En cuatro meses, las cesantías en el sector público y privado afectaron a 129 mil trabajadores. Construcción, petróleo, metalurgia y comercio, los rubros más golpeados. El gobierno habla de una «sensación térmica», pero los gremios y cámaras empresarias trazan advertencias sobre el nuevo escenario. El apagón estadístico. Van sólo 136 días de gobierno de Cambiemos, […]
En cuatro meses, las cesantías en el sector público y privado afectaron a 129 mil trabajadores. Construcción, petróleo, metalurgia y comercio, los rubros más golpeados. El gobierno habla de una «sensación térmica», pero los gremios y cámaras empresarias trazan advertencias sobre el nuevo escenario. El apagón estadístico.
Van sólo 136 días de gobierno de Cambiemos, pero alcanzaron para modificar el mapa del empleo en la Argentina. Desde el 10 de diciembre, unos 127 mil trabajadores -del sector público, pero en especial del ámbito privado- fueron despedidos de sus empleos. La cifra se traduce en un promedio aproximado de 1000 cesantías por día desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada.
Sin datos oficiales por el apagón estadístico del Indec, la radiografía del ajuste laboral fue construida por Tiempo a partir de los informes de consultoras privadas y el análisis de especialistas, sindicatos y cámaras empresarias. La ausencia de índices públicos entorpece el registro de la pérdida de los puestos de trabajo y dificulta la tarea de los sindicatos a la hora de tomar medidas por sector o en conjunto. El gobierno prefiere contradecir los indicadores privados y sindicales con un argumento llamativo. «Los despidos son una sensación térmica», argumentó en las últmas horas el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
Si bien los despidos en el ámbito estatal tuvieron mayor repercusión debido a las movilizaciones masivas que los visibilizaron, apenas representan un tercio del total. Así, el sector privado se configura como el mayor damnificado.
Un informe de la consultora Tendencias Económicas señala que, desde la asunción de Macri, los despidos estatales y privados escalaron a 127 mil. Una cifra similar es confirmada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que el jueves estimó las cesantías en 120 mil, a partir de una recopilación de datos de consultoras privadas de las provincias. Según aseguró esa entidad a Tiempo, 45 mil pérdidas de puestos de trabajo se produjeron en el Estado, en sus tres estamentos: nacional, en provincias y en municipios. En tanto, los despidos en el sector privado llegan a los 85 mil, de los cuales 55 mil se produjeron en la construcción.
El observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) recopiló los despidos que se sucedieron desde diciembre hasta fines de febrero y muestra la misma tendencia.
La ex ministra de Industria y actual secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, confirma la tendencia. La ex funcionaria advirtió que en el populoso partido bonaerense se perdieron en la industria textil y del calzado 3300 puestos de trabajo formales, entre retiros voluntarios suspensiones y despidos. «Esto es consistente con 25 y 40% de caída de las ventas», explicó la funcionaria.
«Es importante la tendencia. No se tienen que contar sólo los despidos, hay que contabilizar los retiros voluntarios, porque cuando la línea de producción se desacelera, el trabajador especula con que es mejor pájaro en mano que cien volando. El trabajador es el primero que se da cuenta. Son los delegados de base los que saben cómo viene la producción», señaló Giorgi.
Según los cálculos de la ex ministra, los despidos en el sector metalúrgico llegan a 3000, mientras que el rubro comercio (donde es más difícil contabilizar por el alto grado de informalidad) suman cerca de 12 mil. El cuadro se completaría con 2500 en el sector mecánicos, terminales autopartistas y concesionarios.
La construcción aporta uno de los datos más alarmantes. La Cámara de la Construcción señaló a Tiempo que los despidos de ese sector ascienden a más de 57 mil.
Según la Encuesta de Expectativas de Empleo Global de la consultura Manpower Group, que entrevistó a 800 empleadores, las intenciones de contratación disminuyen cinco puntos porcentuales con respecto al trimestre pasado. «En la comparación con el trimestre anterior, las expectativas de contratación se debilitan en seis de los nueve sectores. Los empleadores de administración pública y educación reportan el declive más notorio de ocho puntos porcentuales. Para los sectores de construcción y servicios la caída es de siete puntos porcentuales, mientras que en transporte y servicios públicos se reporta un declive de cuatro puntos», señala el informe.
El mismo trabajo puntualiza que las expectativas «mejoran en tres sectores, más notablemente en finanzas, seguros y bienes raíces y agricultura y pesca, por siete y tres puntos respectivamente».
Sensación térmica
A la falta de información oficial se le suma el revoleo de cifras inexactas y las metáforas desafortunadas. Mientras que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló que los despidos son 30 mil, Prat-Gay eligió referirse a la problemática que sufren los trabajadores como una «sensación térmica».
Y se sinceró: «Estamos preocupados porque la actividad económica está más débil de lo que hubiéramos querido y estamos cerca de aquellos que sufrieron aumentos de precios que le están afectando el bolsillo. A la discusión hay que darla con un poquito más de datos y de conceptos de la realidad. Es muy fácil decir que por una empresa que cerró despidieron 100 empleados pero hay que ver toda la película.»
Son los mismos empresarios los que desmienten al gobierno. El titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Juan Chediack, aseguró a Tiempo que solamente en ese rubro de la economía hay 57 mil despedidos y que, en diciembre, ya eran 35 mil los puestos caídos. Pese a todo, Chediack rescató que la caída empezó a mermar en marzo. «Veníamos perdiendo 10 mil empleos por mes pero llegó la estabilidad y en abril no hubo despidos. El peor momento pasó», explicó.
En el universo metalúrgico no comparten ese diagnóstico optimista. El secretario de Prensa de la UOM, Abel Furlán, denunció que su gremio ya perdió entre 7000 y 8000 puestos de trabajo debido a «la apertura indiscriminada de las importaciones y a partir del impuestazo al gas y la luz».
Causas y apagón estadístico
El análisis de las variables que diseñaron el nuevo cuadro de situación confluye en el andamiaje económico. «Durante el primer bimestre aumentaron un 39% las importaciones de confecciones. Las causas son claras. Se suma el desmantelamiento de las políticas activas orientadas a mantener el nivel de actividad, junto con el crecimiento de las importaciones en sectores sensibles. A esto hay que agregarle el deterioro del poder de compra por devaluación, debido a la quita de los derechos de exportación que pesan sobre la canasta familiar en la carne y el trigo, más el aumento de los remedios, de los combustibles y de los servicios», explicó Giorgi.
El economista de la CTA Autónoma Claudio Lozano aseguró a Tiempo que «relevar despidos no sirve para saber si hay desempleo». Y argumentó: «Hay que saber si hay creación de empleo. Y uno supone que, con las políticas actuales, eso no está ocurriendo».
Entre los despidos y una caída salarial del 15 por ciento, Lozano estima que, desde el inicio de la gestión de Cambiemos, hay 300 mil nuevos indigentes y 917 mil nuevos pobres.
El diputado nacional Omar Plaini también se queja de la falta de información estadística. «Jorge Todesca cuando no era parte del gobierno era una de las cabezas del ‘índice Congreso’ y se jactaba de que con dos personas elaboraba el índice de desocupación, y ahora llevamos cinco meses y no tenemos ni noticias», le explicó a este diario.
Sector público
Si bien no es el sector más afectado, el Estado registró el despido de alrededor de 45 mil trabajadores, 12 mil nacionales y 24 mil de las provincias y municipios. Sin embargo, gracias a las movilizaciones y luchas del sector, se logró la reincorporación a 9000, según explicó a Tiempo Hugo «Cachorro» Godoy, secretario adjunto de la ATE-CTA. «Todavía tenemos que dar la pelea, reincoporar más compañeros aún, paramos el sangrado, y tenemos que empezar a discutir la reincorporación con las autoridades del gobierno», puntualizó.
Las iniciativas contra los despidos están siendo discutidas en el Congreso (ver página 5). En ese contexto, Plaini presentó un proyecto que ata el seguro de desempleo, que hoy es de 400 pesos, al salario mínimo vital y móvil. «El Poder Ejecutivo invierte la carga de la prueba. Critica a los diputados y a los sindicalistas por presentar proyectos de ley paliativos, por querer resolver los efectos de las causas», explicó.
Horizonte nublado
Ni lerdas ni perezosas, las grandes empresas de la industria aprovecharon la emergencia de un proyecto de ley antidespidos -y el rechazo del gobierno a la iniciativa- para marcar la cancha y sacar beneficios extra. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibió a la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyos miembros le advirtieron las nefastas consecuencias que podría acarrear el tarifazo energético al sostenimiento de los puestos de trabajo.
El secretario de esa entidad, Juan Carlos Sacco, explicó que hay entre 6900 y 7000 empresas electrointensivas que, sin una solución rápida, podrían ejecutar 35 mil despidos directos en el mediano plazo. Con los despidos indirectos el número llegaría a 95 mil, según el empresario.
Otro directivo de la UIA, el vice José Urtubey, acreditó la hipótesis de Sacco y alistó entre los sectores más amenazados al automotriz, la metalmecánica y la construcción, más directamente asociada a la producción.
A la par, el referente empresario de la industria de la alimentación, Daniel Funes de Rioja, aseguró que en términos de dotaciones permanentes «no hay información de bajas». Sin embargo, reconoció posibles dificultades futuras si persiste el agravamiento de la inflación que ya se tradujo en bajas del consumo.
Para graficar, Furlán profundizó el diagnóstico de la UOM al precisar que la semana pasada «entraron 8000 heladeras desde Brasil». Y advirtió: «Hay empresarios que dicen vamos a esperar entre 45 y 60 días y, si no se revierte, no vamos a esperar como en 2001 a fundirnos. Vamos a cerrar nuestras persianas lo antes posible», explicó.
La misma tensión asedia al sector textil, de fuerte desarrollo a partir de 2002, pero hoy por hoy con un panorama muy complicado debido a los términos que regulan el comercio exterior desde la llegada de Macri al poder. El ex presidente de la Cámara de ropa de bebés y niños (Caibyn), Víctor Hugo Benyakar, lamentó la baja de la actividad y vaticinó una recesión para el futuro en virtud de que las empresas planean «importar un 50% de su producción», una decisión que afectará medularmente los puestos de trabajo.
Marco Meloni, de la Fundación Pro-Tejer, consignó que toda la cadena textil emplea alrededor de 400 mil personas y en el sector agregan que cerca de 150 mil son trabajadores informales. A fines de 2001, el 70% de la producción textil era importada pero, en los años subsiguientes, con inversiones por U$S 4000 millones la producción local llegó al 55%, con impacto en un empleo que hoy ve muy afectadas sus perspectivas.
La situación alcanza al resto de los sectores sensibles. Voceros de la Confederación General Económica de la Argentina (Cgera) marcaron que las políticas del macrismo todavía no impactaron en el empleo pero sí en la actividad, por lo que los despidos son una posibilidad concreta.
Según las fuentes, el gobierno se comprometió con estas industrias a frenar las importaciones, pero en los últimos días se registraron aumentos en el ingreso de marroquinería extranjera. La importación fuerte de productos textiles se produce en la segunda mitad del año, por lo que los fabricantes argentinos están en vilo.
Las importaciones no sólo aumentan por los canales formales. La nueva gestión de Aerolíneas Argentinas amplió de 23 a 46 kilogramos el máximo permitido para el ingreso de equipaje por pasajero, una ventaja que muchos comerciantes están aprovechando en detrimento de la industria y el empleo locales dando lugar a un esquema de importación clandestino.
El segmento mercantil y de los servicios atraviesa horas menos agitadas. El titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos De la Vega, aseguró que hasta hoy «no hubo despidos masivos sino en todo caso algún goteo», por lo que la situación «no es un problema como en la industria automotriz, que tiene suspensiones, o la construcción, afectada por el freno de la obra pública».
De la Vega consideró por último que los 120 mil despidos públicos y privados «son un hecho socialmente lamentable pero en un país con una masa laboral de 10 millones de trabajadores, no alcanzan para hablar de una crisis».
Reacción conjunta
Las empresas no disimularon el malestar con los proyectos legislativos que buscan frenar los despidos. Luego de que el ministro de Trabajo definiera la posibilidad como «contraproducente» y que el presidente exhortara a «no volver» a alternativas que «fracasaron en el pasado», los empresarios acompañaron con denuncias furibundas y promesas de nuevos reclamos al Ejecutivo.
Un contundente Chediack dijo que una ley antidespidos «no sirve para nada». A la par, el gráfico Sacco se manifestó en contra, porque se trataría de «un nuevo cepo» a la actividad.
Urtubey se sumó a la condena general. El hombre de Celulosa Argentina proyectó una caída de la producción del 1,5% para 2016 y reclamó «trabajar con políticas de Estado para incentivar lo tributario y el comercio exterior» para compensar la caída.
En línea, Funes de Rioja evaluó que la reedición de la doble indemnización sería inoportuna. «Ninguna solución pasa por prohibir los despidos sino por mejorar la empleabilidad de los trabajadores y dar incentivos fiscales» a las empresas, finalizó el empresario.
Chequeado desmiente a Macri
El presidente Mauricio Macri rechazó el proyecto de ley que prohíbe los despidos. «Ya probamos en 2002 con leyes que prohibían y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo», señaló.
Para el sitio web Chequeado.com esa afirmación no es correcta. La publicación informó que: «La doble indemnización fue establecida en 2002. El artículo 16 de la llamada ‘ley de emergencia económica’ suspendía la posibilidad de efectuar despidos ‘sin causa justificada’ por el plazo de 180 días a partir del 6 de enero de ese año y obligaba al empleador a pagar el doble al trabajador si de todas maneras lo hacía. El plazo se fue renovando con diferentes medidas que también redujeron el porcentaje de la segunda indemnización que debía pagar el empleador (en 2004 se redujo primero al 80% y luego, en 2005, al 50 por ciento)».
A renglón seguido consignó que: «Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, entre 2002 y 2007 el empleo privado registrado pasó de 3,5 millones a 5,6 millones de empleos, es decir, un aumento del 60 por ciento. Si se mira por trimestres, los tres primeros de 2002 sí mostraron una caída del total de empleos (período que coincide con la crisis tras la salida de la convertibilidad), aunque a partir del cuarto trimestre el empleo privado registrado comenzó a aumentar nuevamente.»
Cuando el entonces presidente Néstor Kirchner eliminó la doble indemnización y la prohibición de despidos, en septiembre de 2007, la tasa de desempleo medida por el Indec se ubicaba en el 8,5 por ciento.