Cuándo la Licenciada Adriana Puiggrós, haciendo uso de los medios nacionales, acusa a las medidas de fuerza de los maestros bonaerenses como las responsables de la pérdida de matrícula en las escuelas públicas, no hace más que caer en un interesado reduccionismo que le está permitido por su oportunista y pragmática ideología. El oportunismo pragmatismo […]
Cuándo la Licenciada Adriana Puiggrós, haciendo uso de los medios nacionales, acusa a las medidas de fuerza de los maestros bonaerenses como las responsables de la pérdida de matrícula en las escuelas públicas, no hace más que caer en un interesado reduccionismo que le está permitido por su oportunista y pragmática ideología.
El oportunismo pragmatismo de la progresista Puiggrós es aquel que justifica cualquier contrabando teórico en función de beneficiar los intereses privatistas de la educación.
Como argumento, lo que la titular de la cartera educativa provincial utiliza no es para nada novedoso. Ya en plena fiebre privatista, Carlos Ménem había usado argumentos similares, sólo que con algunas variantes más brutales, recordemos el famoso ultimátum a los ferroviarios que luchaban por la conservación de sus puestos de trabajo y en contra de la entrega de los ferrocarriles a los privados: «…ramal que para, ramal que cierra». Puiggrós, no hace más que renovar esta vieja concepción neoliberal: «escuela que para, escuela que cierra».
Pero la directora va mucho más allá. Su intención es propiciar el enfrentamiento entre padres y maestros, en la búsqueda de que los primeros actúen como rompehuelgas y, entonces, se ve en la necesidad de confesar un verdadero renunciamiento a su propia y enmarañada obra bibliográfica sobre el rol de la escuela. «Los paros tienen gran incidencia para cambiar al chico (de escuelas públicas a privadas) porque a los padres les descuentan el día si faltan al trabajo» sostiene la funcionaria.
La escuela, para Adriana Puiggrós, ha dejado de ser todo aquello que sostenía hasta antes de ser ministra: «un vehículo privilegiado para fomentar el ascenso social; la integradora de las diferencias; la responsable de la transmisión democrática de los conocimientos, en un clima de socialización multicultural y policlasista; la forjadora de una nueva biografía que rompa con la pesada carga del determinismo»; la escuela se ha convertido hoy, según la titular de Educación de la principal provincia del país, en un simple depósito de niños o, en el mejor de los casos, una guardería. La escuela que define Puiggrós, de acuerdo a esta manifiesta concepción patronal, estaría reducida a la actividad de «contención física del niño mientras sus padres trabajan».
Este utilitarismo despojado de interés pedagógico que la licenciada adjudica a los padres sería lo que explica el porqué los papás no hacen diferencias entre una educación laica y gratuita, que sus hijos puedan recibir en una escuela pública y una educación confesional (religiosa) que recibirían en una escuela privada.
Al hacer eje en el perfil más utilitarista de la relación escuela-padres, consagrándolo como el único importante, la progresista Puiggrós muestra a las claras que en el intento por envenenar la conciencia de los padres en contra de los docentes, termina por envenenar su propia obra teórica, consagrándola como un monumento a la hipocresía.
Los herederos del «neoliberalismo»
«En los últimos diez años, según datos oficiales, creció un 20% la matrícula en los colegios privados bonaerenses». La noticia se esparció como un reguero de pólvora generando el beneplácito de los empresarios privados de la educación. Es que, de confirmarse, pareciera marcar un cambio en la fuerte tendencia arraigada en el pueblo argentino, el cual históricamente ha apostado a la educación pública en detrimento de la privada.
¿Podemos confiar en los datos oficiales? De seguro que no podemos. Las mediciones que organismos oficiales y privados realizan en nuestro país están, sin duda, viciadas de fraude e interés oficialista. Es así, tanto en aquellas que realiza el Indec con respecto a la inflación, como en las que miden la pobreza o el grado de adhesión a los candidatos del gobierno. También, en las «demonizadas» épocas de los noventa las encuestas y mediciones fueron usadas por el oficialismo para la realización de campañas políticas destinadas a engañar a la población.
El método de recurrir a la «indignación de la opinión pública» en contra de los servicios estatales «que no funcionan… que están siempre de paro… que son caros, etc» no es novedoso y fue el encargado de disuadir a la población para la entrega de los teléfonos, el correo, los ferrocarriles, el petróleo, las aerolíneas y cuanta empresa pública rentable existiera en el país. También en los ´90 las cosas comenzaban así, informaciones solapadas, supuestamente objetivas que eran amañadas a través de encuestas de dudosa procedencia y consolidadas como verdades absolutas, mediante el machacante griterío histérico de los «formadores de opinión».
Los resultados están a la vista: en los trenes no se puede viajar y, pese a que los subsidios que el Estado Nacional entrega a las privatizadas crecen sideralmente año tras año, no hay inversiones que mejoren el servicio, lo que provoca que cada tanto los usuarios indignados se vean en la necesidad de meterle fuego a alguna estación para que el gobierno preste atención a sus reclamos. El petróleo fue entregado a las multinacionales, lo mismo que las aerolíneas, los teléfonos, el correo y el agua. Todos ellos se transformaron en un foco de corrupción y negociados que el pueblo argentino termina pagando con sudor y lagrimas. Ahora, los progresistas Filmus y Puiggrós recrean este método engañoso porque, como se dice, vienen por las escuelas.
Ya hemos denunciado ampliamente que las nuevas leyes educativas, tanto nacional (Ley de Educación Nacional) como provinciales (Ley provincial de educación) tienen como objetivo central la privatización de las ramas más rentables de la educación pública y la puesta en servicio de las escuelas a disposición de las empresas capitalistas. En este sentido, las leyes Filmus-Puiggrós (que cuentan con el apoyo entusiasta de los gremios docentes) no son más que la continuidad de la «desprestigiada» Ley Federal menemista.
Las escuelas ocupan en la nueva ofensiva privatizadora un lugar estratégico y se han transformado en un botín en disputa de distintos grupos, tanto nacionales como internacionales. La orientación privatizadora no es, como tampoco lo fue en los noventa, una fórmula exclusivamente reservada a la Argentina. Los aires de privatizar escuelas recorren el mundo; el problema en nuestro país es que el atraso de los gobiernos para llevarla adelante despierta inquietud entre los grupos interesados.
Los reclamos para que las políticas privatizadoras se encaminen más dinámicamente dieron lugar a la sanción de las nuevas leyes educativas. Los ejes estratégicos de las mismas están en colocar a las escuelas bajo la órbita de las empresas privadas tanto desde el punto de vista de su orientación pedagógica-didáctica, como desde el punto de vista de su funcionamiento administrativo. Las Leyes de Educación técnica, de Financiamiento educativo y las citadas más arriba (LEN y provincial de educación) son claras en cuanto a estos aspectos cuando ordenan subordinan a la escuela pública a los intereses de las empresas privadas y las Ong.
La educación como tal, es en todas ellas, «educación para el trabajo»; es decir, la escuela tiene la misión especifica de formar al conjunto de los alumnos en función de las necesidades empresariales. Pero, esto es únicamente una parte del negocio. La escuela empresa de la que se habla es la mitad del objetivo a cumplir, ya que la escuela empresa puede ser de carácter estatal o privado; el principal problema del oficialismo está en como hacer para que la población acepte la privatización de las escuelas, en un país donde una larga tradición en la defensa de la enseñanza publica ha provocado grandes convulsiones sociales. La parte más sustancial es la que se corresponde a la privatización lisa y llana de los servicios educativos. La insistencia sobre el tema en la matricula escolar que la licenciada Puiggrós saca al ruedo cada vez con mayor frecuencia, tiene que ver directamente con el consumo del producto educación.
Durante las primeras décadas del siglo XX, la mayor parte de la oferta de educación escolar en la Argentina, se mantuvo mediante una gestión centralizada en el Estado Nacional. El golpe de 1943, del cual el coronel Perón fue un ilustre protagonista, fue el encargado de implementar la educación religiosa en las escuelas públicas; borrando de un plumazo el carácter laico que le consagrara la ley 1420.
En 1947, ya con el peronismo en el poder, esta implementación tuvo fuerza de ley y se amplió el acuerdo con los sectores eclesiásticos al asumir el gobierno el pago de subsidios a la educación privada destinado a salarios decentes y mejoras y mantenimiento de infraestructura. El peronismo en 1954 entra en crisis con la iglesia católica, pilar de los sectores golpistas de la «revolución fusiladora» de 1955, y deroga el aspecto vinculado a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, pero, todo lo que tiene que ver con el subsidio a la enseñanza privada sigue vigente hasta el día de hoy, sin que ninguno de los gobiernos democráticos o dictatoriales que transcurrieron la historia nacional hayan modificado ese punto. Todo lo contrario. El estimulo a la educación privada fue una constante de todos los gobiernos que se sucedieron en los últimos 60 años.
Desde 1955 por iniciativa del gobierno militar, que derroca al peronismo en el poder, comienza una fuerte campaña por la promoción de la enseñanza libre en el ámbito universitario y superior. El gobierno de Arturo Frondizi en agosto de 1958 lanza la iniciativa para una apertura generalizada de centros de enseñanza fuera del ámbito estatal. Toda esta situación desató un enfrentamiento social (LAICA o LIBRE) ya que implicaba una renuncia del estado a su hegemonía sobre la certificación de saberes a favor de las empresas privadas de educación. Los «progresistas» de aquellas épocas, alineados detrás del frondizismo, recurren a las fuerzas policiales, las que, en complicidad con grupos operativos vinculados a la iglesia católica y de rompehuelgas profesionales, se encargaban de desalojar por la fuerza las facultades y los colegios secundarios tomados por alumnos y profesores; la policía montada, en tanto, con la utilización de gases lacrimógenos y balas de goma arremetía contra las manifestaciones estudiantiles, dejando un verdadero tendal de estudiantes y docentes heridos.
Sin embargo, las políticas privatizadoras encontraron durante décadas un limite infranqueable, la demanda. La educación publica siguió siendo la verdadera ganadora de esta batalla en el plano popular. La elección de los padres y de los estudiantes universitarios estaba decididamente inclinada hacia la escuela y la universidad estatal. De todas maneras, «la libre elección» del servicio educativo, basado en el axioma privatista sobre la «libertad de enseñar y aprender», se impuso por ley y será reforzado por las sucesivas normas que derogaran a la ley 1420.
Desde que en 1992, año en el que se completó la descentralización del sistema educativo con el traspaso de las escuelas secundarias a las provincias y los institutos de formación docente, son las distintas jurisdicciones las que garantizan la liquidación de subsidios. Por la dimensión de su sistema educativo, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de establecimientos de gestión privada, casi 7300, de los cuales casi 5000 reciben en forma de subsidios un sustancioso aporte estatal. Como la absoluta mayoría de los establecimientos subsidiados son confesionales, la defensa de políticas para que el estado se haga cargo del financiamiento de la enseñanza privada es un principio inclaudicable de la iglesia, la que utiliza en forma permanente todos los mecanismos de presión posibles para que estos sean incrementados. La política de subsidios a las escuelas privadas es absolutamente injustificada. Era la propia directora Puiggrós la que en la década del ´90 le restaba importancia a los agentes privados en la escolarización y en el crecimiento de matricula en las escuelas.
No existe ninguna evidencia en el sistema educativo argentino que sirva de prueba para considerar que el incremento de la matrícula en los niveles inicial, primario y secundario se le deba a la acción de particulares. Todo lo contrario, aun en un contexto donde existe un estimulo permanente de la escuela privada (por los propios representantes ministeriales de la educación pública) sigue siendo el Estado el principal agente en esta política de escolarización. Sin embargo, pese al papel marginal que cumple el sector privado, su relación con el gasto en educación (subsidios) es proporcionalmente superior a la inversión que se realiza en el sector público.
El estado no renuncia en su batalla para desmoralizar a los padres y convencerlos de las bondades de enviar a sus hijos a establecimientos privados. Esto lo realiza de varias maneras: abandonando a su suerte a las escuelas públicas, esperando que se caigan a pedazos; congelando los salarios docentes; restándole carácter científico a los contenidos para implementar la «educación en valores»; improvisando programas de estudio descentralizados y arbitrarios en cada una de las 24 jurisdicciones en las que se divide el país; etc. Así y todo la población se empeña en mandar a los niños a las escuelas públicas. Fue necesario entonces hacer uso de la fuerza para que la campaña a favor de las privatizadas se acelerara.
Desde 1994, con la sanción de la Ley Federal, el estado le reconoce a los padres el derecho a elegir el tipo de educación que tendrán sus hijos. La posibilidad de libre elección de escuelas está en directa relación con las políticas de ajuste educativo y la provincialización de los servicios, homologada por «esa ley nefasta» de acuerdo a las opiniones de Filmus y Puiggrós en su momento. La elección familiar de la escuela a la que habrán de concurrir sus respectivos hijos tiene, desde el punto de vista del derecho, un carácter tan reciente como inserción del «modelo neoliberal» tan criticado por el oficialismo actual. En los hechos, significa una coerción legal que justifica la retirada del estado en su obligación de financiar y estimular la educación publica, laica y gratuita para todos los ciudadanos del país.
Cuando Ley Federal de Educación (sancionada en abril de 1993) determina que las acciones educativas son «responsabilidad de la familia y del Estado Nacional», texto que recogen las actuales leyes sancionadas en el periodo kirchnerista y que fueron fervorosamente apoyadas por el inefable Hugo Yasky y su ladero Roberto Baradel, no hace más que un reconocimiento que la educación se ha transformado en un objeto de consumo, cuya elección dependerá del marketing de cada empresa educativa.
Los capitalistas acompañan activamente la sanción de estas leyes y eso es lo que explica la presencia de los popes de los principales grupos económicos en casa de gobierno ante la presentación de la nueva Ley Nacional de Educación. Es que, lo que está en juego es el reparto de las sumas del presupuesto educativo en formas de subsidios a particulares. La intervención de particulares en la enseñanza no tiene nada de solidaridad con la distribución del conocimiento; así como la participación en el negocio ferroviario no tuvo nada que ver con mejorar el transporte de las personas. Se trata, pura y simplemente, de rapiñar el dinero público destinado a educación.
Las recientes declaraciones del candidato Filmus, realizadas durante su estadía en los EE.UU., muestran que la campaña «disparen en contra de la escuela pública» se encuentra en pleno desarrollo. «Los maestros son peores que los de antes» declaró, para agregar a renglón seguido, que el deterioro de la educación en la Argentina se lo debemos al «deterioro en la calidad de los docentes«. Para Filmus «En la Argentina cambió la composición social de la docencia». «Cuando uno mira hacia 1950, 1960, ve que elegían la docencia fundamentalmente mujeres de sectores medios «.
Las personas que elegían la docencia eran mujeres de familias acomodadas, dice el ministro con una profunda vocación clasista, con lo cual la calidad educativa era superior. Lamentablemente continua el ministro «estas mujeres fueron ingresando a la universidad y dejando estas carreras, con lo cual cambió la composición social de la docencia» y cayó el nivel educativo. Filmus se lamenta que las actuales maestras no provengan de sectores acomodados. Imagina el señor ministro que esto le traería menos complicaciones a la hora de discutir salarios. Lo que seguramente le faltó decir -aunque lo piense en su intimidad- es que esas «damas acomodadas», por las que siente tanta nostalgia, tendrían mayor vocación por la docencia que las actuales maestras que se debaten en la pobreza.
¿Que tal? Una joyita este burócrata. Lo que el elitista ministro D. Filmus debería hacer, antes de emitir opiniones tan descalificadoras para maestras y profesores, es recorrer las escuelas de las provincias y el conurbano y observar como las actuales maestras «poco acomodadas» han convertido el acto educativo en un acto heroico. Pero, en el amor como en la política todo vale, y ya denunciamos que tanto el ministro Filmus, como la licenciada Puiggrós, se encuentran en medio de una campaña cuyo objetivo es privatizar la educación pública y gratuita. Y no se van a detener, frente a semejante y redituable campaña, en cuestiones éticas o morales.
El actual ministro de la cartera educativa, en su momento secretario de educación de Carlos Grosso, es partidario de las escuelas shoping y utiliza, como la licenciada en provincia de Buenos Aires, todos los medios a su alcance para descalificar la labor docente, logrando con esto un tiro por elevación para precipitar la caída de todo el sistema educativo público.
Municipalizar para privatizar
Mientras el estado se compromete a subsidiar la educación privada y confesional, las leyes votadas tanto en el plano Nacional, como en el provincial siguen adelante con la política descentralizadora que esta vez apunta a la municipalización de las escuelas sosteniendo que: «Imaginar un federalismo educativo que dé relevancia a la identidad local, municipal, regional, sin perder los lazos que unen la parte con el todo», «Los Municipios que sostienen instituciones educativas lo hacen como parte de la gestión estatal de manera complementaria y no supletoria de la responsabilidad del Gobierno Provincial», aclarando que esta descentralización se extiende a «nuevas formas de atención de las necesidades educativas y educativo-asistenciales mediante comedores, guarderías, jardines de infantes (Ley Segarra en provincia) escuelas primarias y secundaria, centros de capacitación y otras propuestas, atendidas por personas, grupos y organizaciones de diverso carácter social y comunitario». «La existencia de centros educativos que no están inscritos en los registros de la gestión pública estatal ni de la privada, pero que cumplen con una labor socio-educativa, debe ser reconocida y reglamentada sin que su reconocimiento afecte las atribuciones y la integridad del sistema escolar, tal como las establece la presente Ley».
No existe mayor prueba de culpabilidad que la propia confesión de la parte. Las leyes sancionadas promocionan la descentralización; la municipalización; la indiscriminada certificación de conocimientos mediante títulos basura, expedidos por personas o grupos cercanos al poder; la distribución de generosos subsidios para estas personas o grupos, los que dirigirán actividades educativas a partir de las iniciativas privadas, las unidades básicas, los comedores regenteados por punteros, etc.
Filmus-Yasky y Solá-Puiggrós patrocinan una educación dictada por punteros, curas y Ongs, convenientes para sus aspiraciones intelectuales, culturales, ideológicas, religiosas y/o sociales, en detrimento de la educación formal dictada por docentes preparados para la tarea pedagógica. La promesa de incentivos impositivos y subsidios dirigidos a la oferta de educación privada tienen la finalidad de captar una parte importante de la población, tanto en las redes del mercado como en las clientelares. Como ya fue dicho, la posibilidad de «elección libre» de escuela por parte de algunos sectores sociales, va en el sentido de privatizar lisa y llanamente servicios educativos para aquellos grupos con capacidad de elegir escuela. Por otro lado, la idea de la libre elección tiene como objetivo generar demanda. Nos detenemos apenas en este punto que amerita la elaboración de trabajos posteriores.
El mercado se desenvuelve bajo el esquema oferta-demanda; la educación, para pasar a ser objeto de consumo tiene necesariamente que perder su carácter de obligatoria. Es decir, si a la población se le impone desde el estado que debe mandar a sus hijos a la escuela, el famoso libre juego entre la oferta y la demanda pierde su carácter capitalista. La implementación de la «libertad para elegir» coloca la iniciativa del lado del consumidor, dejando de ser una imposición por derecho. El «objeto educación» ingresa de esta manera, en el universo de las leyes que regulan la existencia de cualquier mercancía. Esto vale para la elección de escuelas privadas, pero también para la elección de escuelas públicas.
Gran parte del «espíritu» de las nuevas leyes educativas se centran en la «productividad» de los servicios educativos y hasta mencionan el pago de salarios de acuerdo al merito docente. La idea es una escuela demandada por la comunidad y no reclamada como un derecho del que el estado se deba hacer cargo.
A más demanda más inversión
El estado se dispone a abandonar las escuelas de su carácter obligatorio y a atender aquellas que cumplan con las pautas económicas que regulan las leyes del mercado. A simple vista, esto solo supone la pérdida del derecho a la educación pública y gratuita para el conjunto de los ciudadanos y una descentralización de contenidos y presupuestaria fenomenal.
Cada escuela en función de la productividad puede implementarse como una unidad académica distinta a las otras, en el objetivo de ganar matricula e incrementar su presupuesto.
La relación de financiamiento estará de acuerdo a pautas productivas: demanda de ingreso, cantidad de matricula, selección de docentes, continuidad en el dictado anual de clases, promoción de alumnos. El estado renuncia de esta manera a un sistema educativo nacional y centralizado, para beneficiar a las empresas privadas de educación y de paso para privar de educación a los ciudadanos.
Nos encontramos en medio de una campaña en contra de la escuela pública que tiene todos estos componentes. Las autoridades educativas son concientes de que para que esta obra de destrucción pase, se hace necesario quebrar la voluntad de los docentes y la unidad lograda entre estos y los padres.
La de la escuela pública vuelve a estar en cuestión. Dependerá de la comprensión de lo que está en juego, para que el pueblo argentino salga en su defensa o la vea caer. Hasta ahora, los poderosos intereses privatistas han encontrado grandes aliados tanto en el kirchnerismo como en los gremios docentes. Pero, esta es una lucha cuyo desenlace final continua incierto.