La Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto de ley de Acceso a la Tierra, que la UTT impulsa desde hace cinco años. El objetivo es crear una línea de créditos blandos que resuelvan el problema del sector rural que produce el 60% de los alimentos que llegan a las mesas argentinas. También obtuvieron dictamen la prohibición de desalojos campesinos y la creación del Programa Marcha al Campo, para la cesión de tierras fiscales.
El 60 por ciento de los alimentos frescos que se consumen en las mesas argentinas son producidos por las familias pequeñas productoras, según cifras oficiales; pero el 75 por ciento de ellas no son dueñas de las tierras en las que trabajan. La Ley de Acceso a la Tierra —impulsada desde 2016 por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)— propone la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar para facilitar el acceso a las tierras a través de un crédito blando, un “Procear rural”, y comenzar a resolver el problema de la tenencia de la tierra, que impacta en la calidad de vida de las y los trabajadores de la tierra y en los precios y el acceso a alimentos de toda la población. Esa norma consiguió dictamen esta semana en Comisiones de Legislación, Agricultura y Presupuesto y ya puede ser votada en la Cámara baja para luego seguir camino al Senado. En paralelo, el Gobierno extendió las sesiones ordinarias hasta fin de año. También estará en agenda la prórroga al freno de desalojos campesinos y la creación de un Programa de “Marcha al Campo”.
“La ley es muy necesaria para los productores y productoras, para todo el sector campesino, sobre todo para los que producen en la periferia de las grandes ciudades, donde el 85 por ciento no son dueños de las tierras”, resaltó el referente de UTT Agustín Suárez tras el dictamen de comisiones, que sostuvo genera “mucha expectativa”. Según fuentes del bloque oficialista del Frente de Todos, se espera dar media sanción al proyecto antes del 10 de diciembre, cuando se dará el recambio legislativo como resultado de las elecciones del domingo pasado.
La Ley de Acceso a la Tierra fue presentada, por tercera vez, en octubre de 2020 con la firma de la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, y la presencia de los ex ministros de Desarrollo Social y Agricultura. Tras alimentazos nacionales y acampes frente al Congreso, el martes pasado comenzó el camino hacia su dictamen en la Comisión de Legislación General, que preside Moreau. «Garantiza las condiciones al acceso a la tierra de aquellas familias productoras que no estén constantemente atadas a poder pagar el alquiler o no de esas tierras, y genera beneficios en cuanto a los circuitos de comercialización», valoró la diputada en la reunión de comisión.
“La ley es un reclamo que venimos sosteniendo hace mucho, ahora esperamos que las expectativas se consoliden con un avance del proyecto en la Cámara de Diputados, para que pueda pasar al recinto y, antes del 10 de diciembre, consiga media sanción”, sostuvo Suárez, en diálogo con Tierra Viva. En caso de conseguir la medida sanción, la norma pasará al Senado, donde tras el recambio legislativo el Gobierno perdió la mayoría en manos de Juntos por el Cambio.
En el debate en la Cámara baja, la vicepresidenta de la comisión de Legislación, Carla Carrizo (JxC), manifestó el respaldo de su bloque a la norma, aunque anticipó algunos reparos, que terminaron en un dictamen de minoría. El referente de la UTT confió en que, tras conseguir la media sanción en Diputados, la norma podrá avanzar en el Senado con el respaldo de un tema que “ha tomado gran parte del pueblo”. “Tenemos la experiencia de proyectos de ley que han sido empujados por la sociedad y hoy la discusión sobre la calidad de los alimentos, el nivel de precios y sus modos producción, está presente”, valoró Suárez.
En ese debate abierto por el modelo agroalimentario argentino, los pequeños productores producen la mayor parte de los alimentos consumidos a nivel nacional, pero sólo el 13% de la tierra está en sus manos, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. La agroindustria mundial promete alimentar a la población, pero a pesar de que “produce más 4 mil kilocalorías per cápita, en América Latina y el Caribe 700 mil niños y niñas padecen desnutrición aguda moderada, mientras que 3,9 millones padecen sobrepeso”, sostiene el proyecto de ley en sus fundamentos.
Esas realidades quedan expuestas en la marcha y el debate que se da en el Congreso de leyes como la Ley de Acceso a la Tierra y la Ley de Agroindustria que el Poder Ejecutivo también envió para su tratamiento en octubre pasado. “Entendemos y apoyamos que el Gobierno tome medidas para el control de los precios de los alimentos, toma medidas como el cierre de exportaciones de maíz y de carne; y ponga plata en los bolsillos de la gente para que pueda comprar comida, pero siempre en un camino de ir fortaleciendo la producción de alimentos de las economías regionales, las cooperativas y pequeños productores”, convocó el referente de la UTT.
“Hay una contradicción el freno al precio de los alimentos y el impulso a la agroindustria, y tiene que ver con una continuidad del modelo agropecuario y extractivista, en el que entendemos que los gobiernos se alternan pero ven en ese modelo la llegada de dólares que nunca llegan. Las propuestas pueden ser más ecológicas, más o menos amigables con el planeta, pero son espejitos de colores. Los dos modelos de producción no pueden convivir”, consideró Suárez.
¿Qué propone la Ley de Acceso a la Tierra?
La norma propone la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, que permita el acceso a un crédito blando a los pequeños productores —que carezcan de tierra propia y estén inscriptas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) o registros provinciales— para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas.
La iniciativa no se queda solo en el acceso a la tierra sino que también impone criterio de selección que fomentan la equidad de género, empleo jóven, arraigo y transición a un modelo de producción de alimentos sanos: “las mujeres solteras con hijos, los/ las jóvenes; quienes tengan conocimientos previos de producción agroecológica y quienes tengan residencia en el mismo distrito/municipio del predio a adquirir”, sostiene uno de los artículos del proyecto.
La selección estará a cargo de un Comité Ejecutivo dirigidos por los ministerios de Interior, Economía, Ganadería y Desarrollo Territorial y Hábitat, además de representantes de la ANSES, la Administración de Bienes del Estado (ABE) y el INTA.
Para cumplir con los objetivos de la norma, las familias productoras que accedan al crédito deberán cumplir con cinco requisitos: residir en el predio adjudicado, trabajarlo en forma personal y familiar, reducir progresivamente la aplicación de agroquímicos —en caso de que no se trate de un proyecto agroecológico en marcha—, mantener la indivisibilidad del predio y no transferirlo por 20 años. El crédito no solo podrá ser solicitado como crédito familiar sino de manera colectiva o grupal para la creación de Colonias Agrícolas en tierras fiscales o privadas.
“El modelo del agronegocio representa a un campo concentrado que no alimenta, no está enfocado en el hambre del pueblo mientras genera extraordinarias riquezas por las exportaciones. Si bien las exportaciones son necesarias, tenemos que promover otro modelo de un campo que alimente, somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra”, destacó Zulma Molloja, vocera de UTT.
Acceso a la tierra y freno a los desalojos
El dictamen de la Ley de Acceso a la Tierra no fue el único en los días vertiginosos de la vuelta a la acción en el Congreso, tras las elecciones legislativas, en la Comisión de Agricultura también se de dio luz verde a una serie de proyectos presentados en el mismo sentido: la modificación de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, prorrogando la vigencia de la suspensión de los desalojos campesinos.
“Los desalojos son un problema constante, todas las semanas tenemos un conflicto. A veces escala o se detiene, pero son recurrentes”, advierte Suárez respecto de la importancia de la prórroga de los desalojos, que son un hecho cotidiano en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Tucumán, donde en septiembre de 2020 fue asesinado el productor de la UTT Juan Carlos “Cheta” González.
“En todo el país hay conflictos de tierra con el agronegocio; con mafias locales, articuladas con la Policía, que copan el territorio, desplazan, prenden fuego viviendas o matan. La prórroga de la ley ayuda para frenar los desalojos, pero es necesario contemplar la problemática de una manera más integral, porque lo que hay no alcanza”, señala el referente de la UTT, con la Ley de Acceso a la Tierra ya lista para ser tratada; y mientras el Poder Ejecutivo continúa sin reglamentar la Ley de Agricultura Familiar, que aborda las políticas para el sector de manera integral.
La marcha al campo, en manos del Congreso
Uno de los puntos centrales de la Ley de Agricultura Familiar que permanece sin reglamentarse es la creación de un banco de tierras. El presidente Alberto Fernández —quien en febrero de este año se comprometió a aprobar la Ley de Acceso a la Tierra— se comprometió a fines de 2020 en la creación de un plan para otorgar tierras fiscales para la producción. Otro de los proyectos de ley que consiguió dictamen esta semana fue el de la creación del Programa Nacional Marcha al Campo, que propone reordenar las tierras fiscales para fomentar el arraigo y entregarlas a productores locales. Según el proyecto de ley, el Estado cuenta con 12 millones de hectáreas fiscales en zonas rurales de todo el país.
La iniciativa, presentada por la diputada del Frente de Todos Maria Rosa Martinez, propone ceder esas tierras —con un máximo de 150 hectáreas por emprendimiento productivo— en comodato por 48 meses, con posibilidad de extenderlo. El proyecto mantiene las tierras en manos del Estado, como bien público, y fomenta políticas asociativas para la creación de cooperativas agropecuarias para la comercialización y transporte de las mercaderías.
El Estado también quedaría a cargo de la generar las condiciones de infraestructura rural, como vivienda familiar, caminos, acceso a la salud y la educación, y servicios públicos; y un aporte de subsidios a la producción que no podrá ser permanente. La conducción del programa, según el proyecto, quedaría en manos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.