó la UATRE Nacional, sin motivo alguno, sobre la Presidenta de la Junta Electoral de la seccional 877, removiéndola en el cargo, desconociendo la asamblea de rurales que la votaron para ocupar tan importante lugar y colocar en su lugar a una persona que responde al sindicato nacional.

Los trabajadores y trabajadoras rurales vienen luchando para que no se siente un precedente tan grave y peligroso como es la intervención autoritaria de un sindicato nacional sobre una seccional, las autoridades que han votado democráticamente y su derecho a elegir libre y democráticamente a sus representantes sindicales.

Esta situación no ocurre en el “vacío”, sino ante la posibilidad de gobiernos más de derecha que intentarán perseguir la organización democrática de los trabajadores, por lo que es muy importante rodear de solidaridad a las y los rurales. El Ministerio de Trabajo debe resolver.

La justicia jujeña eleva a juicio una causa penal vencida

Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy denuncian que el Ministerio Público Fiscal de la provincia pretende llevar a Juicio Penal a 11 dirigentes del SEOM por una causa penal del 2017 que ya prescribió, ya que –advierten– venció el plazo legal, para investigar y sancionar los delitos imputados. Entre los acusados se encuentran integrantes de Comisión Directiva Provincial como Santiago Seillant y René Saavedra; integrantes del Cuerpo de delegados gremiales del ramal jujeño y afiliados del sindicato de municipales jujeños. Desde el sindicato repudian “la movilización de trámites judiciales vencidos como método de persecución” y aseguran que “no es casualidad dado que el SEOM Jujuy es uno de los sectores que rechazó la Reforma Constitucional reciente, por ser ilegal e inconsulta”.

Para el Sindicato, este intento de elevación a juicio fuera del Código Penal constituye “una grave irregularidad que demuestra, una vez más, el empleo político de la justicia jujeña, por parte del Gobernador Gerardo Morales y es un ejemplo de la aplicación de la nueva Constitución Provincial supuestamente de ‘avanzada’, que llena de orgullo a dirigentes oficialistas”.

Compartimos comunicado:
CITACIONES JUDICIALES IRREGULARES Y ABUSIVAS
Durante el trascurso de la semana pasada varios de los dirigentes fueron notificados a altas horas de la noche, en domicilios que no les pertenecían, llegando al extremo de que las fuerzas de seguridad notificaran a la hija menor de unas de las acusadas, que tiene 5 años de edad, algo completamente ilegal, que quedó evidenciado en la audiencia preliminar del juicio.
Unas horas antes de la audiencia, que se llevó a cabo el día martes 26 de septiembre, una de las letradas de la Oficina de Gestión Judicial de Ledesma, a través de un mensaje de audio condenó a Santiago Seillant antes de que se realice el juicio, diciéndole que evidentemente era responsable de los delitos por los cuales estaba imputado y que ya estaba notificado porque “el requerimiento de elevación a juicio lo había recibido una vecina (del domicilio de Seillant)”, un hecho insólito que evidencia el comportamiento abusivo y arbitrario, totalmente alejado de la imparcialidad, con el cual se maneja la justicia jujeña.

UNA AUDIENCIA JUDICIAL PATOTERIL
En la audiencia virtual, se demostró que las notificaciones no estaban debidamente realizadas. El Fiscal Walter Rondón muy alterado, acusó a Santiago Seillant de “ser bastante remiso y renuente” a concurrir a la Justicia, una acusación insostenible cuando la realidad es que la responsabilidad de que la causa estuviera paralizada es de la Fiscalía, que no actuó y que llamativamente decide continuar con el trámite judicial, luego de transcurridos 6 años y una vez que los delitos ya caducaron. Acto seguido, al no estar todos los acusados presentes en la sala virtual, Rondón solicitó de manera intimidatoria y excesiva de que se notifique a los ausentes a través del mecanismo de “comparendo por la fuerza pública” que representa la privación de la libertad para notificarlos de una audiencia algo a lo que el Juez no hizo lugar, es decir que el Fiscal Rondón pretendía meter presos a los dirigentes ausentes con el único fin de notificarlos; ante la negativa del Juez, el Fiscal volvió a tomar la palabra y dijo ofuscado “en este caso me voy a hacer cargo yo, personalmente, con la gente de Delitos Complejos para que vaya y le pegue en la frente el requerimiento de citación a juicio a cada uno de los que están ausentes”, palabras textuales que evidencian la prepotencia, desesperación y falta de imparcialidad por parte de este funcionario judicial.

UN FISCAL ADICTO AL PODER EJECUTIVO
El Fiscal Rondón, con el propósito de disciplinar e intimidar a los dirigentes del SEOM-Jujuy, pretende resucitar una causa penal que estaba muerta dentro del Poder Judicial jujeño. No es casualidad que Rondón sea el responsable de esta persecución judicial, dado que está a cargo del armado de todas las causas penales contra los que se manifestaron en rechazo de la Reforma Constitucional. Este fiscal es tristemente célebre en el ámbito judicial jujeño, por ser quien habría falsificado pruebas en el intento de juicio político contra las autoridades responsables del Tribunal de Cuentas de la Provincia, autoridades que no respondían a los intereses de Gerardo Morales; dicho juicio político se tuvo que suspender por las irregularidades groseras que aparentemente tenía la investigación llevada a cabo por Rondón, el fiscal que actualmente pretende condenar a los dirigentes del SEOM-Jujuy.

LOS HECHOS
La causa por la cual la Justicia Jujeña pretende elevar a juicio penal a 11 dirigentes del SEOM-Jujuy, se originó el 10 agosto del 2017 en la localidad de Libertador General San Martín, por una movilización del SEOM-Jujuy, donde el sindicato municipal demandaba el pase a Planta Permanente de trabajadores y trabajadoras de diferentes municipios y comisiones municipales ramaleñas, que se venía solicitando desde hace años. La movilización recorría las cercanías del Puente San Lorenzo cuando fue reprimida cobardemente por el Crio. Guillermo Corro, actual Ministro de Seguridad que por entonces era Jefe de la Policía de la Provincia. La represión tuvo como saldo más de una docena de detenidos. Al día siguiente detuvieron en la vía pública de San Salvador de Jujuy a Santiago Seillant, dirigente del sindicato municipal, en un operativo desproporcionado dado que con las Fuerzas de Seguridad cortaron el tránsito de la Av. Éxodo y posteriormente mantuvieron a Seillant con paradero desconocido por más de doce horas, hasta que fue localizado en la Brigada de Investigaciones de San Pedro, a más de 60 km. de distancia de la capital jujeña.
En esa ocasión a los manifestantes les imputaron la supuesta comisión de los delitos de: lesiones leves, amenazas, entorpecimiento del trasporte e instigación a cometer delitos, imputaciones que recién les hicieron conocer luego de pasar más de tres semanas detenidos, negándoles el derecho a defensa, siendo hechos que nunca fueron probados.

CONCLUSIÓN
Ante los atropellos mencionados y la falta de garantías judiciales el SEOM Jujuy comunica estos hechos públicamente y los va a compartir con el Cuerpo de Delegados Provincial y en las asambleas de bases; como también a los sindicatos de la Intergremial, de la CGT Jujuy y a los distintos espacios que conforman la Multisectorial, para posteriormente elaborar un plan de acción que detenga esta avanzada político-judicial.

Jornada de lucha en Jujuy

El jueves 28 de septiembre se llevó adelante en Jujuy una Jornada Provincial de Lucha para exigir la no reglamentación de la Reforma “Inconstitucional”, reclamar basta de persecución, basta de desalojos y basta de descuentos salariales. El Tercer Malón de la Paz se concentró desde las 9:00 en el Parque San Martín, organizaciones sociales a la misma hora en la Plaza de Inmigrantes; mientras que a las 10:45 la Intergremial se reunió en Lamadrid y Belgrano. Desde los distintos puntos de encuentro se movilizó hasta la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial en San Salvador de Jujuy.

Además de rechazar la reglamentación de la reforma constitucional, el Tercer Malón de la Paz continuará reclamando, además, que el Congreso Nacional trate el proyecto de Ley de Nulidad de la reforma inconsulta e ilegítima de Gerardo Morales y el proyecto de Ley de Intervención Federal de los tres poderes del Estado Provincial, dado que consideran que en Jujuy hoy no hay estado de derecho.

Por su parte, las organizaciones sociales volverán a salir a las calles jujeñas en reclamo de aumento salarial y ampliación de los programas sociales.

Por su parte, la Intergremial, que agrupa a los sindicatos estatales de la provincia, llevará a la movilización su reclamo de que reanuden las paritarias yun aumento salarial con porcentuales igual a la inflación y cláusula gatillo, devolución de los días de paro, contra las sumas fijas, por la inmediata reapertura de paritarias y que ningún salario esté por debajo de la Canasta Básica Total. Asimismo, los sindicatos rechazaron una notificación del Gobierno provincial que declaró cerrada «de manera unilateral» las negociaciones, luego de que los sindicatos pronunciaran un rechazo unánime a la propuesta paritaria por considerarla «insuficiente, alejada de la realidad inflacionaria y deteriorante a las escalas salariales».

En tanto, ante el rechazo del Tribunal Contencioso Administrativo al amparo presentado por el Centro de Educadores de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) por la devolución de los días de huelga descontados a docentes, la comisión directiva del gremio anunció que avanzará con una denuncia penal por los descuentos salariales.

Desde la Multisectorial también repudian la reactivación de una «causa penal vencida» contra más de diez dirigentes de la provincia, que consideraron parte de la «persecución» contra las protestas que se sostienen desde junio en rechazo a las modificaciones a la carta magna local impulsadas por el Gobierno provincial. También denuncian que el Ejecutivo sigue avanzando con causas contravencionales contra quienes participaron de las manifestaciones.

En este marco, en la Ciudad de Buenos Aires tres miembros de comunidades indígenas que integran el Tercer Malón de la Paz, entre ellos una embarazada, continúan en su huelga de hambre en el Congreso de la Nación en reclamo de una audiencia, según informaron.

Entre los encadenados se encuentra una mujer embarazada. Se trata de Eva, «una mujer que viene de la finca de ‘El Pongo’, una zona donde Gerardo Morales realizó varias plantaciones de marihuana y estableció un convenio con empresas chinas para su ampliación. Esta finca no es del Estado, sino que es una donación que realizó un médico al fallecer y que debe servir para los pobladores. A pesar de eso, el Gobernador sigue desalojando a las personas que cultivan y viven allí desde hace varias décadas», informaron ambos medios alternativos.

Además, los tres huelguistas denunciaron que el domingo el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se negó a atenderlos.

Milagro Sala

La Justicia de Jujuy aprobó finalmente el traslado de Milagro Sala al Hospital Italiano de La Plata, para que pueda ser intervenida quirúrgicamente por la trombosis y la afección cardíaca que padece.

La salud de Milagro Sala, deteriorada desde mediados del año pasado, requiere urgente de una operación. Por la complejidad del cuadro de “edema generalizado” que presenta, el procedimiento sólo puede realizarse en cuatro centros de salud del país y ninguno está en Jujuy, por esos sus abogados reclaman desde hace tiempo el urgente traslado.

La defensa de Milagro Sala advirtió que su salud está colapsada

Por Mariana Mamaní.

[…]

El médico de la dirigenta social de la Tupac Amaru, Jorge Rachid, alertó en sus redes sociales que “Milagro está empeorando”, y exhibió una foto de Milagro Sala afirmando que se encuentra “con edema generalizado. Estoy publicando de urgencia con su autorización. Con el objetivo de que se tome conciencia. Exijo el traslado para su tratamiento al Hospital Italiano de La Plata antes que sea tarde y complique”, reclamó. También volvió a pedir al presidente Alberto Fernández que indulte a la dirigenta social.

En tanto, la abogada Alejandra Cejas, integrante del equipo de defensa de Milagro Sala, resaltó que el estado de salud de la dirigenta es grave “es un problema severo de salud y ya hemos manifestado” el pedido a los funcionarios judiciales, realizado inicialmente hace más de un año y repetido en reiteradas oportunidades.

Respecto al cuadro de salud, la abogada explicó que “requiere dos intervenciones quirúrgicas por el cuadro de trombosis que se generó en agosto del año pasado. Requiere esa intervención por especialistas que en Jujuy no se puede dar”, remarcó.

“La situación está llevando a que su cuerpo prácticamente esté colapsado y cada día manifiesta problemas de distinta índole. Vamos a seguir insistiendo para que se efectivice el traslado”, acentuó la letrada. Además, subrayó que ante la crítica salud de la dirigenta “desde el Estado (provincial) continúa el hostigamiento con audiencias, informes. Necesitamos que se resuelva la situación de Milagro porque su salud está colapsada”, insistió.

En junio pasado el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, envió una carta al juez de ejecución penal, Carlos Cattán, expresando “extrema preocupación ante la presentación del señor Fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy, en la que se solicita la revocación de la prisión domiciliaria y el traslado de la señora Milagro Sala a una cárcel común”. El funcionario nacional también advirtió que ante esta situación, la Secretaría de Estado a su cargo, “que tiene entre sus competencias principales la tarea de articular la plena implementación de las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos”, recordó, “considera imperante recordar la absoluta vigencia de las medidas provisionales oportunamente ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dirigidas a resguardar vida e integridad personal de la señora Sala”.

En efecto, la resolución del máximo tribunal regional en derechos humanos tiene por objeto garantizar que no tendrán lugar daños irreparables a la salud de Milagro Sala. Para ello, “en la resolución de otorgamiento de las medidas a su favor, la Corte IDH remarcó expresamente, por un lado, la necesidad de evitar el impacto negativo que tendría su alojamiento en un centro penitenciario, en atención a su delicado estado psíquico; y, por otro, la obligación de observar las obligaciones específicas vinculadas a la debida atención médica de la beneficiaria”.

Fuentes: InfoGremiales, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Infogremiales, Página/12, Anred, Red Eco Alternativo, FCPyS UnCuyo, Agencia FARCO, Llankaj MAKI – Red Chaski, Jujuy al Momento, Agencia Tierra Viva.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.