La actualidad boliviana sólo es noticia en nuestro país desde que Evo Morales accedió a la presidencia. Antes de Evo sólo merecían la atención de los medios los escándalos, los grandes disturbios y, en el mejor de los casos, algún pintoresco festival de origen indígena. Sin embargo, estos días son dos los asuntos por los […]
La actualidad boliviana sólo es noticia en nuestro país desde que Evo Morales accedió a la presidencia. Antes de Evo sólo merecían la atención de los medios los escándalos, los grandes disturbios y, en el mejor de los casos, algún pintoresco festival de origen indígena. Sin embargo, estos días son dos los asuntos por los que Bolivia es foco de interés de la prensa española, la pretendida «nacionalización» de los hidrocarburos y la persecución judicial de unos ejecutivos presuntamente corruptos.
El tratamiento que viene dando el periódico El País a la trayectoria política de Evo Morales y a estos dos temas en particular, constituye el paradigma del doble rasero y ha llegado a su culmen con el editorial del lunes 13 de marzo, el cual no podría ser un ejercicio de cinismo mayor. ¿Cómo se puede impedir al otro que quiera para sí lo que queremos para nosotros sin caer en contradicciones? El País critica las reformas con las que el gobierno boliviano no pretende otra cosa que impulsar su país hacia un modelo semejante al de estado social, reformas que en nuestro país son una exigencia ineludible de la aplicación del estado de derecho, se le niegan a Bolivia.
Nacionalización de los hidrocarburos
Este periódico considera «populistas» los planes de nacionalización de los recursos energéticos, pero «legítimas» las aspiraciones de obtener beneficios de las compañías extranjeras que «invierten» en Bolivia. Resulta indignante que la «prensa objetiva y de calidad», como mínimo, no considere que merecen ser tratadas como igual de legítimas las aspiraciones de un pueblo de ser dueño y beneficiario de sus propios recursos.
Viene al caso recordar el artículo segundo de nuestra ley de minas, según el cual, «todos los yacimientos […] existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público». Es decir, lo que pretende Evo Morales con su «nacionalización» no tiene nada que ver con arrebatos marxistas, no es ni más ni menos que un modelo equivalente al dispuesto en la ley española. Lo que cualquier democracia social quiere para sí, que los recursos minerales sean de titularidad del estado, El País lo considera peligroso para la seguridad jurídica y la inversión extranjera en Bolivia.
El doble rasero en el tratamiento del asunto resulta escandaloso si nos fijamos en la actualidad informativa del mercado de la energía español, «cuestión estratégica», que hay que impedir «legítimamente» que caiga en manos de operadores «extranjeros». La injusticia se multiplica por el hecho de que el «extranjero» del que se debe salvaguardar el español es una empresa perteneciente al espacio europeo, desde un punto de vista económico mercado interno.
Independencia judicial
La ofensiva diplomática con la que los españoles tratan de forzar al gobierno boliviano a impedir las actuaciones judiciales sobre un caso de corrupción empresarial, es como mínimo indecente ¿Cómo veríamos nosotros que nuestro gobierno tratara de entorpecer las pesquisas judiciales sobre un caso de corrupción empresarial para no molestar a una multinacional? ¿Les parecería correcto que el presidente se comprometiera con otros gobiernos a frenar la acción de la justicia contra los corruptos para garantizar el atractivo del país como foco de inversiones?
En el mencionado editorial El País habla de que la consolidación de la inversión sólo es posible con «seguridad jurídica» y, en el mismo párrafo, de que las actuaciones judiciales contra el fraude atentan contra el «clima de entendimiento». Perseguir el fraude no infringe el principio de seguridad jurídica, es uno de los pilares en que ésta se basa.
Los bolivianos, como nosotros, necesitan las inversiones exteriores, pero, como nosotros, deben perseguir a los corruptos y evitar el expolio, usando el estado de derecho y un poder judicial independiente que no recibe órdenes del ejecutivo, ¿como nosotros?