El fallo absolutorio a todos los acusados de la desaparición de Marita Verón provocó una generalizada indignación en la sociedad. Es un caso emblemático sobre trata de personas, ocurrido hace diez años, y que tiene detrás la lucha de una madre que ha recorrido el país peleado como nadie por encontrar a su hija. La […]
El fallo absolutorio a todos los acusados de la desaparición de Marita Verón provocó una generalizada indignación en la sociedad. Es un caso emblemático sobre trata de personas, ocurrido hace diez años, y que tiene detrás la lucha de una madre que ha recorrido el país peleado como nadie por encontrar a su hija.
La sentencia del tribunal tucumano, de la que recién la próxima semana se conocerán los fundamentos, sorprendió sobremanera porque hubo testimonios contundentes contra algunos de los imputados de parte de mujeres que fueron obligadas a prostituirse. Fueron relatos precisos en cuanto a detalles y situaciones vividas, pero los jueces los desoyeron y ni siquiera, al dar a conocer la parte resolutiva del fallo, trasladaron esas declaraciones a la fiscalía de turno para que investigue otros presuntos delitos.
Ahí parece estar la médula del conflicto instalado entre justicia y sociedad. Uno de los magistrados, al hablar públicamente, afirmó que quedó la duda de lo que pasó y, que al no saberse lo ocurrido, fue imposible dictar condenas. Sin embargo, no explicó el resto: porqué no dispusieron una pesquisa de oficio luego de oír las acusaciones directas contra la regente de tres whiskerías, sus hijos y otras personas que habrían participado de una red para captar víctimas.
En ese costado oscuro de esta historia aparece más claramente la presunta complicidad implícita de algunos integrantes del Poder Judicial con los dueños de ese negocio sucio. Incluso la frase de un abogado defensor fortalece ese contexto. Porque aún cuando Susana Trimarco se haya podido exceder en ciertas acusaciones, suena agraviante escuchar que «esa señora tiene que aprender a callarse un poco la boca» cuando se ha desangrado en la búsqueda de su hija.
Esas pocas palabras parecieron todo un mensaje de abierto desafío en una comunidad, como la del noroeste del país, donde el patriarcado todavía conserva fuerte influencia.
No obstante, vale hacer un ejercicio mental y preguntarse, frente a lo ocurrido, si esa conducta del Poder Judicial de no ir a fondo en los delitos de trata de personas es solamente una cuestión acotada a algunos lugares.
El interrogante no es antojadizo. La Pampa está geográfica y socialmente lejos de ese modelo patriarcal, pero aquí también hay sectores que son reticentes a investigar denuncias por trata de personas.
Recientemente desde la propia justicia federal se cuestionó duramente al juez federal de la provincia por su pasividad frente a casos que involucran a ese delito. Con cierta perplejidad y bronca, esas voces remarcaron que el magistrado ha eludido su responsabilidad a través de todos los atajos posibles. Primero declarándose incompetente -algo que fue revocado por la Cámara Federal de Bahía Blanca- y luego negándose a investigar las denuncias sobre el funcionamiento de cabarés en la provincia como parte de la trata de personas y estirando los tiempos procesales, para no aceptar los pedidos de la fiscalía de indagar a intendentes y funcionarios municipales sobre esos casos.
Sin dudas que estas conductas pasivas van a contramano de las nuevas legislaciones y de las miradas actuales que tiene la sociedad sobre un tema que ha sido -y en algún sentido sigue siendo- uso y costumbre por cientos de años. Y ya nadie puede hacerse el desentendido.
Fuente: http://www.laarena.com.ar/opinion-el_caso_marita_y_la_justicia_pampeana-86485-111.html