Docentes Pre y Universitarios: propuesta salarial por debajo de la inflación 

En el marco de la paritaria de revisión salarial, el ministerio de Educación de la Nación ofreció al sector una recomposición del 4% en diciembre, 2% en enero, 4% en febrero y 2% en marzo. Desde Conadu Histórica afirmaron que el total alcanzará a marzo de 2023 un 94%, una cifra por debajo de la inflación proyectada, y adelantaron que este lunes 26 de diciembre se reunirá el Plenario de Secretarías Generales para definir si aceptan o no la propuesta. 

Los porcentajes ofrecidos por el ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, se aplican sobre la base del salario de marzo/2022. La iniciativa no incluye ningún bono de compensación por la pérdida del poder adquisitivo. 

En la reunión convocada con solo dos horas de anticipación el Ministerio se comprometió a convocar a una nueva reunión de revisión para la segunda quincena de febrero de 2023. 

“Esta propuesta no satisface lo que nuestra Federación, sobre la consulta a las bases, estableció como pliego de exigencias: que nuestros salarios no pierdan contra la inflación. CONADU Histórica definirá la aceptación o rechazo de la propuesta salarial del gobierno en un Plenario de Secretarías Generales que se realizará de manera virtual el próximo lunes 26. Las restantes organizaciones sindicales aceptaron la propuesta salarial realizada por el Gobierno Nacional”, expresaron desde la CONADU Histórica. 

Sin recomposición salarial, peligra el inicio del nuevo año académico 

El Plenario de Secretarías Generales de Conadu Histórica sesionó el jueves 15 en una carpa frente al ministerio de Educación de la Nación. Ante la falta de convocatoria a la mesa de revisión salarial pautada para diciembre, se decidió impulsar el no inicio del ciclo lectivo 2023 en las Universidades Nacionales como continuidad del plan de acción gremial. Esta medida se debatió en asambleas docentes de todo el país y se definirá en un Congreso Extraordinario que se realizará en febrero. 

“Conadu Histórica viene denunciando que el porcentaje de incremento salarial que el gobierno impuso para el sector -con la anuencia de las demás organizaciones sindicales- es del 82% para todo el año mientras que la inflación proyectada para el mismo período será del orden del 100%. La pérdida salarial que se ha dado mes a mes durante el año, equivale a la pérdida de un sueldo completo. Esto ocurre en un contexto específico que está marcado por el compromiso del gobierno nacional con el FMI legitimando así la deuda fraudulenta contraída por Macri”, expresaron desde la agrupación que reúne a docentes universitarios. 

En este sentido, exigieron la urgente convocatoria a la Mesa de Revisión Salarial para equiparar salarios e inflación; la eliminación del impuesto a las ganancias sobre sus salarios; la actualización de los haberes jubilatorios respetando el 82% y el 85% móvil; el refuerzo de emergencia para las obras sociales universitarias; el otorgamiento de un bono por única vez para compensar la pérdida salarial sufrida durante el año. 

No al ajuste en salud a los docentes universitarios 

Docentes de la Universidad de Buenos Aires se movilizaron el martes 29 de noviembre frente a la sede de su Obra social, ubicada en Uriburu 860, en el marco de la jornada nacional de protesta. Exigen: “Abajo el aumento de los coseguros. Restitución de prestadores. Ninguna modificación del reglamento de afiliación que atente contra los derechos de docentes, no docentes, activos o jubilados”. 

Compartimos comunicado:
NO AL AJUSTE
En la asamblea de docentes y no docentes (realizada el jueves 24 de noviembre) se denunció el brutal incremento de los coseguros, la caída de prestadores, del convenio de reciprocidad, la pérdida del descuento del 60% en farmacias y la pobre oferta en las mismas para medicamentos de cronicidad, la falta de prestadores de calidad para la atención de personas gestantes, entre otras situaciones. 

Estas situaciones se dan en un cuadro de grave crisis económica, con una inflación que deteriora nuestros salarios (y consecuentemente nuestros aportes) y que pone en crisis el sistema de salud en general. Pero todo se agrava, al mismo tiempo, con una Obra social que no dirigen sus afiliadxs y cuyos libros contables también desconocemos. Incluso peor: sus resoluciones se toman en el Consejo Superior sin abrir consultas a afiliadxs ni a los gremios docentes. Es el caso del proyecto de modificación del reglamento de afiliados, que entró ayer en comisión. 

Por eso volvemos a movilizarnos a DOSUBA. Para reclamar NO AL AJUSTE en NUESTRA OBRA SOCIAL. 

* Abajo el aumento de los coseguros.
* Restitución de prestadores
* Ninguna modificación del reglamento de afiliación que atente contra los derechos de docentes, no docentes, activos o jubilados.
* Rechazo al pago de sumas adicionales al aporte de cada afiliadx. No al ítem de prestaciones de alto costo y baja incidencia.
* Que se siga garantizando el convenio de reciprocidad (actualmente solo se reconoce en una localidad).
* Que se recuperen prestadores de calidad para la atención de personas gestantes.
* Que se vuelva a aplicar el descuento del 60% en las farmacias y se mejore la oferta para provisión de medicamentos de cronicidad. 

Seguimos con nuestros históricos reclamos:
* Por una partida especial de la UBA y del gobierno nacional que cubra el déficit de DOSUBA.
* Por la apertura de los libros para conocer ingresos y gastos de DOSUBA
* Por una obra social administrada por sus afiliadxs elegidxs democráticamente. 

Abrazo simbólico contra el cierre del Jardín de infantes en Agronomía de la UBA 

Desde la comunidad educativa del Jardín Materno Infantil Agronomitos de la Facultad de Agronomía UBA convocaron para el lunes 5 de diciembre a un “abrazo” simbólico a la institución, ubicada en Tinogasta 2406, ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna No al cierre de sala de 3 y 4, sí al ingreso irrestricto, padres y madres denunciaron que la decisión “fue tomada de una manera que no fue ni participativa ni consensuada y desoyendo los históricos reclamos de la comunidad de Agronomitos.” 

La idea es “visibilizar la importancia que tiene el Jardín para toda la comunidad compuesta por estudiantes, docentes y no docentes”, afirmaron en sus redes sociales e invitaron a la actividad a toda la comunidad de la FAUBA, ex agronomitos y a quienes desearan mostrar su apoyo al proyecto educativo. 

El jardín Agronomitos tiene 34 años de existencia y pasaron por allí les hijes de muchísimos docentes, no docentes y estudiantes, quienes cumplen o han cumplido funciones en la gestión de la Facultad.  

En el petitorio que impulsan por la inclusividad y el proyecto educativo, relatan que una reunión a mediados de noviembre entre la comisión de Padres de Agronomitos, madres y padres de Agronomitos y autoridades de la Facultad de Agronomía se les comunicó la decisión que fue tomada “de una manera que no fue ni participativa ni consensuada y desoyendo los históricos reclamos de la comunidad de Agronomitos.” El cierre pronosticado de la sala de 4 años será a partir del año 2024 y se cerrará la sala de 3 años a partir del 2025. 

Madres y padres de Agronomitos sostienen que la comunidad ha tenido voluntad para sostener económicamente el funcionamiento de la sala de 4 años, pero fue desestimado por las autoridades. Por lo tanto, creen que la decisión del cierre de ambas salas “es política y no presupuestaria.”  Proponen en su reclamo la solicitud de cargos pre-universitarios para las docentes de la institución y un plan de obras que amplíe y mejore la estructura edilicia. 

Contacto de redes y blog:  https://linktr.ee/sosagronomitos 

Petitorio: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxX6gqOww79OgjbytwdQFhLmXzVqUZB9YXRdIGj2McSV2i4Q/viewform?fbclid=PAAaZATLARqaT7tAyr74yVy26hRKEuwCeGdxDqqeF9wPN4ZTNkYMMR7vsfc04

Presupuesto de ajuste para la Universidad del Comahue 

Con apenas 24 horas de anticipación, los y las consejeras superiores del Comahue recibieron el expediente con el proyecto de distribución del presupuesto universitario 2023. En una sesión que duró apenas 5 horas, el pleno del Superior se constituyó en comisión para que los y las consejeras pudieran “saldar dudas” y aprobar la resolución. Todos los bloques de los tres claustros, votaron a favor del proyecto, con el único rechazo de EnClaveROJA en el Frente de Izquierda. El consejero de El Colectivo (Mella/Cámpora) se abstuvo diciendo que sacarían una declaración explicando su votación. 

Los 6 datos más relevantes del presupuesto aprobado 

1. En su informe, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) reconoció que significaba un tratamiento con “premura” y sin tiempo para que los miembros del Consejo pudieran analizar el texto. La propuesta de distribución es sobre el total de $14.366.296.149 calculado sobre una pauta inflacionaria de tan solo el 62%. 

2. De este presupuesto, el 93% será destinado exclusivamente a salarios, sobre la planta actual docente, lo que implica el congelamiento del llamado a concursos para el próximo año. 

3. Por otra parte, este número fue propuesto por las autoridades de la UNCO al CIN, para ser elevado al Congreso, sobre la base de una inflación estimada del 62%, cifra que reconocen en el mismo documento, hoy ya fue superada, planteando que “el contexto inflacionario en el cual se encuentra la Argentina, llegando a los tres dígitos en el mes de diciembre de 2022, no augura detenimiento o desaceleración de los precios, con lo cual de mínima, los gastos a afrontar en el próximo ejercicio serán el doble a los devengados en el presente”. 

4. Asimismo, el presupuesto no contempla ninguna obra o refacciones de infraestructura que según sostienen desde la gestión, dependen de partidas presupuestarias excepcionales -no se informan cuáles, ni de qué monto, ni qué posible fecha de ingreso- que son adjudicadas a cada universidad nacional.  

5. En relación a las becas estudiantiles, a pesar de las dificultades explícitas de estudiantes de todos los asentamientos y de las enormes cifras de deserción de la universidad (que llega al 60% en los primeros años), se mantienen en sólo 1.000 becas por un monto de $12.000, con aumentos trimestrales hasta octubre 2023, para llegar a $21.000. Se trata de un 75% de aumento, que aún sigue por debajo de lo estimado para la inflación del próximo año. 

6. Otro tema de discusión sorprendente fue la preocupación del rectorado por aumentar la planta de autoridades, que según el CIN ubica hoy a la UNCO el ranking N°30 de cantidad promedio de autoridades designadas para todas las sedes y asentamientos. 

Los recursos propios de la UNCO 

Una de las discusiones más relevantes fue la relacionada con la disposición de la UNCO de $1.005.940.952 de recursos propios. Son los recursos que genera la Universidad realizando “servicios” a dependencias estatales y privadas. En el detalle de la facturación se puede ver que la Radio Universidad Calf genera $2.053.700 a partir de la publicidad, por ejemplo, o $3.646.045 que genera el comedor universitario; pero también dos montos muy significativos que tienen que ver con el canon que retribuye el convenio de la UNCO con el Banco Credicoop por $142.345.554 y la enorme recaudación de la Facultad de Ingeniería por $479.795.065. 

La consejera estudiantil de EnClaveRoja, Karla Tiersen, preguntó cómo se compone ese ingreso que es ni más ni menos que la mitad del ingreso total en recursos propios. La Decana de Ingeniería respondió que se trata “de lo que generan los grupos de trabajo que organizan los docentes de la facultad: en particular tenemos tres grupos, uno que hace monitoreo de tanques, otro de trazadores y otro de servicios de auditoría al automotor. Después hay laboratorios de química, entre otros. Dentro de ese monto está el costo del servicio que damos, el 10% queda para la universidad que lo administra la unidad académica: el 7% lo administran los departamentos y 3% la secretaría administrativa. Con esa plata, hacemos el mantenimiento de los laboratorios, compramos insumos, hacemos aportes para los congresos a los estudiantes. Es nuestra fuente para sobrevivir, somos una facultad cara”. Por si quedan dudas, se tratan de servicios mayoritariamente para la industria petrolera de Vaca Muerta. 

Luego de su intervención, otros miembros del Consejo justificaron el uso de estos recursos para el funcionamiento de sus facultades, explicando que gracias a esos recursos “existimos” o que “si no fuera por estos ingresos no podríamos solventar la compra de equipos o el funcionamiento de las facultades”. 

Se trata de un reconocimiento amplio de lo insuficiente del presupuesto estatal y la decisión de ir a una mayor injerencia de empresas y dependencias estatales en el financiamiento de la universidad pública. Especialmente en facultades como Ingeniería en las que la que es inocultable la cantidad de convenios con multinacionales petroleras, que obtienen enormes beneficios del trabajo precarizado de docentes y estudiantes de la UNCo. 

Contra el desafuero del docente Jorge Adaro 

El jueves 15 fue la primera audiencia por el juicio de desafuero que el Gobierno porteño ejerce contra el maestro y dirigente del sindicato docente Ademys, Jorge Adaro. Previo al comienzo de la misma, familias, docentes, estudiantes y organizaciones políticas, sociales y sindicales se hicieron presentes en la conferencia de prensa convocada en la escuela “José Martí” en Villa Soldati para expresar su rechazo a la persecución. 

Estuvieron presentes en la conferencia docentes y compañeros y compañeras de la escuela N°19 del DE 19; la directiva del sindicato Ademys; representantes de UTE; referentes de la Comisión directiva del Suteba Tigre; AGD UBA; Raúl Llaneza de ATE Indec; Pablo Alymeida de ATE MECON; trabajadores aeronáuticos de GPS Aerolíneas Argentinas; representantes del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos); legisladores/as y referentes políticos como Victoria Montenegro, del Frente de Todos; García Tuñón, de Buenos Aires para Todos; Celeste Fierro, Laura Marrone, Mercedes de Mendieta, Giordano, de Izquierda Socialista; Myriam Bregman del PTS; Gabriel Solano y Romina Del Plá, del PO. 

Mariana Scayola, Secretaria General de Ademys, dijo durante la conferencia: “Hoy es Jorge, mañana serán otros, si avanza el Gobierno de la Ciudad en este intento», y agregó: «Quiero agradecer a todas las organizaciones que están hoy acá, le vamos a quebrar el brazo al Gobierno de la Ciudad, como lo hicieron los compañeros del Sutna con la patronal y como los residentes y concurrentes”. 

Julieta, compañera de la escuela y docente de la misma hace 15 años, señaló: “Para hablar de Jorge hay que hablar de esta escuela, porque siempre luchamos por todo lo que nos falta. No les interesa hablar, vienen a arreglar un ventilador cuando hay 30 más que no andan. Cuando mi compañero le dijo que no era bien recibido a Capponi, claro que no era bien recibido, si no pidió ni disculpas, agarró nuestros carteles y los rompió». 

Jorge Adaro por su parte agradeció el apoyo y acompañamiento, denunció al Gobierno de Rodríguez Larreta y llamó a fortalecer la pelea: “Agradezco a mis compañeros y compañeras de la 19, no somos todos de un mismo sindicato ni partido político pero compartimos un método de asamblea. Todo lo discutimos porque tenemos una identidad de lucha». Y continuó: «Hay un problema de vaciamiento de la educación pública, a la escuela pública la vamos a defender con las familias. Han querido y no pudieron romper el vínculo, ese lazo que hace a la escuela pública que es la unidad de los docentes, con los pibes y sus familias. El 60% de los pibes son pobres, contra eso también damos la pelea todos los días”. 

Todo comenzó cuando en septiembre de 2021 el Director General de Educación de Gestión Estatal de CABA, Fabián Capponi, se hizo presente en la escuela N°19 de Villa Soldati. Luego de notar los carteles que las y los docentes de la escuela habían colocado contra la política del gobierno durante la pandemia, este funcionario, conocido por haber sido filmado en julio de 2020 -plena pandemia- sin barbijo y bailando con sus pares en las instalaciones del ministerio de Educación mientras fallecían docentes por COVID, se apersonó con tres personas que no se identificaron para volver a ingresar durante el horario de salida de los niños y niñas. El rechazo de las y los docentes a esta provocación dio lugar al inicio de un sumario contra los docentes Jorge Adaro y Juan Manuel Di Vicenzo, delegado de la escuela: durante treinta días sufrieron una suspensión laboral sin goce de sueldo a pesar de que ambos tienen fueros sindicales. Ante este hecho, las escuelas se organizaron en solidaridad mediante diversas campañas. 

Ademys: ganó la Multicolor  

El martes 29 de noviembre se llevó adelante la elección para Consejo Directivo del sindicato docente porteño. En medio de la persecución política contra el sindicato por parte del Gobierno de la Ciudad y con una muy buena concurrencia a las urnas por parte de sus afiliados, la lista 15 Multicolor fue la clara ganadora de la elección, renovando mandato para esta etapa.  

Conformada por las agrupaciones docentes 9 de abril (PTS-independientes), Lista de Maestres y Profesores (IS-independientes), Tribuna Docente (PO-independientes) y Alternativa Docente (MST-independientes), consagraron a Mariana Scayola con un nuevo mandato como Secretaria General y a Jorge Adaro como Secretario Gremial (ambos de Lista de Maestres y Profesores); a Amanda Martín como Secretaria Adjunta (Tribuna Docente) y a Federico Puy como Secretario de Prensa, junto a Ailén Beraldo (Corriente 9 de Abril), entre otros compañeros y compañeras que integrarán el flamante nuevo Consejo Directivo de Ademys. 

Para la representación democrática de las minorías se aplica el sistema D’hont. Estos fueron los resultados de la elección: 

Lista Multicolor (lista 15): 65%, 591 votos -Secretaría general y 11 cargos en la Comisión Directiva. 

Lista Bermellón Haroldo Conti (lista 26): 21%, 189 votos -con 3 cargos en la Comisión Directiva. 

Lista Frente de Unidad para luchar por la docencia (lista 1969): 11%, 103 votos, -con 1 cargo a la Comisión Directiva. 

Lista Gris Carlos Fuentealba Nuevo Mas (lista 13): 3%, 31 votos, no logró obtener ningún cargo. 

La concurrencia fue de 915 Votantes, superando elecciones anteriores. 

“Sigamos fortaleciendo Ademys, construyendo un gran Cuerpo de delegades, impulsando asambleas abiertas, que sirvan también para imponerle un plan de lucha a UTE-CTERA en la perspectiva de un sindicato único de toda la docencia. Peleemos junto a otros sectores en lucha y toda la comunidad educativa, y pongamos en pie una gran secretaría de mujeres y géneros en momentos donde el ajuste tiene rostro de mujer”, señalaron los flamantes ganadores. 

¿Cuál es el lugar de las familias en la escuela? 

Por Diego Herrera 

Los directores escolares, sobre todo los del Secundario, suelen quejarse de la falta de participación de madres y padres en la vida institucional. La ministra de Educación porteña denuncia excesiva intromisión y los demanda por las tomas de protesta que realizan sus hijos. ¿Las familias solo tienen que participar de las cooperadoras? ¿Pueden opinar en cuestiones pedagógicas? 

¿Las familias tienen derecho a cuestionar el sentido formativo de las tareas que la escuela propone? En esta pregunta que se hace el doctor en Ciencias de la Educación Isabelino Siede se concentra gran parte del conflicto en ese vínculo siempre incómodo y siempre necesario entre las instituciones del sistema educativo obligatorio y las familias. Hay consenso de que estas deben participar de la vida escolar, pero, si se involucran demasiado, enseguida puede emerger el malestar entre docentes y equipos directivos. En cambio, cuando se mantienen al margen, se las señala por su desinterés. 

“Solo por el hecho de que las familias deben llevar y retirar a sus hijos e hijas de la escuela, hay mayor relación con directivos y docentes en los niveles Inicial y Primario”, observa Pablo Cesaroni, integrante del colectivo porteño Cooperadores en Movimiento. Este contacto cotidiano cambia en el Nivel Secundario: las y los estudiantes ganan en autonomía, tanto para llegar y retirarse por su cuenta de las instituciones como para construir sus propias opiniones acerca de la formación que reciben. Sin embargo, Siede considera: “Es cierto que la voz de las y los adolescentes tiene mucho peso y, a veces, parecería alcanzar para suplir el diálogo con las y los adultos responsables. Sin embargo, es importante que la escuela secundaria se plantee cómo convocarlos”. Así, el nivel educativo es un primer factor que incide en la relación entre escuelas y familias. 

La intervención del Gobierno porteño ante las tomas de 26 escuelas secundarias entre fines de septiembre y principios de octubre de 2022, por otra parte, cristalizó una concepción acerca del lugar que deben ocupar las familias como encargadas “de poner límites” a las y los adolescentes que tienen a cargo. “Estamos demandando a todos los padres que apoyan las tomas de las escuelas”, dijo la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña. De esta manera, por un lado, se acota el modo de participación de las familias, que ya no son convocadas al diálogo en escenarios de conflicto y, por el otro, se desconoce que la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes garantiza al estudiantado la participación autónoma en las cuestiones que le conciernen. No parece haber una forma más contundente de disciplinar la participación comunitaria: el pronunciamiento de las familias que estaban contra las tomas era alentado y bien recibido; mientras que, al mismo tiempo, la policía de la Ciudad llevaba notificaciones que intimaban a abonar daños y perjuicios a las casas de estudiantes que participaron de las tomas. A fines de octubre, además, el Gobierno porteño informó que la Procuración General de la Ciudad denunció penalmente a 366 adultos a quienes responsabilizó por las medidas de lucha que estudiantes votaron en asamblea. También se cursaron 21 denuncias civiles que ascienden a más de 50 millones de pesos. 

La vida escolar cuenta con un repertorio institucionalizado que organiza la relación con las familias: reuniones informativas y para la entrega de boletines, actos escolares y consejos escolares que, en el nivel medio, suelen convocarse para abordar cuestiones disciplinarias y deben contar con representantes docentes, estudiantiles y de las familias. No obstante, uno de los canales de participación más sistemático y efectivo suele ser la cooperadora escolar. La Ley Nacional de Cooperadoras Escolares, sancionada en 2012, define que estas organizaciones persiguen desde la democratización de la gestión educativa hasta cualquier acción destinada a mejorar la calidad y la inclusión educativa. 

“La cooperadora es el único lugar institucional que tiene la comunidad dentro de la escuela. Es la representación formal de la comunidad”, sostiene Rosana Merlos, Directora de Cooperación Escolar de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y ex directora de Derechos Humanos de SUTEBA. Su gestión, dice, busca promover la participación de las familias a través de las cooperadoras y, para eso, intenta reducir el peso de las tareas administrativas para que estas “se piensen como actores fundamentales en el desarrollo de la vida de la escuela”.       

“Muchas veces, el primer escollo que hay que saltar es el directivo”, opina Gustavo Mogues, cooperador en las escuelas primarias Nº 69 “Dr. Gabriel Carrasco” y Nº 1.080 “Gabriela Mistral” de Rosario. Además, entre 2007 y 2017, fue presidente de la Federación de Cooperadora Escolar del Departamento de Rosario. “Si los directivos abren las puertas y llaman a los padres, juntan gente. Pero a veces eso no pasa. En la provincia de Santa Fe, lamentablemente, hay un decreto que obliga a la cooperadora escolar a administrar los comedores. Eso es muy difícil de llevar a cabo y, muchas veces, genera tensiones con los directivos por el control del dinero”, agrega. De acuerdo con Mogues, suele haber menor conflictividad con el cuerpo docente y, en este caso, son más habituales los gestos de apoyo. 

“Aún tenemos escuelas a puertas cerradas. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, sin injerencia de las familias”, reclama Sonia Lizondo, secretaria de la Cooperadora del Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) Nº 269 de Córdoba Capital y coordinadora de más de 300 cooperadoras a lo largo y ancho de esa provincia. “Vemos que cuesta desarrollar un rol colaborativo, porque no hay diálogo entre las instituciones y las familias. Aún estamos luchando por tender un puente con la escuela”, completa. 

Elizalde, con larga trayectoria en la cooperación escolar, identifica que el foco principal de conflicto suele ser la dificultad para delimitar roles de equipos directivos y de las comunidades. “Muchas veces –explica– las cooperadoras equivocamos el rol y creemos tener injerencia en la parte pedagógica. Eso no es así. Pero sí nos gustaría participar de la toma de muchas otras decisiones para el bien de la institución; colaborar con el proyecto educativo”. En contrapartida, coincide con Mogues en que abundan las conducciones que no convocan a las familias, así como dificultan la creación de Centros de estudiantes. 

“Un punto muy importante es cómo la escuela abre las puertas a esa participación –considera la funcionaria Merlos. Es un debate que debemos dar permanentemente. El directivo es el asesor de la cooperadora y quien inicia la convocatoria para que se constituya, pero no es una autoridad de la cooperadora. A veces eso se confunde, y se desvirtúa el sentido de la participación comunitaria”. En la misma dirección, evalúa que “a veces hay miedo de abrir a la participación, porque se piensa que las familias pueden incidir de cualquier manera en el proyecto de la escuela”. Y añade: “Eso no es así y, a la vez, es fundamental que el proyecto de la escuela tenga un sentido comunitario y que la constitución de la cooperadora pueda ser parte de su proyecto”. Por eso, es muy importante que se generen debates y formación dentro de nuestros equipos directivos y en la formación docente, en general, para abordar la cuestión de la participación de la comunidad, y de la cooperadora, como un instrumento más. 

Daniela Pace, directora de la Escuela Secundaria Nº 19 de Hurlingham, aporta una mirada diferente: “Estamos abriendo espacios y buscando formas para que las familias se comprometan más con la escuela. En el Nivel Secundario, es más difícil que esto pase”. Luego de años de intentarlo, esta escuela del oeste bonaerense pudo conformar la Asociación Cooperadora y se regularizó la participación de la comunidad a través de ese vehículo. Cuenta la directora: “Las familias empezaron a convocar reuniones, hicieron rifas y prepararon una mesa dulce en la muestra pedagógica de mediados de octubre”. La idea es recaudar dinero para pagar el traslado a Córdoba, con motivo del viaje de estudios de sexto año. 

La posibilidad de que familias y estudiantes incidan en los asuntos pedagógicos es parte de un debate intrincado. Siede, autor de Entre familias y escuelas. Alternativas de una relación compleja (Paidós, 2017), relata que, cuando a algunas y algunos docentes se les pregunta si las familias están habilitadas a cuestionar el sentido formativo de sus propuestas, responden por la negativa. “Yo creo que las familias tienen derecho a solicitar que se justifique por qué se ofrece cierta propuesta formativa. Obviamente, ese derecho conlleva la responsabilidad de escuchar la respuesta”, argumenta. En ese mismo sentido, destaca la importancia de que las cooperadoras no sean meras proveedoras de materiales y, en cambio, puedan involucrarse además en los proyectos educativos; “que sean también un lugar donde la escuela puede escuchar aquello que las familias tengan para decir”. 

La directora de Hurlingham también tiene su posición al respecto: “Creo que si se les ofrece espacios adecuados de participación, las familias pueden llegar a opinar sobre lo pedagógico. Obviamente, siempre desde la construcción. Son importantes las voces de la familia en este sentido. Es importante mantener espacios de escucha, que se sientan contenidas”. En esta búsqueda, Pace promueve encuentros mensuales cuya temática es definida por las propias familias. “Por ejemplo –relata–, en una las charlas, se abordó de qué manera se trabajan los contenidos de educación sexual integral y se compartieron idea acerca de cómo pueden abordarlos las propias familias.” 

Así como las y los docentes tuvieron que aprender que la escuela secundaria debe incluir a todo el estudiantado y que ya no puede ser una institución expulsiva, las familias también transitan ese mismo aprendizaje. “Cuando hay problemas de convivencia entre estudiantes, es posible que algunas familias vengan enojadas y su primera reacción sea que hay que echar a tal o cual alumno”, ejemplifica Pace. Por otra parte, según la directora, la escuela debe ser paciente al momento de poner en común los nuevos dispositivos pedagógicos que pretenden favorecer la inclusión: “A veces es necesario explicar que hoy no se enseña de la misma manera que antes, que la calificación con una nota numérica no muestra necesariamente lo que aprendió un estudiante y que la evaluación es un proceso continuo”. 

Hace unos años, el entonces director de la Escuela Primaria Nº 10 de Barracas, Daniel Ferro, opinaba acerca de ciertas reacciones violentas de parte de algunas familias: “Quizá muchas veces estamos esperando a los papás para retarlos, para ‘pegarles’. Somos un lugar más donde el Estado le pega a ese padre que ya viene fragilizado. Si la escuela se convierte en otro lugar de lo punitorio, del permanente dedo que señala e indica lo que está bien y lo que está mal, estamos abonando un campo fértil para que haya una reacción violenta” (1). La reflexión del director sirve para entender que el nivel socioeconómico de las comunidades puede incidir en los modos de acercarse a las instituciones: las familias de clase media se sentirán más cómodas exigiendo, en un lugar similar al del cliente que demanda; las familias más vulneradas estarán más habituadas a recibir reproches y reclamos. 

“Hay escuelas ‘de élite’, por llamarlas de alguna manera que no es la adecuada, donde se encuentran cooperadoras con mucha participación. Lamentablemente, la crisis económica ahuyenta la participación y la gente no puede preocuparse tanto por la escuela”, reconoce Mogues. En esa misma dirección, afirma Cesaroni: “En general, es muy baja la participación entre los sectores más vulnerados. En las escuelas de la zona norte, las familias suelen tener más tiempo y pueden contar con empleadas que cuiden a sus niños. Además, es probable que las conducciones de esas escuelas estén más abiertas a recibir personas con mayor poder adquisitivo”. 

Siede, por su parte, suma otra perspectiva y analiza cierta “modalidad clientelar” que se habría impuesto en las relaciones entre comunidad e instituciones. “Una de las virtudes y, al mismo tiempo, de los riesgos de las escuelas es que ponen la cara todos los días –considera. Cuando muchos sectores sociales no tienen a quién reclamar por numerosas ausencias o maltratos, allí está la escuela. Es una virtud de la escuela, porque está en diálogo con las comunidades, pero hay familias que tienen una mirada muy destemplada y pueden enojarse con quien se les ponga enfrente, que, muchas veces, es docente o parte del equipo directivo. En esta época de crisis, ha habido un incremento fuerte de las fricciones con las familias.” 

La relación entre la escuela y las familias también suele ser más profunda cuando se trata de comunidades pequeñas o de ámbitos de ruralidad. “La mayoría de los docentes nos quedamos de lunes a viernes en la institución, porque estamos a grandes distancias y a veces los caminos no son buenos. Por eso, tenemos contacto permanente con las familias”, dice Bernardino Coronel, director de la Escuela Primaria N° 804 “Fermín Sabalza” de Barrancas, Departamento de Salavina, Santiago del Estero. Esta primaria tiene una matrícula de 43 alumnos. 

“Las escuelas de pueblo tienen mucha participación de la comunidad, porque es parte de su vida. Las escuelas rurales son un núcleo generador de la familia y de comunidad”, observa, en el mismo sentido, el cooperador Mogues. El director santiagueño afirma que las visitas de los docentes a las casas de sus estudiantes son moneda corriente en Barrancas: “La familia de la ruralidad quiere compartir lo que tiene con el docente. Y es una alegría inmensa cuando el docente llega al hogar. Ese niño, al que a veces puede faltarle afecto en alguna familia que está muy ocupada en los quehaceres cotidianos, encuentra amor y cariño en el docente. Es ahí cuando ese lazo se hace más fuerte y el niño ve a su docente como uno más de la familia”. 

Nota: 

1. Diego Herrera, Mariana Liceaga y Julián Mónaco, “¿La escuela es un escenario de violencia?”, en La educación en debate #45, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2016. 

Diego Herrera. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y docente; miembro del equipo editorial de UNIPE. 

Merlo: la comunidad educativa de la escuela 17 continúa movilizada para frenar la venta y por la restitución de su edificio 

El miércoles 21 hubo una nueva manifestación en las puertas del edificio histórico con la consigna “por una Navidad con nuestro edificio”. El miércoles pasado se habían movilizado hacia el Consejo Escolar, el Concejo Deliberante y el municipio. El pedido fue claro: que el edificio se declare como bien público y se devuelva a la escuela. 

Con un micrófono abierto, informaron que seguirán solicitando explicaciones a las autoridades educativas provinciales a cargo del gobierno de Kicillof, sobre el cartel de venta en el edificio, ya que las mismas se habían comprometido a llevar a cabo las gestiones necesarias para que la escuela volviera a funcionar en el edificio de Libertador, donde lo hizo durante 60 años. Sin embargo, no cumplieron y ahora está en venta con el cartel de la inmobiliaria Cocuzza, cuyo dueño es concejal de Juntos por el Cambio, pero parece que sus negocios están primero que la educación pública. 

Pero además, cansados de tantas promesas incumplidas, cuentan que en el 2013 se sancionó en la Legislatura provincial la Ley 14.452 que declaró de bien público el edificio, dando lugar a su expropiación en un plazo de 5 años. Pero vergonzosamente, ni el gobierno de Scioli en su momento, ni el de Vidal posteriormente, la llevaron adelante, permitiendo el vencimiento del plazo prescripto por la ley. Antecedente que a pesar de la clara falta de voluntad política, es tomado como ejemplo por la comunidad, de que el objetivo de restituir el edificio es posible. 

Denunciaron también las condiciones en las que se encuentran en el actual edificio alquilado de la calle Balbín, donde se suponía que sería un traslado provisorio y con las condiciones adecuadas a una escuela. Pero nada de eso sucedió. 

Una preceptora contaba a la comunidad que con el cambio de edificio, la matrícula se redujo de más de 1.000 alumnos a 570 y encima con sus estudiantes divididos en 3 escuelas, porque no realizaron las aulas que dijeron. Por eso “los 6º años cursan en la escuela de ‘artes y oficios’ y el Cens en la escuela 45. Pero además, nos encontramos con grietas en los techos, aulas pequeñas sin ventilación, sin patio ni espacio suficiente y durante el invierno se tuvieron que suspender las clases por falta de calefacción, nos dejaron los agujeros en las paredes pero nunca trajeron las estufas y no se cuenta con gas”. 

Las docentes comentaron que realizaron una asamblea de la escuela para definir cómo continuar la pelea. Allí debatieron las acciones con el objetivo de evitar la venta del edificio y recuperarlo para la escuela. Se definió solicitar explicaciones a Inspección y a la Dirección General de Cultura y Educación, ya que se habían comprometido respecto de la recuperación del edificio histórico y pasado todo el año, ahora tiene un cartel de venta. Se puso sobre la mesa la responsabilidad de las autoridades provinciales que fueron quienes declararon como “Inhabitable” al edificio, pero en vez de destinar presupuesto y hacer las obras para la escuela, terminaron desalojando y realizaron el traslado. 

Se intercambió realizar pedidos de información oficial al Municipio para conocer los pasos llevados adelante para que la escuela se mantenga en su lugar y solicitar que se declare «edificio histórico» y no sólo «fachada», por la importancia en términos educativos, simbólicos y culturales que representa la institución de la EES N°17. Se debatió sobre la ausencia de los sindicatos docentes y en especial el Suteba de Merlo, por lo cual se definió exigir de diversas maneras que se involucren en esta pelea, al mismo tiempo que las y los docentes presentes en la asamblea se pronunciaron a favor de mantener las acciones mediante marchas, cortes y convocatorias propias. 

Atentado contra la sede de ATECh en Comodoro Rivadavia 

El viernes 25 de noviembre trabajadores y trabajadoras de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) informaron que alrededor de las 21:20 personas con el rostro cubierto lanzaron dos bombas molotov contra la puerta de la sede del sindicato en la calle Urquiza en Comodoro Rivadavia. Allí se encontraba una trabajadora de la conducción Regional, y un docente que estaba alojado con su familia en el hospedaje de la institución. La primera bomba explotó muy cerca de ellos, la otra golpeó contra el nicho de gas y no llegó a encenderse. «Exigimos al Gobernador Arcioni que repudie este atentado y lo hacemos responsable de nuestra seguridad», expresaron. Además, denunciaron que la policía tardó una hora y media en presentarse en el lugar. 

Mediante un comunicado desde ATECH remarcaron que los hechos no guardan relación con lo sucedido con un grupo de padres del Jardín N° 406, que señalaban al sindicato de proteger a un docente abusador. «Ya está más que claro que el sindicato no resguardó al docente acusado ni se le puede responsabilizar por hechos que le son completamente ajenos. ATECH no designa ni evalúa docentes. Nuestro sindicato se expresó muchas veces: ¡Queremos que se sepa la verdad y que se haga justicia! Queremos que el sistema judicial investigue rápidamente y con seriedad. Repudiamos cualquier hecho que atente contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes». 

Finalmente, desde los y las trabajadoras de la educación remarcaron el rol de los comunicadores en incentivar la violencia contra les docentes. «Interpelamos a ciertos comunicadores que incentivaron, en base a mentiras, la violencia absolutamente injustificada contra las y los docentes, en particular del nivel inicial. Se ataca injustamente quienes cada día hacen su trabajo con profesionalismo y respeto por las niñas y los niños y lo hacen pese al sueldo miserable, y la falta de recursos». 

Fuentes: Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario,Le Monde Diplomatique, Anred, rebelion.org, Resumen Latinoamericano 

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