La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial un decreto del presidente Mauricio Macri para poner en venta 7.216 hectáreas pertenecientes al Ejército, una zona única para la explotación vitivinícola y hortícola que, en parte, cuenta con irrigación. Por años estuvieron arrendadas a productores locales y hace tiempo que vienen con problemas en los […]
La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial un decreto del presidente Mauricio Macri para poner en venta 7.216 hectáreas pertenecientes al Ejército, una zona única para la explotación vitivinícola y hortícola que, en parte, cuenta con irrigación. Por años estuvieron arrendadas a productores locales y hace tiempo que vienen con problemas en los contratos.
Son 7.216 hectáreas premium ubicadas en una de las zonas más codiciadas del Valle de Uco: la Remonta de Campo Los Andes. Hoy pertenecen al Ejército Argentino.
Algunas son usadas por el regimiento, otras llevan décadas siendo arrendadas por productores locales y en otras sólo se extiende el monte nativo. Ahora, el gobierno nacional las pondrá en venta -a través de un decreto- para «reforzar el desarrollo vitivinícola» de la región.
La medida entusiasma a algunos y preocupa a otros. Frente a la escasa información que circula en la comunidad, han surgido voces de alerta basadas en los ‘fantasmas’ de la monopolización o extranjerización de estas tierras, así como de los problemas aluvionales que podría traer a la zona el desmonte de tamaña superficie. Los valletanos tienen varios casos y razones para temer en este sentido.
Los más afectados por la noticia -sin dudas- han sido los actuales arrendatarios de esas tierras, quienes aseguran «no haber recibido información sobre los proyectos oficiales».
Incluso, desde la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán se hicieron eco de «la incertidumbre» de algunos de sus socios, «que llevan muchos años produciendo en el lugar y generando mano de obra».
Lo cierto es que se espera que hoy, o por estos días, sea publicado en el Boletín Oficial el decreto presidencial que dispone la venta de estas 7.216 hectáreas de Campo Los Andes, el cuartel militar que está ubicado en Tunuyán.
Voceros de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) -organismo que será el encargado de instrumentar el proyecto de venta de estas tierras- se ocuparon de destacar que «la medida busca alentar el desarrollo productivo de las tierras en favor de los pequeños y medianos productores vitivinícolas y hortícolas de la zona, acompañando el crecimiento de las economías regionales y generando empleo genuino».
Para esto, se procedería a dividir este gran paño de tierra valletana de primera calidad en parcelas de «entre 50 y 250 hectáreas», aventuraron fuentes de la AABE. Sin embargo, reconocieron que estos mecanismos aún no están decididos.
Lo que sí está claro es que el gobierno espera recibir por cada hectárea que se venda inversiones que van desde los 15.000 hasta los 40.000 dólares, que es lo que cuestan -y más- hoy por hoy estos terrenos productivos.
«Estas ventas permitirán incrementar la capacidad productiva del Valle de Uco. Son tierras de alta calidad vitivinícola, que hoy están desaprovechadas», acotó Ramón García Llorente, director de Gestión Patrimonial de AABE.
El funcionario dijo que todavía no se puede hablar de plazos. «Una vez que salga el decreto, tenemos que empezar el proceso de mensura, que llevará mucho tiempo», explicó y descartó que tengan pensado alguna ‘contemplación’ o prioridad para quienes son hoy los que producen en estas tierras.
Sitio codiciado
El establecimiento productivo Campo Los Andes ofrece un paisaje inigualable de cerros y pasturas naturales al Oeste de Tunuyán. Allí, entre otras actividades, el Ejército mantiene el único haras del país donde cría la mula argentina.
Sin dudas, que el sitio es atractivo para cualquier inversor agrícola, sobre todo porque una gran porción (3.500 has) tiene el agua asegurada.
Según la AABE, de las 7.216 hectáreas que saldrán a la venta, hoy se encuentran 1.200 que son explotadas por nueve arrendatarios y unas 800 has. donde el Ejército cultiva pasturas.
«Las hectáreas que salen a la venta están desocupadas o explotadas por terceros, sin contratos o con contratos vencidos», argumentan desde la AABE. En la otra vereda, los arrendatarios sostienen que no han tenido una vía o respuesta concreta para poder regularizar su situación, desde que la administración de estos campos dejó de ser incumbencia del Ejército para pasar a la Agencia.
«Hablan de poner en producción estas tierras, cuando hace años que se produce en una parte de ellas. Además, de estas materias primas se obtienen muchos productos y subproductos que tienen alto impacto no sólo en las economías regionales sino también en los manufacturados. También, los cultivos son estacionales y de rotación constante a favor de un uso racional del suelo y evitando el monocultivo», destacaron los productores locales.
«Son tierras de alto valor. Es importante que se usen para generar producción y mano de obra y no se queden en el mero negocio inmobiliario», apuntó Alberto Carletti, de la Cámara de Comercio de Tunuyán.
Esta institución venía recibiendo el temor por comentarios de algunos de sus socios, pero estos fueron ratificados por el ministro Enrique Vaquié en el Foro de Inversiones, hace unos días, cuando adelantó el anteproyecto. El funcionario provincial dijo que la intención es dotar a esos terrenos de un sistema de riego, que luego las tierras deberán pagar el 60% de ese crédito.
El ministro comentó que la idea es que la Provincia financie el sistema de riego y que luego sea devuelto por los propietarios con un crédito.
El anteproyecto daría prioridad a los empresarios mendocinos, luego a las compañías instaladas en la provincia y, por último, a los demás inversores.
Lo que está en estudio es averiguar si estas tierras, que pertenecerían a la Zona de Frontera con Chile, están vedadas por legislación o no a los capitales extranjeros.
Arrendatarios con más de 30 años
El arrendamiento de estas tierras oficiales viene de larga data y ha tenido varios capítulos de idas y vueltas. Históricamente, las hectáreas de Campo Los Andes se licitan para el desarrollo de diferentes actividades productivas (vivero, frutales, horticultura, etc.).
Hay arrendatarios que llevan más de 30 años bajo este sistema, e inclusive algunos ya se han jubilado.
Este paso generacional de la actividad económica es lo que defienden quienes hoy producen en parte de este terreno. Sin embargo, otros dentro del sector sostienen que ellos se han visto favorecidos por años con tasas bajas o sin costo.
Lo cierto es que, hace unos años, trascendió un conflicto entre Ejército y productores porque el Estado quería poner fin a este sistema de alquiler. Finalmente la situación siguió como venía.
Hoy, la AABE sostiene que los contratos llevan entre 5 y 7 años vencidos y que «exponen enormes dificultades para regularizarlos».
Mientras tanto, los productores dicen que ellos han intentado renovarlos pero que la Agencia no ha permitido este mecanismo y defienden la diversidad de cultivos que hoy existe en la zona.