Apuntan a capturar votos donde más fuerte está Cristina Kirchner, aunque el impacto de esta estrategia ya se pudo medir en las PASO del 13 de agosto, cuando los candidatos del Gobierno mantuvieron casi intacto el caudal de votos que obtuvo Mauricio Macri en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2015. No obstante, […]
Apuntan a capturar votos donde más fuerte está Cristina Kirchner, aunque el impacto de esta estrategia ya se pudo medir en las PASO del 13 de agosto, cuando los candidatos del Gobierno mantuvieron casi intacto el caudal de votos que obtuvo Mauricio Macri en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2015.
No obstante, trabajadores de La Serenísima repudiaron la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a la nueva planta de la empresa Mastellone ubicada en el en el distrito de General Rodríguez. La recibieron con carteles y pintadas que decían: «Vidal sos mala leche»,
«Vidal, no sos persona grata» y «Macri=Vidal=Kubar»
El crecimiento del 4.9 % en julio fue traccionado por la obra pública. La construcción aumentó un 15,7 % con relación a 2016 cuando registró una caída del 18,3 % en relación a 2015.
El consumo de cemento aumentó un 19,8 % y se registraron un total de 410.821 puestos de trabajo, un 12,5 % más que en 2016.
También creció la producción de utilitarios un 14,7 % aunque la producción de autos siguió su curva descendente: – 11, 4 %. La mayor producción de utilitarios y maquinaria agrícola hizo crecer a la industria metalmecánica un 15,8 %. También la producción de acero un 12 % y de aluminio un 8,2 %.
Sin embargo, la utilización de la capacidad instalada es solo de un 65 % y se registran 30.000 empleos menos que en 2016 -según el SIPA-Anses-, y 2,8 % por debajo del nivel de producción de julio 2015.
La venta de computadoras subió 57 % respecto de agosto del año pasado, también tuvieron datos positivos las tablets (+50%), los celulares libres (+12%), las cocinas y microondas (+27%) y las heladeras (+29%).
En la Secretaría de comercio sacan a relucir el dato que en el acumulado del año la venta de computadoras creció un 30% después de que se eliminaron los aranceles de importación y los precios tuvieron una baja en dólares del 29%. Y eso viene junto al rol que volvieron a jugar las importaciones. Por supuesto, se olvidó de consignar que el déficit de cuenta corriente alcanzó la friolera de U$S 12.889 durante el primer semestre del año.
También se sigue ampliando el déficit comercial con Brasil y en agosto llegó a U$S 776 millones. Entre enero y agosto fue de U$S 5.286 millones. Las importaciones desde ese país suben a un ritmo de 30,8 % anual.
Buena parte del aumento de las importaciones brasileñas está explicado por el repunte de la venta de autos que, en su mayoría, se fabrican allá. Pero también por la entrada de maquinarias y equipos.
Fiesta de créditos
A julio ya se otorgaron más de 1.000.000 de créditos Argenta, financiados por el Anses a beneficiarios de planes sociales (jubilados que cobran la prestación única de adulto mayor, beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares de la Asignación Universal por Hijo), por $ 15.000 millones. El 28 % (287.000) de los solicitantes provino de Conurbano bonaerense. El 14 % de ese total (39.000), correspondió a La Matanza.
Se trata de titulares de las mencionadas prestaciones que al no tener un recibo de sueldo en blanco, no podían acceder a un crédito de las entidades bancarias. Este programa se implementó a una tasa que ronda el 24 %.
La otra pata crediticia es el Procear, que maneja la secretaría de Vivienda, y se enfoca en una combinación de subsidios y créditos para financiar la compra de una propiedad a familias que reúnen ingresos de entre dos y cuatro salarios mínimos (entre $ 17.720 y $ 35.440). Hay más de 22.000 familias del Conurbano que ya fueron seleccionadas por un total de $ 20.000 millones, de un total de 56.622 en todo el país.
Viviendas anotó un aumento del 149% en julio y del 76% en siete meses. Agua potable y alcantarillas, 124% y 64%, respectivamente. Y obras viales, 90% y 65%. El grueso de los fondos, todos de origen nacional, se concentran además de la provincia de Buenos Aires en la Ciudad Autónoma. ¿Una casualidad?
En octubre el Gobierno prepara anuncios de inversiones en rutas, energía eléctrica y trenes a través de los Programas de asociación pública y privada (PPP) con los que esperan captar fondos privados por U$S 5.000 millones, equivalentes al 1% del PBI.
De la mano del ingreso de divisas se endulzó el camino electoral para el oficialismo que empezó a meter plata en cantidad y mandó el recetario ortodoxo a cuarteles de invierno hasta pasar octubre cuando vendrán los ajustes presididos por los nuevos incrementos en luz y gas.
Mientras tanto, el «viento de cola» proveniente del exterior con crédito fluido y tasas bajas se mantiene, el dólar está estabilizado y mejora la perspectiva del principal socio comercial: Brasil, que este año crecerá el 1 %.
De todos modos, ¿hasta cuándo el país podrá seguir aumentando su deuda para financiar el déficit fiscal y un repunte de la economía?
Pero la publicitada reactivación económica no se traduce en la mejora de la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini es un indicador que cuanto más cercano a 1 sea, mayor es la desigualdad. Para el caso argentino marcó 0.428 puntos durante el segundo trimestre del año. El mismo trimestre del año pasado se ubicó en 0.427. Entre abril y junio del 2015 llegaba a 0.410.
La diferencia entre el ingreso familiar promedio del 10% de los hogares más pobres y el 10% más rico llegó a 19,6 veces. En el mismo período de 2016 fue de 18,9 y dos años atrás de 16,3 veces.
«Dios los cría y ellos se juntan»
Domingo Cavallo, el responsable de la convertibilidad y el corralito, volvió a su primer amor de primavera, el Banco Central, cuando estatizó la deuda externa durante la dictadura, invitado por su titular, Federico Sturzzeger, responsable de una fabulosa fuga de capitales que ya supera los U$S 30.000 millones durante su gestión que no alcanza a dos años: U$S 14.000 millones por atesoramiento de particulares, otros U$S 14.000 millones por el déficit de turismo (solo en agosto se fueron unos U$S 1.044 millones) y U$S 3.000 millones por giro de utilidades a multinacionales.
Trabajaron juntos en el gobierno de Fernando de la Ruina, cuando ocupó el cargo de Secretario de Política Económica y Cavallo fue Ministro de Economía. Fue durante la gestión de ambos que se anunció el recorte del 13% de los salarios de la Administración pública, de los jubilados y las asignaciones familiares.
El Vicepresidente del BCRA, Lucas Lach, no se queda atrás. Sostuvo que «es ridícula la prohibición de reventa de entradas para espectáculos», ya que hay «pocas cosas más eficientes que la reventa».
Fue cuando las ofertas de entradas por Internet para ver Argentina-Perú multiplicaban por 7 en valor original de $ 550. Evidentemente no le preocupa si el origen del producto es ilegal. Igual criterio aplicó el macrismo para el blanqueo de capitales en 2016.
Ingenio Ledesma: reprimieron en el Talar y se extienden el paro y el corte
Tras una nutrida asamblea en el sitio del corte sobre la ruta nacional 34, al ingreso de la ciudad de Libertador General San Martín, el SOEAIL (Sindicato de Obreros y empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma) resolvió extender el paro por 96 horas más, transformándose en el más largo de la historia reciente de la provincia de Jujuy.
Un elemento que se sumó a esta decisión fueron las noticias de la represión sufrida por los trabajadores de El Talar, latifundio también dependiente de la empresa, y distante unos 60 km de Libertador, donde se realizaba otro corte que, pese a la represión sufrida, se sigue manteniendo.
En la tarde del jueves 28 de septiembre, el gobierno de Jujuy que venía manteniendo un silencio cómplice con la empresa de la familia Blaquier, mostró su participación activa en el conflicto y la policía intentó desalojar la ruta nacional 34. De un lado gases lacrimógenos, balas de goma, cargas de caballería y policías sueltos realizando cacerías sobre los que cortaban la ruta. Del otro lado, trabajadores cansados de manoseos y de ser pisoteados por gobiernos y empresarios explotadores, con piedras en sus manos y la solidaridad de un pueblo que no se mantuvo al margen de lo que ocurría en la ruta y que no dudó en confrontar a las fuerzas represivas, hacerlas retroceder y luego obligarlas a replegarse y fracasar en su intento de desalojar a los trabajadores de la ruta 34.
El conflicto salarial entre los trabajadores y el ingenio más grande del país que se extiende por 20 días recibió el apoyo de los gremios de la Federación Azucarera Regional (FAR) de Jujuy y Salta: «Una vez más la violencia de los Blaquier en contra de los trabajadores y activistas de Ledesma como hace 41 años atrás utilizando a la policía para reprimir trabajadores, mujeres y niños que se manifestaron en contra de la política extorsiva de recursos humanos de Ledesma quienes pretenden bajar el poder adquisitivo del trabajador». Y de la CTA Autónoma que emitió un comunicado repudiando la orden de desalojo y señaló que se intenta «por medio de la violencia» finalizar «el corte pacífico que llevan adelante trabajadores en reclamo de salarios y condiciones de trabajo y de vida dignas».
Otros conflictos
Cientos de personas se concentraron frente a la sede del INCAA y luego marcharon hasta el Cine Gaumont para rechazar la política del macrismo para el sector cinematográfico. Denunciaron la sub ejecución del presupuesto del área y la suspensión de los comités de evaluación de proyectos. Apuntaron contra la resolución 942 que incluye cláusulas de imposible cumplimiento para las productoras chicas, lo que les impide acceder al Fondo de Fomento.
«En las últimas semanas el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales tomó una serie de medidas que buscan retrotraer el escenario de la cinematografía argentina al momento previo a la histórica fecha del nacimiento de nuestra Ley de Cine en 1994», expresó la Mesa de Directores Cinematográficos Argentinos en un comunicado leído frente a la sede del organismo.
Afirmaron que el Gobierno evitó el costo político que implicaba derogar la Ley de Cine, pero se dedicó a impedir el acceso de las productoras a créditos y adelantos de subsidios.
El miércoles se realizó una nueva audiencia entre los trabajadores de Radio Del Plata y la patronal, para intentar destrabar el conflicto que ya cumplió dos años, aunque tras los intentos infructuosos de un acuerdo, se llamó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles.
El Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata (STARPYH) denunció cuatro despidos sin causa en la confitería «La Calabresa» luego de un reclamo por la falta de pago de salarios.
La empresa petrolera Bravo Energy volverá a abrir sus puertas el próximo 2 de octubre, aunque con la mitad del plantel de 35 empleados que ostentaba hasta el 18 de agosto, cuando cerró sus puertas de manera intempestiva. Los dueños de la firma de tratamiento de residuos, aceites industriales y petróleos crudos para crear combustible de la localidad de San Lorenzo comunicaron la novedad en una audiencia que se realizó este jueves en el Ministerio de Trabajo santafesino.
Los empleados de la Fábrica militar de Aviones denuncian que desde la empresa estatal enviaron telegramas de despidos a 96 trabajadores, de los 150 que ya afirmaron que cesantearán, por «baja de producción y reestructuración». Los delegados de la empresa, junto con los gremios del sector, advierten que desde el año pasado están sufriendo recortes en algunos programas y retiros voluntarios, por lo cual entienden que estos despidos «responden a una decisión política por parte del Gobierno». Incluso, relataron que desde Fadea explicitaron en una reunión que «la orden bajó desde el Poder Ejecutivo».
Hace dos años en Fadea había 1.300 trabajadores que se dedicaban a distintos programas de remotorización para fortalecer y mantener en buen estado la flota de aviones del Ejército, como el Pampa, o el Hércules, pero ahora quedan 900, sin contar los 150 empleados que se podrían sumar a la lista de cesanteados. «Este ajuste viene por goteo, pero en definitiva responde a una decisión política contra del desarrollo estratégico para la defensa nacional», explicó Jorge Peralta, delegado de la Asociación de Personal Aeronáutico en Fadea.
También contó que el trabajo en estos dos últimos años se les volvió muy complicado. «Estamos haciendo el mantenimiento del Hércules a pulmón porque no hay insumos y faltan los elementos que nos permitan modernizarlos, además tenemos un contrato con la empresa brasilera Embraer para fabricar partes de aviones pero se vuelve difícil así, ni qué hablar de la producción del Pampa que está frenada», y sintetizó: «La capacidad técnica está pero el problema es la decisión política, si le pasan o no la plata necesaria para seguir».
En repudio de la situación, los sindicatos se manifestaron pacíficamente en la puerta de la fábrica y lograron que la Comisión directiva y el Departamento de recursos humanos los reciba para evitar que los 150 compañeros queden en la calle.
Trabajadores despedidos de CN23 el 22 de agosto, se movilizarán el próximo lunes 2 de octubre a las 7:00 a las puertas de Ideas del Sur (Olleros 3551, esquina A. Thomas) para repudiar el vaciamiento del canal y exigir a la empresa del grupo Indalo que pague sus indemnizaciones a los 80 despedidos.
El convenio firmado días atrás para que los casi 250 trabajadores despedidos de la autopartista Plascar reciban «un paliativo» después de ser despedidos de la empresa, generó controversias en las últimas horas.
Empleados cesanteados decidieron protestar frente a las instalaciones de la firma, en Camino Interfábricas, descontentos por «la demora» en que se hagan efectivos los subsidios. Los mismos incluían un salario mínimo, vital y móvil mensual ($ 8.860) durante seis meses, de parte de la Provincia de Córdoba; y otros $ 2.000, por un par de meses, provenientes de la Nación.
«Cuando firmamos lo del paliativo se decía que inminentemente se iba a acreditar en las cuentas de los trabajadores. Ahora resulta que es en noviembre», lanzó Alejandro Rodríguez, de la Cámara Argentina del Plástico.
«Por los 183 trabajadores ilegalmente despedidos por reclamar una recomposición salarial acorde a la inflación y elecciones libres en UTA», rezó la convocatoria que lanzaron los trabajadores despedidos que convocaron a una movilización para seguir reclamando por sus fuentes de trabajo.
Los despidos se dieron luego del paro de transporte de UTA que afectó a la ciudad de Córdoba en el mes de junio. Los trabajadores señalan una complicidad entre las empresas, el gremio nacional (que mantiene intervenida la seccional cordobesa) y el intendente municipal, Ramón Mestre, para disciplinarlos.
La idea es hacer un tipo de «escrache» en la puerta de la empresa Tamse Trolebuses, indicó el delegado despedido Marcelo Marín.
La regional patagónica del Sindicato de Luz y Fuerza inició el martes pasado un paro de actividades de 48 horas en las empresas distribuidoras de energía del Chubut. Fue por la falta de pago de agosto a los operarios de las cooperativas de servicios del interior provincial.
Luego de alcanzar un acuerdo con el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut la operadora del grupo Techint, que en principio pretendía desvincular a 160 trabajadores, se «conformará» con que se vayan entre 45 y 65, que se sumarán a los más de 40 retiros voluntarios que ya hubo en el área. «No hubo otra forma», aseguró Jorge Avila, secretario general del gremio que ayer mantuvo una asamblea con los trabajadores, anunciando la posibilidad de otros 300 despidos que pretendería llevar a cabo la contratista SP.
Por otro lado, el dirigente gremial que hace no mucho amenazó con instalar una «carpa negra» frente a la Casa Rosada si tan solo despedían a un trabajador, confirmó que no se aceptará la realización de un esquema de trabajo «porque eso implica reducir cuadrillas y trabajar francos».
Luego de 8 días de toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministro Lino Barañao cedió aceptando reunirse con los científicos.
El conflicto estalló por la falta de respuesta e incumpliendo por parte del Gobierno del acta-acuerdo firmada en diciembre pasado para reincorporar a los 508 científicos expulsados.
El martes nuevamente se realizó una reunión de la mesa de negociación y por eso distintas organizaciones gremiales y políticas como el CECEN, la Corriente 12 de Mayo, JCP y Científicos y Universitarios Autoconvocados movilizaron al Polo Científico en busca de una solución al conflicto.
El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) resolvió continuar el plan de lucha con un Paro Nacional y movilizaciones en todo el país para el próximo 4 de octubre en rechazo al proyecto del Presupuesto Nacional presentado por el gobierno de Macri y el pacto fiscal que significarán más ajuste, más tarifazos y más endeudamiento contra el pueblo argentino.
También se ratificó el rechazo a la Reforma del Sistema Previsional y se comprometió a participar de la Jornada de Lucha de diferentes sectores de la Cultura el 29 de septiembre. Además de acompañar la lucha que llevan adelante los trabajadores de Río Turbio y Astilleros Río Santiago.
«Finalmente los presentes ratificaron su apoyo al Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre y el Paro Nacional que llevarán adelante el próximo 24 de octubre. Como así también el rechazo a la aprobación del Senado del ingreso de tropas norteamericanas al país.
La reunión terminó con la exigencia por el esclarecimiento inmediato por la desaparición de Santiago Maldonado.
Precarización laboral
A días de comenzar la temporada de fuegos en los Parques Nacionales argentinos, la cartera de Ambiente rechazó el pase a planta permanente reclamado por los trabajadores con relaciones contractuales informales.
Sergio Bergman, el ministro que dijo que los incendios forestales son «una especie de profecía apocalíptica», mientras vacacionaba y el fuego devoraba un millón y medio de hectáreas en La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires en enero pasado, tiene en sus manos el reclamo por 280 brigadistas, 570 trabajadores de Parques con contratos temporales y la regularización de la carrera de 300 guardas de apoyo, entre otras irregularidades del Estado nacional.
Los trabajadores nucleados en la Coordinación Nacional de Parques Nacionales de ATE realizaron una jornada de protesta el 27 de septiembre en Bariloche, con una asamblea en el Nahuel Huapi y una actividad principal en el Centro Cívico de la ciudad.
Alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras de salud comunitaria del Sedronar exigen garantías de continuidad, contratación efectiva y derechos laborales.
Son integrantes del Programa de Equipos Comunitarios del Ministerio de Salud de la Nación. Se desempeñan, desde que ingresaron al mismo, en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar). Se trata de psicólogos, trabajadores sociales o psicólogos sociales que trabajan fundamentalmente en los territorios asistiendo y acompañando a personas en situación de consumo problemático y sus familias. En la actualidad no cuentan con derechos laborales y su continuidad en los puestos de trabajo está en duda.
Su trabajo, aunque es tal, no está considerado así por el Ministerio de Salud. «Lo que firmamos es una beca de estudios, no tenemos ningún derecho laboral», contó uno de los trabajadores. El convenio estipula 30 horas semanales trabajando en territorio más horas de formación y capacitación.
Aunque cada profesión tiene un distinto escalafón profesional, aproximadamente cobran 86 pesos la hora. No tienen ningún aumento desde octubre del año pasado. Además, no cuentan con ART, seguro, aportes jubilatorios ni obra social.
Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Bueno Aires (CICOP) realizaron el jueves una jornada de protesta con asambleas y acciones locales en los hospitales bonaerenses para reclamar por el pase a planta de los becarios del sector profesional, informó el secretario general de ese gremio, Fernando Corsiglia.
El dirigente sindical precisó que la medida responde a que el Gobierno bonaerense «no cumplió con una parte de lo acordado en paritaria, que es el pase a planta permanente de 585 becarios antes de 31 de agosto» y explicó que «después del nombramiento de esa primera tanda, se debería seguir con tandas bimestrales hasta completar 900 pases a planta más».
Los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, detectó «un 91% de empleo no registrado durante un operativo realizado sobre pizzerías, bares, cervecerías y restaurantes de Castelar e Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires».
Sobre un total de 44 empleados relevados, 40 de ellos se encontraban trabajando «en negro», lo que representa un alto porcentaje de informalidad. El operativo se llevó a cabo sobre la Avenida Santa Rosa, zona comercial que reúne una gran cantidad de locales gastronómicos.
Fuentes de la actividad apuntan a la inacción manifiesta del sindicato que lidera Luis Barrionuevo. Incluso algunos hablan de un consentimiento del gremio gastronómico ante la situación y potenciales pagos de los empresarios para alentarlos a mirar hacia otro lado.
Burócrata sindical detenido por extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita
Ante la detención de Juan Pablo «Pata» Medina, titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), seccional La Plata, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC), Victor Grosi, analizó la situación del sector y las verdaderas intenciones del gobierno.
El gremialista apuntó que si bien es cierto que la UOCRA representa una «estructura mafiosa», la acción judicial con respaldo del Ejecutivo Nacional no buscó desmantelar dicha organización por la alianza que sostiene con su titular, Gerardo «Batallón 601» Martínez. Por el contrario, lo que se plantea es avanzar en la reforma laboral.
«Esto es una cuestión que tiene muchos elementos de trasfondo. Esto va a continuar ante la impotencia de Martínez de poder dirigir a los trabajadores mediante un sistema democrático. El gobierno lo quiere preservar a él para llevar adelante la reforma laboral que ya está en camino», afirmó.
Preguntado por la historia del «Pata» Medina señaló que: «Él nace como monstruo de la mano de las empresas de La Plata que coimeándolo garantizaban que ninguna empresa que no fuera de la ciudad trabajara ahí. Ese fueron los inicios, después el monstruo creció y esos mismos que pusieron la plata ahora se victimizan.
Cuando vemos todas esas bandas que se agarran a tiros y matan gente… ¿de dónde sale la plata para sostener esa estructura mafiosa? La ponen los empresarios para sostener el trabajo en negro», sostuvo.
«Le hemos ido dando calidad institucional al SITRAIC», continuó, «pero cuando nació la lucha nuestra era con las bandas que nos atacaban permanentemente, con la policía que estaba comprada por los dirigentes de la UOCRA, con los intendentes que miran para otro lado ante las obras que no cumplen las condiciones mínimas. Hay un conglomerado de responsabilidades que lamentablemente se cobra vidas permanentemente.
Además, el sistema mafioso mata. Hay 12 asesinatos en cuatro años a manos de la UOCRA en todo el país. Hace poco cayó preso el secretario general de Neuquén que estuvo dos años prófugo. El de Zárate tiene la tobillera electrónica porque se agarró a tiros con un contratista. En Lomas también el secretario general está prófugo por el asesinato de Darío Ávalos. En el juicio su adjunto fue condenado a prisión perpetua», concluyó.
Elecciones
El pasado 11 de septiembre se realizaron las elecciones de delegados en Alicorp (jaboneros). Ganó la lista Verde (actual conducción del gremio) por 113 votos contra 88 de La Bordó, que presidió la Comisión Interna durante 12 años.
El jueves 28 se realizaron las elecciones para la Comisión Interna de Reclamos de los 2.000 trabajadores de Mondelez Planta Pacheco (ex Kraft), del Sindicato de la Alimentación. La Lista 1, que asumió en el 2015, ratificó su continuidad para el período 2017-2019. Se impuso por 839 votos a 489 de la Lista 2.
Recuperada
«El municipio de Merlo se comprometió el miércoles a ayudarnos a alquilar un galpón entre esta semana y la que viene para poder trabajar y mantener la lucha activa. Arrancaríamos con la maquinaria disponible, a la espera de poder conseguir un préstamo y así obtener unas más modernas», contó el presidente de la cooperativa Acoplados del Oeste, Jorge Gutiérrez.
Los trabajadores llevaron adelante un festival en las puertas de la fábrica ex Pettinari, en la localidad bonaerense de Merlo, en reclamo por su desalojo y por la vuelta a la producción y el empleo bajo la forma autogestiva, tras el veto de la Ley de expropiación de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Además, los trabajadores están discutiendo una próxima movilización al Ministerio de Trabajo y a la Legislatura provincial, con el objeto de pedir por el tratamiento de su situación, dado que desde que se presentó el nuevo Proyecto de ley de expropiación, todavía no hubo sesión legislativa.
Nueva Carrera Administrativa en la Ciudad
«El macrismo quiere degradar las tareas que realizamos para no tener que pagarnos lo que nos corresponde, apunta a reducir el costo laboral en la ciudad, fragmentando el salario y apoyándose en la lógica meritocrática que tiende a individualizar la movilidad que nos pertenece por derecho», sostiene un documento de la agrupación ATE Desde Abajo.
La nueva Carrera es una reorganización de las relaciones laborales dentro Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que viene desarrollando desde 2013. Han creado 8 agrupamientos donde ubicaron a todos los trabajadores estatales de la Ciudad, dentro de los cuales hay tramos y grados que fueron determinados por el puesto en el que cada compañero ha sido relevado.
En el recibo de sueldo de septiembre comenzará a figurar el puesto, tramo y grado en lugar de la actual designación.
La implementación de la misma, lejos de haberse realizado de manera aséptica, con la intención de jerarquizar las tareas, se realiza en función del análisis de dotación óptima, las POF (Planta Orgánica Funcional) de cada Ministerio y un presupuesto previsto que va en sintonía con la reforma laboral que el macrismo pretende imponer. Todo ello se hace con la complicidad de gremio municipal SUTECBA, que además maneja el Instituto Superior de la Carrera de donde dependerá la movilidad según los cursos que efectúen los trabajadores.
Judicializan y despiden delegados
Entre el 30 de octubre y el 1º noviembre, el Juez Walter Candela del Juzgado Correccional Nº 61 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estará a cargo del juicio oral contra la Comisión Gremial Interna de Perfil, según lo decidió la Cámara de Apelaciones, en fallo dividido.
Los delegados de prensa están acusados de violar el artículo 161 del Código Penal que impone prisión de uno a seis meses al que «impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico».
La denuncia fue hecha por la patronal conducida por Jorge Fontevecchia, el empresario dueño de la editorial Perfil, en el marco de una lucha por despidos llevada adelante por los trabajadores.
El pasado viernes 22 de septiembre la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibió una cédula de notificación del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad impugnando a los delegados electos el 28 de agosto, en las elecciones para renovar la Comisión Directiva, Tribunal de Honor y Revisores de cuentas del gremio.
Para agravar la situación, la resolución cesantea de hecho a 19 trabajadoras, entre las cuales se encuentra la totalidad de la Comisión Directiva de la APSS, gremio de base que agrupa mayoritariamente a Trabajadores Sociales de Hospitales y Centros de Salud públicos de la CABA.
Los trabajadores de la salud definieron un plan de lucha que comenzó con la presentación de un pedido de reconsideración, en el que solicitaban ser recibidos por el Director de Relaciones Laborales, Jorge Rey.
Sin respuesta de las autoridades, se movilizaron al Ministerio de Hacienda con el respaldo solidario de otras organizaciones sindicales porteñas, en lo que fue el inicio de medidas de fuerza.
Estos y otros casos serán parte de la evaluación de las violaciones a los derechos laborales en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri que realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será en una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay, a partir de una presentación impulsada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), acompañados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.
Buscan silenciar el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado
En el último tiempo, la FM Alas de El Bolsón viene siendo foco de numerosas amenazas, que incluyen pintadas y rotura de vidrios en su lugar de emisión, la llegada de mensajes a sus comunicadores y atentados contra vehículos.
Desde hace 30 años instalada en la región patagónica, se trata de una de las primeras radios comunitarias del país y sus integrantes vinculan las amenazas a su posicionamiento y trabajo por la comunicación popular y democrática. En tal sentido, el caudal de amenazas creció en sintonía con su pedido de justicia por Santiago Maldonado pero también esto «se da en un marco de hostigamiento y persecución a los pueblos originarios, a las comunidades organizadas, y a los espacios organizados».
Al respecto, los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un acto de repudio a las autoridades del hospital por no permitir colocar un cerámico donado por la fábrica recuperada Zanón con la figura de Santiago Maldonado pidiendo Aparición con Vida.
Menos pobres pero más empobrecidos
Organizaciones de la niñez, comedores, y agrupaciones sociales y políticas, marcharon en La Plata para denunciar el «drama social» que se vive en los barrios y pedir por un país en el que se respeten los derechos de los menores.
Bajo el lema «El hambre es un crimen», buscan visibilizar el «vaciamiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, la falta de reconocimiento estatal de los trabajadores socio comunitarios, la estigmatización y criminalización de los jóvenes de sectores populares»·
Desde las organizaciones reclaman «políticas para la vida y no para el encierro de los jóvenes», mientras que se pronuncian en contra de la baja en la edad de punibilidad.
Mientras, los últimos datos del Indec fueron motivo de sonrisas en el oficialismo. Con la noticia que la pobreza bajó -en el primer semestre de 2017 en relación al último de 2016-, de 30,3% a 28,6%, la mayoría de los análisis giró en relación a la suba en la actividad económica y la desaceleración de la inflación. Ambos datos, sumados a los últimos tramos de aumento en las asignaciones familiares y las jubilaciones, explicarían por qué 630.000 argentinos más lograron acceder a la Canasta Básica Total que mide el umbral de pobreza ($ 15.244,91).
Si bien el aumento en el nivel de indigencia empañó el optimismo, lo que equivaldría a decir que hay menos pobres pero más empobrecidos -un nivel que resulta ser incluso superior al verificado hacia fines 2015 (5,3%)-, hay ciertos datos que se desprenden del informe oficial todavía más preocupantes. «En términos poblacionales, lo anterior implica que 12,5 millones de personas viven en hogares cuyos ingresos no logran cubrir una canasta básica total al tiempo que 2,7 millones pasan hambre«, sostiene el informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) titulado Más indigentes y menos pobres pero más empobrecidos. Las dos claves de la reciente publicación de pobreza.
El otro dato es que dos de cada tres argentinos considerado «no pobre» por la estadística oficial se encuentran en una situación económica que podría empujarlos hacia la pobreza al primer coletazo económico. «Nada menos que el 61,5% de la población se encuentra en esta condición y disponen de un riesgo social elevado de caer en la pobreza ante cambios bruscos de las variables económicas«, agrega el Ipypp.
Fuentes: Página 12, Clarín, Tiempo Argentino, La Nación, Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, Radio Capoma-Colectivo Radio Pueblo, Ansol, www.sitraic.org, http://www.ate.org.ar
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