A nadie que estudie las cuentas del Estado «Capital-Parlamentario» se le escapa la relación que existe entre el gasto público y su utilización electoral. Ni hablar de cuando se desata el clientelismo neopopulista y se aproxima un año de re-elección. Por supuesto que no es un invento latinoamericano, el clientelísmo, la compra de voluntades a […]
A nadie que estudie las cuentas del Estado «Capital-Parlamentario» se le escapa la relación que existe entre el gasto público y su utilización electoral. Ni hablar de cuando se desata el clientelismo neopopulista y se aproxima un año de re-elección. Por supuesto que no es un invento latinoamericano, el clientelísmo, la compra de voluntades a través del erario público es tan viejo como la antigua Roma. Los sociólogos y politólogos se preguntan extrañados: ¿Es posible que el direccionamiento de fondos públicos influya en el resultado de las elecciones? ¿Está comprobado que el clientelismo político populista sea efectivo a la hora de contar votos? El perogrullo parece estar de moda. Rápidamente, y para despejar la incógnita, la respuesta es que sí. Una inmaculada investigación «Réditos y peligros electorales del gasto público en la Argentina», estudio subsidiado por la National Science Foundation, de los Estados Unidos, y que aparecerá en el próximo número de la revista Desarrollo Económico, nos permite vislumbrar los secretos más recónditos del efecto «K».
«Los funcionarios argentinos, en ciertas condiciones, utilizan criterios discriminatorios en el reparto de bienes públicos, con el objetivo de movilizar el apoyo electoral», es una de las conclusiones del estudio. Una conclusión que sabe en carne propia cualquier desempleado o precario argentino obligado a no sólo votar por el peronismo, sino a participar en las ceremonias oficiales o actuar de «público» disciplinado en los faustos del poder. Además, agrega: «En el caso del Plan Trabajar, esta manipulación se intensificó notablemente cuando se acercaban elecciones». El estudio -que concluyó a fines de mayo pasado- relevó 1154 municipios ubicados en Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, Misiones y Santa Fe, incluyó datos electorales de 1995 y de 1999. «Con los planes Trabajar, hubo una discriminación positiva hacia las provincias peronistas. Había una relación entre ser peronista y tener un plan trabajar». Muy bueno: la nueva ontología del regimen es la ecuación «ser peronista=trabajar», una forma de dominio que ni siquiera Julio César hubiera imaginado… Impresionante, si consideramos que el estudio no contempla el Plan Jefes y Jefas, que es un monumental programa de mercadeo político diseñado y ampliado por Duhalde en el medio de la crisis. El trabajo aborda varios aspectos, como el clientelismo político y la falta de igualdad en el momento de repartir los subsidios. Textual: «El hecho de que sean fondos de una jurisdicción, la Nación por caso, distinta de la que los distribuye a las personas los hace manipulables». «Pero cuidado -advierte el informe-. La actividad de subsidiar por parte de un Estado es una de las funciones fundamentales ya que debe asistir a sectores adonde la actividad privada le cuesta llegar.»
«La discusión podría darse si pensamos que otros países optan por subsidiar universalmente a ciertas categorías de personas», sostuvo un de los investigadores, añorando el subsidio al desempleo europeo. No entiende nada lo que significa en Argentina la lucha por el poder… «En otros países, tienen el derecho garantizado a recurrir a la bolsa de empleo y, si no hay ofertas de trabajo, cobrar un subsidio que les permita vivir. Aquí se enfrentó la situación crítica de pobreza con estos subsidios, que quedan a medio camino entre la renta básica y el subsidio por desempleo». Y es que la esencia de los subsidios en el neopopulismo no es el mismo que en Europa, aquí tiene que ver con la lealtad de masas más que con los derechos sociales. Clientelismo político y criminalización de lo social: la dos caras del peronismo.
«Caja», gasto estatal y populismo clásico
Durante los dos primeros meses del año 2006, ningun área aumentó tanto la ejecución del gasto público como el Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido. Según los números de la Asociación Argentina de Presupuesto Público (Asap), durante el primer bimestre el Gobierno erogó en obras públicas 805 millones de pesos más que en igual período del año pasado. Mientras en el bimestre los gastos de la administración pública nacional engordaron un 27 por ciento -siempre en relación al mismo período del 2005-, los pagos de De Vido crecieron un 225 por ciento.
Centralización y nuevo populismo
Según datos del Ministerio de Economía complementados con información de las provincias, en el año 2005 los ingresos percibidos por el Estado Argentino (nacional y provincial) a través del cobro de impuestos se distribuyen aproximadamente de la siguiente forma:
· Sólo el 14% de los ingresos tributarios son recaudados por las provincias.
· El 86% es recaudado por el Gobierno Nacional, de los cuales sólo se coparticipa de manera automática a las provincias un 45% de esos recursos.
· Esto implica que prácticamente la mitad (47%) de los recursos tributarios totales del Estado Argentino quedan en manos del Gobierno Central.
Los datos muestran con claridad que, en la práctica, el país no opera en un régimen federal ya que las provincias no tienen plena responsabilidad sobre los recursos que se necesitan para cumplir con las responsabilidades que constitucionalmente les ha sido asignadas. Tampoco opera en un régimen unitario ya que la Nación no asume de manera directa las responsabilidades de brindar los servicios a la población. Esto se utiliza como mecanismo político no sólo de acumulación de poder sino como disciplinador de las tibias oposiciones al oficialismo, tal como lo hace De Vido.
En este marco, prevalece la discrecionalidad populista. Sólo así se explica, por ejemplo, que en el presupuesto que está por sancionar el Congreso para el año 2006 se contemple (dejando de lado el caso especial de la Ciudad de Buenos Aires) que la Provincia donde proporcionalmente la Nación más va a gastar sea Santa Cruz (¿no es la provincia de Kirchner, la provincia donde suceden sucesos tenebrosos como el de Las Heras?). En esta provincia el gasto federal por habitante duplica al promedio del país. Esta situación de privilegio es análoga a la que ocupó en otros tiempos la provincia de La Rioja con el vitupereado Menem.
El sistema político del «Capital-Parlamentarismo» se ha adaptado y disfruta de las perversas reglas de juego que impone un régimen fiscal donde prevalece la discrecionalidad en el manejo de los recursos y la ambigüedad en la toma de responsabilidades. Las diferentes «cajas» permiten recaudar y planificar el ciclo político con combinaciones de «Pane et circenses» Las implicancias sobre el funcionamiento del Estado son profundas y muy negativas, si vemos que el gasto del estado capitalista argentino descansa sobre los hombros del trabajador y sobre los salarios de los estatales y jubilaciones.
Los políticos provinciales son incentivados a operar bajo la lógica de que gran parte de su éxito se define en su «peregrinaje a Buenos Aires» procurando obtener la simpatía de los funcionarios nacionales o del «Líder» de turno. ¿Para qué administrar con solvencia el gasto o asumir la antipática función de recaudar impuestos si con un buen contacto en el gobierno nacional se pueden conseguir «gratis» recursos adicionales?
El presidente Kirchner no pierde oportunidad de mencionar que la obra pública es una de las prioridades del Gobierno. Diríamos: es una prioridad en su proyecto de acumulación de poder personal. Y aprovecha cada uno de los anuncios oficiales -desde una parada de colectivos o un camino provincial a una autopista, desde un puente a un plan de viviendas populares- para sembrar políticamente en el interior del país, y retribuir a los gobernadores amigos de la Rosada. El presupuesto 2006 preveía un aumento de partidas para el Ministerio de Planificación del 46 por ciento: de los 7248 millones del año pasado, a 10.579 millones disponibles para este año. Dejando de lado las erogaciones de la seguridad social, por lejos, De Vido es el ministro con mayor cantidad de recursos en la billetera. Y bien lo sabe en carne propia el renunciante gobernador de Santa cruz, Acevedo. Una parte de esos fondos adicionales se destinará a mayores subsidios a trenes (las demonizadas en el discurso «privatizadas»), y a centrales eléctricas, para afrontar el cuello de botella energético del invierno. Sin embargo, la clave de la ampliación presupuestaria está en la obra pública y en el crecimiento de la partida de personal (retribución al militantismo).
El último informe de Asap sobre la ejecución presupuestaria del primer bimestre del año confirma esa impresión:
– En el período, el sector público nacional gastó un 27 por ciento más -2627 millones de pesos adicionales- que durante el primer bimestre del año pasado.
– Los gastos del Ministerio de Planificación se incrementaron un 225 por ciento: en el primer bimestre llegaron a 1164 millones, frente a sólo 358 millones erogados en el mismo bimestre de 2005. Son 805 millones adicionales.
– Unos 600 millones extra se destinaron a obras públicas en general.
– Mientras que la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó 180 millones de pesos más que en igual período del año pasado, incrementando así sus erogaciones en un 353 por ciento.
En contraste con la superejecución del presupuesto que está realizando De Vido, los gastos del Ministerio de Desarrollo Social aumentaron en lo que va del 2006 apenas un 1 por ciento: pasaron de 376 millones de pesos el año pasado a 378 millones entre enero y febrero último. Así, con una inflación anual del 12 por ciento, Desarrollo Social achicó el gasto en términos reales y es uno de los más bajos de los últimos 20 años. Este es el perfil del «gobierno de los derechos humanos»: acumulación personal de poder, manipulación del gasto público, indiferencia por los más débiles. No nos extrañe que sea récord la brecha y la desigualdad entre ricos y pobres…