El Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica resolvió llevar adelante durante la semana del 20 de marzo una campaña de visibilización de sus reclamos docentes y realizar un paro de actividades desde el 27 de marzo hasta el 1º de abril.
CONADU Histórica reclama la reapertura de la mesa de negociación salarial: “El índice de inflación de febrero es de 6,6% y con el de enero acumula un 13,1%. Para el mes de marzo se proyecta 6,2% de inflación (informe REM del Banco Central). Esto indica que la inflación acumulada para el primer trimestre alcanzará los 20 puntos. La inflación del período ya superará el 16% previsto como incremento salarial en marzo. El ministerio de Educación, con su propuesta insuficiente, produce el mismo escenario de pérdida salarial del 2022”, explican.
En este sentido reclaman una solución al atraso en los haberes del cargo docente universitario inicial, que impacta de manera automática sobre todos los cargos del nomenclador: “La aplicación de la garantía salarial (definida en la paritaria nacional docente de la educación obligatoria) en esta oportunidad, alcanzará también cargos de Profesor Adjunto y Asociado y a cargos de nivel preuniversitario. Esto demuestra el desfasaje de las remuneraciones de nuestro sector incluso con las de la docencia obligatoria”, especifican.
Exigen a su vez que se solucione el problema del impuesto a las ganancias aplicado al salario y la aplicación de un fondo especial para resolver la situación crítica de las obras sociales universitarias.
Ruidazo y asamblea en el Conicet
Trabajadores administrativos del CONICET convocaron a un ruidazo para el jueves 2 de marzo y pusieron en marcha la junta de firmas para dar a conocer su situación. Recientemente, el Sistema Integral de Notificaciones Electrónicas les informó que deberán volver a la jornada de ocho horas. Así también, se produjo la modificación arbitraria de los contratos de trabajo, amparados bajo la modalidad del Artículo 9, lo que significaría la degradación de sus funciones.
Para conocer más, Nota al Pie dialogó con Agustina López Villar, secretaria adjunta de ATE CONICET. La entrevistada explicó que el horario que quieren mantener es el que se empezó a utilizar en el contexto de la pandemia: una jornada laboral de seis horas con un día de teletrabajo.
“Para los salarios que tenemos nosotros, por estar en el Estado, es beneficioso. Nos ahorramos mucho dinero en transporte, en almuerzo. Nos permite una organización familiar mucho más sencilla”, sostuvo.
Además, agregó que con la modalidad mixta no hubo retrasos, no hubo errores; al contrario, los métodos electrónicos se efectivizaron y se hicieron formas de trabajo más fluidas.
En esta misma línea, remarcó que es necesario que se conserve el teletrabajo, el cual aportó “mucha eficiencia a la hora de poder desarrollar las tareas y cumplir con los requerimientos y los tiempos”.
La situación de los contratos
El CONICET tiene 1.500 trabajadores administratives, de los cuales, aproximadamente, 1.000 se encuentran en situación de precarización, con una planta transitoria de renovación anual. Esos contratos se ordenan con una función específica que desarrolla el trabajador o la trabajadora; una letra que es el tipo de rangos de estudios que tienen; y un número que señala el grado, relacionado con la antigüedad del trabajo en el organismo.
Desde noviembre, los contratos han sido confeccionados con varios errores menores de tipeo, por lo que tuvieron que ser armados dos o tres veces. Pero lo que pudieron notar, según contó Agustina López Villar, fue un cambio de función, que implicaba una degradación de las funciones. “Si esto ocurre sin conocimiento o acuerdo del trabajador, viola las leyes laborales”, denunció.
En la carta que le presentaron a la Dra. Ana María Franchi, presidenta del CONICET, desde el gremio consideraron que puede haber tres consecuencias importantes ante esta situación. La primera sería perder el registro de la experiencia laboral acumulada durante años, la formación in situ de desarrollar tareas y la responsabilidad adquirida por estas razones.
En segundo lugar, existe un impacto de manera directa al momento de concursar una planta permanente según la función a la cual cada une aplica. Y, por último, desconoce las funciones técnicas que ya se vienen desarrollando, impidiendo el acceso a la función específica de Ciencia y Tecnología, derecho adquirido en instancia paritaria y aún no consagrado.
Además, de acuerdo a Agustina López tiene otros efectos negativos. El año pasado, en La Plata, se firmó un suplemento de Ciencia y Tecnología para les trabajadores del CONICET que tenían tareas en esas áreas. Pero, al degradarles la función, muches de elles no entraron en el cobro de ese suplemento, que tiene un rango económico entre el 15% y el 70% del sueldo de acuerdo a la función que cada une desarrolle.
El reclamo de les trabajadores del CONICET continúa
Las respuestas que recibieron desde la gerencia de Recursos Humanos (responsables de confeccionar los contratos) es que el nomenclador “nuevo” dice que su función es la que les asigna ahora. Lo que agregó la secretaria de ATE CONICET es que, pese a eso, no hubo un cambio en lo que están haciendo en el día a día porque siguen desarrollando las mismas tareas.
Previo al ruidazo, se reunieron con la gerencia de Recursos Humanos con la esperanza de poder darle una resolución rápida a esta situación que ya lleva casi cinco meses.
UBA: denuncian aumentos de hasta 300 % en posgrados Sociales de la UBA
Estudiantes de ese sector de la educación hicieron llegar a este medio un comunicado. Lo reproducimos a continuación.
En diciembre de 2022 el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA votó un nuevo cuadro tarifario para sus posgrados. En algunos casos los incrementos superan el 300%, triplicando tanto el índice de incremento salarial como el de inflación. Las y los estudiantes de los posgrados no fuimos informados de estos niveles de aumento hasta que nos tocó inscribirnos para el primer cuatrimestre 2023.
Hay estudiantes que además somos docentes ad honorem de la misma casa de estudio. Es decir, trabajamos gratis, sin ART ni obra social para la facultad y debemos pagarnos la capacitación profesional que la misma nos pide. Estos incrementos exorbitantes también afectan a la docencia, dado que la realización de posgrados se impone paulatinamente como un requerimiento no explícito para mantener un cargo docente o concursar para un ascenso.
Existe también una gran cantidad de becarias y becarios de investigación de CONICET y de la UBA que, como requisito de trabajo, deben estar inscriptas en el posgrado y aun cuando no estén cursando deben pagar para mantener la regularidad, y defender sus tesis doctorales.
En otras Facultades de la UBA y universidades nacionales, los posgrados son gratuitos para determinados grupos de becas, reconociendo que la formación de posgrado y la investigación son parte integrante de la Universidad.
Por ello, hemos formado la Asamblea de Estudiantes de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales reclamando:
1) la gratuidad de los posgrados para quienes trabajen en la Facultad de Ciencias Sociales (docentes, no docentes y personas con beca de investigación). Especialmente para docentes ad-honorem y para becaries UBA y CONICET, con lugar de trabajo en los institutos de investigación de la Facultad.
2) que en ningún caso los incrementos superen el índice de aumento salarial, que según el INDEC en diciembre de 2022 tuvo una variación interanual del 90,4%. Pero si no basta con este dato, y se prefiere tomar otro índice, el IPC de 2022 fue de 94,8%.
Hasta ahora las autoridades mantienen su decisión de realizar estos aumentos discrecionales. Es por eso que seguimos organizándonos y solicitamos difusión. Pedimos de forma pública a las autoridades de la Facultad que tomen medidas concretas que alivien esta situación.
Persecución y despidos en la Facultad de Psicología de la UBA
Se dio a conocer el despido de 5 docentes de la carrera de Musicoterapia (mtp), de la UBA, a raíz de haber participado de acciones de lucha en el marco de la designación a dedo de titulares de cátedra durante el 2° cuatrimestre del 2022.
Las y los docentes de prácticos, Gabriel Abramovici (mtp), Martin Nuevo (mtp), María Clara Olmedo (mtp), licenciada Laura Rossi (mtp) y Nahuel Prado (mtp), fueron notificados de su despido el martes 14 de marzo. La justificación fue explícita: fueron despidos por causas políticas y gremiales, más específicamente por criticar las designaciones a dedo y participar en protestas contra ellas.
Durante 2022, los docentes de musicoterapia en Salud Mental, Teoría y Técnica de Grupos y de la Práctica Profesional 330, protagonizaron enormes jornadas de lucha y difusión, a raíz de la designación a dedo, por parte de las autoridades de la Facultad de Psicología, a los cargos de titulares de las cátedras nombradas, poniendo en esos puestos a personal de su propio espacio político (UCR) y que nada tienen que ver con la profesión de musicoterapeutas, degradando así la formación de miles de estudiantes y próximos profesionales.
Las acciones llevadas adelante el año pasado fueron acompañadas por la comunidad de la carrera de Musicoterapia y por la Gremial docente, así como por el conjunto de la comunidad educativa de toda la Facultad de Psicología y otras Facultades de la UBA.
En las próximas horas se conocerán las medidas que se llevarán a cabo por parte de las y los docentes afectados, que ya están exigiendo su reincorporación.
Medicina UBA: primer día de clases sin luz y con desmayados por la ola de calor
En el primer día de clases, en la Facultad de Medicina, se demostró las malas condiciones edilicias, mientras tanto siguen recortando el presupuesto en educación y salud.
Jeremías, estudiante de medicina y militante de la agrupación En Clave Roja (PTS + independientes), planteó: «¡Los estudiantes no vamos a naturalizar estudiar en estas condiciones! Desde la mañana las aulas explotaron y con muchos de nosotros tratando de escuchar fuera del aula. De suerte, funcionó algún ventilador, en varias de las aulas fuimos los estudiantes junto con los docentes que tuvimos que asistir a compañeras y compañeros que se desmayaron por el calor que hizo”.
Pasado el mediodía, la empresa Edesur cortó la luz de la facultad de Cs. Médicas, como también viene pasando en gran parte de los barrios de la Ciudad de Bueno Aires y el Conurbano. La situación en la Facultad de Medicina se suma a la que venimos mostrando en la mayoría de las escuelas.
Docentes de la UBA reclaman fondos para su obra social
En el marco del paro nacional de una semana en las universidades nacionales, convocado por la Conadu Histórica en rechazo a la propuesta salarial del gobierno, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) realizó el lunes 13 de marzo una conferencia de prensa en la puerta del Palacio Pizzurno, sede del ministerio de Educación (Pasaje Pizzurno 935), para reclamar fondos para Dosuba, la obra social de los trabajadores docentes y no docentes de la UBA.
Desde AGD UBA denuncian que el Consejo Superior (el máximo órgano de gobierno de esa casa de estudios) modificó el reglamento para la admisión de nuevos afiliados a la obra social, por lo que los futuros jubilados docentes y los docentes ad honorem no podrán acceder a Dosuba como lo hacían en la actualidad.
Para la Asociación Gremial, esta modificación tiene como fin achicar el gasto de la obra social ante una caída de sus ingresos. Así lo denuncia Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA: “En los últimos cuatro años, nuestros salarios tuvieron una pérdida de más del 30% frente a la inflación. Esto impactó en los fondos de la obra social que se nutre del descuento a los trabajadores, a menores salarios, menores recursos para atender a los afiliados”.
En rechazo a esta medida, el sindicato docente reunió más de 4.500 firmas de trabajadores de la Universidad para solicitar que se dé marcha atrás con la modificación del reglamento. Este petitorio será presentado ante las autoridades de la cartera educativa. “Necesitamos que el Ministerio aporte una partida especial para cubrir el déficit de Dosuba y el de todas las obras sociales universitarias que están en una situación similar”, reclamó Celotto.
Los docentes de la UBA se movilizaron el miércoles 15 al Rectorado, donde sesionó el Consejo Superior, para reclamar la derogación de esta resolución.
Creación de diplomatura anti derechos en la Universidad Católica de Salta
Así lo manifestaron desde RUDA (Red de Cátedra en Universidades Púbicas Nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto). Es a partir de la reciente creación de la diplomatura denominada «Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto».
“La existencia de espacios de formación como esta diplomatura, que pretenden capacitar personas para vulnerar derechos, da cuenta de la necesidad de exigir al Consejo Interuniversitario Nacional la implementación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en el nivel universitario, con perspectiva de género y de derechos”, advierten desde RUDA.
Respecto a esta diplomatura, desde RUDA explican que se trata de un “espacio de formación dirigido a profesionales y estudiantes de Ciencias de la salud, Derecho, Educación, Orientación familiar y otras, como así también, agentes de pastoral y de familia, ONGs que trabajan con mujeres y público en general”; y que su programa propone “temas de poco basamento científico como el milagro de la vida y con un enfoque moralista como la responsabilidad frente a la vida humana, el binomio madre-hijo, el embarazo inesperado, el derecho a la vida, la contención a la mujer, los cuidados perinatales y la aplicación de políticas públicas”.
En su cuerpo docente cuenta con profesionales reconocidos públicamente como anti derechos como es el caso de Carlos Cristian Franco, médico del Hospital Público Materno Infantil y miembro del grupo anti derecho Profesionales por la Vida de Salta o la psicóloga Rosario Recondo y la magister María Marta Luque, quienes integran el Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II, espacio que surgió en febrero de 2005 por pedido del Arzobispado de Salta, entre otros.
“La Ley 27.610 establece claramente los estándares que deben seguir las/os profesionales, los equipos e instituciones de salud y las consecuencias de su incumplimiento. Todo el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. La Ley 27.610 es de orden público y de aplicación obligatoria en todo el país. Esto quiere decir que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligadas a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención post aborto en sus respectivas jurisdicciones (art. 21) y obligatoria para los tres subsistemas de salud. Es decir, tanto los efectores públicos, las obras sociales, como las empresas y entidades de medicina prepaga que deben instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610”, afirman desde RUDA.
“La existencia de espacios de formación como esta diplomatura –continúan–, que pretenden capacitar personas para vulnerar derechos, da cuenta de la necesidad de exigir al Consejo Interuniversitario Nacional la implementación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral en el nivel universitario, con perspectiva de género y de derechos. Desconocer el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida, así como también, obligar a las personas a gestar y a parir es violencia y no deben ser contenidos formativos en ningún nivel educativo”.
En este sentido, desde RUDA reiteran su reclamo respecto a que el derecho al aborto sea un contenido obligatorio de la ESI y que la ESI se implemente en el nivel superior y en todos los niveles educativos; que la Ley Micaela se implemente con los/as trabajadores/as de la educación de todos los niveles educativos; que se separen las Iglesias del Estado y de las instituciones educativas.; y que se concrete la plena implementación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo.
Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo
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